La propuesta de privatización y concesión de empresas por parte del gobierno han generado un intenso debate en Argentina, especialmente en lo que respecta a la situación financiera de estas compañías. De las 11 empresas que el Gobierno busca privatizar o concesionar, diez se encuentran en una situación financiera precaria, dependiendo en gran medida de la asistencia estatal para mantenerse a flote.
Un claro ejemplo es el caso de AYSA, la empresa responsable de proveer servicios de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. En el año 2023, AYSA recibió una asistencia estatal de $285 mil millones para cubrir sus gastos. Sin embargo, incluso con esta ayuda, su resultado financiero habría sido negativo en unos -$699.255 millones, según datos oficiales.
La situación de AYSA refleja un patrón que se repite en otras compañías estatales que el Gobierno busca privatizar o concesionar. Estas empresas dependen en gran medida de los fondos públicos para operar, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad financiera en manos privadas. La gestión de Milei busca reducir la dependencia de estas empresas de los fondos estatales como parte de un plan para alcanzar el déficit cero, y a su vez, convertir a estas compañías en una oferta más atractiva para eventuales inversores. “Quién va a querer poner plata en una empresa en rojo”, se cuestionan en la Casa Rosada.
Empresas en rojo
La Cámara de Diputados aprobó recientemente el capítulo de privatizaciones propuesto por el Gobierno de Javier Milei en el marco de la Ley Bases, acercando así un grupo de compañías estatales a un eventual traspaso al sector privado, ya sea de manera total o parcial. Aunque falta la sanción definitiva en el Senado, desde el Gobierno advierten que las empresas no se pondrán a la venta de manera inmediata, ya que primero es necesario sanearlas.
El listado de empresas con números en rojo es liderado por Aerolíneas Argentinas (AA), que cerró el año 2023 con un déficit de alrededor de $385 mil millones. Aunque en el 2023 la línea de bandera no recibió aportes del Estado, este año ya necesitó unos $40.000 millones para funcionar, marcando así la primera vez que el Ejecutivo le envía fondos durante la gestión de Milei.
En la nueva gestión, Aerolíneas Argentinas comenzó a acotar sus rutas comerciales, por ejemplo, dió de baja la ruta Nueva York y La Habana. Tambien se ofrecieron retiros voluntarios y otras reducciones presupuestarias para intentar bajar los gastos de la empresa.
Otro caso destacado es el del Correo Argentino, que durante el 2023 recibió del Estado alrededor de $84.466 millones. Aunque arrojó un resultado positivo de $13.144 millones, se estima que sin los aportes estatales habría tenido un déficit de unos -$71.322 millones. Desde el Gobierno sostienen que “no se puede contabilizar como ingresos genuinos a los aportes del Estado, es erróneo”.
Situaciones similares se observan en el resto de las compañías sujetas a privatización, como el caso de Radio y Televisión Argentina S.E, que sin los $34.347 millones que recibió del Estado durante el último año hubiese arrojado unos -$32.883 millones de déficit.
La única empresa que mostró un superávit es Nucleoeléctrica Argentina S.A, con un saldo a favor de $320 mil millones. Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que esta compañía obtiene estos números gracias a venderle al Estado (a Cammesa) y le compra el combustible a otra firma estatal como Dioxitec. “Es complejo entender si gana o pierde dinero porque todo el circuito es estatal, pero entendemos que se puede operar de forma más eficiente”, indican.
El listado de compañías con déficit se completa con Energía Argentina S.A, Intercargo SAU, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y Yacimiento Carbonífero Río Turbio, todas registrando números en rojo que van desde los -$112 millones hasta los -$1.012.483 millones.
Estas empresas están recibiendo grandes montos de dinero en el año 2024, con al menos nueve de ellas ya habiendo recibido más de $620.000 millones. Esto forma parte del déficit que el Gobierno busca recortar, con la intención de prepararlas para una eventual privatización o concesión, una vez aprobada por el Senado. Según Gonzalo Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, recién entonces podrían comenzar a analizar cuál es el panorama para una eventual transición al sector privado.
La Ley Bases planteaba que cuatro firmas estatales puedan ser privatizadas en su totalidad, mientras que otras cinco podían ser concesionadas y otras dos quedaban en una especie de sistema mixto: pueden ser privatizadas, pero el Estado debe conservar su participación accionaria mayoritaria.
Fuente: TN