La Provincia de Chubut ingresa en los meses más complicados financieramente de 2020, ya que los abultados vencimientos de la deuda se suman a partir de agosto a la crisis de funcionamiento del Estado y los recortes efectuados desde 2015. Mientras se alarga la discusión entre oficialistas, oficialistas críticos y opositores por el proyecto para la renegociación de la deuda, algunos sectores esgrimen que no sirve renegociar sin reducir todavía más el gasto público.
En los últimos años se viene realizando un ajuste en las cuentas públicas que implicó un achicamiento promedio de casi 30% de los fondos destinados al funcionamiento del Estado. La educación, la obra pública y la asistencia social están entre los sectores más afectados por los recortes.
No son pocas las voces de la clase dirigente política de la provincia, tanto del oficialismo como de la oposición, que le reclaman al gobierno de Mariano Arcioni un achicamiento todavía mayor del gasto público; argumentando que esa sería una de las pocas opciones «posibles» para darle «sustentabilidad» a la provincia y poder encarar con «solvencia» el pago de la deuda tras su renegociación.
Esa sector político no se propone un incremento de los ingresos tributarios estatales ni tampoco esboza un plan de desarrollo de la provincia que diversifique y amplíe la matriz productiva chubutense con la incorporación de valor agregado local.
En trazos generales, esa impronta de ajuste pone especial énfasis en las dos variables de recorte que tiene más a mano el Estado provincial. Eso incluye los salarios -junto a la cantidad de empleados públicos- y el volumen del gasto destinado a cubrir los bienes y servicios que se brindan.
Más allá de la cuestión salarial muchas veces desarrollada por El Extremo Sur en artículos anteriores, el gasto público de la provincia de Chubut se viene reduciendo en los últimos cuatro años de manera notoria.
Entre 2016 y 2019 los gastos de funcionamiento del Estado provincial (bienes y servicios) se contrajeron en 28%. Los fondos provinciales destinados a la obra pública sufrieron un achicamiento de 60%.
Si hoy el gobierno consiguiera renegociar la deuda en dólares -dejando de pagar una parte o el total hasta 2023- posiblemente obtendría los fondos como para solventar los actuales gastos de funcionamiento y los salarios de los estatales.
Claro que esa vía sólo sería relativamente eficaz manteniendo el ajuste en la inversión pública para el desenvolvimiento estatal cotidiano, congelando salarios de los empleados públicos y continuando con la desinversión de la depreciada obra pública realizada con fondos chubutenses.
Insistir con el achicamiento del Estado por la vía del ajuste en sus gastos como la única solución viable, derivará en una peor atención al conjunto de la comunidad -en especial a los sectores más empobrecidos, que dependen casi exclusivamente de los servicios estatales- y en un indefectible recorte de la masa salarial por la vía del congelamiento de sueldos y el achicamiento de la planta de personal.
En paralelo, los pagos de la deuda -tanto la generada en dólares como en pesos- fueron en franco crecimiento, subiendo 235% en cuatro años y desfinanciando las arcas del Estado provincial. Se generó de esa manera un agujero financiero que desembocó en la crisis permanente que Chubut atraviesa desde hace varios años.
Ajuste permanente
Desde que asumió en diciembre de 2015 Mario Das Neves y luego fue sucedido por Mariano Arcioni, Chubut tuvo cuatro años consecutivos de ajustes en los fondos destinados a brindar los servicios esenciales. Ese ajuste se profundizó en 2018, pero encontró su correlato en todo el período que gobierno que concluyó Arcioni luego del fallecimiento de Das Neves.
Durante los cuatro años anteriores, los recortes del Estado en sus gastos para Bienes y servicios fueron en promedio 28% en términos reales después de aplicar las variaciones alcistas que tuvieron los índices inflacionarios del INDEC para la Patagonia.
En 2017 en recorte de fondos generales de la provincia en el rubro de Bienes y servicios, que son los hacen funcionar al Estado de manera cotidiana con la compra de insumos, equipamientos y gastos en servicios, fue del 6% luego de la aplicación de los efectos inflacionarios.
Las partidas destinadas a dicho rubro estuvieron por debajo de la variación inflacionaria producida ese año respecto de 2016.
En 2018 se produjo el mayor ajuste en los gastos públicos de Chubut con un recorte que llegó en el rubro mencionado al 22,1%. En 2019 fue del 2,9%.
En lo que se refiere a la obra pública provincial financiada por el Estado los números son mucho peores a los que se registraron en el terreno de los Bienes y servicios.
Durante 2017 se produjo el único de los últimos cuatro años en que la Inversión Real Directa superó los niveles inflacionarios arrojando un saldo positivo del 7,4%, mostrando que se invirtieron más fondos en la obra pública de la provincia.
En 2018 el desplome fue abrumador, con una caída en términos reales del 57,6% después de aplicar el impacto inflacionario; demostrando que el ajuste de ese año pegó con mucha fuerza en la inversión estatal en la obra pública.
El año pasado volvió a producirse un recorte en términos reales, ya que los fondos destinados a las obras financiadas por el Estado decrecieron un 13,5% e inclusive fueron menores a los invertidos en el 2017.
Achicamientos por áreas
La casi totalidad de los sectores estatales esenciales sufrieron recortes de sus gastos en el período comprendido entre los años 2016 y 2019, arrojando un promedio de achicamiento de los fondos para el funcionamiento del Estado que se estableció en 28% en términos reales.
A lo largo de los últimos cuatro años los sectores más afectados resultaron ser la obra pública con el 60,6%; el Poder Legislativo con un achicamiento del 60,1%; el de vivienda y urbanismo con una merma de 52,4%; la asistencia social con un recorte del 51,6%; la educación elemental con una retracción del 45,5%; el servicio de seguridad interior (Policía) con un 34,8%; y el Poder Judicial con el 25,5% menos en el período analizado.
El único sector que cerró dicho lapso con el menor saldo negativo fue el sector de la salud, ya que recibió en promedio el 1,6% menos de fondos para su funcionamiento durante los últimos cuatro años.
En la educación secundaria y técnica el gobierno provincial no informó los datos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019; pero habría que inferir que -por el mal estado en que se encuentran los edificios y las carencias existentes en las escuelas- los recortes habrían sido cuanto menos similares a los de la educación elemental.
En contraposición a los recortes en los gastos de funcionamiento del Estado provincial, los pagos de la deuda pública (en dólares y pesos) se incrementaron notablemente durante el lapso de cuatro años; pasando de 3.641 millones de pesos pagados en el 2016 a los 12.207 millones que se cancelaron por amortizaciones e intereses el año pasado. El crecimiento de dichas cancelaciones fue del 235% en sólo cuatro años.
Los pagos de la deuda representaron en 2016 el 18% de los gastos del Estado en funcionamiento y salarios; creciendo al 25% en 2017; saltando al 34% durante 2018 (año del gran ajuste) y decreciendo al 22% en 2019.
Los fondos utilizados por el gobierno para pagar la deuda significaron 2,1 meses de los gastos de funcionamiento y salarios estatales en 2016; 3 meses en el 2017; llegaron a representar 4 meses en el 2018 y descendieron a 2,7 meses de esos gastos en el 2019.