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La secretaría de Energía abre una consulta pública en la que incluirá también el interés de las operadoras en la construcción de un gasoducto que une Vaca Muerta con Rosario.

El 2018 había cerrado como el año del gas. Por primera vez en casi una década la producción dio una vuelta de tuerca al declino que arrastran los campos convencionales y, de la mano de Vaca Muerta, el año culminó con un incremento general en la producción del 5%.

Pero a fines de enero el recorte dispuesto por el flamante secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, a los subsidios al gas no convencional de la Resolución 46/2017 cayó como un baldazo de agua fría a un sector en el que la seguridad jurídica es esencial.

En el mismo encuentro en el que Lopetegui le informó a las petroleras que sólo se subsidiaría la producción esperada y que no ingresarían los doce desarrollos que estaban en espera, el funcionario también anunció que prepara un nuevo plan para incentivar la producción en los meses de invierno que, casi sin pensarlo, llamó la “Resolución 47”.

Ese plan será, en realidad, una subasta especial en la que se buscará colocar producción local para desplazar las importaciones de GNL y que en los próximos días será puesto a consideración de las operadoras por medio de un sistema de consulta pública.

Según informó Nación la subasta no implicará un costo fiscal porque el gobierno no aportará un subsidio, como en la Resolución 46.

Ajustados por los recortes signados del Fondo Monetario Internacional (FMI) el plan se centra en poner en oferta un volumen de gas considerable para contratos de compra que se extiendan por tres o cuatro años, y bajo la premisa de igualar el precio del millón de BTU con el del GNL o un poco más, es decir doblando el valor que se pactó en la subasta para distribuidoras realizada hace pocos días.

Si bien el impacto de la crisis económica hace incierto saber cuál será la demanda que el país tendrá en este invierno que viene, en la subasta realizada días atrás el volumen colocado mostró que las distribuidoras fueron cautelosas y compraron menos de la mitad de lo que podrían llegar a necesitar.

La convocatoria nacional será lanzada antes de mediados de mes e irá acompañada por la otra pata que se necesita para apuntalar la producción de gas que es el proyecto para construir un gasoducto que vincule Neuquén con San Nicolás, en el cordón industrial de Santa Fe.

En este caso, no se tratará de una consulta pública lo que se lanzará sino de un registro de expresiones de interés para que las operadoras y transportistas dispuestas a invertir en su construcción y uso, levanten la mano.

El gasoducto en cuestión se sumará a los dos sistemas existentes y permitirá resolver el gran cuello de botella que hoy enfrenta la producción de gas, que es la llegada a nuevos mercados.

Pero la obra de más de 1.040 kilómetros de extensión demandará una inversión no menor a los 1.200 millones de dólares, un monto que no sólo choca con las elevadas tasas de financiamiento que se aplican en el país, sino que también hace dudar a más de un inversor ante el temor de que un nuevo cambio, como el de la Resolución 46, haga caer la producción.

Pero aún zanjada esta obra, la misma no estará lista al menos hasta 2021 por lo cual el sector requiere imperiosamente la apertura de nuevos mercados o alternativas de almacenamiento como la que Tecpetrol e YPF desarrollan en conjunto en Río Negro para acopiar gas durante los meses de calor en pozos depletados y extraerlo en el invierno.

Mientras ese proyecto avanza, las exportaciones son la principal salida y gracias a la Resolución 104/2018 se están concretando con Chile como principal destino en donde por mes se han inyectado cerca de 90 millones de metros cúbicos.

A esas exportaciones se sumará en pocas semanas más la puesta en funcionamiento de la barcaza licuefactora contratada por YPF para estudiar el verdadero potencial que tiene el gas de Vaca Muerta, que es abrirse camino hacia otros países por medio del GNL.

El recorte de subsidios llega a las eléctricas

Así como en enero el gobierno nacional resolvió cambiar la forma en la contabilizaba la producción que recibía el subsidio de la Resolución 46, la semana pasada la cartera de Energía de la Nación tomó una medida en el mismo sentido pero con otro de los sectores que acaparan gran cantidad de subsidios como son las empresas generadoras de energía eléctrica.

La medida, que en la práctica se traduciría en un achique de entre el 10 y el 20% de los aportes que reciben por el precio de potencia, impacta de lleno en el segmento del gas, pues desde la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica del país (Ageera) ya anticiparon que tendrán problemas para afrontar ampliaciones y modificaciones en instalaciones como las centrales térmicas.

Es que Nación además de reducir el valor que reconoce por la potencia, también pautó -según publicó Econojournal- que los pagos dejen de estar en dólares y se pesifiquen llevando a un ahorro en el año de hasta 400 millones de dólares para las arcas nacionales.

Por la Resolución 46 Tecpetrol ya presentó un reclamo administrativo como paso previo al judicial. Con las generadoras el panorama aún no es claro.

Río Negro

La Corte Suprema le ordenó a Chubut que en un mes informe qué yacimientos petrolíferos y empresas dedicadas a la industria se ubican en las zonas aledañas al Río Senguer,

Además, le pidió al Ministerio de Ambiente que explique si se verificaron descargas contaminantes directas al cauce del Río Senguer y sus afluentes. El Ministerio también deberá indicar si la calidad del agua del Acueducto Lago Musters-Comodoro Rivadavia es apta para consumo humano, según detalló diario Jornada.

