El aumento de marzo destinado a los jubilados y titulares de asignaciones le permitiría ahorrar al Gobierno la mitad de lo que hubiera insumido aplicar la movilidad vigente hasta diciembre pasado.
Ese sería el resultado fiscal si la administración de Alberto Fernández decidiera otorgar el mes que viene y en junio una suma fija más un porcentaje –una opción que barajan por estas horas-, en lugar de los incrementos previstos por la ley suspendida por el Congreso, que preveía ajustes trimestrales de los haberes, el salario familiar y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El nuevo ajuste será resuelto en los próximos días, una vez que el Presidente regrese de su gira por Europa. Fernández tendrá que definir, en primer lugar, si en marzo aplica el 11,56% correspondiente a la fórmula para los 9,5 millones de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
De seguir esos pasos, el costo fiscal adicional ascendería a $40.000 millones por mes. Ya en diciembre, el renglón de las prestaciones sociales absorbió $345.000 millones, según los datos del Ministerio de Economía.
Pero el mandatario y su equipo anunciaron que habrá sumas fijas y se priorizará a los sectores más golpeados por la crisis, lo que achatará las escalas. Una posibilidad en estudio es otorgar un monto de $1.250 más un 3% de aumento a todos los jubilados y pensionados. En ese caso:
– Los que cobran el haber mínimo, de $14.068, recibirían un ajuste similar al 11,56%, que elevaría ese piso a $15.740.
– Los de $20.000 tendrían una suba del 9,25%.
– Los de $40.000, un aumento del 6,12%.
– Y los que perciben la máxima, de $103.000, un incremento del 4,21%.
En la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sostienen que todavía no está definida la fecha del anuncio y siguen estudiando todas las alternativas. Lo cierto es que, de implementar un esquema de aumentos diferenciados, el costo de la medida sería de $20.000 millones por mes, la mitad de lo que hubiera correspondido por la Ley de Movilidad. Dentro de ese universo entran 7,3 millones de jubilados y pensionados, además de 2,2 millones de beneficiarios de asignaciones, incluidos los titulares de la AUH, que cobran $2.746.
La idea del equipo de Fernández es recomponer los haberes e ingresos más bajos por encima de la inflación, y aumentar en menor medida el resto de las escalas. Durante el debate de la Ley de Solidaridad en Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pidió el «acompañamiento» de unos 400.000 jubilados –el 5%- del total- que «consumen el 20% de los recursos». Así, se refirió a un sector de los que integran el régimen general pero también a aquellos que gozan de regímenes especiales con ingresos superiores a los $50.000.
Pero la realidad es que el ajuste recaería sobre un número más amplio de personas. Se estima que bajo el esquema en estudio unos 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,56% y los 2,8 millones restantes quedarían retrasados una vez más, con incrementos por debajo de una inflación, que este año oscilaría en torno al 42%. Este retroceso se sumaría a la pérdida acumulada por los haberes desde el cambio de fórmula en 2017. Ya en diciembre, el mandatario advirtió que la movilidad suspendida era de «imposible cumplimiento».
Ese sistema de actualización, ajustado en un 70% por inflación y un 30% por salarios, contemplaba otro ajuste en junio, del 13%. Si en ese mes el Gobierno cumpliera con dicho cálculo, el pago de las prestaciones sociales sumaría $540.000 millones en 2020, mientras que si el monto fuera menor al correspondiente por la movilidad, habría un ahorro fiscal de $270.000 millones. Esto es el equivalente a más de cuatro bonos de $5.000 que recibieron jubilados, pensionados, y a la suma de $2.000 percibida por titulares de asignaciones.
Arranca la agenda previsional
La decisión de suspender la fórmula de actualización que estaba vigente y reemplazarla por aumentos discrecionales se alinea con los esfuerzos del Ejecutivo por reducir el déficit fiscal a través de la desindexación de los fondos destinados a la seguridad social, que representan un 65% del gasto público, y los salarios del sector estatal. En noviembre pasado, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que Fernández debería «mantener las restricciones presupuestarias». El otro desafío prioritario es reducir la inflación.
Después de todo, el éxito de la segmentación de los aumentos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones depende de los números que muestre el INDEC al cierre del primer trimestre. La expectativa en la Rosada es que esa cifra no supere el 9%, de modo que los haberes de hasta $20.000 queden por arriba de ese guarismo.
El problema es que las estimaciones del mercado relevadas por el Banco Central prevén una suba del 11,9% en ese período, por lo cual las jubilaciones de esa franja de ingresos tampoco superarían la evolución de los precios en 2020.
En ese marco, los abogados previsionalistas aguardan el anuncio del ajuste de marzo para definir sus próximos pasos. En caso de que el Ejecutivo pague lo correspondiente por la Ley de Movilidad solo a aquellos que ganan la mínima y, por tanto, se achaten el resto de las escalas, el titular de la defensoría porteña de la Tercera Edad, Eugenio Semino, confirmó que presentará una demanda ante la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de los cambios, alegando que los ajustes del 11,56% y el 13% representan «derechos adquiridos».
En paralelo, el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para modificar los regímenes especiales de los jueces y diplomáticos. Se estima que hay 7.334 jubilados en el ámbito judicial con un haber promedio de $234.234, un monto que proyectado a todo el universo significa un costo fiscal de $20.600 millones al año. Lo que se evalúa ahora es subir la edad mínima de 60 a 65 tanto para hombres como para mujeres, elevar los aportes del personal activo al 15% y calcular la movilidad sobre la remuneración promedio de los últimos 60 meses.
Esos son solo dos de los 50 regímenes especiales que benefician a 220.000 personas y que están en la mira de la Rosada. En el proyecto original de la Ley de Solidaridad, se suspendía la movilidad a maestros, docentes universitarios e investigadores científicos, entre otros casos. Pero la resistencia de los sindicatos, incluidos aquellos aliados al Gobierno, llevó a que la reforma se aplazara hasta nuevo aviso y a que las autoridades se concentraran en primer lugar en los magistrados y el servicio exterior, sin descartar un avance posterior sobre el resto de los sistemas.
La revisión de las jubilaciones más altas es uno de los cambios contenidos en un documento sobre el sistema previsional que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) le entregó a las nuevas autoridades en diciembre, según pudo saber iProfesional.
En las conclusiones, el estudio propone «mantener niveles de aportes y contribuciones que permitan financiar niveles de prestaciones aceptables», «incorporar componentes semicontributivos» financiados por rentas generales y contribuciones, y «discutir «ajustes necesarios en la edad de retiro», así como «rediscutir la necesidad y magnitud del Fondo de Garantía de Sustentabilidad» (por sus siglas, FGS).
El organismo también recomendó «realizar una profunda revisión de la conveniencia y del alcance de los diferentes regímenes especiales y cajas complementarias», «eliminar, adicionalmente, la fragmentación territorial derivada de la existencia de cajas de empleados públicos provinciales no transferidas a la Nación» y «redefinir la situación de los monotributistas», junto con la propuesta de «reorganizar el sistema de prestaciones no contributivas con el objetivo de evitar superposiciones».
El Gobierno ya empezó a avanzar en varias de estas sugerencias, señaló IProfesional.
