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Se trata del proyecto 128 de diversificación productiva de la meseta, que propone una zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para habilitar la explotación minera.

Luego de una sesión especial que se prolongó durante 7 horas en la que expusieron los cuatro aspirantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia, pasadas las 19:30 de este miércoles la Legislatura de Chubut comenzó a debatir el proyecto de zonificación minera en la Meseta.

Se trata del proyecto 128 de diversificación productiva que propone una zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para habilitar la explotación minera.

Mientras, varios sectores comenzaron a movilizarse hacia el edificio legislativo, donde desde temprano apareció vallado como parte del operativo de seguridad dispuesto por la Policía del Chubut.

La primera en hablar fue la diputada justicialista Belén Baskovc, quien aseguró que el proyecto «no tiene licencia social» y recordó que «hubo 30 mil firmas en contra». Así, adelantó su voto negativo en rechazo a la zonificación minera.

Consideró que se trata de «un mal negocio para la provincia, y hasta que no se discuta el código minero no habrá condiciones favorables». La legisladora aseguró que «las condiciones no han cambiando, no hay garantías ambientales y tampoco garantiza el empleo en, por ejemplo, la ciudad de Trelew».

La diputada Leyla Lloyd Jones dio un breve discurso en el que cuestionó que se ponga a «discusión esto, sin debate. Mi voto ya saben que es negativo, lo único que le pido al pueblo es que tenga memoria de esto».

Luego que los legisladores Zulema Andén y José Giménez anticiparan su voto negativo, la diputada Andrea Aguilera indicó que como «somos respetuosos de los mandatos, estamos cumpliendo con lo que ha decidido nuestro partido. Le decimos no a este proyecto pero también estamos acompañando al pueblo de Chubut».

«Consideramos que no es un proyecto de desarrollo productivo, están engañando a la gente de la Meseta que con esto van a salir adelante», lanzó la diputada.

Rossana Artero se expresó en similares términos y afirmó que con este proyecto «le estamos dando la espalda al pueblo, estamos rechazando la iniciativa popular que lleva la firma de 30 mil ciudadanos, este proyecto no tiene licencia social y nunca tuvo un debate serio».

En tanto, y tras una extensa alocución, Carlos Gómez, sintetizó: «Sería muy cómodo decir que no a este proyecto, pero nosotros tenemos una responsabilidad histórica de llevar adelante ese gran desafío que es el desarrollo sustentable de la provincia del Chubut y desde siempre, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut ha estado defendiendo la Meseta.

María Andrea Aguilera, diputada provincial, conversó con La Cien Punto Uno este martes para hablar sobre la zonificación minera y explicar su posición con referente a la Iniciativa Popular.

Sobre la zonificación minera la diputada provincial afirmó que “cuando se trató el proyecto de la zonificación minera dijimos que no íbamos a acompañar. Esto lo ratificamos”. Sin embargo, en materia de la Iniciativa Popular aclaró que “no votamos la Iniciativa Popular porque no fue tratado como correspondía”.

Ficha Limpia

Por otro lado, Aguilera precisó que hoy presentaron “un proyecto de ley que modifica la ley de administración financiera de la provincia. Solicitamos en el proyecto de Ficha Limpia, que se prohíba la contratación a las personas que estén involucradas en casos de corrupción”.

Declaraciones

Si hay un tema incómodo para la clase política, es la minería. Son pocos los que toman postura de una manera clara, sin dudar, y que además la mantienen a través de los años siempre de la misma manera, mostrando coherencia.

Podríamos mencionar en este sentido al diputado Carlos Gómez en nombre de los petroleros, siempre a favor del desarrollo minero; y por citar dos, a los diputados cordilleranos Zulema Andén y Carlos Mantegna, históricamente en contra de la minería a gran escala. Pero la gran mayoría de los legisladores y los dirigentes, especialmente dentro del justicialismo, ha tenido posturas variables desde que el tema se instaló en 2003, y su discurso ha ido cambiando según el momento y la conveniencia política.

Esta incomodidad fue evidente en los posicionamientos de la sesión del último jueves, y se notó en los argumentos expresados por los legisladores, que en varios casos evitaron tomar definiciones tajantes y jugaron con la especulación.

En esta Legislatura, la relación de fuerzas sigue siendo muy pareja, como lo demuestra el resultado de la votación, con un 13 a 12 donde el árbitro terminó siendo el bloque de la UCR. De todos modos, ese número final termina siendo en parte mentiroso, y puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, que ya vamos a explicar.

Hay mucho para analizar en torno a la sesión más caliente del año, y lo primero que hay que decir es que le resultó al oficialismo su estrategia de ganar de mano y apostar al efecto sorpresa, anticipando dos semanas el tratamiento del proyecto 129.

La Iniciativa Popular (IP), impulsada con más de 30 mil firmas por la Unión de Asambleas Ciudadanas, era un dolor de cabeza para un gobierno que está obsesionado con habilitar el desarrollo minero.

En sus 7 artículos que enumeran sustancias químicas que quedarían prohibidas, así como la inhabilitación de la minería metalífera y también de tipo nuclear, la IP significaba el cierre de toda posibilidad a este tipo de inversiones a futuro. Además, según sectores empresarios, se ponía en juego en desarrollo de otras actividades productivas en la provincia vinculadas al petróleo y el aluminio.

El artículo 263 de la Constitución de Chubut, sostiene que “mediante iniciativa popular, todo grupo de ciudadanos de la Provincia en un porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral, puede presentar proyectos de ley para el tratamiento en la Legislatura. Esta debe considerarlo en el término de seis meses contados a partir de su presentación”.

Cumplido el paso de la verificación de firmas por parte del Tribunal Electoral Provincial, el proyecto tomó estado parlamentario el 23 de noviembre de 2020. Por lo tanto, la propuesta debía ser considerada antes del 23 de mayo.

El tema estaba frenado desde que había ingresado, y se tejían todo tipo de especulaciones respecto a si iba a ser tratado o no.

