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El hasta hoy presidente del Superior Tribunal de Justicia, brindó su discurso en una sesión virtual ante los diputados. Remarcó la necesidad de que la justicia tenga libertad económica, aunque marcó diferencias con el proyecto que intentó impulsar el gobernador Mariano Arcioni el año pasado, que no especificaba de dónde saldrían los fondos y la autarquía estaba atada a la disponibilidad de fondos.

“Reitero una vez más que necesitamos una Ley de Autarquía Financiera que surja del seno colectivo de los Poderes del Estado pero sin mezquindades, que sea consultada y consensuada con el Poder Judicial porque de lo contrario, tendremos un tipo de ley que no solo no cubrirá las expectativas generales sino que será contraria, en toda su línea, con los altos motivos que la promuevan”, advirtió el ministro Mario Vivas en su discurso, marcando profundas diferencias con el proyecto trunco que envío el ministro de Economía, Oscar Antonena, que fue tomado por la justicia como “una avivada”.

Vivas insistió: “Repito, como ya lo dijera el año pasado, Ley de Autarquía sí, pero con todas las garantías que contemplen los ciclos económicos donde los ingresos del Estado sean suficientes para afrontar nuestro presupuesto. Ingresos que además deberán provenir de sus fuentes originarias y en modo alguno de las rentas generales”.

El Gobierno nacional prorrogó la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año prorrogando por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el coronavirus.

Lo hizo mediante el decreto 66/2021 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández, y los ministros que conforman el gabinete nacional.

De esta forma continuará vigente por otros dos meses el beneficio para los inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única.

Además, la norma amplía de 6 a 12 el número de cuotas que los inquilinos tienen para pagar deudas de locación y promueve una instancia de mediación para resolver los conflictos.

Por otra parte, se estableció la prórroga de la vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato.

La prórroga, es la tercera anunciada desde que salió la medida por primera vez, el 11 de marzo de 2020.

El Gobierno oficializó este sábado la extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos hasta el 31 de marzo. Lo hizo a través del decreto 66/2021, que fue publicado en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

La medida vigente vencía el 31 de enero y ahora se extendió dos meses más. Por otra parte, el documento estableció la prórroga del plazo de vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo.

“La velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia”, indica el texto del decreto.

Además, el Gobierno se refirió a la emergencia sanitaria y las consecuencias que trajo a nivel económico y social. “Ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país”, sostiene.

“Muchos trabajadores y muchas trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y pequeñas y medianas empresarias han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica”, considera el decreto.

Además, se aclara que si bien se observa una recuperación de la actividad económica, “la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial, continuando el impacto negativo y no deseado de la pandemia de COVID-19 sobre las familias y empresas”.

La continuidad del beneficio fue un reclamo impulsado por parte de sectores como la organización Inquilinos Agrupados, que advirtió sobre la delicada situación que atravesaba el sector que representa. “El decreto es la medida excepcional para momentos excepcionales. Mientras tanto pedimos al gobierno que empiece a llevar adelante soluciones de fondo: control del cumplimiento de la ley de alquileres, reglamentación del registro de contratos de alquiler en AFIP, y un plan de desendeudamiento”, expresó el titular de la agrupación Gervasio Muñoz.

El Gobierno Nacional extendió hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos. La medida se confirmó este sábado con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 66/2021.

De esta manera, continuará vigente por otros dos meses más el beneficio para los inquilinos que se encuentren ocupando actualmente una vivienda única. Se trata de una decisión que se implementó originalmente a comienzos de la pandemia y vencía este domingo 31 de enero.

Además, también se aumentó de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por “diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales”.

Por otra parte, el documento estableció la prórroga de la vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el cobro de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá abonarse por la medida, como para el pago de deudas.

Tal como destaca Infobae, la extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos habían sido solicitadas por distintas asociaciones que nuclean a inquilinos. En algunos casos pidieron incluso que el beneficio se prolongue más allá de los dos meses fijados por el Gobierno en esta oportunidad.

