Desde la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios, Memoria y Recuperación (UNP-Trelew), y las demás organizaciones adherentes, repudiamos las diversas y reiteradas declaraciones racistas del gobernador realizadas en los últimos días sobre el pueblo mapuche tehuelche de Chubut y a la vez hacer pública nuestra posición sobre el tema.
Esas vociferaciones merecen el adjetivo racista – es decir discriminación negativa por pertenencia étnica-, porque criminaliza – sin pruebas y evidencias que lo sostenga- al conjunto de los integrantes del mapuche tehuelche, es decir las comunidades, los colectivos o asociaciones y a las personas que individualmente reconocen su pertenencia indígena; y que además tienen el efecto de negar la preexistencia -y por consiguiente los derechos- del pueblo Mapuche Tehuelche, y la legitimidad de sus luchas, reclamos y reivindicaciones.
Es decir agravia a un alto porcentaje de la población de la Provincia, a una porción muy importante de los ciudadanos de ésta provincia.
Sus palabras, tienden a reproducir estereotipos negativos y estigmatizantes (delincuentes, vagos), que las ciencias sociales consideran superados; pero que sin dudas – dichas por la máxima autoridad de la Provincia -, tendrán impacto y consecuencias en las relaciones laborales donde trabajan los lanmgen, en las escuelas en la que concurren los pichikeche (niños) y en el inconsciente colectivo de la sociedad, que desde distintos ámbitos tiene para resolver cuestiones que atañan a lo indígena.
Criminaliza a luchas por la vigencia y efectivización de los derechos indígenas, legitimados por normas internacionales y nacionales como el Convenio de la OIT, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial; en sintonía con la gestión de gobierno nacional desconoce la vigencia de esas normas.
También repudiamos su decisión de procurar la destitución del Juez Federal de Esquel, Dr. Guido Otranto, quién consideramos ha cumplido a cabalidad con su función de interpretar el derecho constitucional vigente; puesto en evidencia al reconocer la necesidad de resolver a través de las herramientas que otorga la política las deudas y reparaciones históricas, que los Estados (Nacional, Provincial, Municipal) tiene para con los pueblos originarios en materia de territorio, cultura, educación, etc.
En lo particular, en el proceso de extradición impulsado, contra el Lonko Facundo Jones Huala, su actuación se circunscribió a analizar la legalidad del procedimiento y su ajuste a los principios del debido proceso. La decisión adoptada en el caso, fue la derivación lógica y ajustada a derecho de las argumentaciones realizadas por las parte en un proceso legal, con igualdad de herramientas de cada una de las partes.
No se entiende su enojo con ese fallo, sino fuera porque el proceso que culminó con esa sentencia, facilitó un proceso de empoderamiento de parte de las Comunidades Indígenas de la Provincia, históricamente postergadas, empobrecidas, engañadas, despojadas de todo, y que ya no aceptan su estado de situación, que reclaman con dignidad, que el Estado avance hacia un concepción Plurietnica e Intercultural, respetuosa de la diversidad, como lo promete el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
Por el contrario no le causo enojo, que agentes del Estado propiciaran espionaje y fichaje ilegal sobre integrantes del pueblo mapuche tehuelche y de las asambleas ciudadanas del No a la Megaminería.
Su denuncia contra un Juez de la Nación, tiene el impacto de atemorizar a los jueces provinciales que deben resolver controversias, en la que se discuten el reconocimiento de los derechos sobre los territorios que las Comunidades Indígenas mapuche tehuelche reivindican como propios. Es sabido que históricamente terratenientes, hacendados y empresarios forestales, inmobiliarios y mineros persiguen, denuncian y demandan a las comunidades indígenas.
Esos sectores sociales -con intereses muy claros- se apropiaran de sus palabras, acciones y de sus concepciones para desvalorizar y desacreditar a los pueblos originarios, en especial en situaciones de conflicto, sobre todo las que se dirimen en la actualidad en diversos territorios. Conflictos que devienen también en defensa de la naturaleza contra las acciones de contaminación que empresas forestales, megamineras, hidroeléctricas, inmobiliarias, entre otras, llevan a cabo con el aval de los gobiernos.
Repudiamos los ataques del Gobernador sobre organizaciones de la universidad y medios de comunicación comunitaria que buscan visibilizar y difundir estas históricas injusticias sociales y los reclamos de los derechos alcanzados.
Mediante tales espacios se pudo dar a conocer algunos casos de compras ilegales de campos, corrimiento de alambre, y apropiación ilegitima de arroyos, ríos, costas de lagos y mallines, que significa la expropiación hacia familias mapuche tehuelche. En el campo y en la ciudad nuestra gente esta empobrecida sin ser escuchado su reclamo por tierra, trabajo, educación, entre otros derechos ¿Cuándo el gobernador será capaz de sentarse personalmente en una mesa de dialogo seria y equitativa con las comunidades?
¡NUESTRA LUCHA NO ES TERRORISMO!
¡HACE AÑOS VENIMOS PIDIENDO UN DIALOGO SERIO!
¡BASTA DE PERSECUCION POLITICA!
¡LA LUCHA POR LA TIERRA Y EL AGUA ES UNA LUCHA DE TODOS!
¡WIÑOY WITRAPRAMAIÑ TAIÑ MAPUCHE TEHUELCHE NGEN!
¡MARICHI WEW MARICHI WEW!
CATEDRA ABIERTA DE PUEBLOS ORIGINARIOS: MEMORIA Y RECUPERACIÓN ORMACHE (UNP-TW)