Cuando la agenda parecía pasar por otras cuestiones, el último lunes, ADNSUR fue el único medio que informó que el tratamiento de la IP era inminente. Los movimientos previos indicaban que la comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, iba a sacar un despacho por el rechazo –algo lógico si se piensa que esos mismos diputados habían sacado dictamen a favor de la zonificación dos meses antes- lo que efectivamente ocurrió el último miércoles.

De este modo, después de tres intentos fallidos de parte del gobierno (en diciembre, febrero y marzo) para tratar el proyecto 128 de zonificación, llegó el día en que la Legislatura se abocó a tratar un tema vinculado a la minería. Por fin se daba la oportunidad de presenciar un debate público -que es cierto no se dio en la comisión, pero que nada impedía que se genere en el recinto-, para saber de qué lado está parado cada legislador, si a favor o en contra de la minería. Y si bien hubo cruces interesantes, quedó sabor a poco, porque muchos diputados no terminaron de fijar una postura.

VOTACION ENGAÑOSA

El título de este apartado alude al resultado final, que merece una serie de explicaciones. Lo primero para decir es que el último jueves, solamente se trató el rechazo al proyecto 129/20, pero nadie propuso que se vote un dictamen a favor de la IP. Esto quiere decir que ninguno de los 27 legisladores integrados en 7 bloques (aunque suene increíble, las siete bancadas están representadas en los 9 diputados de la comisión de Recursos Naturales), elaboró una fundamentación a favor de aprobar la Iniciativa Popular.

Si esto hubiera ocurrido, hubiera sido mucho más claro el posicionamiento de los diputados. Porque lo que hoy sabemos, es quiénes están en contra de la IP (el bloque de Chubut al Frente con sus aliados Eliceche y López), quiénes no querían rechazarla de plano (los bloques de Chubut Unido y Frente de Todos), y quiénes eligieron no opinar (la UCR), pero no conocemos quiénes estaban dispuestos a sancionar esa ley, porque no quisieron decirlo.

Tres puntos a tener en cuenta: 1) con sus abstenciones, los diputados radicales permitieron que la IP fuera rechazada, como quería el gobierno; 2) terminó jugando un rol clave el oficialista Pablo Nouveau –cordillerano de la Ramón Carrillo- quien ya ha declarado que está en contra de la zonificación, pero dio su voto para rechazar la IP; 3) y a la inversa, la diputada de Camioneros, Tatiana Goic, está en contra del proyecto 129 y a favor de la zonificación, pero el otro día votó con el grupo que no quería rechazarla, una postura difícil de explicar.

Esto demuestra que es un error llegar a la conclusión, según lo visto el jueves, de que hay 13 diputados a favor de la minería, 12 diputados en contra, y dos que no quieren opinar. Lo único cierto es que hubo una mayoría ajustadísima y conseguida a último momento, que logró archivar en la Legislatura -para que no tenga más posibilidad de ser abordada-, una propuesta que buscaba impedir definitivamente la actividad minera, con el argumento de que esto sería inconstitucional.

Y en este punto es que se puede afirmar que, a pesar de toda la presión para que se trate el proyecto 128 de zonificación -que incluso ya tiene dictamen favorable-, la razón por la que aún no fue puesto a consideración en el Orden del Día, es sencilla: no están los votos para aprobarlo. Nuestro relevamiento indica que, si el oficialismo lo intentara, sólo contaría con 12 votos garantizados. Y este número surge, si miramos la votación de hace cuatro días, en que a favor de la zonificación habría que sumar el voto de Goic, pero se debería restar a Nouveau y poner en duda a alguna legisladora madrynense del sastrismo.

Es decir que si el gobierno llegara a forzar esa votación por el proyecto 128/20, correría un enorme riesgo: con los 6 votos del PJ, los 4 de Chubut Unido, los 2 de la UCR, más el aporte de los votos oficialistas de Andén y Nouveau, la oposición podría alcanzar las 14 manos para archivar la zonificación. Por eso la estrategia es simple: dejarlo “stand by” –de ninguna manera el Ejecutivo lo va a retirar como están pidiendo algunos intendentes cordilleranos, caso Ongarato e Ingram- a la espera de que cambien las condiciones, quizás después de las elecciones.

Por ello hablamos de un resultado engañoso, que no es fácil explicar: la Iniciativa Popular fue rechazada con 13 votos, pero a su vez la zonificación también podría ser rechazada con 14 votos. Ni una cosa, ni la otra. Así de extraño es el escenario político, donde la mayoría especula con salir lo más airoso posible ante un asunto de extrema sensibilidad social, pagando el menor costo político, de cara a las elecciones que se avecinan. Pero, ¿es eso posible?

EL COSTO POLITICO

Fueron significativas algunas declaraciones mediáticas luego de la votación, donde se expresan las lecturas desde cada sector político para tratar de salir parado lo mejor posible, asignando a sus rivales la mayor carga negativa de responsabilidad. En principio, da la impresión de que sería el oficialismo el que podría pagar el costo más alto por impedir una ley que lleva la firma de 31 mil vecinos (una cifra que, de acuerdo a los últimos resultados electorales, sería la cuarta fuerza más votada, y que puede torcer el rumbo de una elección).

Sin embargo, en las declaraciones respecto a lo votado por la Legislatura, algunos se mostraron más cómodos que otros. Por caso el vicegobernador Ricardo Sastre, defendió lo actuado por el oficialismo en una ley que a su entender ponía en riesgo miles de puestos de trabajo del sector aluminio y la industria petrolera.

Y a su vez, cuestionó a la dirigencia que dijo, “hace demagogia para la tribuna”, pero que en los hechos no se la juega.

De este modo, apuntó especialmente al bloque del PJ, cuyos integrantes fueron cuestionados en la sesión por las diputadas Tatiana Goic y Gabriela De Lucía, por considerar que -al no haber propuesto un dictamen por la aprobación de la IP-, se sacaron el tema de encima sin dar una opinión de fondo, y jugando a la especulación.

