El ministro de Economía planteó la necesidad de revisar distintos acuerdos que tienen que ver con la edad de jubilación de los estatales, el motivo es que la Caja de Jubilaciones de Chubut tiene un déficit mensual superior a los $ 800 millones. Otras vez las jubilaciones en la mira.
Esta noticia, se da en la misma semana que Sergio Masa, ministro de economía del gobierno nacional del Frente de Todos, aliado del gobierno provincial de Mariano Arcioni, concretó un nuevo robo a los jubilados, que decretó la pesificación de los títulos de la ANSES. Una medida que implica la fuga de capitales, ya que entrega los bonos del ANSES a los bancos, dado que son los sectores del capital financiero los que realizan esas operaciones.
Para prueba basta un botón, el mismo Antonena señaló que “nosotros desde Chubut tenemos que acompañar el modelo que plantea el ministro Sergio Massa, que está haciendo todo lo que tiene a su disposición”.
Estas medidas son las condiciones que impone el acuerdo con el FMI, que exige, entre otras medidas, una fuerte reducción del gasto público y una progresiva liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El gobierno nacional no sólo accedió a realizarlo sino que se atribuyó ese programa como propio: el horizonte de no afectar las ganancias de los grandes grupos económicos – locales y extranjeros – la banca y el capital financiero internacional, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores.
Recordemos que durante la campaña electoral el Frente de Todos repitió que los jubilados serían su prioridad y que se recompondrían los 20 puntos de poder adquisitivo que perdieron las jubilaciones y los salarios en los cuatro años de macrismo. “Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados», afirmó Alberto Fernández, pero eso no ocurrió. Los adultos mayores perciben haberes que no alcanzan a cubrir la canasta de consumos, es decir no llegan a fin de mes mientras los bancos tienen ganancias millonarias.
Hoy el 91% de las jubilaciones y pensiones se encuentra por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad. Además, «en los últimos cinco años se deterioró entre 24% y 30% el valor real de las jubilaciones y pensiones. Mientras, en 2022 el Gobierno se dio el lujo de sobrecumplir la meta de déficit fiscal con el FMI y recortó el gasto en jubilaciones y pensiones del 8% al 7,7% del PIB.
La ATECh repudió a Antonena
Luego de que el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, señalara que el déficit de la caja de jubilaciones de Chubut era de 800 millones de pesos mensuales, la Atech rechazó las apreciaciones del administrador de las cuentas provinciales y «la amenaza a los derechos jubilatorios para imponer peores condiciones al régimen».
Desde el gremio memoraron que el balance oficial del Instituto de Seguridad Social y Seguros de 2022 «reconoce una deuda del Estado provincial de, al menos, 150 mil millones de pesos. Durante años los distintos gobiernos se financiaron con la caja de jubilaciones y la obra social, cuyos fondos debieran ser intocables por el Estado, porque son de los trabajadores».
Hay que defender la caja de jubilaciones y enfrentar el acuerdo con el FMI
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige, entre otras condiciones, una fuerte reducción del gasto público. El Gobierno plantea realizar este ajuste, en gran medida, recortando el dinero enviado a las provincias de “transferencias no automáticas” (por fuera de la coparticipación y del fondo sojero), o también llamadas “transferencias discrecionales”.
Dentro de este conjunto de transferencias “no automáticas” actualmente se cuentan los fondos que el gobierno debe enviar a las cajas previsionales provinciales de 13 provincias. Sin embargo, en teoría, el gobierno no podrá afectar los fondos previsionales provinciales debido a que el financiamiento de los déficits está establecido por ley.
Desde la Izquierda proponemos el financiamiento con impuestos a los empresarios, al sector financiero y a los terratenientes.
El sistema previsional se encuentra en estado de emergencia, tanto el Frente de Todos como el gobierno de Macri y los anteriores se encargaron con distintas medidas de desfinanciar el sistema con ventajas impositivas para los empresarios.
Es que mientras mucho se habló de “conquista de derechos”, o de «nuestros jubilados» a decir de Sergio Massa, se contrapuso la universalización del derecho a la jubilación con el aumento de haberes, afirmando que para hacer lo primero no era posible cumplir con el reclamo histórico de que los haberes percibidos alcancen el 82 % móvil del salario medio.
Esto sólo es así si se toma como verdad inamovible que el sistema previsional no puede elevar sus recursos, recuperando los niveles de aportes patronales que tenía a comienzos de los años ’90. De esta forma, se creó una división entre jubilados “de primera” y “de segunda”, y se condenó a la mayoría a recibir haberes muy por debajo de la canasta de los jubilados.
Por el contrario, el proyecto que presentaron en el congreso nacional Del Caño, Bregman y Vilca, diputados nacionales del PTS por el Frente de izquierda y de los Trabajadores – Unidad muestra que recursos hay. Propone restituir las alícuotas de las contribuciones patronales al 33 %, es decir, el nivel vigente antes de la reforma menemista que ningún gobierno modificó.
También dispone anular todas las reducciones de retenciones (derechos de exportación) en beneficio de los agronegocios, las mineras y la industria. Así, como también duplicar los pagos del Impuesto a las Ganancias de las sociedades y empresas.
Por último, aplicar un impuesto especial a las ganancias obtenidas a través de los intereses por las Letras de corto plazo que emite el Banco Central para alimentar la bicicleta financiera, como las Lebac y Leliq. Que entre los bancos y los jubilados, verdaderamente se prioricen las necesidades de estos últimos.
Desde el Frente de Izquierda proponemos restablecer el 82 % móvil y subir el haber mínimo, el proyecto de ley presentado en Diputados por Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca (PTS-FITU) plantea elevar los montos jubilatorios y garantizar el 82 % móvil del mejor salario en actividad. En la actualidad, 9 de cada 10 jubilados y pensionados cobran haberes por debajo de la Canasta del Jubilado y la mitad cobra el haber mínimo.