La mujer ingresó al hospital madrynense Andrés Ísola este viernes por la madrugada y horas después dio a luz. Sin embargo, cerca de las 21 las autoridades se percataron que la mujer ya no estaba en nosocomio y la beba se encontraba sola. Se le dio intervención a la Justicia.
Al nosocomio habia ingresado durante la madrugada, cerca de las 5.30, una mujer embarazada con signos de un parto inminente y tras la atención médica dio a luz a una beba de 3,7 kg cerca de las 7.
Si bien la secuencia continuó con normalidad, cerca de las 21 las autoridades del área de tocoginecología se percataron que la mujer ya no se encontraba en el Hospital y había desaparecido, dejando a la recién nacida sola en la habitación.
Fue así que dio aviso al personal policial y éste a su vez a la Justicia.
Las autoridades señalaron que la presencia de la madre en el hospital fue comprobada hasta cerca de las 19.30, cuando fue vista por los trabajadores del lugar, y que luego no se la volvió a visualizar.
El personal policial trabajará en las imágenes de las cámaras de seguridad mientras que se envió a personal a verificar el domicilio que habia dado la mujer, el cual resultó siendo falso ya que no existía.
Por lo indagado al momento, se cree que la madre de la menor es de Gaiman, por lo que se trabaja sobre esta línea investigativa.
En lo respectivo a la beba, se encuentra en buen estado de salud al cuidado del personal del área de Neonatología y en el caso trabaja la Asesoría de Familia y el Ministerio Público Fiscal.
Tras la denuncia efectuada por la madre de la nena -y posterior trabajo efectuado en coordinación entre el Ministerio Público Fiscal, la comisaría de la mujer y la asesoría de menores- se produjo la detención de una persona imputada por abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años, por lo que este lunes se desarrolló a través de videoconferencia la respectiva audiencia de control de detención con la participación de las partes. En ella, la jueza resolvió la prisión preventiva del abusador por el término de tres meses.
El hecho que se le imputa al detenido es el cometido en perjuicio de una menor de 14 años quien es hija de la esposa del sindicado y con quien convive. Según relató la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra los abusos habrían comenzado cuando la pequeña tenía 8 años en oportunidades en que se encontraba a solas con ella. Por esas circunstancias la víctima se fue a vivir con su padre biológico atemorizada sin poder contar su padecimiento a ninguna persona.
Posteriormente la menor volvió al hogar materno con 12 años conviviendo con el abusador, su progenitora y dos hermanas pequeñas. Desde ese momento nuevamente el imputado comenzó a abusar de ella aprovechando esa situación de convivencia y cada oportunidad en que las niñas menores dormían y la madre se encontraba trabajando. El hombre mantenía amenazada a su víctima manifestándole que si contaba a alguien lo que pasaba él le haría algo malo a sus hermanas pequeñas. Destacó la doctora Gamarra que el último hecho de abuso sexual ocurrió el día 1ro. de mayo del corriente año.
Como elementos de cargo presentados la fiscalía enumeró las denuncias radicadas la pericia ginecológica, el informe victimológico del servicio de asistencia a la víctima del delito y el informe de policía científica basado en una inspección ocular, planimetría y fotografías.
Calificación y solicitudes
La calificación legal provisoria es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en la modalidad de delito continuado, artículos 119 tercer párrafo y cuarto párrafo inciso f y 55 contrario sensu del código penal, todo ello enmarcado en la ley de violencia de género número 26845. Solicitó la apertura de la investigación por el plazo de seis meses fijado por las normas, quedando a cargo el fiscal Marcos Nápoli junto a la propia funcionaria Julieta Gamarra.
Argumentó además sobre la materialidad del hecho y la autoría que se desprende de la denuncia penal que ha sido radicada por la progenitora de la cuál surge claramente quien abusó sexualmente de la menor. Expuso sobre el peligro de fuga al hablar en referencia a la gravedad del hecho y la expectativa de pena que va de un mínimo de ocho años a un máximo de 20 años de prisión y solicitó la prisión preventiva. Todos los argumentos fueron refrendados por el asesor de menores participante en la audiencia, Pablo Rey.