Menos cómodo se lo notó al declarar, al intendente comodorense, Juan Pablo Luque, quien dijo que en la sesión se puso en riesgo la actividad de la industria petrolera y miles de puestos de trabajo. Justamente ése había sido el argumento del arcionismo, de diputados como Carlos Gómez y Juan Pais, para votar en contra de la Iniciativa Popular. ¿A quién iba dirigida la crítica del intendente?.

Como era de esperar, el trelewense Adrián Maderna salió a respaldar a sus diputados del bloque Chubut Unido por no votar en contra de la IP. Una postura lógica, ya que desde el sector político de esa ciudad, hasta el mismo Concejo Deliberante se expresó en contra de la minería. No parece haber habido costo político para ese sector, aunque sus legisladores perdieron la votación y no supieron contrarrestar la estrategia del oficialismo,

Pero sin dudas, lo que despertó una repercusión enorme hacia adentro de la UCR fue el posicionamiento de Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera, quienes fueron acusados por muchos de sus correligionarios de “tibios” por abstenerse de votar.

En un año electoral, dirigentes como Mario Cimadevilla y Orlando Vera aprovecharon a criticar a sus “enemigos” internos, mientras que la presidenta del partido, Jaqueline Caminoa –histórica anti minera- no dijo nada públicamente. Uno de los más expuestos en estas horas fue el intendente radical de Esquel, Sergio Ongarato, quien se puso a la cabeza del reclamo de sus vecinos y trató de interceder ante el vicegobernador para que no se trate el tema, y ante sus diputados para que cambien su voto, pero no tuvo mayor éxito en sus gestiones.

PASE DE FACTURA GENERAL

Está claro que, en un año de elecciones, todo se lee en clave de campaña. Y más aún con un tema como el de la minería, de los pocos que despierta interés en una opinión pública que está generalmente alejada de la vida política. ¿Puede algún sector decir que sale fortalecido de la discusión de este tema? No da la impresión, y para muestra, citemos el comunicado de la asamblea de autoconvocados en la ruta 3 en el acceso a Trelew: allí denunciaron “el nuevo pacto sin grieta de todos los bloques legislativos para pisotear la voluntad expresada en la IP”.

Y por si quedaban dudas, en el cierre de su comunicado, afirmaron que “responsabilizamos al gobierno provincial y nacional” de la permanencia en la ruta de los vecinos y de su integridad física. Es decir, si alguien quería sacar rédito político al menos con este sector importante de la sociedad que apoyó la propuesta antiminera, la respuesta es que para estos vecinos, toda la clase política es lo mismo.

La minería sigue siendo, por lejos, el tema más incómodo para los políticos de Chubut. Lo resuelto esta semana –decisión tomada que no tiene marcha atrás desde lo legal- no acaba con la discusión, sino que la exacerba aún más. En una cuestión que no admite medias tintas, las elecciones inminentes ponen a la orden del día las estrategias especulativas, que juegan con la esperanza genuina de vecinos que pretendían un tratamiento serio.

El riesgo, como ya lo hemos expresado más de una vez, es que un tema tan sensible continúe trabando e interfiriendo en los acuerdos que hacen falta para abordar otros temas de interés público, y que también son importantes. Lo único positivo, si pensamos en nuestra columna de opinión de hace dos semanas en la que cuestionábamos el rol intrascendente de la Legislatura, es que por fin pudimos asistir a un debate parlamentario sobre un tema de interés general. Lo que ahora queda reclamar, es que los diputados se la jueguen en serio con sus opiniones.

POR PABLO VERNAZZA

Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco emitieron un comunicado donde establecen su postura en el marco del «Dialogo participativo por una visión del desarrollo productivo de la provincia para el futuro» donde fue invitado el rector de la institución.

En este contexto, el Honorable Consejo Superior de la UNPSJB solicitó a la Legislatura de la provincia del Chubut no avanzar en el tratamiento de la Ley sobre la zonificación minera ya que no están dadas las condiciones para un debate adecuado de los aspectos legales y técnicos.

COMUNICADO COMPLETO:

Durante toda la marcha en Comodoro Rivadavia se hizo referencia permanente al proyecto de zonificación minera que permanece en la Legislatura. Esta semana las mujeres del Valle de la provincia dieron una muestra de EcoFeminismo, al defender la protesta en la Ruta 3 ante la avanzada camionera. Ayer en Comodoro el tema se volvió a tratar con un claro posicionamiento en defensa del agua y el suelo. «El sistema capitalista y extractivista en el que vivimos, pone en riesgo el agua y la salud de las mujeres y sus familias. Nos preocupa el presente y el futuro de la vida porque los territorios, la naturaleza, la mapu, son arrasados por la megaminería, el fracking, el uso de agroquímicos, con la anuencia de los gobiernos de turno y las empresas transnacionales. Por ello adherimos a la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos que se llevará a cabo el 22 de marzo desde todos los puntos cardinales del país a CABA con el fin de visibilizar el ecogenocidio que está ocurriendo desde hace décadas. Es urgente y necesario que en Chubut continuemos el legado de lucha del pueblo Esquelense que ya expulsó a las mineras. Vamos a defender la 5001 porque el agua vale más que sus negocios».

No sólo en el documento quedó plasmado el NO a la megaminería, en pegatinas y en los cuerpos de las mujeres se buscó trasmitir el mensaje, en una semana donde las mujeres del Valle de Chubut se pusieron en la primera línea para frenar la avanzada camionera que buscaba romper el reclamo contra el proyecto de zonificación.

Además se expuso contra la criminalización de la protesta. «Hoy también decimos: ¡Luchar no es un delito! Lo saben las mujeres mapuches citadas a declarar, por la misma institución que promueve el hostigamiento al Pu lof en resistencia. Lo saben las mujeres mapuches-tehuelches que exigen la plena y responsable implementación de la Educación intercultural bilingüe en Chubut, con la participación de los pueblos originarios en todo el proceso. También lo saben las mujeres migrantes quienes lograron la derogación del DNU 70/2017 anti-migrante y hoy continúan luchando contra el racismo y la xenofobia. Lo saben las docentes procesadas por defender sus derechos en las calles».

