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El Ministerio Público Fiscal archivó por falta de pruebas la denuncia por malversación de fondos que el presidente del Concejo Deliberante, César Salamín, realizó contra el intendente Pol Huisman durante el intento de suspensión rechazado por Superior Tribunal de Justicia chubutense.

Para la Fiscalía, esta denuncia carece de “elementos o indicios probatorios que permitan verificar que los hechos ventilados sucedieron con la determinación que fueron denunciados”, dado que, además, es el Tribunal de Cuentas de la Provincia el encargado de controlar la administración financiera del Municipio y hasta ahora el organismo no ha intervenido.

Salamín radicó la denuncia el 22 de julio patrocinado por el asesor legal del Concejo Deliberante y ex candidato de Juntos por el Cambio, Hugo Cancino, en carácter de supuesto intendente interino, cargo que asumió tras una sesión exprés rechazada tan solo unos días más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

En su presentación, Salamín acusaba a Huisman de malversar fondos públicos provenientes de un préstamo provincial otorgado para paliar la delicada situación económica que atraviesa el Municipio a causa de la pandemia y la Fiscalía la archivó por “orfandad probatoria”.

La Fiscalía también rechazó semanas atrás la denuncia donde el Presidente del Concejo Deliberante señalaba al Intendente de “abuso de autoridad” por conformar junto a todo el sector productivo del pueblo y presidir la Cooperativa de Desarrollo Económico Local.

De esta manera fueron desestimadas todas las denuncias contra el Intendente Huisman, quien, al conocer la decisión de la Justicia, pidió “trabajar juntos para poner nuevamente a la localidad de pie” en este “difícil momento que requiere del esfuerzo de toda la sociedad para salir adelante”.

La Justicia de EE.UU. impide a Trump prohibir TikTok por el momento. Un juez de Estados Unidos emitió este domingo una orden que impide al Gobierno de Donald Trump prohibir las descargas y actualizaciones de la red social china TikTok, algo que podría haber ocurrido esta medianoche, por lo menos hasta que la Justicia vuelva a pronunciarse.

El magistrado Carl J. Nichols de la corte federal del Distrito de Columbia accedió así a la petición de los abogados de la firma china, que buscaban un bloqueo temporal de la posible prohibición mientras las dos partes se enfrentan en los juzgados.

A principio de 2019, el juez Leónidas Moldes sobreseyó a los directivos de la empresa Sol por la tragedia que se produjo el 18 de mayo de 2011, cuando un avión que volaba desde Córdoba a Comodoro se estrelló en el paraje Los Menucos. Sin embargo, la querella que representa a Juan Carlos Rodriguez, el padre de una de las víctimas, apeló el fallo y en junio del último año logró reactivar el expediente bajo otra carátula. En las últimas semanas hubo una nueva audiencia en la causa, así se vuelve abrir una luz de esperanza para los familiares de quienes fallecieron ese día, entre ellos cinco comodorenses y una madre y pequeño bebé de Pico Truncado.

Que no suceda lo que pasó con la tragedia de Lapa. Ese es el deseo de Juan Carlos Ruiz, el papá de Juan Manuel, uno de los 22 pasajeros que perdió la vida el 18 de mayo de 2011, cuando un avión de la empresa Sol Líneas Áreas se estrelló en el paraje Los Menucos, mientras volaba desde Córdoba a Comodoro Rivadavia.

Juan Manuel tenía solo 29 años y un futuro promisorio. Había sido ascendido a gerente de Recursos Humanos de una empresas petrolera y volaba a Comodoro para mantener una reunión. Sin embargo, sus sueños, y los de sus padres, esa triste e inolvidable noche, quedaron en Los Menucos.

A nueve años de la tragedia es difícil olvidar lo que se sintió ese día, cuando se comenzó a rumorear la posibilidad de accidente aéreo con pasajeros que venían a Comodoro Rivadavia. La confirmación fue un cachetazo a la realidad y el desazón para 22 familias que esperaban saber si había sobrevivientes.

Esa noche el Aeropuerto General Mosconi de Comodoro fue un mar de lágrimas. Muchos esperaban el arribo de sus familiares que nunca llegaron. La tragedia repercutió en todo el país, porque como dice Juan Carlos había pasajeros de diferentes ciudades; varios de ellos radicados en Comodoro, entre ellos el geólogo y profesor Eduardo Musacchio, el ingeniero Juan Carlos Begovic, el operario petrolero y jubilado Antonio López, la comerciante Sara Tula y el gerente bancario Gustavo Basaldúa.

