Asamblea de Becarixs del Sistema Científico-Técnico por CONICET, Agencia, INTA y Provincia de Chubut
El pasado 5 de noviembre del 2020 el gobernador de Chubut Mariano Arcioni anunció que el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino contiene un proyecto para avanzar con la zonificación a fin de habilitar la minería en la provincia de Chubut. Lo que se conoce hasta ahora del proyecto de zonificación, a partir de exponentes del empresariado y mapas tentativos, es que se pretende permitir la megaminería (para extracciones de plata, plomo y uranio) en entre un 60 y 70% de la superficie provincial en las regiones menos densamente pobladas, excluyendo del área de explotación a las ciudades de la cordillera y la costa. Cabe destacar que esta área afectaría dos cuencas hídricas de las que depende el 91% de la población de Chubut, según datos del INDEC del censo 2010.
El río Chubut, que es el único curso de agua que atraviesa la provincia de oeste a este, quedaría en el centro de esta área de sacrificio, impactando sobre el recurso hídrico del 50% de la población de Chubut.
Desde su asunción, Mariano Arcioni gobierna una provincia en crisis, debiendo pagos de salarios y aguinaldos para estatales y jubilados de hasta 3 meses. Esta crisis sistémica, que parece haberse profundizado con la pandemia, se apoya en el lobby minero para proponerse como única salida, cuando la población viene rechazando la actividad desde 2003, hoy en día con el lema “No cambiamos salarios por megaminería”. Por otro lado, Arcioni pretende imponer una zonificación que traiciona sus promesas electorales; pasando por encima de los mecanismos avalados constitucionalmente con los que la población decidió expresar su posición; sin respetar los convenios y compromisos asumidos sobre Consulta Previa a los Pueblos Indígenas; y sumergiendo a la provincia en la peor crisis de su historia. Una crisis a la que se llegó de la mano de la deuda y el extractivismo, y que promete empeorar más aún con las mismas recetas.
En el 2014 las asambleas chubutenses presentaron un proyecto por Iniciativa Popular para prohibir la megaminería en todas sus variantes y etapas, así como se presentó uno nuevo este año para que se discuta en la Legislatura de Chubut, como propone la Constitución Provincial. En plena pandemia, se reunieron y verificaron 30.916 firmas que representan el 7% del padrón (la normativa exige el 3%) y los pueblos de la meseta (principal eje del proyecto de zonificación) firmaron en porcentajes altos. Por lo que está más que claro que la megaminería en Chubut no tiene licencia social. La provincia busca modelos de desarrollo verdaderamente sustentables, que generen trabajo digno y protejan el ambiente para las próximas generaciones, tales como ganadería regenerativa, turismo sustentable, y manejos holísticos.
Provocativamente, Mariano Arcioni dijo frente a los funcionarios nacionales que quiere “iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia, que permita salir de esa discusión del Sí o el No, para poder dar la discusión de una vez por todas”. Cabe recordar que la discusión se viene dando hace más de 17 años, pero si hablamos de discusiones académicas, científicas, sería importante tener en cuenta las opiniones que se han emitido desde las universidades que funcionan en nuestra provincia. En mayo de 2018, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNPSJB) reunido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, aprobó por unanimidad adherir públicamente al documento “ Rechazo a la zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut ” , elaborado por docentes e investigadores. En agosto de ese mismo año, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco rechazó la zonificación y le propuso al gobierno desarrollar estudios científicos multidisciplinarios en la región de la Meseta, con el fin de hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de desarrollo económico y social basado en actividades productivas no extractivas, sustentables a mediano y largo plazo.
En noviembre, también de 2018, se posicionaron las direcciones de siete institutos científicos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET, que en Puerto Madryn también se declararon en contra de la zonificación , principalmente porque no está claro el rol del Estado en un modelo de desarrollo minero que arriesgue “los recursos naturales de nuestra provincia y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios.”
Además de los mencionados pronunciamientos, científicos y académicos del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut firmaron en junio de este 2020 una contund