Los youtubers llevan años luchando contra el tópico de que su trabajo es “ponerse delante de una cámara y ya”. Escriben sus guiones, preparan la producción de sus vídeos, graban, editan y publican sus piezas. Y, desde hace unos años, también tienen que defender su trabajo frente a YouTube: las quejas por la arbitrariedad de la plataforma en la monetización y categorización de vídeos son un tema de conversación común de muchos creadores en todo el mundo. Jörg Sprave, un youtuber germano, ha dado un paso más en estas reivindicaciones y ha logrado que IG Metall, uno de los sindicatos más importantes de su país, interceda por los youtubers.
Jörg Sprave tiene 54 años y un canal de YouTube con más de dos millones de seguidores dedicado a la fabricación de artilugios (tirachinas, ballestas…) con los que practicar su puntería. En 2018, tras varios cambios sufridos en la monetización de vídeos y el algoritmo de la plataforma de YouTube, Sprave hizo lo que muchos otros youtubers –en España, por ejemplo, ElRubius o Wismichu–: subió un vídeo quejándose de la situación. Pero no se quedó ahí. También anunciaba la creación YouTube Union («Sindicato YouTube» en español, aunque este grupo no es un sindicato real), una comunidad digital de youtubers para luchar por sus derechos.
El grupo de Facebook de YouTube Union, epicentro de esta comunidad, cuenta con más de 21.000 miembros, aunque la mayoría de ellos son youtubers con escasos suscriptores que ni siquiera monetizan sus vídeos. “Todo el mundo es bienvenido, da igual si eres PewDiePie o solo un usuario de YouTube”, explican en su web.
YouTube Union apenas ha tenido repercusión mediática en su primer año de vida, y tampoco éxito en sus exigencias. “No hemos sido capaces de lograr mucho”, reconoce Sprave en un vídeo publicado en su canal de YouTube, “pero eso va a cambiar”. El actor que puede provocar ese “cambio” es IG Metall: este sindicato, que cuenta con cerca de dos millones de miembros en Alemania, anunció a finales de julio que colaboraría con YouTube Union para luchar por los derechos de los youtubers. El proyecto común de ambas asociaciones se llama FairTube. En un vídeo conjunto, Sprave y Christiane Benner (vicepresidenta del sindicato) explicaban cuál era la situación para los youtubers y sus reivindicaciones.
Lo que FairTube pretende conseguir, resumido también en su página web, es:
- Que la plataforma publique todas las categorías y criterios de decisión que afectan la monetización y las vistas de vídeos.
- Que ofrezcan explicaciones claras para las decisiones que toman sobre vídeos concretos. Por ejemplo, si un vídeo se desmonetiza, que se especifique qué es lo que lo ha provocado.
- Que proporcionen a los youtubers una persona de contacto que esté cualificada y autorizada para explicar este tipo de decisiones, y corregirlas si están equivocadas.
- Que los youtubers puedan impugnar este tipo de decisiones.
- Crear una junta de mediación independiente para resolver disputas.
- Que se cuente con los youtubers en la toma de decisiones de YouTube, por ejemplo, a través de una junta asesora.
Según explica la vicepresidenta de IG Metall en el vídeo, “hemos entregado nuestras demandas a YouTube en Hamburgo y hemos pedido que se reúnan para negociar en las próximas cuatro semanas”. El plazo finaliza el 23 de agosto y, en caso de que YouTube no se siente a negociar, amenazan con llevar a la compañía a los juzgados.
Desde FairTube consideran que podrían litigar con la compañía por dos vías: por un lado, por una posible infracción de los derechos de los trabajadores, ya que consideran que los youtubers profesionales son falsos autónomos de la compañía. “Los youtubers son continuamente evaluados y monitoreados”, explican desde FairTube. “Es difícil defender que sean productores de vídeo independientes”. YouTube considera que “al contrario de lo que se afirma, los creadores de contenido de YouTube no tienen la categoría legal de trabajadores”, según declaraciones de un portavoz facilitadas a Verne.
La segunda vía por la que FairTube pretende litigar es por una posible infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). “Cada vídeo que sube un youtuber es inspeccionado por un ejército de bots y censores humanos que asignan categorías a los vídeos, y esas categorías pueden ser excluidas por los anunciantes, lo que significa que no hará dinero ni visitas […] el youtuber no solo puede intuir el porqué y no puede hacer nada al respecto”, explican. Según el RGPD, los usuarios tienen derecho de acceso a los datos personales que las empresas recogen de ellos, así como a las categorías en las que los datos se clasifican.
“Si YouTube se sienta a negociar, la plataforma y los youtubers serán verdaderos socios y esto [los litigios] no será necesario”, concluye la vicepresidenta de IG Metall. Este sindicato se ha dedicado históricamente al sector del metal pero, desde 2015, también se ha vinculado los trabajadores de plataformas de crowdsourcing (de creación colectiva) en internet.
Los viners lo intentaron primero (y salió mal)
Antes de que IG Metall intercediera por los youtubers, ha habido otros intentos de sindicación por parte de creadores de contenido digitales. Tal y como recuerda la revista económica Forbes, en 2016, 18 de los 20 viners con más seguidores se unieron para tratar de negociar un acuerdo con Twitter (propietaria de Vine) para recibir una cantidad fija a cambio de tres vídeos semanales. No se llegó a ningún acuerdo y Vine cerró un año después.
Este año también ha aparecido un movimiento similar a YouTube Union en Instagram, que pretende reunir a cuentas de memes. Se llama IG Meme Union Local 69-420 y, según explicó uno de sus portavoces a la revista digital Vox, esta agrupación pretende poner fin a la censura aleatoria de publicaciones y cuentas, y también el abuso de cuentas con millones de seguidores que se dedican a robar el contenido de las más pequeñas.