La contraparte, que representa a los dueños de los inmuebles y está conformada por las cámaras inmobiliarias y los colegios de martilleros, manifestó su desacuerdo con esta prórroga. Es la tercera anunciada desde que salió la medida por primera vez, el 11 de marzo de 2020, antes incluso de que se decretará el aislamiento obligatorio.

Los contratos de locación de inmuebles alcanzados por el Decreto son los destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares; los destinados a actividades culturales y/o comunitarias; los rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

También están incluidos los alquilados por monotributistas, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las MiPyMES, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); y por los por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

Con esta decisión no se suspende el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo acumularán la deuda y se les podrán aplicar intereses compensatorios, pero no punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Por último, para el caso de los procesos de ejecución y desalojos, se invitó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a “establecer la mediación previa y obligatoria, en forma gratuita o a muy bajo costo, con el fin de finiquitar las controversias vinculadas con la aplicación del presente decreto, a través de la aplicación del criterio de esfuerzo compartido entre las partes, de conformidad con las normas que al efecto establezcan las jurisdicciones”.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el encargado de dictar las normas dirigidas a la implementación de estos procesos, en el ámbito de su competencia.

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que esta medida se tomó originalmente a comienzos de la pandemia “con el fin de garantizar el derecho a la vivienda en el marco de una pandemia que afectó los entramados sociales y la realidad económica imperante en el mundo”. Fue ratificada por el Senado el 13 de mayo de 2020.

En este sentido, remarcaron que este contexto “ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición” del coronavirus, enfermedad que ha “modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país”.

Las autoridades remarcaron que esta situación sanitaria “se ha extendido en el tiempo, persistiendo las dificultades que afrontan una gran cantidad” de inquilinos, los cuales podrían incurrir “en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población más vulnerable”.

Por esta razón, sostuvieron que la extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos “resultan razonables y proporcionadas con relación al interés público que se busca proteger y destinadas a paliar la situación social, la cual se ha visto sumamente afectada por la pandemia de COVID-19″.

El Gobierno Nacional extendió este jueves el congelamiento de las tarifas de luz y gas por los próximos tres meses, mientras da inicio al proceso de renegociación tarifaria.

El decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, habilitó el inicio de la revisión tarifaria de esos servicios, que llevarán adelante Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.

«Determínase el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, en el marco de lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública», señala el artículo 1 de la norma, firmada por Alberto Fernández y todos sus ministros.

El plazo de renegociación de las tarifas «no podrá exceder los dos años» y, durante el proceso, deberán suspenderse los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales vigentes.

En ese marco, el artículo 11 del decreto prorroga el congelamiento de las tarifas por 90 días «o hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios».

Lo dijo la Diputada Provincial María Belén Baskovc, al hablar de la situación económica chubutense, en declaraciones radiales esta mañana en Trelew, en una nota compartida con el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, quien dijo que “el Gobernador no le puede sacar beneficio político a la aprobación de la renegociación”.

Este viernes, los diputados Baskovc (Frente Patriótico) y Pagliaroni  sobre la actualidad política y cómo seguirá el avance con el reciente proyecto aprobado del Ejecutivo sobre la deuda en dólares de la provincia.

La diputada resaltó que “el trabajo de la oposición fue sumamente responsable”.

En primer término, analizaron el contexto en Trelew, donde afirmaron que hace falta que se presente un “plan económico” para salir de las emergencias en Servicios y se haga una convocatoria amplia a los sectores políticos.

Ayer, ambos diputados votaron para la aprobación de la ley de reperfilamiento de la deuda provincial en dólares, donde previamente se desglosó un extenso informe para poner en conocimiento a los legisladores. En este sentido, Baskovc señaló que “en el informe económico, Antonena plantea el congelamiento de las paritarias”.

