El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, salió al cruce de las críticas surgidas desde la Cámara de Comercio del Este del Chubut (Cicech), que reclamaba «mayores esfuerzos» de la Justicia para no desatender las tareas preventivas.
En diálogo con FM EL CHUBUT y consultado sobre los cuestionamientos surgidos desde la Cámara de Comercio por presuntas «falencias» que afectarían la seguridad en la ciudad, el funcionario expresó que «somos los fiscales los primeros en estar en cuanta reunión somos convocados». En segundo orden, aclaró que «no hemos recibido ninguna invitación ni de la Cámara, ni de la Municipalidad de Trelew».
Prevención
Ante la consulta sobre si los fiscales son parcialmente responsables del fortalecimiento de la seguridad en la ciudad, Miquelarena respondió: «De ninguna manera. La inseguridad pasa básicamente por la prevención, que involucra un montón de cuestiones». Y remarcó que «distinto es, si son casos puntuales donde se pudo haber hecho determinada cuestión procesal y no se hizo, pero eso es materia de revisión siempre».
«No hay diferencia»
Por otro lado, se refirió a la comparación que realizaron los sectores críticos donde hablan de un tratamiento judicial distinto en Puerto Madryn, y apuntó que «probablemente los jueces de Madryn sean más propensos a dictar medidas cautelares como lo puede ser la prisión preventiva, pero desde el Ministerio Público Fiscal no hay ningún tipo de diferenciación».
Melancolía y soledad serían sentimientos fuertes en la mente del procurador Jorge Miquelarena, mientras se observa a sí mismo en una foto junto a Mario Das Neves. En esos tiempos se mostraba vigoroso al ser el elegido por el extinto gobernador para “tapar todos los goles” como jefe de fiscales.
Hoy, se muestra a sí mismo como la antítesis de lo que alguna vez fue. Un individuo excluido de todos los esquemas del poder y constantemente señalado por aquellos que están sobre él como el responsable de demoler las bases de la política oficial.
Recientemente se dio a conocer que habría recibido un llamado donde le dijeron “te tenes que ir”. Muy enojados estarían con él desde distintos sectores del poder político, debido a que todas las acciones que habría direccionado desde su cargo a los fines de proteger al fiscal general Fernando Rivarola, constituirían un exceso que el oficialismo tuvo que pagar muy caro políticamente. Como consecuencia de ello, Miquelarena se tomó licencia a efectos de reflexionar sobre su futuro y ya se habla de una jubilación anticipada.
Recordemos que Rivarola es tristemente célebre por toda una serie de actuaciones abominables, completamente incompatibles con su cargo. Empezó a escribir su historia con la famosa frase “Desahogo sexual” para referirse al accionar de un grupo de jóvenes pudientes que en el año 2012, en medio de una fiesta en Playa Unión, habría violado a una chica. Esas declaraciones trascendieron las fronteras chubutenses y fue blanco de sócalos nacionales televisivos.
Luego, se le habría ocurrido “dormir” una denuncia que provenía nada menos que de organismos internacionales contra la trata de personas. Aquella denuncia iba dirigida contra un perito judicial perteneciente al Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, por supuestamente haber descargado material de pedofilia en su computadora. Rivarola habría cajoneado esa presentación en su despacho y por ende, el médico denunciado continuó impunemente con su labor en la que le habría tocado revisar a alrededor de 200 menores de edad con motivo de su intervención en causas de abusos sexuales. La RATT (Red Alto al Tráfico y Trata de Personas) presentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura para que se lo destituya.
Lo último por lo que se le denunció, fue por presuntamente ejercer violencia de género contra una de sus colegas, la fiscal de Rawson Florencia Gómez, quién también hizo las consabidas presentaciones a los fines de que sea destituido.
Se dice que Miquelarena sudó copiosamente mientras habría intentado por todos los medios protegerlo, aparentemente utilizando su cargo para hacer tráfico de influencias, hasta que lo consiguió.
