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El próximo domingo 12 de septiembre se realizarán en todo el país las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con el objetivo de definir a los candidatos que participarán de las elecciones generales del mes de noviembre a fines de renovar cargos legislativos nacionales y en algunas jurisdicciones. Pero en Chubut los electores también podrán elegir cargos provinciales y municipales.

En el caso de la provincia de Chubut, el Tribunal Electoral Provincial (TEP) tiene a su cargo los aspectos relacionados con la elección de consejeros populares al Consejo de la Magistratura por las circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel.

Al mismo tiempo se realizarán las elecciones PASO para la elección de presidente y vicepresidente en dos comunas rurales. En el caso de Aldea Beleiro, se deben elegir nuevas autoridades porque la comuna quedó acéfala, mientras que en la comuna Atilio Viglione, por el vencimiento del mandato durante el año 2020 de las autoridades locales.

Organización 

Mientras que todo lo relacionado con el acto comicial en el territorio es organizado por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con asiento en Rawson, el TEP tiene a su cargo la organización de la elección en las mesas de extranjeros de las dos comunas rurales donde se votan autoridades locales, y el escrutinio de dichas urnas, además de asistir en el recuento de votos para las categorías de consejeros populares al Consejo de la Magistratura, como también de las autoridades de las dos comunas rurales donde se realizarán las PASO.

Consejeros populares 

En el caso de los representantes populares al Consejo de la Magistratura, en esta oportunidad, la elección se concentrará en las circunscripciones judiciales de Trelew y Esquel. Esto implica, en el primero de los casos, que votarán para dicha categoría los electores de Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Dique Florentino Ameghino, El Mirasol, Las Plumas, Los Altares y Paso de Indios.

En esta circunscripción se presentarán cinco listas, de las cuales tres corresponden a la interna de la Alianza Juntos por el Cambio Chubut, mientras que las restantes dos corresponden a la Alianza Frente de Todos y a Chubut Somos Todos, con una lista cada una.

La misma cantidad y disposición de listas encontrarán los electores de la circunscripción judicial Esquel en la categoría de consejeros populares. En ese caso las boletas con los candidatos estarán dispuestas en las mesas de votación de las localidades de Esquel, El Boquete, Río Percy, Parque Los Alerces, Trevelin, Los Cipreses, Lago Rosario, Corcovado, Cerro Centinela, Carrenleufú, Tecka, Paso del Sapo, Colán Conhue y Aldea Epulef. También se encuentran comprendidos los electores que vayan a sufragar en Cushamen, El Maitén, Gualjaina, Cholila, Epuyén, El Hoyo, Las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, Cerro Radal, paraje Entre Ríos, Comuna Rural Atilio Viglione, Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín.

Comunas rurales 

En la comuna rural Atilio Viglione dirimirán en estas PASO quienes serán los candidatos que competirán por la presidencia y vicepresidencia del ejecutivo local. Allí, un empate en el resultado electoral del año 2015 forzó a un desempate en comicios realizados al siguiente año y eso provocó un desfasaje del periodo electoral respecto a las otras comunas de la provincia, a lo que se sumó la imposibilidad de realizar las elecciones en 2020 por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia mundial de Covid-19.

El próximo 12 de septiembre se presentarán allí dos listas de Chubut Somos Todos, mientras que por la Alianza Juntos por el Cambio solo se presentará una alternativa.
Para el caso de Aldea Beleiro, donde se deben elegir autoridades ante la acefalía de la comuna rural, se presentará solo una lista por Juntos por el Cambio y otra por Chubut Somos Todos.

Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, FEIM, Mujeres x mujeres y Ojo Paritario presentaron una carta al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para que garantice la transparencia y representación de género en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. La presentación se realizó en el marco del proceso de selección para ocupar las cuatro vacantes en el máximo tribunal de justicia de Chubut, que actualmente está conformado solo por el presidente y vicepresidente.

Junto con Formosa, La Rioja y Corrientes, Chubut es una de las cuatro provincias en las que ninguna mujer integra la máxima autoridad judicial provincial, el 100% son varones. Cabe además destacar en este último caso que dicha institución tiene 63 años y nunca fue integrado por una mujer.