Posición defensiva
Para la defensa que fue ejercida por Javier Allende no hubo oposición ni al relato del hecho ni a la calificación penal y remarcó que el imputado no tiene antecedentes condenatorios ni existen indicios que pueda querer fugarse o haya intentado hacerlo con arraigo en el lugar y tratarse de una persona de trabajo. Agregó que tampoco se puede ver que pondrá en peligro la investigación y refirió a la emergencia carcelaria vigente hasta junio de este año con falta de lugares para detenidos y profundizar sobre las condiciones de detención para finalizar pidiendo el arresto domiciliario.
Resolución
En su resolución la Jueza María Tolomei consideró que la detención del imputado es legal y determinó la apertura de investigación por los plazos legales y la calificación fiscal. Expresó que la denuncia es muy reciente y el Ministerio Público Fiscal tiene elementos suficientes para acreditar y verificar la materialidad del hecho y la probabilidad de autoría coincidiendo con la fiscalía respecto al peligro procesal de fuga, a la vez que las manifestaciones de la defensa no logran neutralizar el riesgo mencionado con la medida domiciliaria propuesta. Tuvo en cuenta también lo mencionado por la doctora Gamarra respecto de la situación actual en el marco de la pandemia ya que el imputado es una persona de 34 años que no está considerada de riesgo y debe considerarse el caso concreto que hoy se investiga y da cuenta de la peligrosidad de los delitos endilgados. En consecuencia, resolvió la prisión preventiva del abusador por el término de tres meses.
El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Rawson, solicita la colaboración de la población en general, para identificar y localizar a las personas que aparecen en los fotogramas que se acompañan.
En el marco de la investigación del Legajo Fiscal N° 20.420, en el que se investigan los daños ocasionados en los edificios de la legislatura y casa de Gobierno de la provincia del Chubut, en septiembre de 2019.
Quienes puedan colaborar, pueden hacerlo, en forma personal en la fiscalía de Rawson sita en Rivadavia 532 de Rawson. También pueden hacerlo por mail a la casilla:
http://mfgomez@juschubut.gov.ar y fiscaliarawson@juschubut.gov.ar o por whatsapp al abonado 2804605079 o vía twitter a @MpfRawson
Son Federico Piccione y Pablo Bastida. Ofrecieron comprar equipos generadores para aldeas escolares de Chubut. El planteo cuenta con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal.
El Juez Sergio Piñeda resolverá en los próximos días si otorga el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a dos imputados en la causa que investiga una asociación ilícita en perjuicio del estado provincial, en la que habrían participado exfuncionarios y empresarios.
Este viernes por la mañana se concretó una audiencia remota a través de videoconferencia, en la cual el Dr. Marco Napoli, del Ministerio Público Fiscal, hizo la presentación de un pedido conjunto con los defensores de los imputados Federico Piccione y Pablo Bastida, para solicitar la suspensión del juicio a prueba.
Napoli relató en su presentación que ambos imputados estaban en condiciones de acceder a la figura de la “probation”, ya que tanto Piccione como Bastida a diferencia de otros acusados en la causa no son funcionarios públicos ni tenían un rol de manejar fondos públicos dentro de la asociación ilícita que investiga el Ministerio Público Fiscal.
Para el caso de Pablo Bastida, se solicitó el cumplimiento de una pena de 1 año y seis meses en suspenso, además del cumplimiento de las pautas fijadas para el instituto de la suspensión del juicio a prueba, y una reparación fijada en la compra de un motor con especificaciones técnicas detalladas en un informe del Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Chubut.
El generador eléctrico a comprar por Bastida tiene un costo actual de U$s 27 mil y debe hacerse efectiva su compra en un plazo de 45 días hábiles.
En el caso del empresario comodorense Federico Piccione, la pena solicitada es de 2 años de ejecución condicional, durante cuyo plazo deberá cumplir con las pautas establecidas por el juez en función de la figura de la probation y la compra de dos equipos de similares características, de los cuales al menos uno deberá ser adquirido dentro de los 45 días hábiles posteriores a la resolución.