El 30 de agosto, el tribunal de enjuiciamiento terminó absolviendo a Rivarola de todas las denuncias a partir de un tecnicismo jurídico, pero se cree que habría estado la manito de Miquelarena presente, puesto a que el hijo del Ministro Daniel Báez, uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que tuvo que decidir la absolución, fue acomodado por el propio procurador en el Ministerio Público Fiscal como empleado administrativo, y esto lo dimos a conocer en Cholila Onlive el 27 de agosto (3 días antes de la resolución).
Este portal, nuevamente anticipó las jugadas del poder público, leé la nota haciendo clíck aquí.
Pero esas operaciones si bien habrían significado un beneficio para el procurador, conformarían un verdadero polvorín que estaría a punto de estallar en su despacho, enterrando en su totalidad cualquier tipo de probabilidades de continuidad en su cargo. Veremos qué pasa.
El fiscal Rivarola insiste con impugnar el jury de enjuiciamiento en su contra por violencia de gènero y vinculaciones con la pedofilia.
Su defensa dice que los plazos se vencieron y él mismo asegura que hay testigos a su favor que nadie escuchó, con este tecnicismo legal pretende zafar uno de los fiscales mas cercanos a Jorge Miquelarena que segùn algunas fuentes serìa el «CAJERO JUDICIAL» de causas oscuras.
El Tribunal de Enjuiciamiento lo decidirá la otra semana pero poco se espera de este tribunal armado con sectores polìticos que responden al sistema y a padrinos polìticos.
Nuevamente el Tribunal de Enjuiciamiento fue convocado por el defensor del fiscal a cargo del área especializada en ciberdelitos, Fernando Rivarola, para plantear que no corresponde el jury por las dos denuncias que avanzaron en su contra.
Es que las denuncias ocurrieron en octubre y diciembre del año 2021 y el informe final del Consejo de la Magistratura fue en noviembre de 2022.
El Consejo resolvió que el fiscal Rivarola debe someterse al jury por dos denuncias contra él en 2021. Una de su par de Rawson, la fiscal María Florencia Gómez por violencia laboral y de género contra su persona, y la restante llevada a cabo por Miriam Vázquez, delegada provincial de la Red de Alto al Tráfico y la Trata de Personas, por incumplimiento a sus deberes de funcionario público en relación a una investigación que tenía como sindicado a un profesional médico del Cuerpo Forense del Poder Judicial en Trelew, por consumo y distribución de material de explotación sexual infantil en la cual RIVAROLA habrìa hecho la vista gorda como en la causa «La Manada».
El tribunal está integrado por Daniel Báez, Miguel Ángel Barletta, María Florencia Góngora y las diputadas Mónica Saso y Mariela Williams. Mònica Saso responde a Nancy Gonzalez la cual por el voto de està a favor de la megamineria habrìa negociado el ingreso de Diego Carmona como titular de la oficina anticorrupciòn asì que no serìa de extrañar que safen a este sinverguenza de Rivarola por pedido de Miquelarena.
Daniel Baez Ministro del Superior Tribunal de Justicia CHUBUT
La resolución a los nuevos planteos se conocerá en los próximos días y se espera que este tribunal no haga safar a Rivarola pero està muy condicionado ya que hace apenas unas semanas Miquelarena ingreso al hijo de Daniel Baez al poder judicial el 8 de Agosto y unos dìas màs Rivarola solicito que no avance el jury en su contra ¿Serà el pago a su voto? .
Ya es religioso escuchar en los dichos de Miquelarena la necesidad de reformar el Código Procesal Penal y que la “culpa la tienen los jueces” a efectos de intentar justificar la razón por la cual una gran cantidad de delincuentes terminan sueltos. Pero eso no es más que sanata pura, humo para los no entendidos.
La solución para erradicar el delito de manera eficiente no consiste en modificar la ley sino en cumplirla. De nada va a servir una reforma al código de procedimientos penales si los encargados de investigar los hechos no se ponen las pilas.