«Que las mujeres formen parte de este tipo de magistraturas es fundamental para erradicar la discriminación y reducir las profundas desigualdades de género en el acceso a altos cargos judiciales», expresaron.

Sobre el “Techo de cristal”

En el comunicado, las organizaciones expresaon que «aun cuando el 60% del Poder Judicial de la provincia está integrado por mujeres, ese porcentaje desciende al 42,1% en los puestos de jueces. Los cargos más altos del Superior Tribunal, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de la Defensa Pública son ocupados exclusivamente por varones. Este fenómeno evidencia un acentuado ´techo de cristal´ que obstaculiza la participación igualitaria».

En 2019, Chubut se sumó a las jurisdicciones que establecen la paridad de género en la nominación de candidaturas para la conformación de cargos públicos electivos: «Este avance es un antecedente relevante sobre el camino a seguir en esta oportunidad para la Justicia. Las organizaciones firmantes solicitan al gobernador de Chubut que tome medidas para garantizar la participación de mujeres en el Superior Tribunal de Justicia. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar un proceso transparente, independiente y calificado en la designación de dichos integrantes y tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia la igualdad de género en el poder judicial».

El tribunal de juicio integrado por los jueces Mónica García, Martín O’ Connor y Cesar Zaratiegui declaró la culpabilidad de Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Juan Carlos Gomez en la causa de corrupción en Chubut que se desprende de la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia.

Condenaron a la exministra de Familia Leticia Huichaqueo, a su expareja y exdirector Juan Carlos Gómez y al exsubsecretario Marcelo Suárez, por el robo de 491 bolsas de alimento para perros que nunca llegaron a Comodoro. El viernes 13 se discutirá pena.

En el marco de la Causa Royal Canin, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez y Juan Carlos Gómez fueron encontrados penalmente responsables de los delitos por los que fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal de Chubut. Según informaron el próximo viernes 13 se conocerán las penas.

Se les imputa haber vendido, para beneficio propio casi 500 bolsas de alimento balanceado para mascotas que habían sido donadas a la Casa del Chubut durante la emergencia climática que vivió nuestra ciudad en 2017.

El fallo obliga al hombre, solo identificado como Franco, a presentar en un plazo de 72 horas la demanda de inconstitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Según el Diario de Cuyo, la Justicia desconoce si la mujer se practicó o no el aborto legal, por lo que, si ya lo hizo, la medida quedará en abstracto.

Según el demandante, la mujer tiene un embarazo de 12 semanas. De acuerdo a Ley IVE, que fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, toda mujer argentina tiene el derecho de decidir si lleva a término o no un embarazo, siempre y cuando tome la decisiónhasta la semana 14 inclusivedel proceso gestacional.

El nuevo fallo fue elaborado por los jueces de la Sala III de la Cámara Civil, Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez. Los magistrados resolvieron que se debe “hacer lugar al recurso de apelación deducido por F.A.S.” y “en consecuencia revocar la resolución” dictada el 26 de abril y “ordenar como medida cautelar de no innovar, a M.G.T.G. que se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo no sea resuelta”.

De esa manera la cámara anuló el fallo de primera Instancia emitido por la jueza Amanda Días.

Los argumentos de la resolución

Los jueces basaron el fallo en la institución del matrimonio ya que la pareja se casó en 2018.“En el matrimonio, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común”, afirmó la resolución.

En ese marco se preguntaron “si el presunto progenitor tiene o no derecho a impedir la práctica de la IVE que pretende efectuar su esposa sin su consentimiento, o en su caso, si la ley lo despoja de él y le brinda a su cónyuge plena libertad para decidir por sí sola”.

Y respondieron: “El sistema de toma de decisiones que hace a los aspectos más relevantes en la relación conyugal necesita de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades”. Por ello “entendemos quela falta de acuerdo o disenso sobre asuntos de trascendencia familiar gestada a partir de la concepción, no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges, incluyendo, claro está, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”.

