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Como sabemos el lunes 18 de julio comenzó el juicio contra nuestros compañeros y compañeras falsamente acusados de provocadores y coordinadores de lo que denominaron el «incendio de la legislatura » en Septiembre del año 2019.

Por supuesto que lo que hemos visto en algunos titulares de medios, durante todo este tiempo no varía, en esa lógica de estigmatizar a los Trabajadores y dirigentes sindicales, a los similares titulares que se pueden observar de algunos medios por estos días.

Lo cierto y lo que debemos decir es que la Fiscalía no aportó hasta el momento ningún documento ni material probatorio que incrimine directa y concretamente a nuestros compañerxs y fundamente sobre lo que se los acusa.

Por el contrario, los testigos de la parte acusatoria han desenmascarado contundentemente lo que dijimos desde un principio. La que se suele llamar «zona liberada» y que se dieron órdenes de abandonar el lugar, sin intervenir de ninguna manera» recibidas de parte de la jefatura policial, a quienes tenían la responsabilidad de resguardar o contener.

Y lo que siempre hemos dicho, que no se puede dejar a un lado el contexto social político y económico que se vivía por esos días.

También eso ha quedado muy claro hasta el momento, hasta los mismos vídeos que se observaron y los propios relatos de vídeos en vivo de esa noche demuestran claramente una especie de estallido social colectivo, ante la indignación por el fallecimiento de dos trabajadoras docentes retornando a su cuidad Comodoro Rivadavia, luego de una jornada que había comenzado muy temprano, con marchas multitudinarias y pacíficas, con asambleas de Trabajadores que habían definido un acampe en legislatura pidiendo la interpelación al entonces Ministro Massoni, a cargo de la policía en ese momento, denunciado por haber liberado ruta 3 y 26 y por lo que muchos docentes habían sido reprimidos por patotas y civiles en la manifestación que llevaban adelante.

Dicho sea de paso, la mayoría de los testigos del primer día son miembros, tienen o han tenido vinculación con la fuerza.

El titular del día debería decir que bochornosamente se ordenó liberar la zona por declaración de los testigos, o por los propios vídeos que muestran que cuando llega la noticia de la pérdida de las compañeras docentes la reacción colectiva fue espontánea, no tenía ni coordinación ni direccionalidad, y era diversa, de vecinos y vecinas , y diferentes sectores.

A cada día se puede observar y confirmar que esto se parece más a una operación montada para intentar estigmatizar, acallar, condicionar e intentar amedrentar, persiguiendo a los Trabajadores que defienden sus derechos ante la falta de respuesta y provocación que se vivía.

Cabe recordar que estos primeros días los testigos aportados son de la parte acusatoria, y que no se han aportado pruebas que puedan incriminar directamente a ninguno de nuestros compañerxs como responsables de todo lo sucedido en la noche y madrugada del 17 y 18 de septiembre del 2019.

Seguiremos presentes y atentos al desarrollo del juicio, acompañando a nuestros compañerxs y exigiendo verdadera justicia sin dejar de repudiar el intento de criminalizar la protesta y la persecución a quienes defendemos los derechos de los Trabajadores y del pueblo.

Es importante escribir estas palabras, para que cada compañero y compañera y la comunidad toda sepa lo que sucede por estos días, y desmentir algunas publicaciones mediáticas que están distorsionando lo que verdaderamente viene sucediendo en el desarrollo del juicio.

Fuente: CTA de los trabajadores Chubut

Imagen Ilustrativa

Un sargento del SPF y Bombero que recibe la orden de no apagar el fuego y decide a salir a «fotografiar» manifestantes, un agente policial enojado que declaró haber recibido órdenes de dejar los matafuegos y «dejar que se queme lo que se tenga que quemar», un médico y 2 periodistas dieron testimonio en la mañana de hoy.

La mañana comenzó con tensiones debido a la dudosa y parcial actuación de la fiscalía que intentaba desistir a toda costa de un testigo, ante esto la jueza Tolomei debió dar la orden de compulsar al testigo para que se presente a declarar.

Declararon los testigo Augusto Rakijar de canal 12 quien entregó videos y sin hacer ningún tipo de análisis de la situación social lamentó hondamente los destrozos sobre los edificios públicos y señaló a través de filmaciones al ex dirigente gremial Santiago Goodman la noche del 17 de septiembre de 2018 frente a la legislatura.