Cada vez que habla Miquelarena a los chubutenses, se lava las manos y desde hace años que viene zafando de las incisivas preguntas de los comerciantes hartos de la inseguridad utilizando el mismo recurso de siempre: “hay que reformar el código procesal”
El Código Procesal Penal de la provincia ya se reformó hace tiempo por impulso de Mario Das Neves, quien utilizaba la mismas mentiras que su discípulo, el procurador Jorge Miquelarena. La cuestión es que se produjo la reforma y ahora volvimos al comienzo, porque el procurador quiere hacerlo de nuevo y pareciera que el pobre código está condenado a ser reformado hasta la perpetuidad, mientras funcionarios como él hacen la plancha y llenan de versos a la comunidad.
El “INFORME ANUARIO 2022” publicado en la página oficial del Superior Tribunal de Justicia hace un relevamiento del trabajo de los fiscales de Miquelarena, y revela algo de una gravedad colosal: solo el 10% de los casos denunciados en el año 2022 se judicializaron, ¿Qué quiere decir esto? Que en el 90% de los delitos denunciados el año pasado, los fiscales de Miquelarena miran para otro lado, dejan libre a los detenidos y queda todo en la nada, y es una práctica que se viene desarrollando hace años.
Cuando ocurre un delito y la víctima denuncia, el fiscal a cargo es el que decide si va a investigarlo o no. El fiscal tiene esa facultad conforme al actual Código Procesal Penal de Chubut. Si el fiscal decide no investigarlo, ya sea porque lo considera un delito de bagatela (delito insignificante) o bien alguna otra razón que nunca se termina justificando del todo, el detenido queda libre y por lo tanto no se judicializa, es decir, no llegan a sentarse frente al juez para poder ser juzgado como corresponde.
Es así que cuando ocurre un delito y los policías detienen a un sujeto, los fiscales desde sus casas en pantuflas y pijamas, les dan la orden por teléfono a los efectivos para que lo suelten, sin siquiera acercarse a los lugares donde acontecen los hechos. Los efectivos acatan esa instrucción, y es así que el autor de un delito queda libre y dispuesto para volver a cometer otro, y así sucesivamente.
¿Por qué hacen esto los fiscales? Muchos pueden ser los factores que pueden influir en esta corruptela, pero lo más común es pensar que lo hacen por vagancia y a efectos de cobrar el frondoso salario que perciben todos los meses con el menor esfuerzo posible.
Todo esto deja en evidencia que el código procesal vigente NO DEBE ser reformado, porque de ninguna manera representa un obstáculo para que los delitos se investiguen; al contrario, facilita el procedimiento, porque coloca en cabeza del fiscal TODO el poder de la investigación, pero lo que sucede es simplemente que el fiscal no investiga, y no lo hace PORQUE NO TIENE GANAS DE TRABAJAR, y Miquelarena está al tanto de esto aunque se haga el desentendido.
Ahora, vamos a lo más grave. El 22 de mayo se desarrolló una conferencia en la Cámara de Industria y Comercio de Trelew entre el procurador y los comerciantes para hablar sobre la inseguridad. Un par de policías que estaban presentes le mencionaron a Miquelarena esta práctica desarrollada por sus fiscales, y la respuesta del procurador fue hacerse el tonto y lavarse olímpicamente las manos diciéndoles: “…cuando sea así me lo hacen saber inmediatamente…”, como si él fuera un individuo totalmente ajeno a la procuraduría.
Miquelarena debe recibir todos los meses en su despacho un informe estadístico por medio del cual entra en conocimiento de la cantidad de delitos que se denunciaron y se están investigando en su procuraduría. Cualquier jefe de fiscales con dos dedos de frente si ve que en ese parte informativo figura que se está investigando solo el 10% de los casos denunciados, inmediatamente va a alarmarse y va a citar a sus fiscales para preguntarles por qué no están investigando, y de seguro rodarían cabezas.
Pero pareciera que para Miquelarena esto no es relevante y lo deja pasar o bien no está enterado de lo que está sucediendo en su procuraduría, lo cual es muy poco creíble.
Es muy grave lo que revela el informe del poder judicial porque traducido en números simples, de 1000 delitos denunciados se investigaron solo 100.