La solicitud se enmarca en un amparo ambiental de María Teresa López, una vecina de Caleta Olivia, Santa Cruz, quien busca asegurar agua potable en cantidad y calidad suficientes para Caleta. Considera que hay una “emergencia ambiental” y, entre otros pedidos vinculados a su localidad, reclamó a la Corte prohibir la explotación de pozos petroleros en su provincia y Chubut que no tengan control estatal, para evitar la contaminación de agua.

Vecinos de Caleta Olivia presentaron un amparo para conocer la calidad del agua en 2017.

Pero recién ahora le dieron lugar y los resultados de los análisis se conocerían recién en agosto o septiembre.

López busca asegurar agua potable en cantidad y calidad suficientes para Caleta. Considera que hay una “emergencia ambiental” y, entre otros pedidos vinculados a su localidad, reclamó a la Corte prohibir la explotación de pozos petroleros en su provincia y Chubut que no tengan control estatal, para evitar la contaminación de agua.

La vecina sostuvo que pese a sus repetidas gestiones y peticiones ante diferentes organismos públicos, “en Caleta Olivia se provee agua contaminada (..) y hay frecuentes interrupciones en el suministro”. Aseguró que hay diez localidades en una “grave crisis hídrica”.

El agua que abastece a Caleta Olivia tiene dos orígenes: una parte proviene del Acueducto Lago Musters, que además suministra agua a Comodoro, Sarmiento y Rada Tilly; la otra procede de la Reserva Hidrogeológica de la Meseta Espinosa-Cañadón Quintar.

Ambos recursos hídricos son para uso residencial y para la explotación petrolera. López remarca que en la zona donde están las reservas hidrogeológicas de agua dulce hay pozos de perforación conviviendo con los pozos de captación de agua.

La Corte recordó que Chubut, Santa Cruz y el Estado Nacional firmaron un Acta Acuerdo que creó el Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Senguer, para la administración, control, uso, aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos y medioambientales de dicha cuenca. Pero aún no funciona.

Las mismas partes firmaron el 16 de mayo de 2007 un Convenio Marco que contiene el “Tratado Interjurisdiccional de Partición de Aguas y Distribución de Responsabilidades y Competencias de la Cuenca del río Senguer”, para explotar el Sistema de Acueductos del Lago Musters. A este convenio lo aprobó la Legislatura de Santa Cruz pero no la de Chubut ni el Congreso Nacional.

“Los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional”, dice el fallo. “Corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados”. Basándose en la Ley General del Ambiente “el juez podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger el interés general”.

Además de los pedidos a Chubut, el máximo tribunal nacional requirió a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación que informe si el Comité Interjurisdiccional de Cuenca del Río Senguer funciona y si tuvo algún resultado.

Además, pidió saber si existe un diagnóstico ambiental de la Cuenca del Río Senguer y los resultados con relación a las actividades hidrocarburíferas y productivas que toman agua del Lago Musters.

El Ministerio de Energía y Minería de la Nación deberá informar qué yacimientos petrolíferos y empresas se ubican en las zonas aledañas al Río Senguer, y su impacto en esa cuenca hídrica. El pedido de la Corte se extiende a Santa Cruz y a la Municipalidad de Caleta.

Radio 3

Las petroleras analizan llevar el precio de la nafta al equivalente a un dólar por un litro, es decir 40 pesos. Con ello, confirman que el valor real de la moneda estadounidense no es ni 37, ni 38, ni 39, como el Gobierno quiso ponerle un freno. La suba del combustible está previsto para el mes de marzo y el incremento correspondería al 5%.

A partir de que se registró en los últimos días una suba en el dólar, sumado al incremento del barril del petróleo y a un nivel de inflación alto, el mes de marzo las petroleras estiman que el litro de la nafta súper tendrá un valor de 40 pesos. Con ello, confirman entonces que ese monto es el valor del dólar en la Argentina, contrario a la postura del Gobierno de querer mantener el precio de la moneda estadounidense entre los 37 y 38 pesos.

Con un aumento, que representaría un 5% en combustibles, según vienen anticipando distintas fuentes de la industria petrolera, Argentina se ubica entre los países con el combustible más caro del mundo. Entre ellos está Uruguay, México, Brasil y Paraguay.

Argentina toma como referencia al barril de petróleo Brent, y el mismo tuvo un salto de más de un 8% desde que comenzó febrero, ya que pasó de los 61 dólares por barril a más de US$66, que se sumó a una suba del dólar de un 4%.

La inflación de 2018 fue la más alta desde la hiperinflación (1991) y sus efectos continuarán haciéndose sentir durante todo este año. Uno de los impactos lo sentirán, con este aumento, los automovilistas –según publica Urgente 24-.

Lo que ya es seguro, es un piso de 2% de aumento de la nafta y el gasoil para marzo es la incidencia del impuesto a los combustibles, que se actualiza trimestralmente en función de la inflación del período anterior. En este caso, la de octubre a diciembre, que en promedio fue de 3,7%, precisó el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (CECHA), Carlos Gold.

Actualmente, el litro de nafta súper se vende a 37,62 pesos en las estaciones de servicios de YPF de la Ciudad de Buenos Aires, apenas por encima en Axion y a 38,52 en Raizen (que opera la marca Shell). A su vez, la Infinia cuesta 43,40 en YPF y la V-Power de Shell, 44,43. Si el aumento que se defina en marzo alcanza el 5%, la súper pasará a costar 39,50 en YPF y 40,44 en las estaciones Shell.

El Comodorense