Acto seguido pasó a declarar Enrique Bastida de FM tropical, también aportando videos, pero en este caso dando cuenta de la grave situación social y económica que se vivía en la provincia, paros, cortes de ruta, meses de sueldo adeudado y con la noticia de que el gobernador se había dado un abultado aumento de sueldo ese día, y luego la trágica muerte de las dos docentes que habían venido desde Comodoro a una marcha pacífica. También aclara que afuera de legislatura hacia días que había un acampe al que desde la radio habían concurrido a hacer notas. Por otra parte reconoció haber visto a Goodman a quien conocía de los acampes, pero aclara no haber estado cuando comenzó el fuego en legislatura. Por otra parte una hora y media más tarde, vio gente en casa de gobierno empezar destrozos pero con la cara tapada por lo que no los podría reconocer.

Nuevamente se presentan tensiones hacia el accionar de fiscalía que pretende agregar nuevas pruebas que no habían sido ofrecidas con anterioridad.

El tercero en declarar es Franco Messina un oficial del SPF y bombero. Quien declara que enterado por el grupo de WhatsApp oficial de bomberos en donde llega la directiva de no asistir a apagar el fuego, decide ir a sacar fotos a los manifestantes, fotos que desde esta Comisión nos preguntamos: a donde van a parar estos registros?, son solo un hoby o son a pedido del SPF u otra fuerza?.

Los testigos siguieron declarando, y llegó el turno de Colpi, el policía del que la fiscalía quería desistir a toda costa. Él estaba prestando servicios esa noche en legislatura, y declaró que al momento de los disturbios, se encontraban solo 5 policías en las puertas de legislatura formando un cordón para evitar el ingreso de los manifestantes, que era desproporcionado el número de manifestantes en comparación con la presencia policial, que intentaron disuadir a los manifestantes con gas pero no lo consiguieron «la gente estaba muy indignada» manifestó.

Luego Colpi declara que intentó con su compañero apagar el fuego con matafuegos del edificio, y recibió una órden de Gomez Ocampo que les dio la directiva de «dejar que se queme lo que se tenga que quemar» y dejar que entren quienes quieran entrar».

Colpi solicitó refuerzos, quienes concurrieron al lugar entrando por la cochera de legislatura, eran al rededor de 12 efectivos de tareas especiales, que estuvieron 5 minutos y nuevamente recibieron la orden de abandonar el lugar.

También declaró que bomberos voluntarios llegaron al lugar cerca de las 4 de la madrugada, cuando el fuego estaba ya casi extinto por haberse consumido los materiales que ardían horas antes.

Lo que dejo claramente expreso, que existió una zona liberada totalmente y a conciencia.
Cabe aclarar que bomberos no se presenta en casos donde no se puede garantizar su seguridad y la de los manifestantes, tarea que es específica de las fuerzas de seguridad. Es decir, que la no comparecencia de los bomberos, fue responsabilidad exclusiva de la policía de Chubut.

Mañana a las 9 hs, se retoma el juicio, en lo que seria la tercera audiencia ya en su tercera audiencia, con más presentación de testigos de parte de Fiscalía, entre los cuales se encuentra el actual Ministro de Educación, Grazzini. Y otros testigos presenciales, en su mayoría agentes policiales.

Ya el conjunto de la sociedad vislumbra desde hace más de dos años como el Procurador General de Chubut Jorge Miquelarena persigue al medio que denunció la corrupción de la era Das Neves.

Si bien “July” traicionó de manera muy cruel a quién lo invento que fue el mismo Mario Das Neves de lo contrario Miquelarena no sería más que un cadete en el juzgado federal donde comenzó y quienes lo recuerdan dice que no era muy higiénico y preferían tenerlo a distancia.

Ahora como si la justicia no tuviera temas más importantes que tratar abrió la ferio judicial para junto al jefe de fiscales de Rawson Fernando Rivarola seguir persiguiendo con chicanas al Director de Cholila Online con denuncias falsas que ya tuvieron dos sentencias firmes por juez en septiembre 2020 y abril de 2021, revisadas por otros jueces en Octubre de 2020, apelada por ellos mismos fue al Superior Tribunal de Justicia donde también el STJ fallo en favor de Dario Fernández en diciembre de 2020. En Marzo de 2021 Miquelarena en una nueva embestida intenta realizar con Rivarola un nuevo intento de apertura de investigación recibiendo otro revés del juez natural de la causa. En junio de este año intentaron ilegalmente otra apertura de investigación para pasar por arriba dos sentencias judiciales y otras acciones en favor de Dario Fernández para continuar con este abuso de poder por el cual se creen superior a los jueces y leyes mismas.

A este accionar ilegal se solicitó su impugnación y se espera el resultado mientras tanto Miquelarena y Rivarola continúan con su persecución.

Siguieron con recursos intentando con ilegalidades seguir atando al Director de Cholila Online a la Justicia para amedrentarlo para que este no escriba más de la corrupción política, pero no solo no se dejó de escribir de la política sino que ahora comenzó a escribir de la corrupción judicial donde su máxima cabeza es Jorge Miquelarena de quien la sociedad de Chubut en general opina y lo acusa de ser un corrupto que pudrió la justicia en la provincia siendo simplemente quién hacia la vista gorda en el gobierno de Das Neves y quien ahora está cubriendo a la familia Das Neves y su propia familia ya que de haber investigaciones serias el procurador tendría que rendir cuentas. Recordemos los incendios que terminaron con la causa de lotería que posibilitaron que Federico Verdeau esposo de Marivi Das Neves y sobrino de Miquelarena por intermedio de su esposa no termine preso.

Pero lo que deja al descubierto a Miquelarena es que ya lleva gastado con dinero del estado más de 100 millones de pesos aproximadamente en perseguir a Dario Fernàndez con acusaciones falsas, denuncias infundadas, y acciones de sus fiscales y jueces que se prestan para esta persecución que si estaríamos en una provincia seria terminarían con todos ellos presos por las ilegalidades que cometen amparados en el sistema judicial creyéndose omnipotentes.

Ahora como si todo esto fuera poco Miquelarena habilito la feria judicial para con “fiscal mercenario” Fernando Rivarola quien debería estar suspendido por el Consejo de la Magistratura por las denuncias que lo involucran con la violencia de género, pedofilia y prostitución infantil seguir hostigando con abuso de poder a Dario Fernández para consumar así una persecución a la prensa jamás vista en esta provincia luego del asesinato de Ricardo Gangeme en 1999.

Miquelarena y Rivarola están desquiciados y es que en agosto ya debería estar concluido el sumario a Rivarola y el Consejo de la Magistratura ya estaría en condiciones de suspender al “ladero judicial” de “July” y se quedaría sin un general que se prestó para toda esta persecución que será llevada a planos nacionales por el Director de Cholila Online y no va a parar hasta el “Juicio Político” a Jorge Miquelarena para retirarlo por el ventiluz el baño de tribunales al peor Procurador General que tuvo esta provincia puesto a dedo por el jefe de la banda que se robó Chubut.

Del lado de las personas a las que no les han devuelto todavía las pertenencias que les mandaron a incautar, piensan pedir que se abra una investigación penal, porque sospechan que a las cosas se las robaron. No suena para nada descabellada la hipótesis que tienen muchos en Comodoro; de que en estas maniobras podría haber complicidad entre fiscales y policías.

También se presume que no es la primera vez que faltan objetos incautados y que ahora salió a la luz porque se ha denunciado. O sea, se podría decir que los que debieran perseguir a los chorros habrían terminado siendo más chorros, que los chorros mismos.

En Chubut la administración de justicia está tan degradada y corrompida con el procurador Jorge Miquelarena a la cabeza, que ya nada causa estupor o sorpresa.

Se cree incluso que lo mismo que ha ocurrido en la ciudad petrolera ya viene pasando en otras jurisdicciones de la provincia y que como los perjudicados por estas acciones delictivas por lo general “tienen antecedentes”, no les darían cabida para que hagan la denuncia.

De hecho, en el mismo Comodoro; a los días en que se conoció que habían desaparecido los secuestros, se supo de otro caso en el que una persona reclamaba la devolución de varios bienes que le habían incautado en unos allanamientos y que éstos tampoco aparecían.

¿Qué podría pasar ahora? Que fiscales y policías que participaron del secuestro de los bienes que faltan terminen implicados en una investigación penal y que Miquelarena sea denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Él, debería haber iniciado inmediatamente una investigación interna cuando se enteró de las irregularidades y hasta ahora no se ha conocido que lo haya hecho.

Está adoptando la misma actitud que en otros casos en donde sus fiscales (los que le responden directamente) aparecen involucrados en acciones rayanas con lo delictivo. ¿Protección o connivencia?

María Bottini, es la fiscal que está a cargo de la investigación de un caso un tanto particular. Augusto Ferrari, profesor de derecho de la Universidad Nacional de San Juan Bosco de la Patagonia, sede de Esquel, fue denunciado por acoso sexual, supuestamente perpetrado el año pasado… pero no sería el único funcionario.

Augusto Ferrari además de ser docente es fiscal anticorrupción de la delegación cordillerana. El mencionado opera dentro de la órbita de la Legislatura y su función es velar por la prevención e investigación de toda conducta irregular e ilegal en lo atinente a los deberes del funcionario público, por lo tanto sería un hombre –muy- respetado por Miquelarena y sus secuaces, no vaya a ser que Ferrari un día de estos empiece a investigar a la gente del procurador en la zona andina, para “Joly” sería primordial tenerlo “entre algodones” a este hombre.

Augusto Ferrari, profesor denunciado y fiscal anticorrupción de la delegación andina.

María Bottini, la titular de la -agencia de violencia de género y delitos sexuales- del MPF y fiscal jefe encargada de investigar este caso no es cualquier funcionaria, es nada menos que la ahijada del jefe de fiscales, Jorge Miquelarena.

María Bottini, fiscal jefe de la sede MPF de Esquel, ahijada de Miquelarena.

La situación jurídica de Ferrari se vio seriamente comprometida cuando un grupo de alumnas presentó a las autoridades de la universidad, material que devela un presunto acoso sexual a través de mensajes “eróticos” de parte de Ferrari a las supuestas víctimas el año pasado, donde les habría ofrecido beneficios académicos a cambio de sexo. Lo primero fue un correo al decano de la universidad, pero tiempo después se presentó una alumna a denunciar en fiscalía y hasta ahora ya van 3 denuncias.

Aquello por lo que se lo denuncia a Ferrari no constituye un delito penal, sino contravencional por lo que no tiene pena de prisión sino mas bien la imposición de multas y el sometimiento del sujeto que es culpable a talleres de formación en lo atinente al tema “violencia de género”, pero nada más que eso.

De una u otra forma, teniendo en cuenta el cargo que tiene Ferrari fuera del ámbito académico creemos que saldrá totalmente libre de todo esto.

Pero lo que realmente merece la pena investigar es ¿Quién sería el otro implicado?
Según nuestras fuentes se trataría de un fiscal general, un “soldado” de Miquelarena que también da clases en esa facultad y varias alumnas lo han señalado junto a Ferrari, pero María Bottini por alguna razón no lo nombra en los medios ni tampoco lo estaría investigando.

Ese fiscal sería Fidel González, fiscal general de Esquel.

Fiscal general de Esquel Fidel González, también profesor de la facultad de derecho de esa localidad. Presuntamente señalado por alumnas como un acosador sexual.

Se cree que a este fiscal, Bottini lo estaría protegiendo por órdenes de Jorge Miquelarena y sería por eso que en ningún momento se lo menciona.

Fidel González también da clases en la facultad de derecho y habría incurrido también en acosos sexuales hacia las alumnas.

Recientemente también estuvo contra la espada y la pared porque le habría pasado a su esposa las consignas del examen de un concurso de Fiscalía de Esquel, para que termine acomodada como fiscal. Así lo denunció el SITRAJUCH (gremio del Poder Judicial) a través de un comunicado.

El meollo de la cuestión radica en que la “especializada en temas de género” Bottini, podría estar protegiendo a los implicados, teniendo en cuenta la cercanía afectiva de la funcionaria con el procurador general y lo importante que sería Fidel para Miquelarena. No se ve muy discriminada la hipótesis de que la presunta “protección” se estaría llevando a cabo por órdenes del propio procurador.

Las presuntas víctimas estarían cansadas de denunciar a Fidel González como acosador, pero este aún así no aparecería en las denuncias ni en las manifestaciones públicas de Bottini.

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La “mano negra” de Miquelarena detrás de la detención irregular del abogado Romero

Cigudosa, Care y Hueichan a juicio oral y público.