El pedido de los generadores se basa en un informe elevado al Ministerio Público Fiscal por el Ministro de Infraestructura Gustavo Aguilera, y en el mismo se detalla la necesidad de dotar de generadores eléctricos a las aldeas escolares de Buen Pasto, Piedra Parada, El Escorial y El Mirasol, entre otros parajes del interior provincial.
El pedido presentado por el fiscal Marcos Napoli fue respaldado por el Dr. Fabián Gabalachis, defensor de Pablo Bastidas y por el Dr. Federico Ruffa, abogado particular de Federico Piccione. Al mismo tiempo, no se plantearon objeciones de parte del Dr. Christian Martínez, representante de la Fiscalía de Estado ni tampoco del Dr. Mario Romero, representante de la oficina anticorrupción.
El juez Sergio Piñeda informó a la partes que la resolución sobre el pedido se dará dentro de los plazos establecidos por la normativa para el caso y se notificará a las partes a través de correo electrónico.
El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia comunica que se encuentra abocado al conocimiento e investigación de todos aquellos delitos de acción pública que resulten cometidos en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19. En este sentido, por un lado, se da el correspondiente curso a las investigaciones sobre estos delitos de acción pública que tengan como víctima a personas eventualmente afectadas por el virus o sindicadas de ese modo; incluidos los cometidos a través de las redes sociales y los medios de comunicación en general. De igual modo que aquellos delitos que surjan de un inadecuado manejo por parte de Organismos o de personas, que en violación las Normas relativas a la difusión de información sensible atinentes a la salud de las personas. Esto en consonancia a lo previsto por el Art. 7 de la Ley 26.388.
Se hace saber también que atento al tenor de este tipo de investigaciones, que guardan relación con la intimidad de las personas en el área de su salud, desde el Ministerio Público Fiscal se proporcionará la información pertinente en forma acotada, preservando dicha intimidad y evitando la revictimación de las personas afectadas.
Cabe acotar asimismo que en los delitos de acción pública el Ministerio Público Fiscal se encuentra facultado por la Ley para actuar, tanto de oficio como ante la presentación de una denuncia en concreto.
En contraposición, en los delitos de acción privada el trámite debe ser llevado adelante por órganos jurisdiccionales, a través de la presentación de una querella, y sin participación del Ministerio Público Fiscal (por ejemplo los casos de calumnias e injurias).
El Área Procomunidad del Ministerio Público Fiscal del Chubut, realizó una serie de recomendaciones de cómo se debe actuar a la hora de recibir visitantes en tu domicilio particular y llamadas telefónicas de supuestos agentes de la Anses.
Los estafadores intentan engañar a sus víctimas para así sacarles algo de valor, las modalidades son cada vez más sofisticadas y variadas. En algunos casos utilizan llamadas telefónicas y otros se hacen pasar por entidades financieras.
En el contexto de la cuarentena en nuestra zona, se han conocido nuevas modalidades de estafas que tiene la característica de un asalto al domicilio argumentando que tienen una orden Judicial.
La maniobra
Los asaltantes tocan el timbre de tu casa y cuando contestas, te dicen, usted es … mencionando tu nombre completo y tu número de DNI. Continúan comentando “venimos a entregar un escrito judicial” y si contestas que no puedes recibir ningún escrito, te indican que si no colaboras vas a tener serios problemas con la justicia. Circulan vestidos de civil y muestran credenciales falsas.
Advertencia importante “en lugar de abrirles la puerta”, debes decirles: “ ya estoy llamando a la Policía para comprobar si existe tal orden judicial en mi contra» y se debe llamar inmediatamente a un familiar, amigo, o vecino y al 101 para reportar el probable acto de extorsión, robo, secuestro o acto delictivo. No abrir nunca la puerta de tu casa a nadie.
Probablemente estos delincuentes están utilizando padrones electorales, para conocer nombres y domicilios de las personas que visitan
Las llamadas de Anses.