Miquelarena sin embargo, está empecinado en reformar el Código Procesal para que los juicios sean más rápidos y haya más celeridad. Pero eso es una falacia total, porque que si los fiscales deciden no investigar un caso, el detenido nunca va a llegar a la audiencia judicial. Eso sin mencionar que el juez es un mero árbitro, si los fiscales no reúnen la prueba, el magistrado tiene la obligación de soltar al detenido.
Miquelarena quiere reformar el Código Procesal porque se sabe que ya le queda poco en la procuraduría, y todo esto lo hace para desligarse de la responsabilidad que tiene él de que los malvivientes sigan delinquiendo impunemente en las calles. También lo hace a los fines de cuidar la imagen del ministro de Seguridad Miguel Castro.
A continuación, te mostramos lo que describimos más arriba, pero traducidos en números. En 2022, de 2.557 carpetas iniciadas por los fiscales se formalizaron (se presentaron en la justicia) solo el 9% (230 casos).
En el siguiente cuadro estadístico vemos que la cantidad de “autores ignorados” (10.702) durante el 2022 representa alrededor del 37% de los casos iniciados (28.524). Cuando hablamos de “autores ignorados” nos referimos a casos donde no hay individuos a quien imputarles el delito.
El siguiente cuadro es muy interesante, porque nos informa sobre una gran cantidad de casos que se resolvieron mediante “juicios abreviados”. Esto significa que los fiscales se sentaron a negociar con los detenidos para que confiesen el delito a los fines de que se termine el juicio rápido. Conforme a las siguientes estadísticas los fiscales hicieron abuso de esta herramienta y resolvieron los casos sin mover un dedo para investigar, algo que pone de manifiesto una increíble falta de ganas de trabajar.
La cantidad de resoluciones por juicios abreviados representan el 76% de los juicios realizados en el 2022, en las localidades mencionadas. En criollo: los fiscales de Miquelarena “se rascaron a dos manos” todo el año.
La Justicia reclama màs decoro al Procurador General Jorge Miquelarena puesto a dedo en ese cargo por el fallecido ex Gobernador Mario Das Neves
Jueces, fiscales y funcionarios del poder judicial se comunicaron con Cholila Onlive para que escribamos esta nota sin dar identidad para no sufrir persecuciones y represalias pero para que la sociedad sepa que la mayorìa de los que trabajan en el poder judicial no estàn de acuerdo con el proceder y conducta del procurador.
La falta de decoro del Procurador General Jorge Miquelarena de reunirse con el precandidato a Intendente de Trelew Gustavo Mac Karthy dos semanas antes de las elecciones desatò la interna en el mundo judicial de Chubut.
Miquelarena y el Clan Das Neves el apoyo polìtico judicial de Mac Karthy
Esta actitud de “Yoly” no deja bien parada a la Justicia y muchos menos despues de enterarse que detràs de la Campaña Polìtica de Mac Karthy se encuentra Marivi Das Neves quièn su esposo Federico Verdeau a su vez es sobrino de Miquelarena y en medios los fantasmas del fuego de la causa loteria y la causa de Raquel Di Perna que jamàs abrìo.
Por eso hasta se llegò hablar de “Jury de enjuciamiento” para Miquelarena porque ya estàn hartos de ser cÒmplices por omisiòn de sus tropelìas polìticas judiciales, pero esperaran este año para que entienda que se debe jubilar porque su ciclo se termino el dìa que se abrieron las causas “Embrujo” y Revelaciòn y este año que ya saliò en libertad Diego Correa. En Resumen siendo èl Procurador nadie pago el haberse robado una provincia entera durante màs de una decada.
Un Juez de los que se comunico con este medio fue contundente: “Ya Das Neves que fue el que lo puso no està màs, debe darse cuenta que se tiene que ir”.
Un funcionario de la Fiscalia nos manifestò off de records: “Nos pidiò que saquemos a la Jueza Suarez por decoro y resulta que èl anda haciendo campaña Polìtica para Mac Karthy que esta en los listados de Correa percibiendo presuntamente dinero de las coimas de la Obra Pùblica.