Así fue resuelto por la jueza garantías Ivana Gonzalez tras dos horas de audiencia preliminar al juicio, donde además considero que la acusación fiscal fue clara y precisa. Admitió la totalidad de la prueba presentada por la UFE. Y rechazó todos los planteos de ambos defensores. Finalizó su resolución indicando que “no existen nulidades” y que sea un tribunal colegiado quien resuelva la maniobra ilícita investigada.

Los defensores Andres Meiszner (Graciela Cigudosa y Raul Care) y Miguel Moyano (Ariel Hueichan) indicaron que las obras fueron finalizadas y pidieron el sobreseimiento de sus asistidos, además solicitaron la nulidad de las actuaciones.

La UFE representada por su titular Omar Rodríguez y acompañado por la Dra Acuña, acusó a los tres imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública. En el caso de Graciela Cigudosa por 22 hechos y dos tentados, Raul Care, por 22 hechos y Ariel Hueichan 22 hechos. Asimismo, adelanto la pena que pedirá en el juicio, en el caso de Cigudosa, la pena de 3 años y seis meses, para Raul Care, 3 años y seis meses, para Ariel Hueichan, 2 años.

Seguidamente, Rodríguez, una vez más, defendió su investigación y refirió que “en los delitos de corrupción se debe correr el velo para ver la maniobra ilegal y conocer todo el accionar ilícito”. “La actuación de los imputados ha sido dolosa” afirmo. “Un grupo armo un concurso aparente con un solo interés”, esta acción forma parte del nudo del ilícito.

Ahora bien, “lo grave es que se utilizó la ley para bajar fondos por partidas escolares, esta maniobra se hace para no ser detectados, estas contrataciones directas se ejecutan desde el interior del Ministerio de Educación, “es difícil no entrar en un terreno de valoración, pero no es el momento adecuado” finalizo Rodríguez.

La audiencia preliminar por el caso de corrupción y defraudación en el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut termino y la causa se elevó a juicio oral.

Los ilícitos que se investigaron son por sobreprecios y direccionamiento de contratos por la refacción de 24 escuelas.

El perjuicio producido fue estimado en un millón y medio de pesos en perjuicio del Estado Provincial

Los investigadores sostienen que “toda la maniobra estaba pergeñada para lograr un beneficio, un lucro indebido en cabeza de un grupo” y para ello hubo un “plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control”. Y que “los instrumentos administrativos firmados por la exministro permitieron abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”. La partida presupuestaria para la refacción de estas escuelas era superior a los tres millones de pesos.

Llama la atención que los fiscales del Procurador General Jorge Miquelarena pidan bajas condenas a acusados por hechos de corrupción contra el estado. Al parecer Miquelarena está usando la justicia para intereses personales en favorecer al poder y perseguir a los opositores a la corporación de Chubut

La compañía fue contratada por el Ministerio de Educación por lo que la ministra Florencia Perata podría ser investigada.

Esta mañana el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, habló sobre la investigación del hecho ocurrido en la Escuela 7719 de El Maitén el pasado miércoles donde cerca de 70 personas fueron internadas por intoxicación por monóxido de carbono.

Miquelarena destacó la actuación de la Fiscalía que realizó una investigación de oficio, ya que esto impidió que se altere la escena. «Estaban haciendo reparaciones que no deberían hacer porque no podemos saber cuál fue el indicio o el error», dijo.

«La investigación por la intoxicación en la Escuela 7719 la continuará el fiscal Carlos Díaz Mayer y le voy a asignar la investigación de la contratación de la empresa por parte del Ministerio de Educación al fiscal de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez», explicó el Procurador General de la Provincia.

«Camuzzi no había habilitado el establecimiento educativo después de la obra en la caldera. Ya secuestramos el expediente de la contratación. Puede haber incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos», concluyó Miquelarena.

El procurador parece que pretende desviar la atención del escándalo de los secuestros judiciales que se les han “desaparecido”, como por arte de magia, a sus fiscales en Comodoro Rivadavia y entonces recurre a todo tipo de operaciones que hasta son rayanas con la ilegalidad. A él le atribuyen haber presionado para que detuvieran a Romero.