En relación a las llamadas telefónicas, se debe tener en cuenta que están realizando llamadas falsas de supuestos agentes de la Anses, que incluso no son de un numero privado, argumentado que el destinatario de la llamada es un supuesto beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia, a su vez le solicitan datos personales para poder pagar esa asignación, en algunos casos les piden el usuario y clave del homebanking para poder concretar el pago nación, de esta forma los delincuentes obtienen información y así pueden producir la estafa. En otros casos, los estafadores hacen ir a los supuestos beneficiarios a un cajero automático para que giren un adelanto de dinero, con la excusa de que de esa manera se liberará el pago de los 10 mil. El engaño se produce con más frecuencia en los adultos mayores
El colaborador
Otra modalidad es con el cierre de los bancos durante la cuarentena y los problemas para cobrar jubilaciones, muchas personas acudieron por primera vez a un cajero automático. Esto dio lugar a otro tipo de estafador donde un falso «asistente» se presenta en distintas sucursales bancarias para que las personas que no tenían tarjeta de débito cobraran su dinero utilizando datos biométricos y así retirar su dinero.
Otro caso de estafa.
Se trató de una mujer de la ciudad de Trelew quien fue víctima de un estafador que se hizo identifico como Javier Eduardo Fraga. El delincuente se hizo de la suma de $ 83.700 accediendo a la cuenta bancaria de su víctima. Luego de realizar una operación en un cajero automático para poder cobrar el subsidio de $ 10.000 que el Gobierno nacional le habría asignado a su expareja, en este contexto la victima mantuvo una conversación con un tal Javier Eduardo Fraga, quien le indicó que vaya a un cajero automático para acceder al beneficio de los 10.000 pesos. Estando en el cajero del Banco del Chubut de la ciudad de Trelew, esta persona llamó a la víctima y le dio instrucciones para obtener un número de usuario mediante una operación con su tarjeta de débito. Luego le pidió que saque la tarjeta y que la vuelva a introducir, dándole nuevas instrucciones para obtener un número Token, un sistema que se oficia en cajeros automáticos y permite realizar operaciones vía internet y celular. Al salir del cajero, el tal Javier Fraga le pidió ambos números y le dijo que el dinero de la Anses se iba a depositar después de las 20 horas. Este sábado, la víctima pudo confirmó que le habían quitado de su cuenta $ 87.300 pesos y que todo se trató de una estafa. (fuente diario jornada).
Una médica con gripe, 13 personas en un hotel alojamiento, un runner, un policía alcoholizado y un abogado que había viajado por la Copa Davis fueron algunas de las más de 200 personas que fueron detenidas hoy en todo el país por violar el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para minimizar la propagación del coronavirus.
Además, en la provincia de Buenos Aires se realizaron más de 600 denuncias contra personas que quisieron evitar el aislamiento, mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño recibió 116 casos solo en las primeras 12 horas del día, 99 de los cuales corresponden a episodios en los que las personas que eran advertidas violando la cuarentena se resistieron a la autoridad.
Los primeros casos que se conocieron fueron en la Capital Federal, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a siete hombres durante un operativo que se realizó en Roosevelt y Cuba, en el barrio de Belgrano.
Según los investigadores, en poder de los detenidos se secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros modelo Mini Tunder Pro 9 con cargador colocado sin munición, y los siete quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez.
En tanto, en el barrio porteño de Balvanera, en un albergue transitorio situado en Perón 3131, la Policía de la Ciudad retuvo a cinco parejas que, violando el decreto presidencial, esta mañana permanecían alojadas en las habitaciones del hotel.
En el lugar, también fueron demorados tres empleados, aseguraron las fuentes policiales Cerca de allí, en la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad retuvo durante varias horas a un joven que había llegado de Brasil el 17 de marzo y no cumplía el aislamiento obligatorio.
Tras ser revisado por médicos del SAME, el fiscal porteño Maximiliano Vence ordenó que el joven fuera trasladado con custodia a la ciudad de Mercedes, para que continúe en su domicilio con la cuarentena.