PRONUNCIAMIENTO POR EL 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA (EL DOCUMENTO COMPLETO)

El 8 de marzo, nos convoca para pensar y pensarnos como colectivo de mujeres y diversidades en la lucha histórica por nuestros derechos políticos, económicos y sociales; nos permite reconocernos en la historia colectiva forjada por mujeres, nos referimos precisamente a las mujeres y disidencias combativas de todas las generaciones anteriores que nos han dejado un legado valioso por el cual seguimos luchando: la equidad y la igualdad en los derechos, sin distinción de clases, género, nacionalidades, etnias, etc.

Es por esto que no olvidamos a las 149 mujeres trabajadoras, que murieron el 25 de marzo de 1911 durante el incendio provocado en la fábrica textil de Nueva York, mientras protagonizan una lucha contra las condiciones precarias e insalubres de trabajo. Esta fecha es significativa y marcó la lucha feminista.

En la actualidad, a pesar de los avances de las condiciones de vida de las mujeres, los derechos conquistados y la posición social lograda, aún seguimos recibiendo discriminación, violencia, abusos, violaciones, explotación, tráfico/redes de trata y la muerte, prácticas en las que nuestros cuerpos son cosificados, humillados y denigrados. Es por esto que continuaremos movilizándonos para defender los derechos históricamente adquiridos y conquistar los que aún nos faltan.

El contexto de la pandemia mundial ha agudizado los problemas que atravesamos mujeres y niñas. Nos encontramos más desprotegidas ante la violencia patriarcal, la crisis económica y sanitaria. La doble opresión que vivimos, de clase y por ser mujeres, se ve agravada por la irrupción del teletrabajo a destajo y lo que ha significado en nuestras vidas, afectando la organización familiar y atentando contra las formas de organización que les trabajadores tenemos.

Son las tareas desempeñadas mayoritariamente por mujeres, las actividades de salud, los servicios sociales, el activismo comunitario y el cuidado de los/as mayores o la educación, las que se encuentran en la primera línea de lucha contra el virus. Trabajos que además son mal remunerados y sin resguardo, lo que pone en evidencia la desigualdad de género que vivimos cotidianamente.

En la construcción histórica de la división social del trabajo, se promovió el acceso y desempeño de las mujeres en profesiones o trabajos orientados al cuidado y la crianza, en distintos espacios. En el mundo, las mujeres y las niñas realizan las ¾ partes del trabajo de cuidado no remunerado, sin el cual la economía no funciona, pero que no es incluido para calcular PBI de los países, tarea que permite que otros integrantes de la familia accedan a las actividades económicas y laborales. Sin embargo, las tareas de cuidado no son jerarquizadas económicamente. Recibiendo salarios menores, luchando contra el techo de cristal, responsabilizandonos de las tareas y limpieza al interior del hogar.

Así es como miles de mujeres de los movimientos sociales, que día a día le dan batalla al hambre, sosteniendo amorosamente comedores y merenderos para las niñeces de nuestros barrios, son de las más golpeadas en estas condiciones. Esta precarización profundiza la pobreza y el hambre con las consecuencias propias de la vulneración en niñxs, adolescentes, jóvenes y adultas.

Otra clara muestra de la injusticia social es la situación de vulnerabilidad de les trabajadores estatales chubutenses, quienes en un gran porcentaje son el único sostén de familia. El gobierno de Arcioni – Sastre viola derechos laborales adquiridos, se refugia en leyes de emergencia para desconocer los convenios colectivos de trabajo y continúa adeudando salarios y con el pago fuera de tiempo. Ante la lucha organizada, responde criminalizando la protesta social y de las y los trabajadores. Esa lucha no cesará hasta conquistar el pago sin escalonamiento, por el ejercicio integral de derechos a la salud, justicia y educación en Chubut.

Día a día se evidencia en nuestra localidad, que nuestras condiciones de vida están atravesadas por la violencia machista y patriarcal. En los primeros 59 días del año 2021 se cometieron 47 femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios. Una mujer es asesinada cada 30 horas. El 17 % de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad y el 29% de las víctimas había denunciado a su agresor. Esto no puede ser invisibilizado.

Por ello seguimos exigiendo emergencia nacional, en violencia de género. Señalamos que el presupuesto actual que se dispone para combatir las violencias, es insuficiente. La creación del Ministerio de la Mujer, si bien es un avance en políticas públicas, no garantiza todos los derechos, por eso decimos que la deuda es en primer lugar con nosotras y exigimos un presupuesto acorde. Presupuesto que se debe destinar como acción directa a la incorporación de operadores, profesionales y/o en dispositivos de acompañamiento, como así también que garantice el acceso inmediato a un espacio habitacional para dichas familias y brindar ayuda económica o inserción laboral que les permita autonomía económica.

Queremos un estado laico que tome decisiones autónomas, sin presión de la iglesia, queremos avanzar en la efectivización del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo IVE y garantización de la Ley de educación sexual integral en todos los establecimiento educativos, públicos o privados, religiosos o laicos.

Denunciamos, las consecuencias de los recortes de programas sociales y de salud de las políticas neoliberales. A pesar de los avances legislativos a lo largo de las luchas de las mujeres, todavía los lugares de poder y toma de decisión, siguen mayoritariamente en manos de varones, quienes además, perciben mayores remuneraciones ante las mismas tareas.

El sistema capitalista y extractivista en el que vivimos, pone en riesgo el agua y la salud de las mujeres y sus familias. Nos preocupa el presente y el futuro de la vida porque los territorios, la naturaleza, la mapu, son arrasados por la megaminería, el fracking, el uso de agroquímicos, con la anuencia de los gobiernos de turno y las empresas transnacionales. Por ello adherimos a la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos que se llevará a cabo el 22 de marzo desde todos los puntos cardinales del país a CABA con el fin de visibilizar el ecogenocidio que está ocurriendo desde hace décadas. Es urgente y necesario que en Chubut continuemos el legado de lucha del pueblo Esquelense que ya expulsó a las mineras. Vamos a defender la 5001 porque el agua vale más que sus negocios.

