La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrcih, presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y 18 gobernadores por el delito de «sedición» y «traición a la Patria», a partir de conocida la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte respecto a la coparticipación de la Capital Federal.
Vale señalar que luego de conocido el fallo de la Corte Suprema, que otorgaba razón a la Ciudad de Buenos Aires; el Presidente se reunió con los gobernadores y emitieron un documento en el cual se señalaba que el fallo no se iba a acatar y se informó la recusación de los jueces de la Corte.
A partir de esto, desde el PRO, Bullrich presentó una denuncia penal contra los firmantes apuntando que «desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos!».
La denuncia abarca no solo al presidente Alberto Fernández sino también al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; además de los mandatarios Axel Kicilloff de Buenos Aires, Raúl Jalil de Catamarca, Jorge Capitanich de Chaco, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Ziliotto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Sergio Uñac de San Juan, Alberto Rodríguez Saá de San Luis, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Arabela Carreras de Río Negro, Oscar Herrera Ahuad de Misiones, Omar Gutiérrez de Neuquén y Gustavo Sáenz de Salta.
La acusación contra «todos ellos (es) en orden al delito de sedición contemplado en el inciso 2) del artículo 230 del Código Penal conforme los hechos y sus consecuencias jurídicas, y/o los que pudieren surgir de la investigación a llevarse Adelante», sostiene la denuncia.
Además, en la denuncia, se apunta que lo resuelto por el máximo tribunal en su fallo «no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias».
«No pueden desconocer los denunciados, por las funciones que ejercen, que los montos en cuestión no fueron nunca destinados por la Ley a las provincias en general, pues se trata de porcentajes de coparticipación correspondientes al Gobierno Federal y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignados a las funciones de seguridad y cuya transferencia se efectuó por convenio, como perfectamente explica la Corte», sostuvieron.
En este sentido, refutan al Gobierno nacional al señalar que «no es cierto que el fallo sea de cumplimiento imposible, porque solo se trata de la reasignación del destino de los fondos en cuestión, que, reiteramos, hacen a la coparticipación federal y no a otras asignaciones presupuestarias».
«Está claro entonces que el documento emitido por el Ejecutivo Nacional solamente indica el modo de justificar y encubrir la decisión tomada de NO CUMPLIR CON LA SENTENCIA dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de su competencia originaria y exclusiva», continúa.
«Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional», aseguraron.