La diputada resaltó que “el trabajo de la oposición fue sumamente responsable”. En otra voz, Pagliaroni advirtió que “el gobernador no le puede sacar beneficio político” a la aprobación del proyecto, señaló El Comodorense.

En septiembre vence el congelamiento de tarifas de cable, Internet y telefonía móvil, el Gobierno ya está al tanto de estos movimientos y funcionarios del área comentaron que se encuentran negociando un escalonamiento de los incrementos ya planteados por las compañías.

«Queremos que los aumentos se distribuyan a lo largo del próximo trimestre»,dijo la fuente. La idea de los funcionarios es que los ajustes de precios puedan escalonarse, de manera tal de aliviar las cuentas de los hogares en medio de la pandemia, y en momentos en que el Gobierno privilegia un regreso paulatino de la población a sus trabajos.

Las empresas ya avisaron de los aumentos

Las distintas empresas que brindan servicios de televisión por cable, internet y de telefonía móvil ya enviaron las notificaciones con los aumentos de precios a sus clientes que entran en vigencia en el mes de septiembre.

En un primer momento, el Gobierno tenía la intención de que el congelamiento de los valores de estos servicios -hoy considerados esenciales ya que, en medio de la pandemia, gran cantidad de gente trabaja desde sus hogares- se extendiera hasta fin de año.

Pero las negociaciones con las compañías terminaron sin acuerdo.

Antes de fin de mes, el Gobierno tendrá que tomar la decisión sobre otras cuestiones que se suspendieron por la cuarentena.

El caso de la Anses

Por caso, la suspensión de pagos de las cuotas de los créditos otorgados a millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH.

La medida beneficiará a 6,7 millones de beneficiarios, que en su momento sacaron créditos a tasas de interés subsidiadas.

Durante el próximo mes, la ANSES evaluará si, directamente, suspende el pago de las cuotas en lo que queda del año.

La decisión está en línea con las medidas de alivio a los consumidores en plena pandemia: el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y del transporte hasta fines de año, también los costos de los servicios de telefonía, internet y televisión paga (hasta fines de agosto), el congelamiento de los precios de los alquileres y la posibilidad de postergar los pagos de los créditos bancarios hasta el final del crédito, ya dispuesto por el Banco Central, al menos hasta finales de septiembre.

Junto con la suspensión de los pagos de las cuotas de los créditos ya otorgados, la ANSES extendió por 24 meses la vida de esas líneas, de manera de aliviar a futuro el presupuesto de los jubilados y pensionados.

A principios de año, la ANSES aplicó una reducción de la tasa de interés anual sobre los préstamos: del 42% al 31,5% en el caso de los jubilados y del 48% al 36% para los titulares de AUH y asignaciones familiares.

El monto de estas líneas va desde $5.000 hasta $200.000 y se puede devolver en 24, 36, 48 o 60 cuotas.

Para tener en cuenta: la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual y el crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los cinco días hábiles.

La norma fue aprobada de forma unánime por el Concejo Deliberante en el marco de la emergencia social. El intendente no está de acuerdo con la suspensión de aumentos para funcionarios.

El Intendente definió este martes vetar un punto de la ordenanza que fue sancionada en sesión especial el 25 de marzo donde fijaba la suspensión de los incrementos salariales a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de junio del 2020 para la planta política.

La medida involucra al personal de la Planta Política del Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, Juez de Faltas y Secretario de Faltas. Los sueldos se debían retrotraer a los montos abonados al 31 de enero del 2020.

Sin embargo el tema no convenció al Intendente y definió en las últimas horas vetar este punto en particular.

Entre los considerandos se hace mención que el artículo 3º de la ordenanza suspende el incremento salarial de toda la planta política del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Juzgado de Faltas y a continuación menciona que este artículo aparece como una medida de aporte solidario del sector político ante la situación actual, visibilizada mediante una ordenanza.