La abogada del demandante, Mónica Lobos, confirmó el fallo en sus redes sociales: “Amigos, quiero contarles que hoy, en el día de San José, la Cámara Civil, Sala III de San Juan, fijo un precedente, ¡hoy primo la Vida y la garantía de los derechos esenciales! Hoy, nos concedieron la medida cautelar en el caso Franco, ¡un papa que pide protección por los derechos de su hijo y su propio ejercicio de la responsabilidad parental!”.

Los antecedentes del caso

La causa se conoció el 21 de abril cuando Franco, la expareja de M.G.T.G., dijo a la radioAM 1020que luchaba “por la vida” de su hijo. Y precisó: “Ella busca abortar y tiene todas las de ganar, peroestoy haciendo hasta lo imposible para ser escuchado”.

El hombre presentó entonces una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia, pero la jueza Marianela López se declaró incompetente y giró el caso a la justicia Civil.

La magistrada del Undécimo juzgado, Amanda Días, rechazó la presentación porque no estaba debidamente acreditada la paternidad del reclamante. Los abogados apelaron la resolución ante la Cámara Civil de Apelaciones. La causa finalmente quedó en manos de la Sala III. Ahora, el hombre tiene 72 horas para presentar su demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Este jueves 15 de abril del corriente, a partir de las 9.00 de la mañana, el tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino dará a conocer su resolución respecto a una serie de cuestiones previas planteadas en el marco de la denominada Causa de la Emergencia Climática.

El juicio oral y público se inició el pasado lunes en la Oficina Judicial de Rawson y durante la primera jornada de debate los abogados de cinco de las personas imputadas en la causa solicitaron la suspensión de juicio a prueba para sus defendidos.

Los planteos se dieron como cuestión previa en el marco de una causa judicial en la cual se investigaron una serie de maniobras relacionadas con sobreprecios en la venta de distintos insumos adquiridos por el gobierno provincial para afrontar las graves consecuencias de un temporal de lluvias que afectó en abril del año 2017 a todo el sur provincial, en especial a Comodoro Rivadavia.

Una docena de personas son las que se encuentran imputadas en el marco de la causa denominada “Correa Diego Miguel y otros”. El extitular de la Unidad Gobernador y secretario privado del exgobernador Mario Das Neves es uno de los imputados en este expediente judicial y al igual que Diego Luters, ambos ya han sido condenados en la denominada causa “Embrujo” y aguardan la sentencia del caso “Revelación”.

En la causa que ha llegado a juicio también se encuentra imputada la exministra de familia Leticia Huichaqueo, y quienes también oficiaban de funcionarios en esa cartera provincial: Marcelo Suárez, Cristian Orsi y Vanina Barale. La nómina de imputados se completa con los empresarios y proveedores También están imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Franco Finiguerra, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, Guillermo Williams, César Hughes y Cecilia Sabada.

Tribunal: Pedido de las defensas

Los defensores públicos Omar López y Damián D’Antonio solicitaron la suspensión del juicio a prueba para sus asistidas, Marta Fracasso y Cecilia Sabada respectivamente; en tanto que el defensor particular Fabián Gabalachis hizo similar planteo respecto al imputado Estanislao Finiguerra. El Dr. Abdón Manyauik, abogado defensor de los imputados Guillermo Williams y Cesar Hughes, realizó un planteo similar.

Los imputados ofrecieron como reparación en algunos casos montos de dinero en efectivo a abonar en cuotas, y en otros colchones para entregar a instituciones públicas, en particular a hospitales.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, quienes tienen a su cargo la acusación en la causa, se opusieron a los pedidos efectuados por las defensas técnicas de los imputados. El tribunal dará a conocer el jueves 15 de abril del corriente a las 9.00 horas, su resolución.

Fuente: Argentar Noticias

Trabajadores judiciales realizarán hoy un paro en toda la provincia y marcharán al Superior Tribunal en Rawson para reclamar que reincorporen a una empleada del Juzgado Laboral de Trelew que fue despedida por «ñoqui».

La Justicia fundó el despido en la empleada que no pudo justificar permanentes inasistencias y la calificaron de «ñoqui» en la resolución emitida. El Sitrajuch respondió en un comunicado que la «resolución es injusta, arbitraria y carente de perspectiva de género».

