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Alberto Fernández podría firmar el DNU en la antesala del período extraordinario de sesiones que comenzará este lunes.

Ante la advertencia de la oposición de paralizar el Congreso si el oficialismo avanza con el pedido de juicio político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la antesala del inicio del período extraordinario de sesiones que comenzará este lunes, el kirchnerismo aceleró con la presión sobre Alberto Fernández para que por DNU reforme el Máximo Tribunal y lo amplíe a 25 miembros.

En los últimos días los alfiles de Cristina Kirchner, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el senador nacional Oscar Parrilli, fueron los que le pusieron voz al reclamo del sector más duro del Frente de Todos para que el Presidente rompa el bloqueo parlamentario de Juntos por el Cambio con la firma de un decreto que busca erosionar y condicionar la autonomía de la Corte.

Según publica Infobae, el borrador del DNU del proyecto de reforma del Máximo Tribunal fue propuesto por el senador bonaerense del Frente de Todos y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien en las últimas horas publicó en su cuenta de Twitter que “para evitar la proscripción definitiva de Cristina es imprescindible pensar en candidaturas que ofrezcan las mejores propuestas para ganar las elecciones y, entre otras cosas, llevar adelante una moderna, seria, profunda y democrática reforma judicial”.

El texto apunta a modificar el artículo 21° del decreto ley 1.285 para ampliar a 25 miembros la Corte Suprema. Cada gobernador y el jefe de gobierno de la Ciudad elevará al Presidente una dupla garantizando la paridad de género. El mandatario será el encargado de seleccionar a uno de los dos candidatos propuestos que luego deberán contar con el acuerdo del Senado. Considerando que el número es impar, en el documento se aclaró que el Jefe de Estado “deberá garantizar la máxima paridad de género posible”. De no alcanzar el visto bueno de la Cámara Alta, se deberá solicitar una nueva dupla.

Si bien el borrador da un plazo de 30 días hábiles -una vez oficializada la normativa- para que las Provincias y la Ciudad presenten a sus duplas de jueces, el kirchnerismo busca acelerar, que Alberto Fernández firme el DNU para presionar a los gobernadores a elevar a sus designados de forma inmediata. Ven en este artículo un artilugio para operar sobre los legisladores a tratar la iniciativa en el Congreso.

En caso de que gobernadores o el alcalde porteño no presente sus dupla en el plazo establecido, el mandatario -que propondrá a uno de los 25 miembros- también elegirá a los candidatos de esos distritos.

La SCPL informó que el servicio se interrumpirá hasta las 18:00 del lunes y pidió un consumo cuidado.

La SCPL confirmó este domingo el corte por 24 horas que afectará a todo Comodoro Rivadavia, según el cronograma previsto.

El corte se extenderá hasta las 18:00 del lunes.

De acuerdo con lo informado, además, el cese en el servicio afectará en conjunto a todas las regiones de Comodoro Rivadavia.

“Hoy, domingo 15 de enero desde las 18 horas y por 24 horas, se interrumpirá el servicio en todo Comodoro, para recuperar los niveles de las reservas del Puesto La Mata, según el cronograma establecido”, indicó la empresa.

Además, aclaró que “las maniobras de corte como de restitución del servicio comienzan antes y terminan luego del horario estipulado” y se “solicita a los vecinos hacer uso racional del servicio”.

Los trabajos que serán realizados por personal de la Cooperativa Eléctrica podrían ocasiones restricciones puntuales por algunas horas. Se les solicitó a los usuarios que hagan uso racional de las reservas hasta tanto finalicen las tareas.

La Cooperativa Eléctrica de Trelew informó que el próximo lunes realizará la renovación del acueducto de 500 mm en la intersección de las calles Urquiza y Galina, por lo que habrá baja presión de agua.

Ante esta situación, se llevará a cabo en horas de la madruga del lunes el desagote de la cañería, para comenzar con los trabajos a primera hora de la mañana. Por la magnitud de la intervención, se estima que el reemplazo de la cañería demandará toda la jornada del mencionado días.

A raíz de la interrupción en el acueducto, que es uno de los que alimenta al centro de distribución Colombia, habrá servicio, pero con baja presión en la red pudiendo ocasionar restricciones puntuales por algunas horas.

En ese sentido desde la Gerencia de Agua y Cloacas se solicita a los usuarios en general, hacer uso racional de las reservas domiciliarias hasta tanto se finalicen los trabajos.

Corte De Tránsito

Por otra parte, desde la prestataria de servicios se les solicitó a los vecinos del sector y automovilistas que transiten en cercanías a Urquiza y Galina, acatar la señalización dispuesta a fin de evitar complicaciones en el traslado de maquinaria y equipos de trabajo.

Desde este viernes se han interrumpido de manera parcial y/o total, las siguientes arterias: Urquiza de A. Jenkins a Galina, y Galina de Moreno a Urquiza.

La finalización de los trabajos y la normalización del servicio será informada a través de las redes sociales oficiales.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó hoy que Juntos por el Cambio (JxC) participará del debate de la Comisión de juicio político que analiza la conducta de los miembros de la Corte Suprema en el Congreso para «frenar» lo que calificó como «un nuevo embate del Gobierno nacional sobre la Justicia».