El mensaje del poder judicial es claro, tan claro que si Miquelarena no lo entiende va a terminar logrando su propio juicio polìtico.
Me reuní con Jorge Miquelarena, Procurador de la Provincia, para profundizar sobre la inseguridad en #Trelew. ⁰ Ni el Gobierno provincial solo, ni el Municipio solo, ni la Justicia sola. El flagelo de la inseguridad se combate entre todos; sin improvisar, con firmeza y seriedad. pic.twitter.com/JrHg44S1Kx
El Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación deducida por los defensores especialistas en defender violadores, pedófilos hijos del poder, policìas violadores y del clero eclesiástico los abogados Martin Castro abogado de Federico Massoni y Director General de seguridad en su gestión y Rodrigo Miquelarena sobrino del Procurador General Jorge Miquelarena por graves hechos de abuso sexual, dejando firme la condena de 20 años de prisión que ya había sido ratificada por dos sentencias previamente.
Rodrigo Miquelarena ademàs es «ñoqui Vip» del Gobierno de Arcioni acomodado en ese lugar seguramente por las inflluencia y pase de favores del Procurador General Jorge Miquelarena con el Gobernador Mariano Arcioni a quìèn jamàs imputò por estar en el listado de Diego Correa percibiendo millones de pesos por mes.
La sala en lo penal del Superior Tribunal de Justicia, presidida por la ministra Camila Lucía Banfi Saavedra, e integrada con los ministros Daniel Esteba Báez y Ricardo Alberto Napolitani, emitieron la resolución mediante la cuál rechazaron la impugnación deducida por los defensores particulares del cura Héctor Alfredo Coñuel por graves hechos de abuso sexual, dejando firme la condena que ya había sido ratificada por dos sentencias previamente.
El recurso de Miquelarena para salvar al violador
De esta forma adquiere firmeza la pena de veinte años para el condenado, tras un largo proceso donde finalmente se da lugar a lo investigado por el Ministerio Público Fiscal, que en la oportunidad estuvo representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer, en tanto el recurso ante el Superior Tribunal había sido interpuesto por los defensores Martín Castro abogado de Federico Massoni y Director General de Seguridad en su Gestiòn y Rodrigo Miquelarena el sobrino del Procurador General Jorge Miquelarena conocido por defender pedòfilos y violadores hijos del poder y del clero eclesiástico.
Jorge Miquelarena – Rodrigo Miquelarena – Martin Castro
Para los integrantes de la sala penal los agravios del recurso son una repetición de los que la parte ya había formulado ante la cámara en lo penal de Trelew, y a los que, en su oportunidad, ese tribunal ya había dado adecuada respuesta.
Satisfecho el doble conforme, la impugnación no cumple en explicar, más allá de una crítica superficial, por qué la instancia anterior habría incurrido en la arbitrariedad que invoca. Tampoco se advierte tal defecto en la sentencia apelada.
Respecto de la indeterminación temporal de los hechos atribuidos, que para la parte impugnante habría generado la nulidad de la acusación, coinciden los miembros de la sala en lo penal en que el relato del joven víctima había brindado las precisiones suficientes para satisfacer el derecho de defensa. En estas condiciones, el lapso temporal mencionado en la acusación, así como los detalles de las circunstancias de modo y lugar en que ocurrieron los hechos, garantizaron de manera razonable el derecho de defensa del imputado.
Sentencias firmes
En cuanto a la materialidad y autoría, consideran que la existencia en sí de los hechos no fue manera de controversia y la defensa solo cuestionó la autoría atribuida a su asistido. Sin embargo, diversos medios de prueba presentados por la fiscalía permitieron arribar a certeza positiva sobre este aspecto central del caso. El imputado fue condenado a veinte años de prisión, y se tuvieron en cuenta como agravantes, tanto la reiteración de las conductas, como el aprovechamiento de la indefensión de la víctima, y las condiciones personales del imputado.