Hoy también decimos: ¡Luchar no es un delito! Lo saben las mujeres mapuches citadas a declarar, por la misma institución que promueve el hostigamiento al Pu lof en resistencia. Lo saben las mujeres mapuches-tehuelches que exigen la plena y responsable implementación de la Educación intercultural bilingüe en Chubut, con la participación de los pueblos originarios en todo el proceso. También lo saben las mujeres migrantes quienes lograron la derogación del DNU 70/2017 anti-migrante y hoy continúan luchando contra el racismo y la xenofobia. Lo saben las docentes procesadas por defender sus derechos en las calles.

Finalmente recordamos que desde el 8 de marzo de 2017 realizamos paro laboral internacional como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que sufren las mujeres contemporáneas en diversas latitudes. Un hito histórico en la lucha feminista que hoy continua bajo lemas como “Si nuestras vida no valen, produzcan sin nosotras”

Porque lo personal sigue siendo político, hoy paramos y seguimos luchando:

por condiciones laborales justas y el trabajo digno en condiciones de igualdad, tanto de salario como de acceso.

Para exigir regularización y salarios dignos para todas las trabajadoras de casa particulares.

Para visibilizar las condiciones de explotación del trabajo que la crisis pandémica a impuesto a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries.

Exigimos reconocimiento de las promotoras territoriales y de género.

Exigimos la aprobación de la Ley de sistema integral de cuidados.

Paramos por que queremos la Ley de cupo laboral travesti-trans.

Exigimos el acceso a cambios registrales y cumplimiento de la Ley de identidad de género.

Repudiamos el fallo de la sala I de Cámara Nacional de Casación Penal que negó la figura penal de travesticidio en el juicio de Daiana Sacayan.

por presupuesto para la emergencia en violencia de género.

por las víctimas de violencia, acoso, trata, abusos y violaciones.

Exigimos el demantelamiento de las redes de trata de personas con fines de explotacion sexual y laboral.

Paramos por una reforma judicial feminista. Basta de justicia patriarcal.

Por justicia para las víctimas de femicidios y trans-travesticidios.

Por la aplicación efectiva de la Ley Micaela.

¡Paramos por que libre las queremos! No estamos todas, faltan las presas por abortar y por eventos obstétricos para que las niñas no sean obligadas a ser madres y cuenten con protección integral. por la efectivización del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el acceso sin obstaculos al aborto legal, seguro y gratuito por educación sexual integral

Paramos contra la violencia machista, basta de represión policial y violencia institucional. El Estado es responsable.

Por el desprocesamiento de las y los luchadores sociales. Basta de criminalizar la protesta.

Paramos por el derecho al agua y en contra del avance de la megaminería

Reclamamos el acceso a la tierra y el apoyo a la producción agroecológica.

Exigimos urbanización de los barrios populares con perspectiva de género, planes de acceso a la vivienda y aplicación efectiva de la Ley de alquileres. Ni una menos sin vivienda.

Paramos contra la violencia racista y colonial por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la diversidad cultural.

Exigimos al poder judicial para que Francisca Herrera Cursi conozca el paradero y estado de sus 4 hijxs.

Repudiamos la represión policial contra comunidades originarias, migrantes y afro. por la separación de la iglesia del estado.

por la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs estatales del Chubut. Jorgelina y Cristina Presentes, ahora y siempre! la deuda es con nosotras!

PORQUE QUEREMOS SER LIBRES Y NO VALIENTES

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado en el que los obispos de todo el país expresan su apoyo a los obispos de las Diócesis de la provincia de Chubut que se manifestaron en contra del proyecto de zonificación minera.

«Expresamos nuestro total apoyo a los obispos de las Diócesis de la provincia de Chubut, que con firmeza y compromiso han pedido en reiteradas ocasiones que se escuche a todos los actores sociales, y al pueblo chubutense en su conjunto, que en su mayoría se manifiestan contrarios al proyecto de mega- minería, de inminente tratamiento en la legislatura provincial», afirman en el comunicado.

Más adelante indican que valoran el camino recorrido en estos años por las diócesis de la región Patagonia-Comahue y especialmente de Chubut en su reflexión sobre la explotación minera y recuerdan el mensaje de Navidad del año 2009:

«Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener». Obispos de la región de Patagonia-Comahue (Argentina), Mensaje de Navidad (diciembre 2009). Al respecto, manifiestan que se hacen eco de lo expresado por los obispos de Chubut en noviembre del año pasado, «pidiendo que se busquen otros caminos, que incluyan tiempos prolongados de información y formación ecuánime en los respectivos protocolos, y la necesidad de la consulta popular. Los pobladores de la meseta tienen que tener un lugar especial en esta búsqueda de soluciones. De esta manera, podrán aportar su opinión, y ser verdaderos protagonistas de su destino». «Invocamos a la Virgen nuestra Madre, para que ilumine las mentes y los corazones de nuestros dirigentes, cuando se presentan situaciones de extrema delicadeza en el cuidado ambiental y social», concluye el comunicado firmado por los obispos.

Fuente: El Extremo Sur

Son apenas 27 diputados, en un sistema unicameral. Sin embargo, la política chubutense es tan compleja que parece más sencillo aprender a hablar japonés en 6 meses que trazar un panorama de la actual integración de los bloques de diputados provinciales. El martes en la Sesión Preparatoria se votaron las vicepresidencias, y el oficialismo obtuvo 17 votos, a sólo una mano de la mayoría especial de dos tercios. El jueves, a la hora de empezar la sesión de la zonificación minera, a duras penas se llegaba a 12 votos. Así es la Legislatura del Chubut, como no podía ser de otra manera, siendo la caja de resonancia de la provincia más conflictiva del país: en constante cambio, con rupturas, idas y vueltas, desencuentros y nuevas alianzas.