En el avión también volaban pasajeros de otras partes de la región, como Carina Soledad Mansilla de 20 años y su bebé Santiago Benjamín Slopper, de apenas diez meses. Ellos eran oriundos de Pico Truncado.

El resto de los pasajeros tenía vínculo con Comodoro, incluso Juan Raffo, el piloto del avión, que vivió durante cuatro años en esta ciudad, prestando servicios en la Estación Aérea regional que depende de la Prefectura Naval Argentina.

Precisamente la causa judicial que se investigó hasta 2019, intentó culpar a él del accidente. Sin embargo, Juan Carlos, como Marcela Bastit, la esposa de Raffo y también querellante en el expediente, están convencidos que la tragedia es culpa de la empresa, algo que intentarán demostrar tras el vuelco que dio la causa luego que la Cámara Federal de Apelaciones de Roca revocó el sobreseimiento a los directivos de la aerolínea Danilo Pojmaevich, Horacio Angeli y Juan Alberto Nyffenegger (fallecido) y ordenó una nueva investigación.

UNA SENTENCIA ANTICIPADA

Para Juan Carlos la causa penal que investigó el accidente hasta 2019 “nació con una sentencia anticipada”. Por eso a él no le sorprende que el año pasado se haya sobreseído a los directivos de Sol. “Es contra quien nosotros vamos porque no es justo ni exacto que se circunscribe el accidente a la responsabilidad absoluta del piloto. Hubo muchos elementos que conllevaron a esta tragedia, porque lo que es previsible no es un accidente. En esta causa, como en muchas, hay responsables directos y responsables secundarios. Acá los responsables directos son el directorio y quienes tienen la responsabilidad del mantenimiento, como es el jefe de planeamiento y el gerente de operaciones y también los organismos de contralor, en este caso el ANAC”, dijo a ADNSUR desde Neuquén.

Pasaron 9 años del accidente y Juan Carlos asegura que es imposible olvidar lo que pasó aquel día. Como dice, uno sabe que es posible que en algún momento se produzca la muerte del padre, la madre, los abuelos, “pero no un hijo y de forma tan abrupta”.

“Es duro, y es duro escuchar y ver por ejemplo que la tragedia de Lapa haya prescrito, porque se llevó 65 vidas, más los que han quedado como sobrevivientes con dramas psicológicos o discapacidades, y quienes deben dar una respuesta nos da un cachetazo”, señala Juan Carlos. Y se pregunta: ¿Qué estamos haciendo si nos dejamos atropellar, que otra tragedia nos golpee la puerta?. Eso no lo podemos permitir, ni en lo individual ni en lo colectivo. Yo estoy convencido que circunstancias como esta le adelantan el destino a quienes estaban en ese vuelo, pero por la memoria de él necesito saber la verdad. No puedo aceptar que me digan que el piloto es culpable porque la garantía de su trabajo en su propia vida`, sentencia.

UNA LUZ DE ESPERANZA

Romina Barreto (36) es la abogada querellante que representa a Ruiz. La letrada tomó el caso luego de la sentencia del juez Federal Leónidas Moldes y junto a un equipo de abogados apeló el fallo, entendiendo que el caso se debía investigar bajo un artículo que todavía no había prescripto.

“Nosotros planteamos los agravios, que la sentencia era parcial, que había una errónea valoración de la prueba porque no se había tomado el informe de IAC, el exceso de carga del avión, una queja anterior del piloto, y la sentencia solo quería determinar la responsabilidad del piloto que está muerto. Entonces para nosotros debía seguir la investigación e investigar el delito del artículo 190, que es aquel que pone en peligro la seguridad de una aeronave, que en ese caso no estaba prescrito, y también pusimos que había un montón de circunstancias: que el piloto no tenía el parte meteorológico correcto, y es algo importante porque el no sabia que había engelamiento en esa zona y por otro lado no tenía comunicaciones; no se pudo comunicar con Comodoro, tampoco con Neuquén y cuando estaba por estrellarse logró comunicarse con un avión que pasaba cerca suyo, que pudo escuchar el aviso del piloto de mayday. Y también planteamos que el avión no era aeronavegable como dice el informe de IAC”, explicó.

Tras el fallo que revocó el sobreseimiento, la Defensa intentó buscar la prescripción de la causa. Sin embargo, el equipo de abogados se opuso a esos argumentos. Lo llamativo es que ni antes ni después la Fiscalía planteó la apelación sobre la sentencia que dictó el sobreseimiento y el cierre definitivo del expediente, y si lo hizo la parte querellante.