Rodríguez Larreta habló esta mañana con la prensa al recorrer el Barrio 15 de Villa Lugano, donde funcionaba uno de los 64 búnkers de drogas tapiados por la Ciudad de Buenos Aires, según indicaron fuentes del Ejecutivo porteño.

Rodríguez Larreta se manifestó así tras lo expresado ayer por la Mesa Nacional de JxC que, tras reunirse de manera virtual, anunció que no dará quorum para que se debatan en el Congreso los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo Nacional, hasta que sea retirado el pedido de remoción al máximo tribunal.

“No lo vamos a permitir, los vamos a frenar y vamos a dar todas las discusiones con toda la convicción en la comisión de juicio político”, enfatizó el alcalde porteño.

El precandidato presidencial del PRO señaló asimismo que la oposición “cumplirá con su responsabilidad” de debatir en el Congreso, aunque opinó que “no hay manera de tener un diálogo constructivo, de buscar proyectos de ley en forma conjunta con el Gobierno nacional, que está desconociendo la democracia”.

La firma del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni para avalar el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en el centro de las miradas de la política nacional, ya que el mandatario provincial se encuentra en uso de licencia y su reemplazante natural en el cargo, el vicegobernador Ricardo Sastre, no concurrió al encuentro convocado el martes por el presidente Alberto Fernández ni tampoco firmó por vía remota.

De las 12 firmas que acompañaron a la del Presidente de la Nación en el documento con el pedido formal de juicio político a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay dos que ganaron notoriedad en las últimas horas.

Uno es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien salió a aclarar que si bien acompañó el reclamo contra el fallo de la Corte, vinculado a los dos puntos de coparticipación que le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires, él no está de acuerdo con el pedido de juicio político.

Se trató de un hecho más que delicado, ya que el documento con las 12 firmas fue divulgado oficialmente por la Casa Rosada.

Desde la Presidencia se aseguró que no hubo error de su parte, sino que el gobernador entrerriano cambió su posición después de que saliera el documento: “Él habló con el Presidente antes de que empezara la reunión y le dijo que acompañaba, y estuvo presente toda la reunión por Zoom, donde se decidió la firma, y nunca dijo que no firmaba –dijeron fuentes de la Casa Rosada, citadas por Infobae-. Ahí quedaron que los que no estaban ahí la mandaban digital. Tampoco ahí dijo que él no”.

¿Qué pasó con la firma de Arcioni?

La otra situación que es objeto de controversias es la del gobernador Mariano Arcioni, quien se encuentra en uso de licencia por vacaciones y no asistió al encuentro cónclave del martes. El chubutense sí había participado de la reunión de la semana pasada, cuando apoyó públicamente el reclamo contra el fallo y dejó entrever su acompañamiento al pedido del juicio político.

Sin embargo, más allá de que pudo haber una aprobación tácita a acompañar el pedido de juicio político, la firma de Arcioni en el documento del martes afronta un inconveniente que no es sólo formal. Al estar en uso de licencia, quien lo reemplaza en el cargo es el vicegobernador Ricardo Sastre, quien en todo caso debería haber sido el autor de la firma del documento, como responsable del Poder Ejecutivo Provincial.

Sin embargo, según pudo saber ADNSUR, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo no participó presencialmente, ya que a ese encuentro sólo fueron invitados gobernadores de provincia, aunque sí habría tenido una participación virtual. Sin embargo, Sastre no firmó la iniciativa y se especula, según medios de Buenos Aires, con que la firma de Mariano Arcioni podría ser impugnada.

También trascendió que la misma podría concretarse en las próximas horas, aunque no hay certezas respecto de si finalmente el mandatario chubutense dará su consentimiento para avalar el pedido de juicio político, más allá de acompañar el reclamo en contra del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con más recursos económicos.

El jefe de Estado entregó el escrito al titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y a la diputada Carolina Gaillard durante un encuentro en la Quinta de Olivos.

El presidente Alberto Fernández se reunió en Olivos con el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, para presentarles el pedido de juicio político a la Corte.

«El Presidente les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo», detalló el área de comunicación de la Presidencia en un comunicado.

La firma del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el resto de los ministros del máximo tribunal, generó un ruido inesperado entre Fontana 50 y la Casa Rosada.

Aunque el gobernador Mariano Arcioni avalaba la movida, se tomó licencia hasta el 8 de enero y el vicegobernador Ricardo Sastre –a cargo del Ejecutivo hasta ese día- por estas horas se niega a rubricar el pedido que sí firmaron diez mandatarios provinciales.

Este diario pudo saber que al madrynense lo “apuran” para que remita su firma digital y respalde la embestida contra los jueces supremos. Pero Sastre no está convencido ni mucho menos le cae en gracia ninguna presión del entorno del presidente Alberto Fernández. En rigor, el vicegobernador es de la idea de un camino dialoguista para conflictos políticos de este tipo y no de encender más un escenario ya de por sí complejo ni de “salir a romper”.