De todos modos, ante este panorama caótico, hay una primera definición que se puede dar en la primera semana del año: aunque cueste creerlo, el gobierno está mejor parado que hace 6 meses, y ante una ley normal (dejando afuera a la minería, que es un capítulo aparte) no le sería tan complicado llegar a los 14 votos. Esto es así porque se afianzó la relación entre el gobernador Mariano Arcioni y el vicegobernador Ricardo Sastre, y porque se consiguió despejar el bloque oficialista de infiltraciones que hacían más ruido que otra cosa.

La votación del martes, en la que se impuso a Roddy Ingram como vicepresidente primero y a Carlos Eliceche como vicepresidente segundo -relegando los nombres de Leila Lloyd Jones y Carlos Mantegna-, si bien tuvo el apoyo circunstancial de dos diputados radicales, igualmente permitió avizorar el nuevo armado 2021: el bloque oficialista con 12 diputados propios alineados, más tres satélites que juegan cartas individuales. Y en frente, un PJ con 6 legisladores cohesionados, el madernismo tratando de acercarse al peronismo, y un radicalismo en la situación más cómoda de todas, como árbitro de todas las batallas.

Poniendo nombres propios, la bancada de Chubut al Frente mantiene hoy a 12 de sus 16 miembros originales: los arcionistas que son Pais, Cigudosa, Ingram, Cativa, Nouveau, Gómez y Mongilardi; los sastristas Gabella, Antin y Williams; la joven trelewense De Lucía y también la esquelense Zulema Andén, quien a pesar de sostener un alejamiento con el gobernador Arcioni, mantiene los pies en el plato gracias a la buena relación con el presidente de la bancada.

La razón por la que el Ejecutivo está mucho más cerca de una mayoría que el año pasado -en épocas en las que el interbloque actuaba en contra de lo que apenas eran 7 diputados del arcionismo-, es que ahora a este grupo de 12 se puede sumar a diputados que se podrían llamar el “paraoficialismo”, que actúan como satélites y que vienen dando los votos que le faltan en los temas clave. Se trata del ex Cambiemos, Sebastián López, y los alejados del Frente de Todos, Carlos Eliceche y Tatiana Goic.

Del bloque primigenio del oficialismo, hoy están afuera los tres madernistas, Lloyd Jones, Giménez y Chiquichano (este último tiene diálogo con el gobierno pero termina votando siempre lo que le dice el intendente de Trelew); y la rawsense Rossana Artero, que juega un partido aparte y es imposible de clasificar, aunque su postura es generalmente opositora.

Yendo a la vereda de enfrente, además de estos cuatro ex diputados oficialistas que hoy juegan claramente en contra del gobierno, hay que decir que el bloque que actúa como principal opositor y primera minoría es el PJ-Frente de Todos, que perdió dos soldados, pero que ganó en coherencia interna. Dejando afuera a Elieche y Goic, este bloque que tiene la conducción ideológica del tándem Luque-Linares-Mac Karthy-Nancy González, tiene seis legisladores: Casanovas, Baskovc, Saso, Mantegna, Williams y Mansilla.

Respecto al bloque más chico, lo dicho, los radicales Pagliaroni y Aguilera están en la oposición, pero no es a rajatabla. En el lugar más cómodo, mantienen diálogo abierto tanto con el gobierno como con el PJ, y saben que en determinados casos, pueden ser los árbitros que definan la partida para un lado o para el otro.

LA MINERIA CAMBIO TODO

Hasta octubre del año pasado, el panorama para el gobierno era terrible en la Cámara: cada ley importante necesitaba meses de negociación, con una enorme pérdida de tiempo. Los 16 oficialistas se dividían en 7 arcionistas, contra 9 del interbloque, y luego estaban los 8 justicialistas y los 3 de Juntos por el Cambio. Estos últimos dos bloques jugaron un papel fundamental a la hora de bancar la institucionalidad en épocas de amagues de juicio político.

Este campo de fuerzas cambió en noviembre, cuando ingresó el proyecto de zonificación minera, que generó posturas individuales que dividieron las aguas y después ya nada fue lo mismo. Los tres bloques se terminaron rompiendo a causa de un tema muy delicado y de gran sensibilidad social, y aún hoy es difícil predecir cómo va a continuar todo.

La primera ruptura fue en Juntos por el Cambio, donde la difusión de un video de Sebastián López hablando de cobrar “100 lucas” para hacer lobby político a favor de la minería en otra época como funcionario, provocó que la misma dirigencia del PRO lo denunciara en la justicia, y que sus colegas radicales lo sacaran del bloque.

La segunda ruptura, fue por la viralización de un audio de la diputada Leila Lloyd Jones, en el que daba a entender que los que apoyaban el proyecto 128/20 era porque habían recibido coimas. Esto generó un escándalo en el oficialismo que derivó en una ola de presentaciones judiciales, que terminaron con una denuncia de la legisladora en la que no apuntaba contra ningún colega en particular. La conclusión fue que ella y quienes la apoyaban, José Giménez y Rossana Artero, quedaron separados del oficialismo. Distinto fue el caso de su par de Trelew, Ángel Chiquichano, que en un primer momento también fue muy duro y la denunció.

Y el tercer bloque en terminar de explotar fue el Frente de Todos, en esta misma semana, cuando dos de sus integrantes, Carlos Eliceche y Tatiana Goic, votaron con el gobierno las vicepresidencias y además firmaron el dictamen a favor de la zonificación, totalmente en contra de lo planteado por el PJ a nivel partidario.

Resta saber qué va a pasar con todos estos casos, porque se prevé el surgimiento de un festival de mini bloques. Tanto Sebastián López como Carlos Eliceche anunciaron bancadas unipersonales, y resta saber qué harán Goic (de Camioneros), Artero y los tres madernistas (Chiquichano, Lloyd Jones y Giménez). En este último grupo, si bien hay un intento de acercamiento del intendente Maderna con el PJ, hay una clara resistencia de un bloque que tiene un fuerte peso de Juan Pablo Luque y Gustavo Mac Karthy, totalmente alejados del jefe comunal de Trelew.

LOS SATELITES

Hay que destacar que en este nuevo armado legislativo aún en ciernes, pueden jugar un rol fundamental tres diputados que desde hace un tiempo vienen teniendo “sintonía fina” con el oficialismo, y que podrían aportar los votos necesarios para aprobar las leyes más polémicas. Juegan el rol de “satélites” flotando alrededor del bloque de la mayoría, y pueden ser decisivos en determinadas situaciones. Paradojas de la vida política, durante 2020 fueron de los diputados con posicionamientos más duros contra el gobierno de Arcioni, y hoy, les toca hacer silencio.

Uno es Sebastián López, ex Cambiemos, quien fue cuidado por el gobierno cuando estuvo en el pelotón de fusilamiento por la viralización de una cámara oculta. Era de los más críticos, a tal punto que en agosto fue el único que votó en contra de la ley que autorizó a renegociar la deuda en dólares con los bonistas.

Pero luego, terminó siendo clave en la aprobación del presupuesto en diciembre último, y ya arrancó este año votando a Ingram y Eliceche en las vicepresidencias y –a pesar de la ola de críticas de los asambleístas- igualmente firmó el dictamen a favor de la minería.

Otro “semi oficialista” es Carlos Eliceche, quien desde hace dos años muestra una estrecha relación política con el vicegobernador Ricardo Sastre. En épocas del interbloque, su postura anti Arcioni (alineada al sastrismo) era más dura aún que la del resto del PJ. Eran tiempos en los que el madrynense coincidía con el dirigente Carlos Linares, quien lo puso como candidato en la lista del PJ.

Pero el tema minero lo dejó parado en otra vereda, y ahora terminó siendo elegido vicepresidente segundo de la Cámara por la mayoría de Chubut al Frente, y viajó junto al gobernador Arcioni a entrevistarse con el Presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, para dar impulso a la zonificación de la meseta. A futuro, su voto se ubicará donde estén los intereses de Ricardo Sastre, a quien ya eligió como su candidato a gobernador.

Y el tercer caso es el de la diputada Tatiana Goic, quien pertenece al Frente de Todos en una alianza con el partido de Camioneros y cuyo referente es Jorge Taboada. La joven diputada arrancó el año votando con el gobierno, en lo que se lee como la cristalización del acercamiento del líder de su sindicato con la gestión de Arcioni.

Con una mirada de defensa del sector gremial y muy crítica de la deuda salarial con los estatales, Goic fue en 2020 de las diputadas más duras con el gobierno. Sin embargo, los intereses de su gremio, que apoya expresamente el desarrollo minero en la meseta, la obligaron a tener que cambiar de estrategia. No es para nada una diputada oficialista, pero tampoco es ya del Frente de Todos. Su futuro es incierto, y dependerá de cada tema.

ENTRETELONES DE OTRO FRACASO

Llegados a este punto, es el momento de describir lo vivido en la mañana del jueves 4 de marzo, cuando estaba prevista la primera sesión del año para tratar el proyecto de zonificación minera, y que fue suspendida por el vicegobernador Ricardo Sastre a último momento, según la versión oficial, por la falta de garantías expresada por los diputados ante las manifestaciones sociales que ponían en riesgo su integridad.

Hay que decir que los hechos registrados en la casa de Roddy Ingram en Playa Unión fueron graves y absolutamente repudiables, pero fue el único caso en el que se vivió una situación de ese tipo. En realidad fue utilizado como una excusa, porque la verdadera razón por la que se levantó la sesión fue la misma por la que no se pudo tratar el tema en diciembre y en febrero: la falta de votos que aseguren una mayoría de 14 para garantizar la aprobación de la ley.

Claro está que a la hora de decidir sacar dictamen el día anterior, el gobierno creía tener esos votos “de palabra”, según lo hablado de manera individual con cada uno de los legisladores. Pero a último momento, volvieron a aparecer las dudas, y el pedido de más tiempo, especialmente de dos diputados. De ninguna manera se debe evaluar el apoyo respecto a la cantidad de conectados esa mañana, ya que la mayoría se quedó esperando la habilitación de la sala virtual para sumarse. En realidad, conectados nunca hubo, porque nunca llegó a estar la decisión de abrir la sesión, y sólo circularon mensajes por los celulares, hablando de “problemas técnicos”.

De los 14 votos que tenía contados el gobierno, el que se volvió a caer -como ocurrió en febrero- fue el de Ángel Chiquichano. A pesar de charlas previas con el gobernador y el jefe de la bancada, en las que había anticipado que su voto estaba firme, una vez más el diputado de Trelew adujo minutos antes de la sesión fuertes presiones de su referente político, el intendente Adrián Maderna, para no votar, o hacerlo directamente en contra.

Caído este voto desde temprano, el oficialismo evaluó si convenía llevar adelante igual la sesión, ante el escenario de un empate en 13, ya que desde el año pasado está acordado que el diputado cordillerano Pablo Nouveau no votará a favor ni en contra, y que se ausentará al momento de tratar este asunto.

Y fue allí que comenzó a circular el dato que a la postre fue definitivo, de que la diputada madrynense Xenia Gabella no estaba dispuesta a votar. Aquí surgen dos versiones, imposibles de verificar al 100 %. Hay quienes sostienen que las dudas de la legisladora eran genuinas, y que dado el número total de 12 era imposible de remontar, se tomó la decisión de la suspensión. Otra versión se basa en la íntima cercanía de Gabella con Sastre, y se cree que pudo estar acordado el amague de la diputada para evitar al vicegobernador tener que someterse a un desempate que lo dejaría expuesto socialmente.

Sea como fuere, el resultado final fue un nuevo fracaso en el intento por tratar el tema, que deja todo en suspenso hasta dentro de dos semanas, cuando continuará el cronograma de sesiones ordinarias. El proyecto de zonificación tiene dictamen y sólo resta saber si será incluido nuevamente en el Orden del Día. Si el oficialismo evalúa que aún está en duda la mayoría, no se va a arriesgar a que el proyecto firme su certificado de defunción. Será otro momento crítico, en el que volverán a activarse las fuertes manifestaciones de la sociedad en contra de la ley. La pregunta es cuánto tiempo más el tema seguirá sobrevolando la agenda sin definición, y trabando el tratamiento de muchas otras cuestiones que son cruciales para el avance de la gestión del Estado.

