Desconcertados quedaron los diputados; incluso desde el oficialismo desconocían que el Gobierno había hecho una presentación judicial para pagar sueldos con el remanente de un bono destinado a deudas y obra pública. No comprenden por qué entonces se pidió una sesión especial para su aprobación. Se habían conseguido los votos entre la oposición pero ahora hay serias dudas. Hoy se debe depositar al tercer rango de los estatales.

El Superior Tribunal de Justicia no trató ayer la declaración de certeza que presentó el gobernador Mariano Arcioni para la utilización de 15 millones de dólares de un remanente del Bocade (Bono de Cancelación de Deuda) para completar los sueldos de julio a estatales. Y según adelantaron a EL CHUBUT fuentes de la Corte Provincial, la Justicia no encontraría argumentos para responder de manera positiva a ese pedido.

La presentación que hizo Arcioni con el abogado particular Guillermo Corneo, implica que los ministros del STJ junto a algunos conjueces, deben definir sobre una cuestión relativa al pago de sueldos que los incluye a ellos mismos, que forman parte del tercer rango del pago escalonado.

Quien ya se pronunció fue el procurador general, Jorge Miquelarena, quien en su dictamen, como informara ayer EL CHUBUT, señaló que el Poder Judicial sólo puede actuar ante un hecho consumado, por lo que no tiene definición respecto al pedido previo del Ejecutivo. En el mismo sentido se expresaría el STJ.

Pero además de encontrarse el Gobierno con ese contratiempo, en la Legislatura aún no logran comprender por qué se hizo esa presentación ante la Justicia al mismo tiempo que se pidió una sesión especial (fue convocada para hoy jueves) pidiendo que se les apruebe la utilización de ese remanente del bono. Incluso, el ministro coordinador, Federico Massoni, estuvo el martes recorriendo algunos bloques y no informó nada de la doble estrategia del Gobierno.

«Nos dejaron desconcertados», reconocieron a EL CHUBUT desde el propio bloque del Chusoto, donde no ocultaron el malestar por la jugada del Gobierno, más aún cuando habían comenzado a juntar votos entre la oposición.

PELIGRA LA APROBACIÓN

Con los diputados del oficialismo (o al menos los del Chusoto) que sienten que les ocultaron la estrategia, y los opositores convencidos de no haber recibido información certera, todo lo acordado durante el martes se fue por la borda cuando se enteraron por los medios que el Gobierno había elegido dos caminos paralelos.

El Ejecutivo esperaba hacerse de ese remanente del Bocade para completar el pago a estatales del tercer rango que debe depositar hoy, pero no tendría el visto bueno de la Justicia ni los votos en la Legislatura, donde los diputados ahora temen con una aprobación terminar violando la Constitución Provincial.

Para que se realice hoy la sesión especial se requieren 14 diputados y no se lograría ese número para concretarla. Sin embargo, anoche evaluaban en Cambiemos y también el justicialismo, la posibilidad de brindar el quórum sin que implique acompañar el pedido del Gobernador.

PROHIBICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

El Gobierno se encontró una prohición de la Constitución Provincial para usar el Bocade para pagar sueldos. Ese bono está atado como garantía del Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Provinciales) y estaba previsto para obra pública y pago de deuda.

El pedido de Arcioni a la Justicia apuntó a la declarción de la «inconstitucionalidad del inciso 15 del artículo 135 de la Constitución del Chubut, en cuanto veda la posibilidad de utilizar el resultado de empréstitos públicos para equilibrar gastos ordinarios de la administración».

El inciso 15 del artículo 135 menciona: «Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de sus miembros, para contraer empréstitos o captar fondos públicos con bases y objetos determinados mediante la emisión de títulos, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Los papeles de crédito público llevan transcriptas las disposiciones de la ley autorizante. La aplicación del crédito a un objeto distinto del solicitado hace incurrir en falta grave a quienes lo autoricen o consientan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder».