El Parlamento Patagónico lleva más de un año sin reunirse, un récord negativo que expone la falta de gestión y compromiso de sus autoridades. La acefalia comenzó en 2024, cuando renunció la entonces presidenta, Iris Rasgido, y nunca se nombró un reemplazo. Desde entonces, el organismo quedó en un limbo político que mina su razón de ser.
La Comisión de Parlamento Patagónico y Mercosur de la Legislatura neuquina dio el primer paso para romper el silencio. Este miércoles aprobó el envío de un documento formal al vicepresidente del cuerpo, Carlos Alcides Santi, exigiendo la inmediata convocatoria a una sesión plenaria.
Neuquén exige romper la parálisis del Parlamento Patagónico después de haber pasado un año sin sesiones
De acuerdo con LU17. “No podemos permitir que esta herramienta fundamental para la integración patagónica siga paralizada”, advirtió la diputada Daniela Rucci (MPN), al frente de la comisión. La frase refleja el malestar que crece entre los legisladores, que ven cómo la región pierde espacios de negociación frente al gobierno nacional.
Los temas pendientes son muchos: distribución de recursos, obras de infraestructura estratégica, políticas ambientales y situación energética. Cada mes sin sesiones significa perder oportunidades para defender los intereses patagónicos y coordinar acciones frente a problemas comunes.
El impulso neuquino se apoya en la movida iniciada por la fueguina Gisela Dos Santos, quien logró sumar respaldos en otras provincias, como La Pampa, con la legisladora María Luz Alonso. La idea es que la presión conjunta fuerce la reactivación del Parlamento.
El estatuto del organismo prevé alternativas para evitar la parálisis. Si no se logra quórum, se puede sesionar con un tercio de los integrantes y representantes de al menos tres provincias. Esta cláusula podría ser la vía para romper el bloqueo, aunque implicaría asumir un costo político por saltar los mecanismos habituales.
Rucci fue contundente: “Si no hay respuesta, vamos a sesionar igual para tratar los temas urgentes”. La amenaza de una autoconvocatoria, inédita en la historia del Parlamento Patagónico, se instaló como el plan B si persiste la inacción.
El plazo fijado vence a fin de mes. En esa sesión, además de retomar el debate de los proyectos pendientes, se debería elegir una nueva conducción que ponga fin a doce meses de acefalia institucional.
Mientras tanto, la imagen del organismo se deteriora. La falta de actividad lo deja sin peso político y sin voz en las discusiones nacionales, justo cuando la Patagonia enfrenta decisiones estratégicas sobre energía, transporte e inversiones.
En este contexto, la inactividad no es solo un problema administrativo: es una señal de debilidad regional que puede costar caro en negociaciones futuras. La pregunta es si las provincias reaccionarán a tiempo para que el Parlamento vuelva a ser una herramienta útil, o si quedará reducido a un nombre vacío.
