Casa Rosada planea retrasar fondos de Garrahan y universidades tras votación
El Gobierno nacional da por perdida la votación de los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario en el Congreso y ya estudia mecanismos para dilatar la aplicación de los fondos correspondientes. La Casa Rosada asegura que la sesión será rápida y busca evitar disturbios mientras planifica estrategias legales para posponer los desembolsos.
Sesión en Diputados y previsión oficialista
En la Cámara de Diputados, el oficialismo reconoce que la cantidad de votos en contra de los vetos del presidente es “irremontable”, por lo que descartan frenarlo en el Senado. La única excepción es la ley de coparticipación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), donde intentarán sostener su veto.
El Ministerio de Seguridad instalará vallados alrededor del Congreso y ubicará agentes federales detrás de ellos para prevenir contacto con manifestantes, sin recurrir a operativos antipiquete y garantizando la circulación en las calles cercanas.
Estrategia de dilación y marco legal
La mesa jurídica de Balcarce 50 trabaja para dilatar la ejecución de las leyes, siguiendo la misma línea que aplicó con la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya ratificada tras su veto. Según fuentes oficiales, el Gobierno no iniciará presentaciones judiciales para bloquear los desembolsos, sino que buscará que sean particulares quienes realicen denuncias, atomizando los procesos.
El Ejecutivo apela al “impacto fiscal” y al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que toda ley con gastos no previstos debe especificar las fuentes de financiamiento. Además, insisten en que la Ley de Presupuesto General es la herramienta clave para ordenar y planificar la gestión gubernamental.
Equipo legal y respaldo estratégico
El equipo judicial está conformado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus abogados administrativos, quienes revisan jurisprudencia y mecanismos legales para sostener la posición oficialista y dilatar la aplicación de los fondos, sin confrontar directamente con el Congreso, según lo expreso en TN.