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El intendente Juan Pablo Luque repudió el homicidio del docente Marcos Ivanoff, quien falleció en la madrugada de este sábado, tal como confirmó ADNSUR, tras ser baleado el jueves en el barrio Máximo Abásolo.

«Quiero expresar mi más enérgico repudio por el homicidio del compañero Marcos Ivanoff. Mis condolencias para su familia y sus afectos en este doloroso momento. Le pido a la Justicia que investigue a fondo y encuentre a los responsables de este hecho lamentable», expresó vía Twitter Luque.

Este viernes por la mañana Ivanoff había entrado en estado de muerte cerebral tras ser baleado el jueves por la noche fue baleado a bordo de su camioneta en el Máximo Abásolo. Finalmente, la policía confirmó a ADNSUR que falleció en la madrugada de este sábado.

Ivanoff era delegado escolar de la ATECh y había sido candidato a diputado provincial por el Frente Patriótico Chubutense. Además, realizó diversas acciones sociales y comunitarias en la ciudad.

Sus compañeros de militancia y trabajo, amigos, familiares y otros personajes públicos expresaron su hondo pesar por su pérdida.

El Superior Tribunal de Justicia comunicó que en este año tan atípico no establecerá la Feria Judicial de invierno para los organismos del Poder Judicial.

La medida fue adoptada en razón de las extraordinarias circunstancias de salud pública que atraviesa el país, con el consecuente impacto en el funcionamiento de los tribunales.

De esta manera, durante el mes de julio, se mantendrá la atención al público, como así también el curso de los plazos procesales, administrativos y registrales.

El fiscal Omar Rodríguez lleva adelante una investigación contra la exdiputada provincial y actual ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola. Es por presuntas inconsistencias en designaciones de asesores que cumplían tareas personales para la funcionaria, pero cobraban del Estado. La denuncia fue radicada por un contador de la zona Cordillerana.

Fuentes aseguraron que la investigación avanza rápidamente y durante los últimos días se concretaron diversos procedimientos. La semana pasada se llevaron expedientes del Ministerio de Familia y ayer presentaron pedidos de informes en la Legislatura y en la Contaduría General de la Provincia.

Tanto en Legislatura como en Contaduría, el fiscal solicitó información sobre los sueldos, viáticos, ticket de combustible, pasajes terrestres y aéreos y alojamiento tanto de Torres Otarola como de las personas que designó como secretarios, asesores y contratados.

El presunto delito que investiga Fiscalía es por fraude al Estado, pero desde la justicia indicaron a EL CHUBUT que «podría sumarse peculado», de acuerdo a la información que vaya surgiendo de los documentos.

El informe que presentó Rodríguez en Legislatura y al que accedió EL CHUBUT indaga sobre «los sueldos netos abonados a Cecilia Torres Otarola» y cómo fueron pagados: Si fue por cheque o depósito bancario.

«Informe sobre los viáticos liquidados a Cecilia Torres Otarola indicando monto, fecha y forma de pago», como así también sobre «gastos en concepto de alojamiento, combustible y pasajes», describe la nota que presentó el fiscal ayer en la Casa de las Leyes.

También interroga sobre las viviendas alquiladas desde la Legislatura a la exdiputada y actual ministra, y exige un listado de «los asesores, secretarios o contratados que fueron asignados por Torres Otarola».

Son los eventuales procesos que se iniciarían por violencia policial y supuestas detenciones arbitrarias, en operativos que eran para controlar que se cumpliera la cuarentena en Chubut. En la mayoría de los casos, le apuntan al polémico ministro de Seguridad Federico Massoni y a la cúpula de la policía.

Uno de los procesos judiciales que sin lugar a dudas adquiriría notoriedad sería el de aquel famoso audio de Whatsapp en el que el director de Seguridad Paulino Gómez, hermano del jefe de Policía, Miguel Gómez, le ordenaba a un jefe de comisaría de Trelew que mandara a “meter gente en cana” para contentar al ministro Massoni.

