Esto, aunque parezca mentira pasa acá, en Chubut, durante el Gobierno “democrático” de Mariano Arcioni y la excusa para llevar a cabo esta ilegalidad, de la que el mundo debiera enterarse; es la búsqueda de evidencia de una supuesta amenaza que habría recibido “un amigo íntimo” del fiscal, que de manera arbitraria lleva adelante la investigación.

El amigo íntimo del fiscal es Néstor “El Tero” Gómez Ocampo, actual subjefe de la policía de Chubut (¿lo ubicás?) y el fiscal es Daniel Báez: un cuestionado funcionario de la Justicia de Madryn, al que desde el Gobierno de Mariano Arcioni quieren promocionar como futuro ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Báez sin tener jurisdicción en Cholila, salvo que sea un fiscal “universal”; gestionó y logró conseguir una orden de una jueza –también de Madryn— para que la policía fuera a allanarle la chacra al periodista de Cholila Online Darío Fernández, con la finalidad de secuestrarle las computadoras y sus teléfonos celulares.

Para llevar a cabo esa diligencia –irregular o sospechosa por donde se la mire— Báez mandó a un verdadero ejército de policías en cuatro camionetas que viajaron durante casi doce horas, haciendo más de 700 kilómetros, desde Puerto Madryn a Cholila.

Así llegaron a la propiedad de Fernández e ingresaron de manera intimidante, algunos pertrechados con uniforme camuflado, capuchas y armas largas, a sabiendas que a los únicos que iban a encontrar en el lugar serían al dueño y a sus pequeños hijos, una nena de 8 años y un varón de 12.

Los mismos que vivieron un verdadero infierno cuando a su padre lo detuvieron ilegalmente en setiembre pasado, en un operativo que a punta de pistola llevaron a cabo, oh casualidad, “El Tero” Gómez Ocampo y su lacayo; el director de Seguridad de la cúpula policial Paulino Gómez (alias “Chimango”), en la ruta nacional 25 entre Trelew y Gaiman.

Esos mismos chicos volvieron a ser traumados y estigmatizados, y otra vez con la complicidad de la Justicia.

En el allanamiento que llevaron a cabo en la propiedad de Darío Fernández, con la autorización de la jueza Stella Eizmendi, llamó la atención que los policías estuvieron filmando todo el tiempo; no solo la diligencia sino también el lugar. ¿Habrán aprovechado de hacer espionaje?

El procedimiento culminó entonces con el secuestro de las computadoras y los teléfonos celulares que había en el domicilio allanado, después se supo que también a la madre y a una hermana de Darío le habían secuestrado lo mismo, en diligencias que se llevaron a cabo en otro lugar de la provincia; en Rawson.

Esos elementos están ahora a disposición de la Justicia de Puerto Madryn, raramente, porque el que denuncia la supuesta amenaza; “El Tero” Gómez Ocampo, tiene declarado su domicilio en la capital provincial y por otro lado no se tiene certeza desde qué lugar se habría consumado el delito que se le endilga a Fernández.

Ahora bien, con el pretexto de buscar la supuesta prueba del ilícito ¿qué hizo el fiscal Báez, con la anuencia de la jueza Eizmendi? Dispuso que un perito acceda y ventile toda la información que hay en los teléfonos celulares y en las computadoras del periodista de Cholila Online Darío Fernández. Y si esto se concreta –más allá de hallar o no la supuesta amenaza, que ni siquiera se configuraría como tal—; se estaría violando el más sagrado precepto constitucional que tiene un periodista, que es la protección de sus fuentes de información.

En su artículo 43, la Constitución Nacional consagra precisamente eso: “el secreto de las fuentes de información periodística” y por lo tanto está “prohibido obligar a los periodistas a entregar apuntes, anotaciones y archivos profesionales o personales”.

La doctora en Derecho Marcela Basterra, justamente refiriéndose al tema, en un artículo que escribió hace poco en Clarín refiere que “en un Estado de derecho, la libertad de expresión resulta trascendental, dado que constituye una de las prerrogativas sin la cual, los principios democráticos se tornan inexistentes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Rodríguez c/Google”, afirmó que entre “las libertades que la Constitución consagra; la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría una democracia desmedrada o puramente nominal”.

“El concepto de libertad de expresión se encuentra integrado necesariamente por el secreto profesional del periodista, que es un principio elemental en la función del comunicador”.

El fiscal Báez y su amigo “El Tero” Gómez lo que en realidad buscarían sería saber quién o quiénes le dan información a Darío Fernández y si en las computadoras o en los teléfonos “tiene algo” de ellos o de otros miembros del Gobierno, o del mismismo Mariano Arcioni.

Eso es lo que sospechan los abogados que patrocinan a Fernández y de hecho, el doctor Romano Cominetti ha concretado una presentación oponiéndose a la apertura de los aparatos y denunciando, asimismo, la posible violación de su cadena de custodia, dado que se cree que ya han accedido a los mismos clandestinamente, de manera ilegal. Y si esto se comprueba ¿qué debería pasar con el fiscal y la jueza? ¿No deberían afrontar una causa judicial, en principio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público?

En Chubut, actualmente, en el Gobierno de Mariano Arcioni, no hay Justicia y lo ponen en evidencia no uno sino una infinidad de hechos, así que es muy probable que no suceda nada de eso y que peligrosamente se pongan las bases de una práctica ilegal, inescrupulosa y autoritaria, la de que un fiscal haciendo a un lado la Constitución pueda acceder al teléfono o a la computadora de cualquier periodista sin ningún problema; solamente con la excusa de buscar alguna evidencia.

Hoy es Darío Fernández. Mañana puede ser cualquier otro comunicador que se arriesgue a meterse con el poder de los corruptos.