Por otro lado, en la última audiencia que se llevó a cabo por Zoom, de ampliación testimonial de los peritos que intervinieron para investigar la caída del avión, la fiscal que representó a la Fiscalía aseguró que sabía que había pasado en el accidente y culpó al piloto, algo que rechazó la abogada, al igual que Ruiz, quien en diálogo con este medio aseguró que “dirigir la respuesta es ser funcional a que esto prescriba o quede en la nada”.

Por lo pronto, el expediente está abierto. La querella quiere solicitar la citación a indagatoria de los directivos a través de ese artículo. Barreto sabe que no será sencillo, pero admite que es necesario por la memoria de quienes perdieron la vida. “Es complicado, pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto en que se produjo el accidente, con que llevó el avión ese día ahí, porque nosotros consideramos que la conducta del piloto fue la adecuada por la información que tenía y eso también surge del informe del IAC, por lo cual hay que analizar quien llevó al avión a esa situación y quién es el responsable del accidente por las omisiones en las cuestiones operativas y reglamentarias. Todas esas respuestas son las que buscamos, que también pide el papá de Juan Manuel, un chico que tenía un futuro prominente”, sentenció.

La Fiscalía de El Hoyo desestimó esta semana una denuncia contra el intendente Pol Huisman, quien había sido acusado de supuesto abuso de poder por el presidente del Concejo Deliberante, César Salamín, en una presentación realizada durante el intento de destitución.

De esta manera, queda sin efecto otra de las denuncias ejecutadas con el fin de suspender al Intendente, como ya ocurrió a mediados de julio en una sesión secreta del Concejo Deliberante que el mismo Superior Tribunal de Justicia chubutense, en el fallo donde ratifica a Pol Huisman en su cargo, calificó de “arbitraria” y “carente” de fundamento.

La denuncia desestimada esta semana fue presentada por Salamín el 22 de julio con el patrocinio de Hugo Cancino, asesor legal del Concejo Deliberante y excandidato a intendente de Lago Puelo de “Juntos por el Cambio”, y acusaba a Huisman de abuso de autoridad por conformar y presidir la Cooperativa de Desarrollo Económico Local, un organismo creado junto a todo el entramado productivo de la localidad, sin autorización del Concejo Deliberante.

Para la Fiscalía, en esta situación Huisman “dista mucho de arrogarse funciones propias del Consejo Deliberante” ya que, en todo caso, sería necesario poner en consideración al cuerpo legislativo de la Cooperativa para que adquiera valor jurídico pero eso no impide su creación.

Las autoridades colombianas dieron este jueves el primer paso para que se haga justicia en el caso de los policías que agredieron hasta la muerte a un hombre en Bogotá al ordenar la detención de los dos principales implicados y arrestar a uno de ellos, mientras que el paradero del otro se desconoce.

Los agentes están involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, de 46 años, que la semana pasada desató violentas manifestaciones contra la brutalidad policial que se cobraron la vida de otras 13 personas, diez de ellas en Bogotá y tres en la vecina localidad de Soacha.

La justicia de Bolivia citó al expresidente Evo Morales y le dio un plazo de 10 días para que preste declaración en relación con una causa en la que está acusado de sedición y terrorismo, informaron hoy fuentes del Ministerio Público.

“La autoridad judicial ha dispuesto la notificación, la emisión de un edicto, para que el señor Morales, en un plazo de 10 días, pueda apersonarse ante la autoridad judicial”, afirmó el fiscal general, Juan Lanchipa, según la agencia de noticias ABI.

Morales, que vive en la Argentina, está imputado por exhortar a un sindicalista a que se cercaran ciudades para que no entraran alimentos en las jornadas posteriores a su renuncia al gobierno tras denunciar que fue víctima de un golpe de estado.

El 6 de julio pasado, la fiscalía departamental de La Paz imputó formalmente al exmandatario y solicitó su detención preventiva.

El caso se originó en noviembre pasado, cuando el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, divulgó un audio en el que supuestamente Morales -entonces asilado en México- pide al dirigente cocalero Faustino Yucra que se hagan “cercos de verdad” para que “no entre comida a las ciudades”, según la agencia Europa Press.