Fuente: Adnsur

Luego de la aprobación del dictamen en la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de a Legislatura de Chubut, se vive un clima de extrema tensión en toda la provincia esperando la sesión de este jueves 4 de marzo donde los legisladores tratarán la zonificación minera que habilita el ingreso de la megaminería en la provincia.

Viviana Moreno, integrante de la asamblea dela Asamblea del NO A LA MINA en Esquel, expresó en diálogo con EQSnotas.com que «la violencia con la que el gobernador incita al pueblo es enorme porque hasta utilizó en su discurso la letra de las asambleas, cerró con que el agua es vida, es una provocación enorme».

«Es muy vil la actitud del Gobernador que está decidido, solo, como un acto de absoluta locura e irresponsabilidad en este contexto de no tener licencia social, a presentar el proyecto de zonificación», agregó.

«El pueblo sospecha que está tratando de convencer a alguno de los diputados para que no se puede conectar, logrando obtener la mayoría con menos diputados», señaló. Vale destacar que desde la cordillera hay una mirada especial sobre los legisladores de la zona que en general se pronunciaron en contra de la aprobación a excepción del Diputado Nouveau, a quien se ha escuchado muy poco desde que asumió su banca.

Agregó Viviana Moreno que esta situación generó una reacción espontánea de todas las asambleas, «ni bien salió esto, todos los pueblos salen a reaccionar». La situación es realmente tensa «esperamos que los legisladores tengan conciencia y responsabilidad para que no salga esta zonificación que va a producir un estallido social y es el temor que nosotros tenemos». Finalmente destacó que «tememos por las consecuencias de este tratamiento».

El diputado Nacional por Chubut Igon Santiago habló sobre el debate por la zonificación minera, expresó su preocupación ante posibles tensiones sociales en relación al tema y cuestionó el papel de Ministro de Seguridad de la provincia.

El diputado del Frente de Todos habló para FM Cristal y sostuvo que, el debate por la minería en Chubut “no es una cuestión partidaria, en todos los frentes tenes gente a favor y en contra, yo lo respeto”.

“Tengo muchísima gente que está a favor desde siempre, en el caso de Marina Barrera por ejemplo, ella defiende el SI a la minería con mucho respeto y fundamentos”, manifestó Santiago y agregó, “yo creo que la respeto más a ella que a los que van y vienen, eso me parece que en definitiva daña a la política y no se puede dar un debate como el que me parece que se debería dar”.

“Estamos en un momento bisagra para la vida social y económica y para la vida de todos los chubutenses, porque hay un orgullo muy importante en el ser chubutense y no haber permitido que la mega minería avance, o no haber permitido que las multinacionales avancen con la minería”, resaltó el funcionario.

Igon Santiago aseveró, “está claro que vamos a vivir momentos de tensión social. Yo creo que es mucho mas fuerte lo que pasa en Chubut con la minería que lo que ha pasado en Mendoza”.

“Tener 14 votos no significa tener la representación popular o entender qué es lo que está pidiendo el pueblo de Chubut, o la mayoría (…) toda esta discusión que se fue dando fue en un contexto muy malo donde hoy básicamente la mayoría de las instituciones que pertenecen a la vida política de la provincia, a la vida institucional académica están en contra”, resaltó Igon.

“Hay que sentarse y charlar porque estamos en la puerta de un momento que va a tener una tensión social, que espero no tenga que pasar a mayores por el bienestar de los ciudadanos”, indicó preocupado Igon y sostuvo, “me preocupa muchísimo que un momento de tensión social el Ministro de Seguridad sea Federico Massoni”.

En respuesta al comunicado que días atrás hizo público La Asamblea por el Agua de Comodoro Rivadavia, el rector Carlos De Marziani, afirmó para conocimiento de la comunidad de Chubut que: “Nunca ha existido un llamado del Sr. Gobernador (Mariano Arcioni) a este rector o los miembros de esta institución para avalar o emitir un informe sobre la zonificación minera”.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) emitió este jueves un comunicado donde aseguró que “nunca ha existido un llamado del Sr. Gobernador a este rector o los miembros de esta institución para avalar o emitir un informe sobre la zonificación minera”.

Agregó que: “Solamente se recibió una invitación el día 15 de enero para participar de la ‘Mesa de trabajo Diálogo Participativo con una visión del desarrollo productivo de la provincia para el futuro’ a la que como representante de la institución no asistí, remitiendo al Sr. Gobernador la carta que fue publicada a la comunidad (disponible en http://t.ly/3rUJ) el día 20 de enero de 2021. Por lo tanto, las publicaciones que directa o indirectamente refieren a dicho ‘llamado’ o presión son llanamente falaces”.

Asimismo, explicó que “Para dar curso a lo expuesto en la referida nota, se ha solicitado a las decanas y decanos de las diferentes facultades que remitan especialistas para iniciar el tratamiento a la temática. Estos referentes, junto a otros convocados por su especialidad en la temática de desarrollo productivo y conocimiento del territorio, han planteado un mecanismo de relevamiento de opiniones que permitan la inclusión de todas las voces de la comunidad universitaria y de las organizaciones sociales. Estos encuentros mantienen el mecanismo participativo y abierto a toda la comunidad por lo cual se habilitarán los canales de comunicación correspondientes”.

La UNPSJB “se ha expresado en numerosas oportunidades sobre los proyectos de zonificación minera (entre ellas la Resolución del Consejo Superior CS 057/2018 y otras expresiones institucionales de público conocimiento), manifestando que la preservación del agua y demás recursos ecosistémicos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural y cultural son aspectos indisociables e inherentes a las estrategias para construir una matriz productiva diversificada que permita a nuestro territorio dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense”, concluye el comunicado.