En la ciudad de La Plata, un runner fue detenido esta mañana por violar el aislamiento dispuesto ante la pandemia del coronavirus, cuando corría por la tradicional rambla de 32 entre 4 y 5 de la capital bonaerense.
En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, un joven de 25 años que había ido al domicilio de su ex pareja fue demorado esta madrugada por no respetar el aislamiento obligatorio y se lo trasladó a su domicilio, donde se le notificó de la formación de la causa con intervención del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca.
En Córdoba, se registraron hoy 12 detenciones por violar la cuarentena, informaron el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, nueve de los cuales se registraron en la capital provincial y los otros tres en el interior.
El comisario mayor de la Policía provincial, Gustavo Piva, manifestó a los medios locales que desde la medianoche se montaron operativos en toda la provincia para «hacer cumplir las medidas dictadas» por el Decreto de Necesidad y Urgencia que implementa el aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional.
En la provincia de Santa Fe, se registraron 43 casos de incumplimiento del aislamiento obligatorio y entre ellos está el abogado Luis Pianelli, con residencia en la localidad de Arroyo Seco, quien había estado en la ciudad colombiana de Bogotá como asesor letrado del equipo argentino de la Copa Davis, informó el Ministerio Público de la Acusación.
Según las fuentes, solo en la ciudad de Rosario se registraron 32 personas detenidas, mientras que en Santa Fe capital hubo 11 demorados, quienes fueron advertidos y luego trasladados a su domicilio para que continúen con la cuarentena.
En tanto, el jefe de la policía del Chubut, Miguel Gómez, informó que «durante esta madrugada se produjeron tres detenciones de conductores que circulaban sin autorización para hacerlo infringiendo las restricciones impuestas, entre ellos un policía» que estaba alcoholizado.
En la capital de Santiago del Estero, fueron detenidas 65 personas que violaron la cuarentena obligatoria, mientras que en Jujuy hubo 35 aprehendidos y en Tucumán fueron arrestados otras diez.
En la ciudad mendocina de Guaymallén cinco hombres fueron detenidos en un drugstore de Guaymallén mientras bebían bebidas alcohólicas y en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú detuvieron a un joven de 22 años.
Por último, en la capital chaqueña, una médica infectada con coronavirus quedó con arresto domiciliario desde ayer por no cumplir con la cuarentena tras una denuncia
Una fuente allegada al caso indicó que el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric «tiene pruebas irrefutables de que rompió el aislamiento sanitario», aunque en declaraciones radiales, la pareja de la facultativa aseguró que la denuncia de los vecinos es «totalmente falsa».
La sesión de hoy de la Legislatura se realizará nuevamente en la Biblioteca del edificio. Ayer hubo despachos de comisiones. Aprobarán convenios de tres para las áreas protegidas de Punta Norte, Punta Tombo y Piedra Parada.
El proyecto más importante del día será la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que crea cargos «intermedios» para descomprimir la labor de los fiscales generales.
Después de un largo período de discusión, el oficialismo y la oposición estarían cerca de lograr un acuerdo para aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) que viene solicitando con urgencia el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena.
Las modificaciones apuntan en gran parte a «descomprimir» las tareas de los fiscales generales, que deben participar en audiencias por delitos de toda índole.
A modo de ejemplo, en el caso de un hurto, Miquelarena está obligado a sentar a un fiscal general en la audiencia. El problema radica en que los fiscales generales llevan investigaciones mucho más voluminosas como corrupción, homicidios, femicidios y violaciones, entre otras.
Uno de los objetivos es crear una figura intermedia entre los fiscales generales y funcionarios para que puedan ir en representación del MPF a los debates.
Ayer había un acuerdo avanzado para que esta ley sea tratada y aprobada en la sesión de hoy, así lo informó el chubut.
Por otra parte, desde la Comisión de Hacienda se firmaron despachos para aprobar convenios de tres áreas naturales: Punta Norte, Punta Tombo y Piedra Parada. Esto permitirá un manejo en conjunto entre Provincia, el Entretur, la Universidad Tecnológica y una fundación.
