La causa se remonta a 2003, cuando la UNPSJB firmó con la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Daniel Cameron, un acuerdo para que profesionales, alumnos y académicos de la casa de altos estudios ejecuten un plan de relevación, remediación y contingencia en pozos y piletones petroleros de Comodoro Rivadavia.
Energía aportaría 800 mil pesos para la primera etapa del acuerdo: un relevamiento del pasivo ambiental.
Según la acusación del fiscal, en paralelo con este trato, Cambareri –como titular de la Unidad- contrató a Demison, una consultora privada que finalmente hizo el trabajo que le correspondía a la Universidad y se quedó con casi el 80% del primer desembolso.
Según los registros, no participó nadie de la casa de estudios vinculado a carreras cercanas al tema.
Por decreto, para contratar a un privado por más de 75 mil pesos era obligación una compulsa de precios, y por más de 300 mil pesos correspondía una licitación pública.
De este modo, el dinero público que aportó Energía y que debía ir para la Universidad por el trabajo de remediación quedó en manos de una consultora privada.
En su alegato final, Nürnberg consideró que el impulsor del esquema fue Cambareri pero que era necesaria la firma del entonces rector para los convenios.
Fuera de esa primera participación, Bersán no aparece en ningún otro acto administrativo.
Por eso la diferencia de imputación. Un dato extra es que tres días de sentarse a negociar con Energía por primera vez, Cambareri ya había ingresado en la UNPSJB el pedido para que se apruebe el convenio con Demison.
El delito de peculado por el cual se los acusa consiste en apartar fondos públicos de la custodia de la administración y, en este caso, desviarlo a una empresa privada.
En el mismo juicio ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia se debatió otra causa acumulada que también involucra a Bersán y a un exsecretario administrativo, Héctor Fabián Gómez.
Estaban sospechados por no rendir adelantos de gastos mientras estuvieron en la UNPSJB, entre 1998 y 2005.
Eran 14 mil pesos en el caso de Gómez y 85 mil para Bersán.
Sin embargo el fiscal se abstuvo de acusar ya que no se pudo comprobar el dolo.
En su alegato recordó que por esos años la Universidad era un “descalabro administrativo” sin un funcionamiento real de los sistemas de rendición.
Había más de 140 personas con gastos sin rendir, en las mismas condiciones que Gómez y Bersán.
La UNPSJB hacía figurar esos gastos en el balance como “créditos”.
Sólo en el balance de 2005 había más de 400 mil pesos que figuraban bajo ese concepto.
Era la época de la transición del sistema manual hacia el informático. Bersán y Gómez serán absueltos por esta causa.
