Un empresario pesquero que había denunciado en la Justicia a un sindicato portuario por extorsión sufrió el incendio de su camioneta, estacionada frente a su casa en Rawson, provincia de Chubut. Según el afectado, Raúl Cereseto, se trató de un “mensaje intimidatorio”. En el gremio, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), sin embargo, repudiaron el hecho y dijeron que “nada tienen que ver con el delito”.
Cereseto había denunciado en septiembre pasado al SUPA por “extorsión y pedido de coimas”. En la Justicia, la causa se encuadró en el delito de “extorsión en concurso real” y mañana se realizará la primera audiencia de apertura para la investigación.
“Estoy un poco convulsionado, me prendieron fuego a la camioneta. Están muy preocupados los sindicalistas, que han intentado por todos los medios que retire la denuncia. Les digo que no voy a hacer nada, que se encargue la Justicia, para mí esto es un mensaje intimidatorio con el que buscan amenazarme para que no siga con la causa. Estoy convencido de que fue un apriete”, dijo Cereseto a LA NACION.
El empresario recordó que en julio del 2023 hubo elecciones en el SUPA, donde ganó una nueva fórmula, tras 12 años de hegemonía de la administración anterior.“Desde entonces empezó a maltratarnos, enfrentarnos, extorsionar: nos pedían plata para poder trabajar. Les dijimos que no, nos cortaron el servicio, alegando cuestiones laborales. Fuimos con un escribano, constatamos, hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer para constatar que nos impedían trabajar. Hicimos la denuncia penal en el Ministerio Público de Rawson, pagamos las coimas pretendidas por ellos, por transferencia bancaria a sus cuentas”, enumeró. Luego de que el empresario realizara las transferencias, se restableció el servicio. “Estuvimos durante dos meses pagando, bajo apriete, las pretensiones de la comisión directiva”, aseguró. En el gremio atribuyeron el pedido a los “usos y costumbres” de la entidad. El empresario rechazó el argumento. “No se puede tener usos y costumbres de algo que está prohibido por ley. La misma ley de entidades sindicales lo prohíbe”, acotó. El empresario sostiene que si bien no tiene elementos para vincular a los sindicalistas en la causa, tampoco tiene elementos para desvincularlos.
La situación comenzó a enrarecerse y la fiscalía pidió una medida de restricción de no acercamiento por 60 días que se venció en diciembre. “La situación se tornó difícil porque están denunciados por extorsión y amenazas, es un cuadro de tipo penal grave con el que tengo que convivir laboralmente, porque para tener estibadores le tengo que pedir la gente a ellos. Es una convivencia conflictiva, porque saben que tienen una causa penal grave”, sostuvo. Según mencionó Cereseto el delito está encuadrado en el artículo 168 del Código Penal, que establece una pena mínima de 5 años de una máxima de 10. En enero, relató, hubo allanamientos en los domicilios de estas personas para recabar pruebas suficientes para avanzar con los procedimientos judiciales.
“Lo único que pasó de distinto al resto de las semanas últimas es que les llegó la notificación de audiencia para esta semana. Saben a lo que se están enfrentando. Sé que tengo que seguir avanzando en lo que decidí hacer en septiembre con la denuncia. Confío en que la Justicia tiene que hacer algo. Esto cruzó todos los límites, no me preocupa la camioneta porque tiene seguro, sino el mensaje que dejaron con esto. En la casa estaban mi mujer y mis hijos que son chicos, esto a uno le genera temores, fantasmas de lo que son capaces de hacer”, contó.
La respuesta del gremio
Tras una consulta de este medio, en el gremio expresaron en una declaración: “Desde la entidad lamentamos profundamente el hecho delictivo que padeció el empresario y su familia la noche del lunes. Ya hemos hecho pública nuestra total solidaridad. Y desde ya también repudiamos cualquier hecho delictivo. Manifestamos que nada tiene que ver esta entidad ni el conflicto salarial que se mantiene con el empresario, que ha sido víctima del accionar de malhechores que consumaron ese delito”.
Además, repudiaron que desde algunos sectores, dicen, pretendan establecer un vínculo directo entre ese hecho delictivo y la entidad gremial. “Esa injuria no solo mancha, degrada y desprestigia a esta institución gremial, sino también a todos las demás entidades de trabajadores y, en definitiva, también a los sectores empresarios vinculados a la actividad pesquera. Con este tipo de operaciones, que vaya uno a saber de dónde provienen, se pretende estigmatizar a los trabajadores, poniendo en jaque un derecho humano tan fundamental como lo es el derecho a huelga. Toda la dirigencia sindical debe ser seria y responsable y estar a la altura de estas lamentables circunstancias, no podemos permitir que este espíritu de época contra los gremios avance lo suficiente como para poner en jaque aquel derecho humano consagrado constitucionalmente”.