Ese audio llego hasta a “Amnistía Internacional” y repercutió mucho en un momento en el que, efectivamente, se realizaban detenciones “a granel”, sobre todo en Trelew. Ahí caían los que sacaban la basura o aquella mujer que estaba regando el césped de su casa al momento en que pasaba un patrullero.

En ese proceso, que aún no tiene audiencia de apertura y que sería sustanciado por el polémico fiscal Rivarola –el mismo del caso de la manada de violadores de playa Unión—podría terminar imputado Gómez, el director de Seguridad que hablaba en el Whatsapp y la hipótesis delictual de la que se habla sería “abuso de autoridad” en principio.

Otras de las denuncias que podrían convertirse en causa judicial, es la de la mujer que acusó a varios policías de Madryn de haberla obligado a desnudarse en una comisaría de aquella ciudad, a la que la habían trasladado detenida por violar la cuarentena.

Y, pasaría lo mismo con la del enfermero de Trelew –que además es sindicalista—y que le apunta a Massoni por violentos excesos que tuvo hacia él, en un procedimiento en el que lo metieron preso esgrimiéndose el mismo motivo.

En un caso similar, también contra el ministro de Seguridad de la provincia, se encuadraría la presentación que hizo una psicóloga por un retén en el que Massoni la habría querido bajar del vehículo por la fuerza.

Todas estas denuncias y otras más (no hay que olvidar que hay cerca de cuarenta diseminadas en distintos tribunales de la provincia) comenzarían a tener definiciones ya en los próximos días. Una vez que se termine de regularizar la situación en el Poder Judicial de Chubut. Son todos hechos ocurridos en su gran mayoría en el mes de abril.

«Más allá de este error involuntario en los gráficos publicados, queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se informó de manera adecuada», añadió el Ministerio de Salud de la Nación.

El Ministerio de Salud de la Nación aclaró este domingo que la tasa de mortalidad por coronavirus en la Argentina dada a conocer por el presidente Alberto Fernández al anunciar la extensión de la cuarentena es «por millón de habitantes, no por 100.000» y dijo que hubo un «error en la rotulación de cada país» que fue «involuntario».

La cartera a cargo de Ginés González García pidió «disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas» y enfatizó a la vez que, pese a ello, «no aceptamos ni validamos mentiras»

«Es necesaria una aclaración en relación a la información presentada en el día de ayer: La tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000. Si bien las tasas de mortalidad y de incidencia son correctas, surge un error en la rotulación de cada país», dijo el Ministerio en la red Twitter.

«Más allá de este error involuntario en los gráficos publicados, queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se informó de manera adecuada», añadió.

El Ministerio destacó que «para esta gestión, la transparencia es una prioridad. Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso».

 

En un acto realizado este lunes por la mañana los concejales de Trelew retiraron la placa que señalaba a Tito Nichols -recientemente condenado por la Justicia- como edil del PJ durante los años 1999-2003 y la reemplazaron por un cuadro del militante desaparecido en 1976, Elvio Ángel Bel.

Este lunes, durante la sesión del Concejo Deliberante de Trelew, se llevó a cabo un emotivo acto en el que los ediles de la ciudad, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo N°39 del reglamento interno, establecieron que se retire la placa correspondiente al periodo 1999 a 2003 en la cual figuraba que Tito Nichols fue concejal del partido Justicialista por dicho lapso de tiempo en la ciudad de Trelew.

Jornada publicó que en la misma se encontraba presente en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Trelew y fue reemplazada por un cuadro del docente y militante comunista Elvio Ángel Bel, desaparecido el 5 de noviembre de 1976. Vale recordar que Nichols fue condenado por delito de lesa humanidad por el secuestro y la desaparición forzada del militante.

Durante el acto, Hilda Fredes, viuda del docente desaparecido, manifestó: «Es importantísimo este momento. Han pasado más de 40 años, cuando a pocas cuadras de acá se llevaban a un hombre que luchaba por un cambio en la sociedad».

«Gran dolor se siente en este momento en el que estamos llegando a un final importante. Hemos luchado todos estos años, para poder llegar a esto. Hoy tenemos un Concejo Deliberante joven que se ha animado a hacer esto, porque Tito Nichols pertenece a un sector muy comprometido con los sectores políticos», expresó Fredes, que se mostró muy emocionada durante la ceremonia.