De acuerdo con la interpretación que sostiene el veto “los aportes de tipo solidario corresponden al fuero personal de cada ciudadano y deben realizarse sin ser visibilizados, de modo de evitar comparaciones y confusiones que quiten el foco de la situación que debe resolverse.”

De todas maneras advierte luego que esta definición no inhabilita a que cada funcionario resigne lo que considere conveniente.

La medida generó reacciones de diferentes sectores, pocas a favor. El propio bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación planteó en las últimas horas una reducción en los ingresos de los funcionarios en los tres Poderes del Estado. Vale destacar que en el caso de Esquel no se aprobó una reducción sino la NO aplicación del incremento acordado para el mes de marzo, publicó EQSNotas.

Luego de que finalizara el acuerdo de rebajas entre el Gobierno y los laboratorios, los precios de medicamentos comenzaron a mostrar aumentos que partieron en 1,9% y llegaron a 10%.
Según un relevamiento de la consultora Elypsis, se detectaron alzas en el 52% de los remedios del mercado, según un panel de 161 variedades analizadas, con un promedio de 2,1%.

«Los remedios genéricos subieron 2,0% y los de marcas, 2,3%. Los de tratamientos permanentes aumentaron 2,2%. Según los acuerdos implícitos entre el gobierno y el sector, se espera sostener los ajustes por debajo del IPC durante todo 2020 ”, señala el informe.

Entre los principales datos del relevamiento se desprende que las subas se concentraron el 6 de marzo, tras finalizar el acuerdo entre el gobierno y los laboratorios el sábado 29 de febrero. Los más afectados fueron los remedios de marca (+2,3%), mientras que los genéricos ajustaron en promedio 2%.

Por tipo de tratamiento, aumentaron 1,8% promedio los remedios para tratamientos de corto plazo como alergia (+2,8%), analgésicos (+3,2%), antibióticos (+1,5%) o corticoides (+2%). Los de tratamientos permanentes subieron 2,2%, destacándose: 4% en los destinados a tratar el Alzheimer, 2,5% asma, 2,4% colesterol y 2,3% diabetes. Los que más ajustaron (+2,5%) fueron los coadyudantes, que son remedios prescindibles, que incluyen los destinados a la artrosis (+3,2%), o para la disfunción eréctil (+2,3%).

En tanto, poniendo la lupa en los 12 productos de mayor aumento, la mitad son vinculados a tratamientos permanentes como el Clopidogrel, para el corazón, del laboratorio Richet, que subió 5,5% la caja de 30 comprimidos de 75mg.

El gobernador Mariano Arcioni, convocará hoy a una sesión extraordinaria de la Legislatura Provincial para el próximo miércoles a las 8 horas. En el decreto de convocatoria además se fija la agenda de temas que se proponen para ser tratados por los legisladores provinciales.

En el decreto de convocatoria se destaca que los temas a tratar son de interés público, tal cual lo marca el artículo 155 inciso 10 de la Constitución Provincial. Dentro de la convocatoria el gobernador decidió retirar uno de los proyectos que más polémica había generado, que era el congelamiento por 180 días de los aumentos salariales a empleados públicos. Según trascendió, la idea sería avanzar a través de DNU.

Temario a tratar

Los temas a tratar son: a) Proyectos de Leyes elevados mediante Nota N° 01 GR (Modificación Ley XXIV N° 86 -Código Fiscal-; modificación Ley N° XXIV N° 87 -Ley de Obligaciones Tributarias-; modificación Ley XXIV N° 17; modificación Ley II N° 26 y derogación Ley XXIV N° 26; creación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes; Régimen Especial de Regularización Tributaria); b) Proyecto de Ley elevado mediante Nota N° 02 GR (Modificación Ley I N° 658); c) Proyecto de Ley elevado mediante Nota N° 03 GR (Régimen de Abstención del Débito Laboral y Sistema de Retiro Voluntario); y d) Proyecto de Ley elevado mediante Nota N° 04 GR (Presupuesto Poder Judicial Ejercicio Fiscal 2020).