El Consejo de Ministros de España ha declarado este martes a la isla canaria de La Palma como «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil», lo que se conoce como zona catastrófica, después de que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción el pasado 19 de septiembre y en estos nueve días haya llevado la precariedad a los habitantes de la isla.
La lava ya cubre más de 250 hectáreas y ha destruido más de 600 edificios, sobre todo viviendas, y numerosas infraestructuras, entre ellas, 21 kilómetros de carreteras. Además, cerca de 6.000 personas han sido evacuadas en una isla que no tiene más de 85.000 habitantes.
La portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha informado este lunes que el Consejo de Ministros ha adoptado otras dos medidas. Entre el paquete de medidas socioeconómicas ha destacado una primera fase, que constará de una dotación de 10,5 millones de euros para los afectados por la pérdida de sus viviendas.
Así, se destinarán 5,5 millones de euros al Gobierno de Canarias para facilitar la compra de 107 viviendas para alojar a los vecinos afectados. Además, otros 5 millones de euros estarán destinados a la adquisición de los enseres más básicos por parte de estas familias, a través del procedimiento de tarjeta monedero.
Por último, Rodríguez ha detallado una tercera medida, que consiste en la creación de dos comisiones. La primera de ellas será una comisión mixta que agrupa a todas las instituciones que garantizarán el seguimiento de la gestión de las ayudas y que se reunirá esta misma tarde, presidida por el responsable del Gobierno, Pedro Sánchez.
La segunda será una comisión interministerial en la que estarán implicados 12 Ministerios que participarán en la gestión de la reconstrucción de la economía y de las infraestructuras destruidas en la isla.
Según la portavoz del Ejecutivo, este plan de reconstrucción se extenderá por varios frentes, destacando sectores como el urbanismo, la vivienda, la reconstrucción de carreteras y redes de abastecimiento de energía y agua, el impulso a las energía renovables y la puesta en marcha de un programa de relanzamiento turístico.
¿Qué significa la declaración de zona catastrófica?
La declaración de zona catastrófica, potestad solo del Consejo de Ministros, viene recogida en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil y se puede aplicar a zonas en las que «se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población» o cuando haya dado lugar a la paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
¿Qué supone para La Palma?
Para la isla esta declaración puede suponer una gran inyección económica que palie los daños causados por la erupción y que revitalice su economía. La normativa fija un abanico de medidas que pueden ser acordadas por el Gobierno, algunas de las cuales ha anunciado hoy Isabel Rodríguez:
Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
¿Quién se beneficiará?
Aunque la erupción en Cumbre Vieja ha afectado a alrededor de 6.000 vecinos, que han tenido que ser evacuados, y ha cubierto más de 250 hectáreas de lava, toda la isla se podrá beneficiar de las ayudas aprobadas en el seno del Consejo de Ministros.
Además del arrasamiento de tierras y viviendas, toda La Palma ha sufrido efectos colaterales, como la destrucción de infraestructuras, entre las que se encuentran varias carreteras, la afectación de plataneras de las que depende casi un tercio de la economía local, o el coste de atender a los millares de desplazados y afectados.
Otras ayudas en marcha
El Gobierno de Canarias ya anunció el pasado viernes la concesión de ayudas para los damnificados por el volcán: 6 millones de euros para los particulares y otros 7 para las empresas afectadas.
Entre las medidas puestas en práctica se encuentra la compra de 280 viviendas para dar respuesta habitacional a aquellos vecinos que hayan visto destruidas sus primeras residencias por las coladas de lava. Así, se ha determinado que un primer lote de algo más de unas 100 viviendas podrá ponerse a disposición de los afectados durante el próximo mes de octubre.
Para llevar a cabo estas adquisiciones el Gobierno regional dispone de un presupuesto cercano a los 3 millones de euros de fondos propios. Además, espera contar con fondos provenientes tanto de la Unión Europea (UE), como del Gobierno de España, para tal fin.