«Seguro que faltan cosas y queremos más», agregó: «Tenemos que seguir construyendo un mundo nuevo».

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, cuestionó duramente el proyecto de la Ley de Autarquía Financiara presentada por el Ejecutivo provincial, y que haya sido promovida en medio de una crisis financiara, agravada por la pandemia. Aseguró que “esto es una cuestión de Estado muy grave que no se puede hacer a las apuradas, a las escondidas como hizo Arcioni”.

Tal como adelantó ADNSUR, se ha generado una fuerte dispuesta en torno al proyecto de Ley de Autarquía Financiera que el gobierno provincial envió a la Legislatura de Chubut, que establece ingresos semanales para ambos poderes, y fija el 2,30% de fondos de Rentas Generales de libre disponibilidad para Legislatura y el 7,46% al Poder Judicial.

Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia, en diálogo con esta agencia de noticias, cuestionó duramente el proyecto. “Oficialmente no lo hemos conocido, no nos han participado del proyecto del Ejecutivo, aquí se nos subrogó en una facultad constitucional de remitir un proyecto que rija la vida del poder judicial al STJ, no lo conocemos”, afirmó.

Asimismo, destacó que el texto que estuvo circulando “no sabemos si es real”, por lo que manifestó que “me parece que está hecho a las apuradas, previo a la confección de un proyecto hay que dar una discusión plural y cristalina, convocando al Poder Judicial, al colegio de abogados, al sindicato; yo no entiendo por qué esto se hace entre gallos y medianoche, cuando se trata de una cuestión de Estado”.

Respecto de los argumentos del gobierno provincial, que indicó que este proyecto está relacionado con una demanda histórica: “Estamos en medio de una pandemia, y de una crisis agobiante que no tiene antecedentes de la historia de la provincia. Yo no sé las razones de por qué el gobierno no las ha expresado, enviar un proyecto de autarquía en medio de esta crisis, es un mal acto de gobierno”, afirmó el ministro.

Panizzi además aseveró que “Argentina es un país federal, se confederaron los estados provinciales con una condición, que aseguren el servicio de la justicia, si eso no sucede se interviene la provincia”, dijo y reiteró: “Estamos hablando de intervención federal, esto no es una tontería, esto es una cuestión de estado muy grave que no se puede hacer a las apuradas, a las escondidas como hizo Arcioni”.

Tras esta confirmación, indicó que la intervención está estipulada en el artículo 5° de la Constitución Nacional. “Esto no es un invento mío, lo que hizo Arcioni está mal”, señaló.

Por último, Panizzi manifestó en relación a la posibilidad de que esto sea aprobado en la Legislatura “hay legisladores serios que harán caso omiso a este disparate, yo por ese lado estoy tranquilo. A quien se le ocurre en medio de esta crisis hablar de autarquía, todavía nos están debiendo dos sueldos”, puntualizó.

El fiscal de Puerto Madryn cruzó a gremialistas judiciales que instaban a afiliados a no concurrir a Tribunales y tampoco trabajar desde la casa, y destacó que “en el Ministerio Público hay empleados que voluntariamente están yendo a trabajar, porque entienden que el servicio de justicia es algo esencial, al contrario de lo que piensan algunos dirigentes, que parece que privilegian su salario a la gente y al derecho de justicia”.

“Viven en otra realidad. Hay empleados de salud, policías, cajeros de supermercado y playeros de estación de servicio que cumplen con sus tareas. Y es una actividad mucho más riesgosa que manipular un expediente. Con un sueldo mucho, mucho menor que un trabajador judicial”

Báez detalló que “los fiscales y funcionarios continúan atendiendo a las víctimas y prosiguen las investigaciones. En Madryn hubo dos homicidios en este mes. No se le puede decir a las familias de las víctimas que las causas no se investigan porque no hay muebles ergonómicos”, ejemplificó.

