Cobre y Ley de Glaciares: el dilema entre dólares y protección ambiental.
La economía argentina observa con atención el potencial del cobre, un mineral estratégico para la transición energética global que podría transformar la balanza comercial del país. Sin embargo, este horizonte de prosperidad enfrenta un obstáculo legal de difícil resolución: la interpretación técnica de la Ley de Glaciares. Mientras los analistas proyectan cifras récord de exportación, el Congreso de la Nación se prepara para un debate que pondrá en juego el equilibrio entre la explotación de recursos críticos y la preservación de las reservas hídricas más importantes de la Cordillera de los Andes.
El impacto económico del cobre y la adecuación técnica en el Senado
El próximo 11 de febrero será una fecha clave para el sector minero, ya que el Senado tratará una «adecuación técnica» de la Ley 26.639. El objetivo principal es redefinir el concepto de ambiente periglaciar para brindar mayor certidumbre jurídica a los inversores. Según La17, esta discusión se centra en precisar qué áreas deben protegerse estrictamente por su función hídrica y cuáles podrían habilitarse para la actividad productiva bajo el aval del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla). Actualmente, provincias como San Juan, Mendoza y Salta lideran la presión por cambios que permitan destrabar proyectos de gran escala.
La consultora Invecq estima que Argentina podría generar US$55.000 millones en exportaciones de cobre hasta el año 2035. No obstante, el economista Santiago Bulat advirtió que, sin estas precisiones normativas, los proyectos «continuarán en procesos de exploración pero no iniciarán la fase operativa». La puesta en marcha de iniciativas emblemáticas como El Pachón o Taca Taca permitiría consolidar a la minería como el tercer generador de divisas del país, atrayendo inversiones de capital estimadas en US$22.000 millones, siempre que se despejen las dudas sobre la protección del entorno de montaña.
El conflicto ambiental y la visión del sector empresarial
Desde la vereda científica y ambiental, el alerta es máximo. Pedro Eugenio Villagra, director del Ianigla, señaló que los glaciares abastecen de agua a más de siete millones de personas en regiones áridas, representando el 18% de la población argentina.
Organizaciones ecologistas denuncian que cualquier recorte en el alcance de la ley actual implicaría una «regresión normativa», vulnerando compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú. La preocupación radica en quién tendrá la autoridad final para decidir qué cuerpos de hielo poseen una función hídrica «relevante» y cuáles no.
Por su parte, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), sostuvo que el 70% de los recursos de cobre conocidos se encuentran en zonas donde la ley actual genera incertidumbre técnica.
«Los principales jugadores del mundo como BHP, Rio Tinto y Glencore ya están en el país», afirmó, remarcando que el sector está de acuerdo con proteger el ambiente que cumpla funciones hídricas, pero solicita criterios científicos claros que diferencien el hielo estratégico del terreno apto para la minería. En este cruce de intereses, el cobre se posiciona como el motor de una nueva era exportadora que aún debe saldar su deuda con la protección del recurso más valioso: el agua.