En defensa de la empleada despedida, el gremio acusó que el STJ «se jacta de haber capacitado al Poder Judicial como dispone la Ley Micaela -pero- actuó con silencio cómplice con respecto a otro Ministro, ahora jubilado, cuando efectuó comentarios machistas y misóginos».

En un duro escrito, el Sitrajuch sostiene que «tal vez el peor certificado de misoginia sea que habiéndose realizado en el STJ sumarios a hombres, por temas más graves que no concurrir al trabajo, ninguno de esos hombres quedó cesante», recordaron.

De este modo, desde el gremio indicaron que «a nuestra compañera se la cosifica tratándola de ‘ñoqui’, conociendo la repulsión que la sociedad tiene por quienes participan de la corrupción de gobernantes percibiendo sueldos sin trabajar. Esto se comunica a la sociedad un 29, reforzando el agravio machista que pretendieron inferir».

Parece que son muy conocidos y le tienen fe al fiscal, al que también deberían investigar en la Justicia por su supuesta y llamativa relación con el narcotraficante Segundo al que –según algunas fotos y ciertos informantes— visitaba casi a menudo antes de que “El Cura” cayera en desgracia. Ahora, busca una ruta para llegar a ser integrante de la Corte provincial.

Dicen que un sector político estaría detrás de la candidatura de Báez para el Superior Tribunal de Justicia pero que no contaría con la anuencia (votos) de varios de los legisladores chubutenses.

Báez ha sido denunciado varias veces por mal desempeño de sus funciones. Hasta por la exlegisladora nacional Elisa “Lilita” Carrió puso en evidencia una vez cuando vino a Madryn su sospechoso desempeño en el caso Espinosa; la investigación del crimen del empresario pesquero asesinado la noche del 30 de enero de 2003 y que todavía está impune.

Todavía no pocos recuerdan su cuestionable papel en el segundo juicio por el asesinato de Espinosa, cuando al cambiar su acusación a último momento contra los sospechosos hizo que todos terminaran absueltos: que el caso se cayera en pleno juicio.

Por eso Báez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut por mal desempeño, pero allí lo protegieron (dicen por orden del en ese entonces gobernador Das Neves, hoy fallecido) y esa presentación quedó en la nada, como otras que hicieron los abogados de Lorena Gabarruz, la última pareja de Cacho Espinosa que fue testigo presencial del homicidio.

Báez es otro Massoni en Madryn: tiene un bufón llamado Sebastián Torres que hace también de su vocero, se rodea de comunicadores amigos con los que incluso come asado y logra de esa manera un blindaje mediático por el que, por ejemplo, nunca se va a ver reflejada en algún medio de Madryn alguna denuncia, queja o critica en su contra. Ahora parece que a ese “grupete” de obsecuentes se agregó un tal Gil, que de gil no tiene nada.

Este “comunicador” se puso un portal de noticias al calor de una jugosa pauta publicitaria del Estado que recibiría de un gobernante de primera línea y en medio de una operación, avivada también desde las sombras por ciertos cuestionados políticos, vende la imagen del fiscal como si fuera la de un aclamado justiciero.

A Báez se le nota hasta cierta desesperación por llegar a ser uno de los miembros de la Corte provincial, pero la fama que tiene no lo acompañaría y va a tener que enfrentarse contra cierto sector del poder que no lo quiere.

El fiscal y “El Tero” Gómez Ocampo, hoy subjefe de la policía provincial; son amigos entrañables. En Madryn se comentan mucho “sus hazañas” en el ambiente nocturno.

Báez, por ejemplo, era uno de los anfitriones de los asados que organizaba “El Cura” Omar Segundo, increíblemente, en un quincho del Poder Judicial de Puerto Madryn, mientras al “Cura” lo estaban investigando fuerzas federales por ese cargamento de los 100 kilos de cocaína que le terminaron secuestrando de su empresa pesquera, cuando estaba a punto de embarcarlo para España disimulado en cajones de langostino, en un procedimiento que dio origen a la causa por la que hoy Segundo está condenado a 9 años de cárcel.

Este lunes, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló todas las condenas que tiene el expresidente Lula da Silva en su contra por la segunda causa de Lava Jato, decisiones tomadas por el 13° Tribunal Federal de Curitiba, y ordenó reiniciar los casos en la Corte Federal de Brasilia, según informó ese organismo en un comunicado.

