El Juzgado Federal de Esquel informó que declaró la competencia de la justicia federal para intervenir en la investigación del hecho cometido en el hostel Onda Azul de la localidad de Lago Puelo.
La decisión fue tomada como consecuencia de una presentación realizada por la Fiscalía Federal de Esquel a raíz de las notas publicadas en diversos medios de comunicación, en las que se aprecia que el hecho respondería a motivaciones discriminatorias comprendidas en la ley 23.592, cuya aplicación corresponde a la justicia federal de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos de estas características.
Se tuvo en consideración que el día lunes un hostel que hospedaría a turistas de nacionalidad israelí fue atacado por un grupo de personas organizadas, provocando daños, lesiones y robos, a la vez que proferían expresiones tales como “fuera judíos de mierda”.
Desde el Juzgado Federal se manifestó que no se trataría de un hecho aislado, sino que ha sucedido en el contexto de una campaña que hace meses se viene realizando en las localidades de la comarca andina en repudio a la concurrencia de “mochileros israelíes”, en virtud de la cual se ha dado intervención al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Por eso se advirtió que –en principio- el hecho que perjudicó a los dueños y turistas alojados en el hostel habría sido cometido “por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad” (art. 2, ley 23.592), y además que el contexto referido indica la posibilidad de que exista detrás del hecho una organización que tenga por “objeto la promoción de la discriminación racial o religiosa” (art. 3, primer párrafo, ley 23.592), o que esté enmarcado en acciones destinadas a alentar o incitar “la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión [o] nacionalidad” (art. 3, segundo párrafo, ley 23.592).
En la misma resolución, el juez federal Guido Otranto solicitó al juez penal en turno que declare la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut, y como consecuencia de ello que las actuaciones y demás elementos secuestrados sean puestos a disposición del Juzgado Federal.
Fuente: Jornada
