El sector minero argentino atraviesa un proceso de transformación que podría redefinir la economía regional en la próxima década
Según un exhaustivo relevamiento de la consultora INVECQ, la actividad alcanzó en 2025 un récord de exportaciones superior a los 6.000 millones de dólares. No obstante, el estudio advierte que el país apenas utiliza una fracción de su capacidad productiva real, señalando a la Patagonia como un actor central en este esquema.
El RIGI y la competitividad en la Meseta Patagónica
El informe pone especial énfasis en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como el motor que está destrabando capitales. Según datos publicados originalmente por Canal12web, ya existen compromisos de inversión que superan los 16.000 millones de dólares, con una fuerte incidencia en proyectos metalíferos.
Para la Meseta Patagónica, este flujo de fondos representa una oportunidad de infraestructura y conectividad. El análisis indica que el desarrollo de proveedores locales y la generación de empleo formal —con salarios que superan ampliamente la media privada— son los principales beneficios para las zonas con escasas alternativas productivas.
Cobre y estabilidad: Los desafíos del sector
El gran salto pendiente para Argentina es el cobre. El informe destaca que, mientras países limítrofes han estabilizado sus arcas gracias a este mineral, el territorio nacional cuenta con yacimientos de clase mundial que aún no están en fase de producción. La proyección de INVECQ es ambiciosa: para 2030, las exportaciones mineras podrían escalar hasta los 15.000 millones de dólares anuales si se mantiene la previsibilidad regulatoria.
Hacia una mayor certidumbre jurídica
El estudio concluye que el éxito de esta «ventana de oportunidad» depende de pilares fundamentales: estabilidad macroeconómica, respeto al federalismo productivo y un marco legal claro respecto a la Ley de Glaciares. Se propone que las definiciones sobre áreas periglaciares se basen en criterios científicos verificables para evitar la parálisis de proyectos por judicialización, garantizando así una minería responsable y con control ambiental.