En una decisión firmada por el ministro Luiz Eson Fachin, el Tribunal Supremo determina que las actuaciones que derivaron en las condenas de Da Silva no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, capital del estado de Paraná, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.

CNN está intentado comunicarse con el equipo legal del exmandatario para obtener su reacción.

La anulación de las condenas se basó en defectos procesales y sin juzgar el fondo de la cuestión. La medida rehabilita los derechos políticos de Lula da Silva, que de ese modo podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en 2022. Al referirse a esa posibilidad, el líder del Partido de los Trabajadores declaró: «No necesito ser de nuevo presidente de la República, pero si fuera para derrotar el bolsonarismo, me pondría a disposición».

El equipo legal de Da Silva indicó, mediante un comunicado, que reciben con “serenidad” la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil que anuló este lunes todas las condenas que tiene el expresidente en su contra por la segunda causa de Lava Jato. Para los abogados de Lula, la anulación de las condenas muestra la “incompetencia” del tribunal de Curitiba y es el “reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal”.

En abril de 2018, Lula fue sentenciado a 12 años por delitos de blanqueo y ocultación de dinero, derechos y bienes, en conexión con la propiedad de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, Sao Paulo, que habría recibido del grupo de ingeniería OAS a cambio de presuntos favores para la obtención de contratos millonarios en la petrolera estatal Petrobras.

En noviembre de ese mismo año, el expresidente fue condenado a 17 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por beneficios irregulares en una finca del municipio de Atibaia, en el estado de Sao Paulo. Lula siempre negó las acusaciones.

Ante la situación presentada con turistas multados en controles de alcoholemia con la ordenanza «alcohol cero» y que sufrieron además el secuestro de su vehículo y licencia de conducir, desde el Tribunal de Faltas municipal se decidió atender excepcionalmente estos casos, abriendo los sábados a la mañana.

La Jueza de Faltas, Dra. Adriana Conesa informó que se establecerá una guardia los sábados «para agilizar los trámites de restitución de los vehículos que se hubieran secuestrado, solo para aquellos casos que se refieran a turistas y que hayan dado en el control menos de 0,5».

Conesa se reunió días atrás con concejales, funcionarios del Ejecutivo municipal e inspectores para fijar criterios en torno a la aplicación de la norma. «No está en discusión si se debe aplicar la norma a los turistas o no, la ordenanza existe y se debe cumplir» afirmó, agregando que «se debe hacer difusión de la ordenanza para que nadie pueda argumentar su desconocimiento, especialmente a aquellos que son turistas. Esto está contemplado en la ordenanza, pero no se hizo y se deberá corregir», expresó.

Comentó que se dieron varios casos de turistas, «gente que estaba de paso, en recorrida y en un control de alcoholemia registró 0.07 y le secuestraron el auto, esto los obligó a quedarse hasta el lunes para hacer la tramitación ya que ocurrió un viernes, con el Tribunal de Faltas cerrado. Por este motivo, se decidió abrir los sábados por la mañana, hacer una guardia mientras dure la temporada de verano, para atender estos casos».

En este aspecto, indicó que «el pago de la multa se debe cumplir, pero lo que buscamos es agilizar el trámite entendiendo que no se puede tener al turista cautivo, reteniéndole el vehículo que es su medio de movilidad y generándole un perjuicio no solo al conductor que es el infraccionado sino a toda su familia o grupo de compañía», explicó.

El Tribunal Electoral Provincial formalizó la entrega de la documentación y de 34 cajas cerradas que contienen las 30.964 firmas que adhirieron al segundo proyecto de ley que pretende la prohibición de la minería a gran escala. Exactamente a las 9.42 se dio lectura al proyecto antes del respectivo pase a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

La diputada madrynense del Frente de Todos, Mónica Saso, destacó que «estamos dando al proyecto 129/20, histórico, donde los protagonistas han sido una vez más los propios habitantes de la Provincia del Chubut, que han expresado su voluntad a través de la Iniciativa Popular, un mecanismo que se utiliza para abordar temas trascendentes«, valoró.