El Ministerio Público Fiscal es el primero en realizar su exposición ante el Tribunal que juzga a una docena de imputados en un caso por asociación ilícita, enriquecimiento y defraudación al estado.
Se iniciaron esta mañana los alegatos en el marco del juicio oral y público por la causa conocida como El Embrujo, en el cual están imputadas una docena de personas, entre las que se encuentran exfuncionarios provinciales, empresarios, profesionales y particulares.
El primero en exponer es el Ministerio Público Fiscal, quien intenta demostrar que se conformó una asociación ilícita en cabeza del imputado Diego Correa, exsecretario privado del fallecido Gobernador Mario Das Neves y otrora titular de la Unidad Gobernador en el estado provincial, así lo informó Diario Jornada.
El fiscal Alex Williams inició la ronda de alegatos y relató de manera pormenorizada todos los hechos ya descriptos a lo largo del juicio que dan sustento a la acusación del MPF. Se refieró en ese marco a la asociación ilícita creada con Dual Core capitalizandose con dineros espurios.
“Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no pueden ejercer derecho a huelga, ni retención de tareas, ni actos de presencia en oficina sin prestación efectiva de funciones, ni mantener reuniones o asambleas en horarios de funciones”, resaltó en negritas en el documento el procurador general, Jorge Miquelarena, luego de conocerse las medidas que algunos funcionarios adoptaron tras no cobrar los salarios del mes de junio y ante la situación que ahora los vuelve a movilizar en reclamo del salario de julio.
“La consecuencia es la pérdida del salario” advierte el documento que sorprendió a algunos funcionarios judiciales.
Miquelarena en el documento de circulación interna deja en claro que los funcionarios ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, categoría que comprende a ministros y subsecretarios de Estado.
“Como funcionarios integran el servicio integral de Justicia, que resulta esencial en la organización de la Provincia (artículo 5 de la Constitución Nacional). No pueden ser reemplazados, ni suplidos por otros agentes, dado que tienen una manera calificada de designación y remoción, así como un cúmulo de garantías, responsabilidades y funciones indelegables e irrenunciables. Tienen el deber de prestar funciones, salvo las situaciones previstas reglamentariamente. No pueden hacer retención de funciones o tareas sin incurrir en incumplimiento funcional pasible de sanción”, sentencia el procurador.
GARANTIAS
Desde la Procuración se deja en claro que las guardias mínimas deben garantizarse. “Si bien el servicio de Justicia se ve necesariamente resentido por la ausencia de los empleados que adhieren a las medidas de fuerza decretadas por el gremio que los nuclea, todos los funcionarios y fiscal deben continuar con el cumplimiento de sus funciones propias en la medida de sus posibilidades” explica.
Esto sería en referencia a una situación que se habría dado en la circunscripción judicial de Esquel en la que algunos funcionarios realizaron paro de actividades y no habrían concurrido al lugar de trabajo.
Miquelarena cita un antiguo precedente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que denegó la autorización a funcionarios y empleados del Poder Judicial para afiliarse a un sindicato cuyos estatutos preveían la posibilidad de realizar medidas de fuerza.
Incluso les recordó a los funcionarios y fiscales que pueden ejercer sus derechos como agentes asalariados del Estado, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, y cita el inciso “K” del artículo 2 del estatuto en el que sostiene “realizar todos los actos y gestiones que fueren necesarios para el mejor cumplimiento de los fines estatutarios, no pudiendo adoptar medida alguna que imponga a los asociados dejar de cumplir en forma normal y corriente con las funciones propias de sus cargos judiciales o alguna otra que pueda afectar o alterar la normal con otros poderes del estado provincial”.
La movilización a fines del mes pasado de un grupo importante de funcionarios del Ministerio Público Fiscal junto a un grupo de jueces a una asamblea con trabajadores del SiTraJuch, parece haber dejado un mensaje al Ejecutivo provincial y la Procuración no tardó en recordar la jurisprudencia en materia de derecho a huelga para sus funcionarios.