Como atenuantes, fueron descartadas correctamente, tanto su buen comportamiento en el lugar de detención como la exposición pública del caso. En consecuencia, los jueces de grado han impuesto y los camaristas confirmado, una pena proporcional a la gravedad del injusto cometido por Coñuel, conforme a las mandas de los artículos 40 y 41 del código penal.
En resumen, por las razones expuestas en una resolución de cuarenta y tres páginas, los integrantes de la sala en lo penal del Superior Tribunal de Justicia decidieron declarar improcedente la impugnación extraordinaria, con costas y, confirmar las sentencias 3305/2021 y 58/2022 del tribunal de mérito y de la cámara en lo penal de Trelew.
Veinte años de prisión
Las mencionadas sentencias, ahora confirmada, refieren a la declaración de autoría en cabeza de Héctor Coñuel y pena impuesta de veinte años de prisión de efectivo cumplimiento, por los hechos en los que se lo acusara y fuera condenado, delitos de abuso sexual simple cometido por un abuso intimidatorio de una relación de poder y aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, un hecho, abuso sexual con acceso carnal cometidos por un abuso intimidatorio de una relación de poder y aprovechándose que la víctima no pudo consentir la acción, cuatro hechos, todo ello en concurso real, agravado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido, artículos 45, 55, 119, primero y tercero, cuarto párrafo inciso b y quinto párrafo en relación al cuarto párrafo inciso b del código penal, hechos acontecidos en fecha posterior al 13 de mayo de 2011 y con anterioridad a fines del año 2014, en la ciudad de Trelew.
Notas relacionadas de Miquelarena defendiendo violadores y pedòfilos curas y policias:
Juan Carlos Cuellar es un albañil de Comodoro Rivadavia que en 2016 junto a su mujer Guillermina fueron acusados de supuestamente regentear un prostíbulo en la calle Francia 510 de la ciudad petrolera.
La Policía les hizo un allanamiento en su domicilio y les secuestraron una gran cantidad de objetos de valor, entre los que se encontraban joyas de la familia y las herramientas que utilizaba Juan Carlos para desempeñar su oficio.
Cuando se incautan elementos en un allanamiento tienen que estar perfectamente inventariados por los efectivos actuantes, es decir cada objeto que se lleva la Policía tiene que estar individualizado detalladamente, nada de eso ocurrió en este procedimiento policial, más bien todo lo contrario, los objetos secuestrados estaban identificados de manera genérica, por lo que insólitamente no se determinó en ese acta la cantidad de pertenencias que fueron incautadas.
¿Los fiscales hicieron la vista gorda? nunca controlaron estas irregularidades, algo que es irrisorio, porque deben estar al tanto de todas las fases que transcurren en un procedimiento de esta índole. Justamente deben “fiscalizar” los objetos que se secuestran en un allanamiento, además de que deben procurar que se respete la cadena de custodia de aquellos. De lo contrario, se estaría dando vía libre para que los policías se roben todas las pertenencias de un detenido.
Por supuesto que más tarde se comprobó que la pareja no tenía absolutamente nada que ver con aquello que se le imputaba, por lo que el juez que entendió en la causa decidió liberarlos de culpa y cargo por falta de pruebas.
El problema surgiría cuando Juan Carlos y Guillermina le exigieron a la fiscalía que les devolvieran todos los elementos que habían sido incautados en la vivienda, a lo que los funcionarios de Jorge Miquelarena respondieron entregándoles menos de la mitad de las cosas, en donde faltaban casi todas las herramientas de Cuellar, es decir, lo más importante para el albañil.
Juan Carlos firmó el retiro de los elementos en disconformidad a raíz de los faltantes; no obstante, se fue con una parte de los bártulos para poder trabajar.
Pero el infierno no terminó allí, como no pudieron meterlos presos por el delito de trata de personas, quizás con la finalidad de “mantenerlos a raya” para que no denuncien irregularidades, los funcionarios de Miquelarena se obsesionaron con perseguirlos y terminaron denunciando que estaban usurpando la vivienda en la que residían.