Primero, instaló a través del pasquín del millonario sindicalista Héctor “El bosque de marihuana” González que el abogado estaba prófugo, que se desconocía su paradero; cuando todo el mundo lo veía ir y venir de tribunales. Y después; habría utilizado sus influencias (ya conocidas en el mundillo tribunalicio) para lograr su cometido.

Miquelarena está muy preocupado porque sabe que en cualquier momento se le termina el poder que le queda y que poco a poco van saliendo a la luz los escándalos y sospechas que recaen sobre su desempeño y el de sus fiscales.

En el caso de Romero, mandó a una fiscal de Trelew –que “oh casualidad” dentro de poco será ascendida a juez– a pedir la detención del letrado pese a “no estar firme” la sentencia, con la que lo condenaron a seis años y nueve meses de cárcel.

El abogado, que gozaba de libertad, se encontraba cuestionando ese fallo por el que lo habían declarado autor de un hecho de tentativa de homicidio, en un caso que generó sospechas de falta de imparcialidad por parte de los jueces que lo juzgaron.

Recientemente, Romero había interpuesto una queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le había denegado en mayo un recurso extraordinario y todavía el máximo tribunal del país no ha tratado su tema. Eso es lo que hace que la sentencia condenatoria contra Romero no esté firme.

Por ello, la Ley dice que ningún juez de la provincia se encontraría en condiciones en la actualidad de ordenar su detención; máxime cuando ha  fijado domicilio real y procesal y ha salido públicamente en algunos medios a decir que se encontraba a disposición de la justicia.

Sin embargo, y en medio de una serie de irregularidades no solo procesales sino administrativas; Romero y su abogada no estaban “vinculados” a la causa y sin ser citados ante un tribunal se autorizó un allanamiento con poca o escaza fundamentación que lo convertiría en nulo; con el objeto de lograr la detención del letrado en una medida que a su vez se sospecha fue dispuesta en forma caprichosa, anómala; violando preceptos procesales, constitucionales y convencionales que obligan a mantener en libertad a las personas procesadas hasta que su sentencia quede firme, según aseguran entendidos.

Es ilegitima la detención de Romero y Miquelarena lo sabe pero aun así –como lo ha venido haciendo en varias causas—ha empujado a sus fiscales y a jueces a cometer ilegalidades por las que con el correr del tiempo podrían tener que dar explicaciones.

Foto ilustrativa

Ahora un juez de Comodoro Rivadavia dio 24 horas hábiles para que fiscales y policías informen donde están los bienes desparecidos y el problema está llegando al procurador General de la provincia Jorge Miquelarena.

Se profundiza el escándalo en la Justicia de Comodoro por los secuestros de dos causas penales que no aparecen

Se profundiza el escándalo en la Justicia de Comodoro por los secuestros de dos causas penales que “desaparecieron”, el problema está llegando al procurador General de la provincia Jorge Miquelarena y ayer en una primera audiencia con la que se pretende resolver el incidente el juez interviniente dio 24 horas hábiles para que aparezcan los bienes incautados y se los restituya a sus dueños.

Faltan unos nueve millones de pesos en cosas –entre mobiliario, celulares, computadoras, joyas de oro y dinero en efectivo—y nadie en la fiscalía comodorense sabe dónde están. Ahora uno de los fiscales implicados en el caso deslindó la responsabilidad de la custodia de los secuestros en la ex fiscal y actual ministra del Superior Tribunal de Justicia Camila Lucía Banfi Saavedra y en un comisario de la División Sustracción de Automotores a quien le exigen que diga dónde guardó los bienes incautados, en qué lugar.

Las causas penales por las que se secuestraron los bienes “que no aparecen” y por las que fueron llevados a juicio tres personas –entre ellas el hoy comisario retirado Alejandro Pulley—comenzaron a sustanciarse en 2016 bajo la dirección del fiscal Martín Eduardo Cárcamo y la ex fiscal hoy ministra de la Corte provincial Camila Lucía Banfi Saavedra.

Videos de los allanamientos por lo cual lo fiscales de Miquelarena no pueden explicar el faltante de 9 millones, solo devolvieron algunas cosas pero las cosas de valor siguen sin aparecer.

Se investigó, por un lado, la connivencia de un jefe policial con un supuesto “VIP” que funcionaba en la zona céntrica de Comodoro y por el otro, la promoción y el ejercicio de la prostitución; y en ambos casos los imputados terminaron absueltos de culpa y cargo en una resolución que quedó firme en febrero de este año.

En ese dictamen, el tribunal que enjuició a los acusados –tras absolverlos– ordenó que se les devolvieran todas las pertenencias que los fiscales les habían mandado a secuestrar y cuando fueron a reclamarlas se encontraron con que no se sabía dónde estaban.

Nadie en la fiscalía se hizo cargo y aparentemente hasta no habrían querido recibirles las denuncias a los que reclaman que se les restituya lo que les secuestraron en nombre de la Justicia. Así comenzó el mayúsculo escándalo por el que ayer se hizo la primera audiencia en la que un juez Penal le exigió al fiscal Cárcamo que informe en donde están las cosas que no aparecen.

En esa audiencia también saltaron otras presuntas irregularidades que es muy probable que terminen en una causa penal contra fiscales, investigadores judiciales y policías.

Por el faltante de los secuestros el que podría terminar complicado sería un comisario de apellido Bevilacqua que a decir del mismísimo fiscal Cárcamo tenía a su cargo la custodia de los elementos faltantes. La semana que viene se sabrá entonces si todo esto termina en una causa penal por graves delitos cometidos presuntamente por funcionarios judiciales y policías durante la sustanciación de dos investigaciones que llegaron a juicio y terminaron con los imputados absueltos.

gacetilla mentira

Gacetilla de la prensa de Miquelarena que no te cuenta la verdad

Ahora la prensa de Jorge Miquelarena informa parcialmente y se olvida de estas actas que daràn que hablar en la semana entrante y ahora la prensa judicial del Procurador General ya no sabrà que escribir para mentir, una verdad a medias es una mentira señores, dejen de utilizar la prensa de la justicia para intereses personales y defenderse con la plata del estado.

Nota relacionada: A los fiscales de Miquelarena “se les desaparecieron” los secuestros de dos causas. ¿Robo?

Crece el escándalo de los secuestros que se “les desaparecen” a los fiscales de Miquelarena: inminentes nuevas denuncias

El procurador y jefe de todos los fiscales de la provincia tiembla ante la inminente aparición de nuevos denunciantes, de gente a la que en el marco de alguna investigación penal le han secuestrado bienes de los que tampoco se sabría dónde están. Lo que ha pasado en Comodoro Rivadavia con la desaparición de nueve millones de pesos en cosas incautadas, se repetiría en otras ciudades y algunos observadores judiciales ya sugieren que debería empezarse a investigar quién o quiénes estarían “robándose” los secuestros y qué responsabilidad tendrían los fiscales de Miquelarena: y él mismo.

Es indudable que es cada vez mayor el desprestigio del Ministerio Público que intenta dirigir “Yoli” (puesto ahí por el extinto Mario Das Neves, su padrino político). Tiene a varios fiscales denunciados, por ejemplo. Se sospecha que en la fiscalía “pisan” denuncias para proteger a políticos, funcionarios o incluso policías corruptos. O que arman, direccionan y promueven causas penales –a veces sin ninguna prueba—contra opositores o en perjuicio de aquellos que ponen en evidencia sus oscuras maniobras. Hay muchos ejemplos de ello y hay denuncias que no han avanzado en el Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, basta con ver los comentarios que hace la gente en los portales de noticias o en las redes sociales para llegar a la conclusión de que nadie les cree.

La próxima semana Miquelarena, los fiscales que tiene en Comodoro y la policía deberán informarle a un juez, que les dio un plazo de “24 horas hábiles”, dónde están los nueve millones de pesos en bienes y dinero que se secuestraron en dos causas penales cuyos imputados terminaron absueltos; y si no hay una respuesta, si no aparecen, eso habilitaría a los dueños de esas cosas a hacer una denuncia penal y a llevar ante la Justicia a los responsables del “no cuidado” de esos secuestros. Pero ante quién tendrían que hacer la denuncia, ¿ante Miquelarena? ¿Y sin son sus fiscales los que están involucrados en posibles delitos?

Todo hace presumir que de a poco se le está viniendo encima la noche a Miquelarena y que ni haciendo sus ya conocidas operaciones va a lograr zafar. No son pocos los que quieren verlo en “el banquillo” dándole explicaciones a algún tribunal y ese momento parece que está cada vez más cerca. Ya no tiene tanto poder y lo sabe. Se da cuenta.