Como es de dominio público hace unos días se presentó el Proyecto de Ley 05/17 mediante el cual se intenta incorporar un artículo a la Ley de Información Pública que obligaría al Estado a publicar los sueldos de sus funcionarios.
Bien fundamenta el Diputado Adrián López , cuando manifiesta: “Todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están obligados a dar garantías, entre ellas la de rendición de cuentas y de la responsabilidad en la gestión pública.” El Legislador del Chu.So.To y Presidente 1° de la Honorable Legislatura del Chubut, agrega en otro tramo: “Indudablemente en el camino hacia la construcción de una sociedad más justa está la virtud de la transparencia de los actos públicos, entre ellos el acceso a la información…”
Dice también López: “Cuando una información es pública, ningún ciudadano está obligado a justificar ante la Administración las razones por las que solicita los datos, es por ello que debe estar a disposición permanente.” Y continúa: “El Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos que disponga. Pues se trata ni más ni menos que facilitar el acceso.”
Es muy buena la fundamentación del hombre del Chu.So.To. hecha al polémico Proyecto de Ley, al resaltar el derecho a acceder a la información que tiene todo ciudadano.
Este derecho es Constitucional y está ratificado en la Ley de Información Pública, pero en el IPV Chubut siguen ocultando información y hacen oídos sordos a las peticiones reiteradas de suministrar documentación que es pública.
En la fecha se presentó por tercera vez en lo que va del año un requerimiento solicitando información por parte de un escriba que desde hace más de una década “monitorea” lo actuado por las autoridades del Instituto de la Vivienda del Chubut.
Es de esperar que en esta oportunidad en el IPV cumplan con su obligación de informar, y que no olviden lo que dice el Diputado Adrián López:” El Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos que disponga. Pues se trata ni más ni menos que facilitar el acceso a la información.”
Por Luis Dupuy