Como Juan Carlos y Guillermina no estaban al tanto de ese nuevo expediente judicial que había armado fiscalía en su contra, un día llegó la policía a desalojarlos, y fue allí como Guillermina, con un embarazo de siete meses quedó en la calle.
El daño psicológico que provocó todo esto en la pareja fue tremendo como así también el lucro cesante en virtud de las herramientas que Juan Carlos no volvió a tener, algo que obviamente significó una gran cantidad de trabajos perdidos; es por eso que contrataron a la Dra. Angela Sifuentes como su abogada para iniciar un juicio contra el estado con la finalidad de obtener una millonaria indemnización por todos los daños sufridos.
Sifuentes comenta que antes de ir por el juicio primero hay que hacer el reclamo administrativo contra la Policía y luego recién estaría habilitada para entablar la demanda en la justicia contra el gobierno de la provincia.
La demanda sería inicialmente por una suma de 70 millones de pesos, monto que obviamente se verá incrementado si llegan a triunfar en el litigio, en razón de los intereses que deben computarse por el paso del tiempo hasta el día de la sentencia final.
El poder judicial inmiscuido en la elecciones municipales de Trelew
El Procurador General de Chubut puesto a dedo por Mario Das Neves el jefe de la asociación ilícita que se robo la provincia haciendo campaña política para la Casta Política de Gustavo Mac Karthy & Papaiani.
Marivi Das Neves quien se encarga de la campaña en redes de Mac Karthy habría arreglado la reunión del «Kukito» con «Joly» dado que su esposo Federico Verdeau es sobrino de la esposa de Miquelarena.
Dejando en claro que la casta política de Chubut se infiltró en el PLICH (Libertarios Chubut). ¿Que opinará Milei de los infiltrados de la casta en su partido?.
Verdeau se habría salvado de terminar preso porque oh!! casualidad le echaron la culpa al pueblo de prender fuego el expediente de Loteria que contenía varios hechos de corrupción donde el estaba involucrado. Actualmente Verdeau es «ñoqui vip» en el Senado de la Nación percibiendo sin trabajar más de 500 mil pesos mensualmente.
Foto Ilustrativa
Al parecer a Milei la Casta política y Judicial se le «coló» ahora tendrá que purgar su espacio antes que se lo pudrán, aunque ya parece que es tarde.
Me reuní con Jorge Miquelarena, Procurador de la Provincia, para profundizar sobre la inseguridad en #Trelew. ⁰ Ni el Gobierno provincial solo, ni el Municipio solo, ni la Justicia sola. El flagelo de la inseguridad se combate entre todos; sin improvisar, con firmeza y seriedad. pic.twitter.com/JrHg44S1Kx
Así lo adelantó el Procurador General, Jorge Miquelarena. Las conflagraciones sucedieron el diciembre pasado en el marco de una manifestación en contra de la Ley de Zonificación Minera.
El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la investigación que se está llevando adelante sobre los incendios ocurridos, por manifestaciones en contra de la Ley de Zonificación Minera, en diciembre pasado en Rawson en el que se vieron afectados varios edificios públicos, entre los que se encuentran la Casa de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
El fiscal explicó que «cada caso es un mundo y tiene sus particularidades. Hay entre 23 y 25 personas que van a ser sometidas a la audiencia de apertura de investigación por los incendios de diciembre del 2021».
En declaraciones a Canal 12, Miquelarena detalló que los posibles imputados «son las personas que se logró identificar luego de una ardua tarea de investigación en la que colaboraron los periodistas con sus filmaciones. Esas identificaciones se pudieron corroborar con algunos allanamientos y elementos que se secuestraron como prendas de vestir. Hay un artículo que prevé una pena de 3 a 10 años donde hay una gravedad importante donde corren riesgo la vida y los bienes».
En ese sentido, el procurador general, aclaró que el caso de Santiago Goodman «no puede ser tomado como antecedente de la pena por los incidentes de diciembre del 2021. Puede haber algunas consideraciones del fallo sobre el origen del incendio, el peligro que se corrió y el daño provocado. Eso es interesante para casos similares pero no respecto de la pena».