El hecho imputado sucedió durante las prolongadas protestas que siguieron a las elecciones generales de octubre, anuladas por sospechas de fraude, y la salida del gobierno de Morales, que se asiló un breve tiempo en México y luego se radicó en la Argentina.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso el levantamiento de la Feria Extraordinaria por Emergencia Sanitaria en la circunscripción Comodoro Rivadavia. Por ese motivo, a partir del lunes 14 de septiembre del corriente se reabre la actividad en la totalidad de los tribunales de la ciudad petrolera, con la consecuente reanudación de los plazos procesales.

En el fuero no penal, la reapertura incluye a la Cámara de Apelaciones Civil, Juzgados Civil y Comercial Nº 1 y Nº 2 ,Juzgados de Ejecución N° 1 , N° 2 y N° 3, Juzgados y Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia.

En el ámbito del fuero penal, el reinicio de la actividad abarca a la Cámara en lo Penal, Colegio de Jueces Penales y Oficina Judicial.

La medida también alcanza al Equipo Técnico Interdisciplinario, Oficina del Servicio Público de Mediación y Biblioteca. Todos estos organismos se suman a los Juzgados Laborales de Comodoro Rivadavia, que reanudaron su actividad la semana pasada.

En el ámbito de la Justicia de Paz, la reapertura incluye a los Juzgados de Paz 1, 2 y 3 de Comodoro Rivadavia y los Juzgados de Paz de Rada Tilly y Camarones.

MONITOREO PERMANENTE

La medida se adoptó a instancias del Comité de Asesoramiento Médico Sanitario, que sugirió la flexibilización de las medidas adoptadas el 1 de septiembre pasado.

En el caso de Comodoro Rivadavia, cuya situación se encuentra en permanente monitoreo por parte del Superior Tribunal de Justicia, se ha completado la desinfección de todos los edificios dependientes de la judicatura.

El personal afectado al cumplimiento de tareas en los mencionados organismos deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos por el Superior Tribunal de Justicia.

La atención al público será de 8 a 12 horas, mediante el sistema de turnos web y se recuerda que los agentes judiciales que están comprendidos en grupos de riesgo no podrán concurrir a sus lugares de trabajo en forma presencial y deberán cumplir su tarea de manera remota.

FUNCIONES DEL COMITÉ MÉDICO

En la Acordada, se remarcó que el Comité Médico Sanitario, es exclusivamente un órgano de consulta permanente del Superior Tribunal de Justicia mientras dure la crisis sanitaria de la Pandemia COV1D-19 y no se encuentra obligado, ni facultado, a evacuar ninguna consulta que no sean aquellas que, con ese fundamento, realice este Cuerpo.

Cualquier asesoramiento u opinión sobre cuestiones relacionadas con el tema, deberán ser canalizados -en forma exclusiva- ante las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut.

El Superior Tribunal de Justicia dispuso que, a partir del martes 8 de septiembre de 2020, se reanude la actividad en los Juzgados Laborales Nº 1 y Nº 2 de Comodoro Rivadavia, con el consecuente levantamiento de la Feria Extraordinaria por emergencia y reanudación de los plazos procesales.

El Superior adoptó esta decisión en concordancia con lo sugerido por los integrantes del Comité de Asesoramiento Médico Sanitario y cumpliendo con un compromiso asumido por el Dr. Vivas con las autoridades del Colegio de Abogados de la ciudad petrolera, en el sentido de que en caso de que estuvieran dadas las condiciones sanitarias se iba a proceder a efectuar habilitaciones parciales.

La totalidad del personal afectado al cumplimiento de tareas en dichos organismos deberá dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios contenidos en los Anexos I y II del Acuerdo Plenario 4881/2020.

Se estableció que el personal de los juzgados prestará servicio en el horario de 07.00 a 13.00 con un horario reducido de atención al público, comprendido entre las 08 y las 12 horas, la que se llevará a cabo mediante el sistema de turnos web.

El Acuerdo firmado por los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi y la ministra subrogante, Dra. Florencia Cordón, remarca que el o la titular de cada dependencia deberá conformar grupos de trabajo en turnos de catorce días que asistirán a prestar servicios dentro del horario laboral establecido por el Superior Tribunal de Justicia.

Aclara también que el STJ podrá autorizar a pedido del titular del organismo respectivo en forma expresa y excepcional, previa aprobación del Comité Médico Sanitario, grupos de trabajo en otra modalidad distinta a la aquí establecida, la que quedará bajo estricta responsabilidad administrativa del o la titular del organismo solicitante.