«Esta resistencia histórica y hasta heroica del pueblo al que representamos nos anima a no traicionar nuestras convicciones», sentenció Saso.

Al mismo tiempo ingresó el proyecto 128/20 del Poder Ejecutivo que impulsa la Zonificación minera y que de antemano solicitó que tuviera el tratamiento en una sola comisión, la de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Tres diputados del Frente de Todos, Carlos Mantegna, Belén Bascovck y la propia Saso levantaron la voz para que el proyecto se analizado en otras dos comisiones, pero en la votación posterior, la mayoría avaló el pedido del Ejecutivo.

«Es una ley que viene desde hace mucho tiempo, pero recibimos el proyecto recién ayer y debería ingresar a Asuntos Constitucionales, porque en los fundamentos de la ley habla de los artículos 99, 102 y 109 de la Constitución Provincial», esgrimió Mantegna.

«Pero también creo que deberían ingresar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque los artículos 42 al 53 fijan una regalía a percibir de las empresas a cargo de la explotación minera que deberá ser distribuida entre la Provincia y los municipios, y los artículos 54 al 57 crean un bono de compensación y establece la forma de distribución de lo recaudado», fundamentó.

«Estas normas, desde el artículo 42 al 57, involucran a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, toda vez que tiene que ver con las rentas de la Provincia», remarcó.

«También debería intervenir la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos porque ésta es la que atiende a lo inherente a la ejecución de obras y servicios, y las respectivas autorizaciones.  Y el proyecto, en los artículos 58 a 62 crea que un Fondo Fiduciario de Infraestructura Económica, destinado a financiar equipamiento y obras en la zona de producción minera», precisó Mantegna.

«Como mínimo el proyecto debe incorporarse al menos en estas tres comisiones», insistió.

Bascovck coincidió en que “este proyecto de zonificación debe ser girado a otras comisiones, entiendo que es un debate de muchos años, pero los fundamentos y el cuerpo principal de la ley ameritan  justamente que sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque se establece que el marco será la Constitución Provincial y porque además se estaría modificando una ley vigente, la XVII Nº 68, más conocida como la Ley 5.001″.

«En el cuerpo principal de la ley se establece una cadena de valor, se hablan de aspectos económicos, de un bono de compensación, de regalías, por lo que entiendo que está más que justificado que el proyecto también sea girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y como en algunos artículos se habla de una compensación por obras de infraestructura minera, por lo que demás debería ser girado a la Comisión de Infraestructura, Servicios Públicos e Integración Regional e Internacional», justificó.

«El Gobierno ha anunciado por los medios que se viene el gran debate, pero entiendo que el proyecto girado a una sola comisión es una mentira, por eso quiero que conste quienes serán los diputados que acompañarán que el proyecto vaya a tres comisión porque es importante que legislemos de cara al pueblo», reclamó.

Por su parte, Saso refrendó que «varios de nosotros hemos adelantado nuestra posición respecto de la minería. Esta posición no va a cambiar frente a proyectos adornados porque sabemos porque termina la historia. Queremos que haya un pase a otras comisiones para que sea un debate responsable con el compromiso y la seriedad que nos compete en este tema».

«El costo que se va a pegar será demasiado alto y el beneficio será despreciable. Por más que el Gobierno intendente disfrazar con bonos y otros beneficios, las regalías seguirán siendo del 3 por ciento», rechazó.

«En los fundamentos se sostiene que todo lo propuesto se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución, ese artículo protege al pequeño productor, incentiva la mediana empresa y propone un desarrollo sustentable de la economía. En ningún párrafo menciona a las grandes empresas mineras internacionales», replicó.

«El artículo 102 de la Constitución promueve la explotación y el aprovechamiento de los recursos mineros, pero también su industralización en su lugar de origen, porque el proyecto que hoy está ingresando con tan solo un giro a comisión no es lo que estaba en la mente de los autores de nuestras normas fundamentales cuando redactaron los artículos», expuso.

«El pueblo de nuestra provincia no desconoce lo que estamos votando hoy, se expresa y lo seguirá haciendo en contra de esta actividad», informó Radio 3.