En relación a las medidas dispuestas para evitar la propagación del Coronavirus, Báez indicó que “obviamente la salud es lo primero y para ello se toman todos los recaudos y medidas de prevención necesarios, como el uso de barbijos, guantes, alcohol en gel y distanciamiento. Pero no se puede paralizar el servicio de Justicia”.

Actualmente, pese a que los Tribunales funcionan con guardias mínimas en el marco de la Feria Judicial decretada por el Superior Tribunal de Justicia, Báez recordó que la fiscalía manteniendo las actividades y, en tal sentido, destacó que la pandemia aceleró la modernización de determinadas prácticas. “El Poder Judicial actualizó muchas de sus prácticas. El expediente digital, las audiencias por videoconferencias, la recepción de denuncias por correo electrónico” y explicó que a la vez “se habilitaron sistemas donde los jueces, defensores y fiscales desde su casa pueden acceder de manera remota a su computadora del despacho y firmar escritos”

“La pandemia aceleró cambios en el mundo del trabajo. Hoy muchas actividades que antes se hacían manualmente y requerían de varias personas, con el avance tecnológico se pueden hacer de forma digital y ya no se requiere tanto personal. De todas formas, estas situaciones han demostrado que hay empleados comprometidos con su trabajo y el servicio de justicia”

Este sábado, el Juez Coordinador de la Ejecución de la Pena en Chubut, Daniel Yangüela, se refirió a uno de los planteos que realizaron los internos al informar que comenzaban con una huelga de hambre.

El magistrado aseguró que en el establecimiento penitenciario no hay personas consideradas como “caso sospechoso” de Coronavirus.

Yangüela afirmó que se trata estas versiones de información “inexacta”, al detallar que un recluso de la Unidad Penitenciaria Nº 6 fue recientemente trasladado por problemas de salud a un centro asistencial.

Allí fue sometido a una operación de vesícula y tras recibir el alta, volvió al penal ubicado en la Capital chubutense, donde cumplió con el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días.

Esto viene a colación de la denuncia que se realizó desde el establecimiento carcelario, que daban cuenta de un reciente traslado desde Buenos Aires, lo cual generó preocupación y se sumó a los reclamos de los internos, que habían comenzado una huelga de hambre.

Yangüela expresó que en los establecimientos carcelarios de Chubut “se cumple con las medidas exigidas por las autoridades sanitarias para garantizar la salud de los detenidos y evitar la propagación del coronavirus”.

A través de cartas enviadas al intendente local, Gustavo Sastre, y al gobernador, Mariano Arcioni; solicitaron que en el contexto de la cuarentena, se declare “una actividad esencial” la de los estudios jurídicos.

Ambos “deberán hacer llegar al Poder Ejecutivo Nacional de forma urgente y directa –el pedido, para que- se autorice el ejercicio profesional de la abogacía, en Madryn”.

Los letrados argumentaron la inexistencia de casos de Coronavirus en la ciudad portuaria y que existen condiciones para que se habilite la actividad.

En igual sentido reseñaron que los abogados defienden a vecinos y trabajadores que “no han cesado ni han interrumpido (sus actividades) durante el último mes y requieren el asesoramiento”.

Asimismo, indicaron que en otros distritos como Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y la vecina Santa Cruz, se autorizará la actividad de los abogados, contadores y demás profesionales liberales.

En otra presentación, el Colegio de Abogados de Madryn reiteró una solicitud al Superior Tribunal de Justicia, en la que requieren que se reactive completamente la actividad judicial, actualmente restringida y de excepción, tornando el servicio “inaccesible para la mayoría de los ciudadanos”.

Esto se plantea ante el vencimiento de Feria dispuesta por Acuerdo.

Así, solicitan que “se retome la actividad judicial adoptando las medidas necesarias para resguardar debidamente la salud de los trabajadores, magistrados y funcionarios judiciales, los profesionales y la ciudadanía que requiere del servicio de Justicia”.

“La democracia se encuentra afectada sin el pleno funcionamiento de los tres poderes del Estado y, en particular la función del Judicial, se hace más imprescindible que nunca para la sociedad, frente a abusos, vulneración de derechos e inobservancia de las normas vigentes”, concluyeron.