La Acordada subraya que con excepción de la expresa autorización del punto anterior, en ningún caso la dotación de agentes afectados al servicio podrá exceder del 50% del plantel de la dependencia judicial.

Finalmente, los ministros remarcaron que los agentes del Poder Judicial que se encuentran en grupos de riesgo no podrán concurrir a sus lugares de trabajo en forma presencial y deberán cumplir su tarea de manera remota, conforme la normativa ya establecida por este Superior Tribunal de Justicia.

La movilización fue convocada por amigas de la joven brutalmente asesinada por su ex pareja, quien actualmente está detenido. El cuerpo de Yanina fue encontrado en el interior de su vivienda el jueves pasado y aseguran que ya había presentado denuncias por violencia de género.

Desde las 11.30 horas se comenzó a realizar una concentración en la plaza de la Escuela N° 83, donde amigos de Yanina Castro Montes convocaron a una marcha por las calles de la ciudad para pedir justicia por el femicidio de la joven.

El cuerpo de Yanina fue hallado este último jueves en una vivienda del barrio José Fuchs, donde vivía junto a su pequeño de cinco años. La autopsia determinó que fue asesinada de 86 puñaladas. Luis Gómez, su expareja está detenido por el crimen.

“Nos queremos vivas, queremos justicia por ella y por sus hijos” , dijeron sus amigas desde la plaza donde comenzó la marcha de silencio, quienes contaron que Yanina había hecho denuncia por violencia en abril “no le habían dado bola, ya venía pasando hace rato esto”, manifestaron.

“Queremos que le den la pena máxima, dejó a un hijo sin madre, a una madre sin hija y a nosotras sin una amiga, queremos justicia por Yanina”, indicaron previo a comenzar a movilizarse por las calles céntricas de la ciudad, para luego ir hasta Fiscalía; acompañadas por banderas y carteles con fotografías de la joven y bajo la consigna «Ni Una Menos».

Cientos de vecinos marcharon esta tarde por las calles céntricas de El Bolsón reclamando a la justicia que frené las tomas que se vienen realizando en el sector del Mirador del azul, «nos manifestamos en paz y por nuestros espacios verdes», sostuvo Óscar Peretti uno de los coordinadores de la marcha, “es ahora o nunca recuperar ese espacio”, reflexiono el intendente Pogliano.

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“El petitorio luego de que lo firmen todos los vecinos se lo vamos a entregar el día martes al intendente Bruno Pogliano y a la justicia pidiendo que liberen la zona ocupada en el mirador del azul y que el estado garantice todas las medidas necesarias para que los vecinos que necesitan una solución habitacional la tengan”, explico Peretti.

Responsabilidad social

A su tiempo el secretario de gobierno Agustín Guasco destacó, “esta es responsabilidad social de todos los habitantes de la comarca, defender un patrimonio de todos nosotros, un patrimonio nacional como es la reserva del Mirador del Azul y Cabeza del Indio, somos conscientes de los problemas habitacionales qué puede haber, pero consideramos que las tomas no son las formas para poder lograr el objetivo, de igual manera lo siente este gobierno municipal y todos los habitantes de El Bolsón”, enfatizó Guasco.

A su tiempo el intendente municipal Bruno Pogliano también dejó plasmada su postura en relación a los hechos que están sucediendo, “realmente es una marcha en paz, con una juntada de firmas en este momento en el mástil de la plaza Pagano qué tiene que ver con repudiar las ocupaciones y exigir a la justicia que ordene el desalojo en mirador del azul y que podamos recuperar este patrimonio que también es de nuestros hijos y que heredamos de nuestros abuelos”.

Seguidamente y el mandatario destacó que el momento es ahora, “opino como un vecino más y es el rol que me trae hoy aquí a esta plaza y opino que el momento es ahora o nunca para recuperar ese espacio, sino lo recuperamos en la brevedad el daño ambiental y la pérdida del patrimonio por parte de todos los vecinos de El Bolsón va a ser muy difícil de explicar el día de mañana a nuestros hijos sobre porque dejamos que esta tierra tan valiosa quede en manos de ocupantes ilegales, realmente va a ser imposible explicar”, detallo el mandatario.

Finalmente, y luego de que hiciese uso de la palabra el vecino Oscar Peretti se cantó el himno nacional argentino y los vecinos unidos por el enorme pabellón nacional que tiene la comunidad de El Bolsón recorrieron las calles céntricas al grito de -Basta de Tomás- para luego regresar al mástil de plaza Pagano donde se desconcentraron pacíficamente.