Fuente: Diario Jornada

El presidente Alberto Fernández convocó a los gobernadores a una reunión para hoy martes a la mañana en la Casa Rosada para unir fuerzas y avanzar con el juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

El domingo, el jefe de Estado lo había anticipado -en el escrito que compartió en sus redes sociales- que convocaría a los mandatarios que acompañaron «al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» por el fallo que emitió el Tribunal Supremo en favor del Gobierno porteño.

En declaraciones periodísticas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y espada de la vicepresidenta Cristina Kirchner declaró: «Estamos citados para el martes, ahí conoceremos la presentación».

En la misma línea, apuntó contra la Corte y Horacio Rodríguez Larreta, que pelea -casi en soledad- contra la Casa Rosada: «Parece absolutamente decidida a pagarle la campaña al jefe de Gobierno».

El ex ministro de Economía fue el primero en llegar a la reunión en Balcarce 50 del 22 de diciembre pasado, a la que asistieron también Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja). También estuvieron presentes en el intercambio Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Mientras que, de forma virtual, hicieron su aporte Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Desde el Poder Ejecutivo, esperan que los mismos reafirmen el compromiso de ir contra la administración de la CABA y la Corte Suprema. Hoy la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó la embestida de Fernández contra Rosatti.

La guerra entre la Nación y la Ciudad se disparó cuando el Tribunal Supremo dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la Ciudad contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020 para asignárselo a la provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables.

En principio, Alberto Fernández se negó a acatar la decisión de la Corte, lo que derivó en un mar de críticas por parte de la oposición. Si bien se respaldó en los gobernadores, al poco tiempo el mandatario cambió de opinión y comunicó que cumpliría con la cautelar, pero los pagos los ejecutaría con bonos públicos.

Aunque la decisión del Presidente de la Nación fue rechazada por la Ciudad mediante un comunicado.

La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrcih, presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y 18 gobernadores por el delito de «sedición» y «traición a la Patria», a partir de conocida la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte respecto a la coparticipación de la Capital Federal.

Vale señalar que luego de conocido el fallo de la Corte Suprema, que otorgaba razón a la Ciudad de Buenos Aires; el Presidente se reunió con los gobernadores y emitieron un documento en el cual se señalaba que el fallo no se iba a acatar y se informó la recusación de los jueces de la Corte.

A partir de esto, desde el PRO, Bullrich presentó una denuncia penal contra los firmantes apuntando que «desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos!».

La denuncia abarca no solo al presidente Alberto Fernández sino también al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; además de los mandatarios Axel Kicilloff de Buenos Aires, Raúl Jalil de Catamarca, Jorge Capitanich de Chaco, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gildo Insfrán de Formosa, Sergio Ziliotto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Sergio Uñac de San Juan, Alberto Rodríguez Saá de San Luis, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Arabela Carreras de Río Negro, Oscar Herrera Ahuad de Misiones, Omar Gutiérrez de Neuquén y Gustavo Sáenz de Salta.

La acusación contra «todos ellos (es) en orden al delito de sedición contemplado en el inciso 2) del artículo 230 del Código Penal conforme los hechos y sus consecuencias jurídicas, y/o los que pudieren surgir de la investigación a llevarse Adelante», sostiene la denuncia.

Además, en la denuncia, se apunta que lo resuelto por el máximo tribunal en su fallo «no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias».

«No pueden desconocer los denunciados, por las funciones que ejercen, que los montos en cuestión no fueron nunca destinados por la Ley a las provincias en general, pues se trata de porcentajes de coparticipación correspondientes al Gobierno Federal y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignados a las funciones de seguridad y cuya transferencia se efectuó por convenio, como perfectamente explica la Corte», sostuvieron.

En este sentido, refutan al Gobierno nacional al señalar que «no es cierto que el fallo sea de cumplimiento imposible, porque solo se trata de la reasignación del destino de los fondos en cuestión, que, reiteramos, hacen a la coparticipación federal y no a otras asignaciones presupuestarias».

«Está claro entonces que el documento emitido por el Ejecutivo Nacional solamente indica el modo de justificar y encubrir la decisión tomada de NO CUMPLIR CON LA SENTENCIA dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de su competencia originaria y exclusiva», continúa.

«Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional», aseguraron.

 

Así lo anticipó en mensajes que emitió esta mañana a través de la red social Twitter. Además, anticipó que el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto sobre esta materia para que sea tratado en sesiones extraordinarias. «Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas», expresó.

El presidente Alberto Fernández anunció que dispuso «reasignar» fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación. Además, anticipó que el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto sobre esta materia para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Así lo anticipó en mensajes que emitió esta mañana a través de la red social Twitter, en los que consignó que el Estado nacional había sido «notificado» de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires el miércoles pasado, por lo que señaló que ordenó reasignar los «únicos recursos disponibles del ejercicio 2022» y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual se «se utilizarán bonos TX31».

«Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», expresó el mandatario.

El mandatario puntualizó que las «políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas».