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El senador nacional y candidato a gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó al Ministerio de Economía de la Nación la exención del ítem Zona Desfavorable, del Impuesto a las Ganancias para el pago de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario a empleados en relación de dependencia.

En tal contexto, Torres solicitó al Palacio de Hacienda «que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario Año 2023 de los salarios brutos, jubilaciones o pensiones de hasta $880 mil pesos, incrementados en el importe que corresponda al Adicional por Zona Desfavorable quede exento del Impuesto a las Ganancias, previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias».

La iniciativa prevé que el beneficio alcance «a los trabajadores en relación de dependencia cuyas actividades se cumplan dentro de la zona geográfica comprendida por la Ley Nacional N° 23.272», explicó el Senador, agregando que «se trata de una petición de carácter excepcional para los trabajadores de nuestra provincia, considerando las históricas asimetrías que existen en la región con respecto a otros sectores del país, y previendo que en un momento tan crítico como el actual en términos económicos, el aguinaldo no sea alcanzado por Ganancias y pueda ser percibido en su totalidad».

Ocurrió este miércoles por la noche en una chacra de la zona de Treorcky, a casi 4 km al este del ejido urbano de Gaiman, en el límite con Trelew; donde un hombre se resistió a un robo perpetrado por al menos 3 sujetos.

La victima indicó que en la noche escuchó ruidos afuera y al salir a observar se topa con 3 personas encapuchadas que llegaban con intenciones de entrar a robar.

Se trataba de 3 hombres encapuchados que se vieron sorprendidos por la presencia de personas. Frente a la situación el sujeto se resiste y logra cerrar la puerta, dejando a los delincuentes afuera.

En este punto, los delincuentes comenzaron a patear la puerta con intenciones de entrar, además de apedrear a la vivienda, rompiendo los vidrios del domicilio.

Finalmente, ante la insistencia y no poder entrar a la vivienda, los sujetos se dieron a la fuga, presumiblemente en un vehículo, aunque ello es materia de investigación.

Este miércoles por la tarde, se produjo un masivo corte de luz. “Hubo una contingencia eléctrica grave, según informa Transener, por un incendio salió una línea de 500 kV Campana-Rodríguez. Simultáneamente desenganchó Atucha I (se investigan causas) y otras centrales de generación eléctrica, como Central Puerto”, destacaronfuentes oficiales que explicaron que la central funciona pero quedó desconectada del sistema como parte de un mecanismo de control.

El apagón afecta a gran parte del país. En Comodoro, los barrios afectados son: Km. 3, Divina Providencia, Medanos, Saavedra, Casteli este, Roque Gonzales, Palazzo, Ciudadela, Gesta de Malvinas, Las Orquideas, Astra.

Según informó La Nación, se debe a un incendio ocurrido en la línea de transmisión 500 kV entre Campana y Rodríguez. Esto, a su vez, sacó de servicio a la central nuclear Atucha I, según confirmaron fuentes oficiales.

La página de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico nacional, mostraba una abrupta caída de la demanda de energía a las 16, cuando el termómetro marcaba los 35°C. En ese momento, los requerimientos del sistema equivalían a 26.570 MW.

En menos de media hora, se cayeron 10.000 MW de potencia, según confirmaron fuentes oficiales.

“Se registraron varias fallas en el sistema interconectado. Como causa de lo anterior, salieron distintas centrales de generación, entre ellas Atucha I. Hay una falla de frecuencia que expulsa a una parte de la generación. Este centro de generación que es Atucha salió como se dice en esta jerga del sistema. Cómo salió Atucha, también salió Central Puerto”, explicaron en la Secretaría de Energía.

Según informó la SCPL, se debe a inconvenientes de tensión que afectan a los barrios Comipa, Palazzo y Standard Norte.

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, informaron este martes por la tarde que -debido a inconvenientes de tensión- se produjo un corte de energía en algunos barrios de la zona norte de Comodoro.

Según informaron a sus asociados, los barrios afectados son: Comipa, Palazzo y Standard Norte.

Momentáneamente, no hay horario de normalización del servicio.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, llegó esta tarde a la zona de los incendios.

Juan Cabandié arribó este lunes por la tarde a la localidad de El Hoyo para supervisar cómo se llevan a cabo las arduas tareas de combate en los incendios propagados en el Cerro Currumahuída. En las últimas horas, los focos ígneos se mantienen sobre la ladera en dirección a la localidad de Lago Puelo.

En diálogo con LaCienPuntoUno, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, habló sobre la hipótesis que fue descartada como causal del incendio: un panfleto de la Resistencia Ancestral Mapuche, cuya imagen circuló en las redes sociale: “Es un volante que se sacó por redes, de años atrás, que no tiene nada que ver con este hecho, no está bueno que dirigentes políticos agiten esos fantasmas”, sostuvo.

“No existe eso, eso es un armado de redes. La única RAM es la camioneta en la que nosotros nos estamos movilizando, que es un modelo autos que no tiene nada que ver con esa hipótesis”, expresó Cabandié ante la consulta.

Tras la llamada telefónica del presidente Alberto Fernández, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, arribó a la localidad de El Hoyo y recorrió junto al intendente Pol Huisman las zonas más afectadas por el incendio que desde el domingo continúa activo en cerro Currumahuida.

La recorrida comenzó en el Mirador sobre la Ruta 40 donde el Servicio Provincial del Manejo del Fuego estableció una base operativa, ya que en ese punto se puede observar con mayor claridad la actividad del incendio.

Desde allí, observaron el trabajo del helicóptero Boeing Chinook con capacidad de lanzamiento de agua de 10 mil litros, de los aviones hidrantes y el helicóptero con helibalde. Luego continuaron por el circuito del Currumahuida para visitar a las y los vecinos del lugar.

Acompañaron al Ministro y al Intendente una comitiva del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de El Hoyo y el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez.

El siniestro comenzó este domingo por la tarde en una jornada de mucho calor y movimiento de vecinos y turistas. Piden que no se aproximen a la zona del incendio. 

La zona del Cerro Currumahuida está afectada por un incendio de proporciones que avanza en la ladera que da hacia la zona de los viñedos. Hasta el momento afecta pinos y arbustales.

En el lugar trabaja personal de las Bases de Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Pto. Patriada y Cholila con apoyo de la Brigada Nacional y BV de El Hoyo.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego asiste con un helicóptero con helibalde y un avión hidrante para colaborar con las tareas de combate.  Se suman a las tareas personal de radiocomunicaciones y técnica.

La Municipalidad de El Hoyo está solicitando que los vecinos colaboren o acercándose a la zona del incendio y manteniendo los caminos despejados.

Hay operativos de tránsito en la zona.

Además solicitan no encendre fuego en espacios abiertos y ser cuidadosos con el uso del agua.

No descartan que se produzcan cortes en los servicios de agua y electricidad como también de las comunicaciones.

El Diputado Nacional presentó esta idea en el marco de la exposición en el evento organizado por la mesa de turismo de la Fundación Pensar, realizada en Esquel.

Los legisladores nacionales Ignacio Torres y Matías Taccetta participaron de la actividad que organizó la Fundación Pensar este lunes en Esquel para abordar un tema claven en la región: el desarrollo del turismo y las condiciones actuales.

En este sentido el diputado nacional Taccetta explicó los proyectos que presentó en materia impositiva para impulsar la actividad y en particular explicó uno que está relacionado con la ruta al Parque Nacional Los Alerces.

«La idea es cambiar la traza de la ruta 40 para que se potencie a la zona» destacó Taccetta.

En principio la idea es avanzar con la pavimentación, para lo cual el proyecto está realizado y luego pedir que se nombre como Ruta 40.

El secretario general de Petroleros Privados, Jorge Ávila, habló con Nos Sobran Los Motivos de LaCienPuntoUno sobre el reclamo que mantienen con las cámaras empresarias. “La pelea de Chubut hoy en día es la zona. Zona que se le dio a Neuquén y no a Chubut”, dijo.

Petroleros Privados de Chubut iniciaron un reclamo tras conocerse el pago diferencial que se hará a trabajadores afiliados al sindicato de Neuquén, que representa también a operarios de Río Negro y La Pampa. Se trata de un 10% adicional al acuerdo paritario que acordó la totalidad de los gremios, a partir de un ítem adicional que se incorporó “zona adicional Vaca Muerta”.

El jueves último se produjo una primera reunión entre sindicatos y cámaras empresarias, donde se pasó para cuarto intermedio. En diálogo con Nos Sobran Los Motivos de LaCienPuntoUno, el secretario general del sindicato Jorge Ávila, indicó: “La pelea de Chubut hoy en día es la zona. Zona que se le dio a Neuquén y no a Chubut”.

“En marzo tendríamos la nueva paritaria, lo que esta rondando hoy en la cláusula de revisión, ronda un 6% con el último aumento. La inflación no la podemos detener y la devolución es mucho más grande”, advirtió y sostuvo: “Hoy queremos un estándar salarial que llegue a la gente”.

“Sin trabajo, con desocupados, sin la posibilidad de que mucha gente vuelva a trabajar, es difícil tener paz social. No tenemos ningún conflicto, eso lo tienen las operadoras. Queremos paz social”, recalcó.

“No estamos al 100% para hablar de política”

Al ser consultado sobre a qué posible candidato apoyaría en las elecciones, dijo: “Hay conversaciones y dialogamos con todo el mundo, pero no estamos al 100% para hablar de política. Hoy mi trabajo es defender a los trabajadores”

“Estamos esperando que los candidatos digan que van a competir. No le tenemos miedo a las internas. La competencia tiene que estar y darse”, dijo.

Al menos cuatro personas murieron, dos de ellas niños, y nueve resultaron heridas hoy en un bombardeo de la aviación contra una zona residencial y un jardín de infantes en Mekele, capital de la región rebelde de Tigré, en Etiopía, cuyo Gobierno federal prometió «llevar a cabo acciones» contra objetivos militares insurgentes.

El hospital Ayder de Mekele «recibió a 13 pacientes, cuatro de ellos perecieron, entre ellos dos niños, informó el director médico, Kibrom Gebreselassie, en un mensaje reproducido por la agencia de noticias AFP.

El bombardeo contra esta región disidente septentrional de Etiopía se produce dos días después de que se reanudaran los combates entre fuerzas gubernamentales y los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF), tras cinco meses de tregua.

«Un avión (…) lanzó bombas en una zona residencial y un jardín de infantes en Mekele», dijo un portavoz de los rebeldes del Tigré, añadiendo que había civiles muertos y heridos.

«Con la ofensiva a gran escala, el régimen (..) volvió a su rutina diaria: atacar a civiles. En cierto modo, está haciendo con las bombas lo que le está haciendo a nuestro pueblo mediante el asedio y el hambre», dijo el vocero del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), Getachew Reda,

Reda también ha calificado de «ficticio» el saqueo de cerca de 570.000 litros de combustible en un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la capital regional denunciado ayer por su presidente, David Beasley.

Dos fuentes humanitarias indicaron haber sido informadas de un ataque aéreo en Mekele, sin dar detalles ni balances.

Poco después, el Gobierno federal anunció que, aunque se ponía a «plena disposición» para negociar sin condiciones con los rebeldes, se preparaba a «llevar a cabo acciones dirigidas a las fuerzas militares (…) opuestas a la paz».

El Gobierno volvió a acusar al TPLF en un comunicado de continuar con los ataques pese a la «puerta abierta» de las autoridades para volver a la paz e hizo un llamamiento a la población para que se mantenga «lejos de las zonas donde se encuentra equipamiento militar y estructuras de entrenamiento» rebeldes, según un comunicado.

Este bombardeo supone una escalada en los combates, una situación temida por la comunidad internacional, que busca evitar el regreso de un conflicto a gran escala.

La jueza María Tolomei fijó la pena de tres años de ejecución condicional, accesorias legales y costas contra Santiago Goodman, por considerarlo co-autor del delito de incendio estragoso respecto a los hechos ocurridos en la explanada y el ingreso a la Legislatura de esa provincia en la noche del 17 de septiembre de 2019.

Para la jueza, las características del docente, “su inserción social y laboral” constituyeron “atenuantes respecto al monto de pena que corresponde aplicar y aconsejan la imposición de una sanción de ejecución condicional, pues parece contrario a toda consideración sobre el fin de la pena enviar a este hombre a prisión efectiva”, indicó. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), tal como había señalado su titular, Sonia Alesso, apelarán la sentencia.

Fiscalía y querella habían solicitado cinco años de prisión para Goodman. La jueza Tolomei impuso la pena de ejecución condicional sobre el docente, que deberá “concurrir a la Oficina de Control de Ejecución, en forma trimestral; realizar, en un plazo de dos años a partir de que la presente adquiera firmeza, un curso de Derechos Humanos y/o de Derecho Constitucional; realizar, en un plazo de un año a partir de que la presente adquiera firmeza, 50 horas de tareas no remuneradas en la Biblioteca de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut”.

Marcelo Guagliardo, miembro de la Junta Directiva de CTERA y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), en diálogo con El Cohete a la Luna, expresó: “Rechazamos el fallo condenatorio que recae sobre Santiago (Goodman) y ratificamos que seguimos comprometidos con la búsqueda de la absolución y que volvemos a denunciar que se trata de una clara judicialización y criminalización de la protesta social ante las políticas de ajuste de los gobiernos”.

“ZONA LIBERADA”

Desde CTERA, sostiene Guagliardo, analizan “cómo ha quedado también en evidencia que esta causa se arma sobre una zona liberada ordenada por el gobierno de la provincia y además por un espionaje ilegal que llevan adelante las fuerzas policiales de la provincia para controlar, perseguir y disciplinar a las organizaciones y sus dirigentes”.

El dirigente neuquino también señaló que “desde CTERA nosotros reivindicamos la unidad que se ha logrado de las distintas organizaciones sociales, sindicales, organismos de derechos humanos de la provincia de Chubut y lo que ha significado el paro nacional de la docencia argentina haciendo escuchar nuestro reclamo por la absolución ante una fiscalía un gobierno de la provincia de Chubut que a través de sus querellantes pretendían una condena de cinco años de prisión y cumplimiento efectivo de nuestro compañero”.

EL CONTEXTO MAS CRUEL

El conflicto con los estatales de la provincia del Chubut comenzó en octubre 2017, cuando se cerraron las paritarias. Se decidió desconocerlas y tampoco fueron abiertas al inicio de 2018. Ese año se mantuvo un acampe de 180 días en la esquina de la Casa de Gobierno y, en paralelo, se sucedieron 40 días de ocupaciones y acampes en el Ministerio de Educación y en distintos lugares de la provincia. Las y los trabajadores lograron paritarias para julio de ese año. En 2019, lograron cerrar paritarias importantes con recomposición salarial y cláusulas gatillo, que se aplicarían todo el año. El gobernador Mariano Arcioni adelantó las elecciones y las ganó el 9 junio. A partir de julio, Arcioni comenzó con el pago escalonado a los trabajadores estatales e incumplimiento de paritarias. Llegó a tener atrasos de sueldos de hasta tres meses.

Iniciado septiembre de 2019, maestras y maestros, y en general todos los estatales, llevaban más de dos meses sin cobrar su salario. La lucha por los sueldos adeudados comenzó a ser una razón de unidad de todos los trabajadores en Chubut. El 5 de septiembre, el ministro de Gobierno y Justicia de ese entonces, Federico Massoni, ordenó una represión de una manifestación de docentes, que se encontraban en el cruce de las rutas 3 y 26 de Comodoro Rivadavia. Massoni anunció un “adelanto” de los dos meses que adeudaban de 30.000 pesos y luego, justamente el Día del Maestro –11 de septiembre–, comunicó que no lo iban a pagar. Esa misma noche, la Mesa de Unidad Sindical (MUS) iniciara una vigilia-acampe en la esquina de la Casa de Gobierno.

El viernes 13 de septiembre, una patota enviada amenazó en quemar el acampe y la decisión adoptada por el MUS fue levantarlo. Durante la tarde, la misma patota realizó pintadas en la casa de Santiago Goodman. Ese destrato y provocación por parte del gobierno de Arcioni, sumados a la angustia que atravesaban las trabajadoras y los trabajadores de la educación y demás estatales de la provincia de Chubut por no poder comprar comida para sustentar sus familias, y las amenazas latentes de grupos paraestatales en las manifestaciones, llevaron a que se decidiera realizar una movilización provincial multitudinaria desde la MUS el día 17 de septiembre de 2019. Ese mismo día debía hacerse la interpelación al ministro Massoni en la Legislatura por los hechos del 5 de septiembre, pero fue suspendida. A cambio, ingresó un polémico proyecto elevado por el gobernador, que establecía un aumento de un 100% de salarios para él y sus funcionarios.

El plenario provincial de delegados y delegadas docentes de ATECh definió iniciar un nuevo acampe en Rawson, en las afueras de la Legislatura provincial. Allí armaron las casillas y Santiago Goodman estaba cocinando cuando se enteraron del fallecimiento de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, compañeras maestras que murieron en un accidente de tránsito cuando regresaban a su ciudad de origen, Comodoro Rivadavia, luego de haber participado en el plenario y la movilización.

En medio de ese dolor profundo, las fuerzas policiales liberaron la zona y con la actuación de infiltrados comenzaron los desmanes en las afueras de Legislatura y, luego, en la Casa de Gobierno. No se reforzó la presencia policial ni se solicitó presencia de bomberos en ningún momento cuando un autor nunca identificado (casualmente no identificado por la policía, que desde la mañana se encontraba filmando todo), dejó que aquel clima explosivo, liberado y preparado, siguiera su cauce para criminalizar la protesta y apuntar al dirigente y docente de ATECh Santiago Goodman.

LA EVIDENCIA IGNORADA

La jueza Tolomei no ignoró el contexto en el que sucedieron los hechos. Los dejó de lado, al expresar infelizmente que era “harina de otro costal”.

Tolomei tuvo las pruebas sobre la mesa para saber que no se trató de un “obrar ineficaz del Estado en la protección de bienes”. Tanto en el juicio oral, como en dos declaraciones previas con las que contaba el Ministerio Público Fiscal, el policía Miguel Colpi –que cumplió funciones en la Legislatura el día de los hechos– evidenció que se trató de incumplimiento del deber de los uniformados por orden de sus superiores. “La orden era que no actuemos”, declaró.

“Si querían prender fuego, que prendan; si querían romper, que rompan”, fue la orden que recibieron del subjefe de policía Néstor Gómez Ocampo.

La sentencia contra Santiago Goodman, por más moderada que sea, no deja de ser injusta, cuando el Ministerio Público Fiscal y Tolomei decidieron obviar lo evidente. La jueza relativizó el incumplimiento del deber policial por orden de sus superiores como si se tratara de “una acción ineficaz”, cuando los agentes recibieron una indicación clara y precisa de no actuar, liberando la zona para que se produzcan mayores incidentes.

También Colpi declaró que recibió la orden de abandonar la Legislatura pasada la medianoche. Una clara demostración de que, lejos de defender los bienes públicos, dejaron la zona liberada para luego ir por un chivo expiatorio: Santiago Goodman.

Pero también, ante el Ministerio Público Fiscal, Colpi declaró que ellos pidieron refuerzos. Los refuerzos llegaron, pero fueron los jefes quienes ordenaron que se retirasen, minutos después de que fueron convocados por sus compañeros. Otra prueba más que se decidió ignorar de cómo el poder policial, por orden de sus superiores, incumplió con su deber.

Unos 13 policías de distintas fuerzas se acercaron a la Legislatura porque los policías solicitaron apoyo. “Nunca intervinieron en disuadir a las personas”, señaló Colpi. “La orden fue… estaba el segundo jefe de policía… y les dijeron que se retiren”. En su declaración expresó, asimismo, que tuvieron la intención de apagar el fuego, pero recibieron la orden de no hacerlo.

Para la jueza no pesó el testimonio de Colpi, por eso habló de “acción u omisión del Estado, que se juzga equivocada”. ¿Un equívoco el incumplimiento del deber por orden de jefes policiales? Según Tolomei, algunos se equivocaron y uno –entre tantos otros en esa manifestación– fue un claro culpable por “abrir paso a la anarquía”.

Esta es una causa que llegó a juicio público –curiosamente– sin que se identificara a quién prendió el fuego porque Goodman lo que hizo fue tirar dos cubiertas en los dos fuegos ya encendidos, uno en la explanada y otro cercano a la puerta. En otra parrafada de la sentencia, la jueza Tolomei marca apreciaciones como “el peligro común” para los “bienes y las personas” que representó el hecho, pero no hace mención de que no hubo defensa de esos bienes por parte de quienes estaban allí encargados de cuidarlos. Y Tolomei va más allá al utilizar un potencial para culpar a Goodman. “Podría haber destruido la Legislatura”, señala. Y peor aún, lo acusa junto a otras personas de haber “provocado un incendio”, cuando lo que hizo fue arrojar dos cubiertas a un fuego ya iniciado por alguien que no fue identificado.

La jueza no aplicó la teoría del fruto del árbol envenenado, que es la exclusión del elemento probatorio obtenido en violación de garantías constitucionales. Así ocurrió con la prueba aportada por el uniformado Barrera, que con su testimonio evidenció el espionaje ilegal que la policía practica en esa provincia, donde lleva registros fílmicos de las manifestaciones. La jueza decidió avalar una parte de esa filmación cuando tenía en sus manos otros registros fílmicos, uno de ellos aportado por un canal de televisión. En su sentencia, llamativamente la jueza habla de esa teoría, pero lejos de hacer una correcta aplicación, la cita para justificar su accionar contrario, que fue la admisión de parte de esa prueba contaminada desde su origen.

Tampoco la jueza se ahorró una humorada cuando indicó: “Se ha sostenido que la persecución y castigo de los hechos, motivo de este caso, significan la criminalización de la protesta social o el disciplinamiento de los trabajadores. Nada más lejos de esto”.

La distinta vara que aplicó el Poder Judicial cuando eligió a quién hacer responsable por lo sucedido y a quién no, tiene el tufillo que las organizaciones sindicales y sociales alertaron desde el principio en esa provincia. Un fuego que pudo haber sido apagado fácilmente y la orden de no hacerlo, la zona liberada, el espionaje ilegal comprobado y confesado por la propia policía en el juicio es por sí mismo un escándalo que se decidió relativizar.

La evidencia de que existió una orden policial de los superiores para que los uniformados no actúen en la Legislatura constituye una prueba fundamental que se decidió ignorar para ir por los dirigentes.

Fuente: El Cohete a la Luna