Hoy se celebró una nueva audiencia por el juicio contra Goodman, Castro y Ancaleo, por los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno.
La jornada de hoy fue larga, con testigos aportados por la Fiscalía, que es la parte acusadora.
Entre los testigos estuvieron el actual Ministro de Educación, el señor Grazzini, Marcelo Piñero, segundo jefe de la seccional Esquel, Nestor Gomez Ocampo, quien era jefe segundo de la comisaría Rawson en 2019, el Comisario Juan Garcia y algunos efectivos de investigaciones, y bancaria.
El en caso del Ministro, sus declaraciones no aportaron demasiado al debate, pero si se presentaron las cámaras de seguridad de Legislatura del día 17 de septiembre de 2019.
En las imágenes se puede apreciar claramente que dentro de la casa legislativa había humo. Que el fuego nunca ingresó al edificio, pero si humo, el cual fue mencionado reiteradas veces por todos los testigos del día, la Fiscalía insiste en preguntar y repetir la cantidad de humo que ingresó al edificio ese día, intentando centrar la atención en el riesgo que corrieron los efectivos que allí se encontraban.
Luego declaró Gomez Ocampo, quien tuvo varias contradicciones entre su primer declaración en el MPF y el actual testimonio.
Ocampo aseguró que esa noche salio desde Legislatura a casa de gobierno, acompañado por otros policías, y describió como se iba sucediendo el avance de los manifestantes a la Casa de Gobierno, desde el momento en que estos tiran las vallas, hasta que comienzan los incidentes. Lo curioso del testimonio, es que luego al ser repreguntado por la defensa, cambia la versión , indicando que desde Legislatura se retiro hacia su casa, se higienizó y cambió el uniforme y luego se dirigió a Casa de Gobierno. Lo que evidencia que el relato anterior, donde describe lo de las vallas, la rotura de vidrios, etc, no fue algo que él personalmente pudiera observar.
También manifestó que no intentaron apagar el fuego que se comenzaba a encender en el exterior de la legislatura.
Se mostró alterado por tener que responder estas preguntas, dirigiéndose en un tono alto y casi agresivo para con el defensor.
Similar a las declaraciones de Piñero, quien se mostró más tranquilo, e hizo mención al malestar, la impotencia y la tristeza de los manifestantes en esa jornada, luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de las docentes Cristina y Jorgelina, quienes perdieron la vida mientras regresaban sus hogares, en Comodoro Rivadavia, luego de la jornada de manifestación que había sido masiva, pero pacífica, hasta este fatal desenlace. Comentó y se vio en videos que dialogó con docentes que querían ingresar a Legislatura y que alguien les recibiera.
Por su parte el Comisario Juan García, señaló a Goodman y a la Señora Ancaleo, y los situó en legislatura durante la tarde, bajando cubiertas de un utilitario blanco. Lo que no se condice con el resto de la totalidad de los testimonios. Además, sugirió que Goodman organizaba los incidentes, por una supuesta llamada y señas que él dice haber visto, e interpretar como «directivas». Lo que no es raro de García, que ya es conocido por dar testimonios mentirosos y funcionales a las causas que se han llevado contra manifestantes en varias ocasiones.
En definitiva, se sigue evidenciando que esta causa es más que nada un intento más del Estado, de criminalizar y disciplinar a quienes reclaman sus derechos, y que los acusados fueron elegidos a dedo. Esto lo afirmamos por entender que la acusación para los tres imputados es, en calidad de coautores de Incendio estragoso (el que aún no se ha podido demostrar) y daños. Pero ninguno de ellos fue acusado como autores materiales, o intelectuales del hecho.
Entendiendo que cualquier persona que alimentara el fuego, o arrojara piedras, tendría la misma acusación, y a pesar de contar con muchísimas imágenes fotográficas y de video, donde se ven claramente muchísimas personas, solo han sido señalados estos tres dirigentes como acusados.
Mañana se retoma una nueva audiencia, a las 9hs en la Oficina Judicial, de Rawson.
Fuente: Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia
