Las peligrosas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) se han apropiado ilegalmente de cientos de viviendas en la capital de Guatemala, según denunció una organización no gubernamental este jueves.
La situación genera alerta sobre la posibilidad de que el gobierno implemente un estado de excepción similar al aplicado en El Salvador.
De acuerdo con la información proporcionada por la Asociación Civil en la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) y reproducida por Deutsche Welle, estas estructuras criminales controlan barrios marginales mediante violencia o a través de abogados que falsifican escrituras para realizar compraventas ficticias de inmuebles.
Las cifras alarmantes de las usurpaciones
Los datos oficiales recopilados por Acdepro revelan que en los últimos cinco años se han presentado 2.799 denuncias por usurpaciones en el departamento de Guatemala. De esta cifra, 1.247 casos corresponden específicamente a la Ciudad de Guatemala, mientras que el resto se distribuye en municipios aledaños.
El presidente de la organización, Gustavo Méndez, advirtió durante una rueda de prensa que «si seguimos bajo esta misma ruta, vamos a llegar a los niveles que alcanzó El Salvador y la solución que encontraron fue un estado de excepción». Méndez instó al gobierno de Bernardo Arévalo a combatir estas estructuras criminales antes de que sea demasiado tarde.
El contexto de seguridad en la región
La fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de una prisión en las afueras de Ciudad de Guatemala, ocurrida en octubre, complejizó aún más la situación de seguridad. Este grave incidente llevó al presidente Bernardo Arévalo a remover por completo a la cúpula de seguridad de su país. Sin embargo, de los veinte fugados, las autoridades solo han logrado recapturar a cinco.
Frente a esta crisis, la posibilidad de que Guatemala implemente un estado de excepción similar al de El Salvador preocupa profundamente a las organizaciones humanitarias. Estas organizaciones señalan con alarma el precedente salvadoreño, donde el gobierno ha detenido a más de 89.000 personas desde 2022. Según los defensores de derechos humanos, miles de estos detenidos son inocentes y afirman que se vulnera sistemáticamente el debido proceso.