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Afirman que tras el fallo de la corte Nación tiene que reunirse con Chubut para ver de qué forma se hace la compensación

«Nación se tiene que sentar con las provincias para ver de qué forma compensa la situación»,  aseguró el fiscal de Estado, Christian Martínez, luego de la resolución de la Corte Suprema que dispuso que la reducción del IVA no puede afectar los fondos de la coparticipación para las provincias.

Martínez se refirió al fallo de la Corte Suprema a favor de 15 provincias contra la reducción de impuestos que afecta la coparticipación y explicó que «es una cautelar que ordena compensar a Chubut y a las demás provincias el detrimento a la pérdida que tuvieron a la coparticipación, buscando con esto la declaración de inconstitucionalidad».

En esta línea, señaló que la Ley de Coparticipación «es una ley acuerdo y en esta oportunidad implicó la reducción de un porcentaje de un fondo común de manera inconsulta y unilateral. La sentencia es individual para cada provincia que hizo la presentación, las que se sintieron agraviadas en su coparticipación».

«Es la misma Corte Suprema la que tiene que resolver esta cuestión de fondo, no se fijó un plazo para la devolución aunque acostumbran a demorar. Pero al estar la resolución, la pérdida más tarde o más temprano la tenés reparada», agregó Martínez.
Además, manifestó que «desde lo técnico legal hay un plazo que es el propio que el de una ejecución de cualquier tipo de sentencia. Si bien no hay recurso de apelación porque estamos hablando del máximo órgano judicial de la Nación, si podría tener una revisión», así lo informó el Chubut.

«Después de este paso, Nación se tiene que sentar con las provincias para ver de qué forma compensa la situación, a los efectos del cumplimiento de este fallo», agregó el Fiscal de Estado.

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Martínez refiriéndose al fallo de la Corte Suprema, expresó la “Nación se tiene que sentar con las provincias para ver de qué forma compensa la situación”

Así lo aseguró el Fiscal de Estado, luego de la resolución de la Corte que dispuso que la reducción del IVA no puede afectar los fondos de la coparticipación para las provincias.

El Fiscal de Estado del Chubut, Christian Martínez, se refirió al fallo de la Corte Suprema a favor de 15 provincias contra la reducción de impuestos que afecta la coparticipación y explicó que “es una cautelar que ordena compensar a Chubut y a  las demás provincias el detrimento a la perdida que tuvieron a la coparticipación, buscando con esto la declaración de inconstitucionalidad”.

En esta línea, señaló que “la Ley de Coparticipación es una ley acuerdo y en esta oportunidad implicó la reducción de un porcentaje de un fondo común de manera inconsulta y unilateral. La sentencia es individual para cada provincia que hizo la presentación, las que se sintieron agraviadas en su coparticipación”.

“Es la misma Corte Suprema la que tiene que resolver esta cuestión de fondo, no se fijó un plazo para la devolución aunque acostumbran demorar a veces. Pero al estar la resolución, la pérdida más tarde o más temprano la tenes reparada”, agregó Martínez.

Además, manifestó que “desde lo técnico legal hay un plazo que es el propio que el de una ejecución de cualquier tipo de sentencia. Si bien no hay recurso de apelación porque estamos hablando del máximo órgano judicial de la Nación, si podría tener una revisión”.

“Después de este paso, Nación se tiene que sentar con las para ver de qué forma compensa la situación, a los efectos del cumplimiento de este fallo”, agregó el Fiscal de Estado.

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Hay vigilia en los Tribunales a la espera del fallo para Archie Phillips

Un grupo de personas, pertenecientes a organizaciones feministas y colectivos de artesanos y emprendedores de Trelew, comenzó una vigilia anoche, frente a los Tribunales, sobre Av. de 9 Julio, a la espera del fallo de la Justicia para Archie Phillips por el femicidio de Evelyn Lehr, el pasado 13 de junio de 2018.

El fallo de la condena para el imputado será al mediodía en la Sala de Audiencias de los Tribunales de Trelew. Desde las organizaciones que acampan, auguran una cadena perpetua para el femicida Archie Phillips.

 

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El próximo jueves se conocerá el fallo de la causa más emblemática de corrupción de Chubut

El Tribunal de enjuiciamiento, compuesto por Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez, dará a conocer el próximo jueves 3 de octubre, las 10 de la mañana en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, el fallo de la causa más emblemática de corrupcion en Chubut, que imputa a 12 personas, entre ellos exfuncionarios, por asociación ilícita y fraude.

En esta jornada, se escucharon las réplicas de los alegatos de los imputados, de las defensas y los fiscales. Los imputados se defendieron de las acusaciones. El fiscal del Ministerio Público Fiscal, Omar Rodríguez, cuestionó como los defensores fraccionan las pruebas en favor de los imputados.

Su compañero de tarea, Alex Williams, manifestó al respecto: «Se tiene que ver toda la película no fraccionada como lo quiere demostrar la defensa».

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El juez Alesi falló a favor del Colegio de Abogados

El Poder Judicial resolvió exhortar a Nación a que acuerde un subsidio del Tesoro Nacional para hacer frente a los salarios de los judiciales y dio un término de 30 días para que se normalice el servicio de la Justicia en Chubut. También solicitó a diputados y senadores nacionales que informen «a sus pares de las Cámaras» la situación de la Provincia.

Mirta Antonena, presidenta del Colegio de Abogados de Trelew dialogó con FM EL CHUBUT tras el fallo del juez.

El juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, falló a favor del amparo que presentó días atrás el Colegio de Abogados de Trelew para poder ejercer la profesión y decidió exhortar a Nación a realizar aportes del Tesoro Nacional para garantizar el normal funcionamiento de la justicia en Chubut. A su vez, se resolvió un plazo de 30 días para que vuelva todo a la normalidad en el servicio de la Justicia.

Se requirió al ministro de Economía, Oscar Antonena, que dentro del plazo de dos días calcule el monto necesario para hacer frente a los salarios del Poder Judicial hasta el cierre del 2019.

En la parte resolutiva del documento, se solicitó a diputados nacionales y senadores que «informen a sus pares de las Cámaras la situación del Poder Judicial y la violación masiva al derecho de la jurisdicción que se vive en Chubut y apoyen la exhortación que se cursará al Congreso de la Nación».

 

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Causa Maldonado: el fallo «señala que la ministra» Bullrich «amparó la verdad»

El ministerio de Seguridad de la Nación afirmó este viernes que el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que ordenó reabrir la investigación por la muerte del joven bonaerense Santiago Maldonado e investigar posible abandono de persona, «demuestra que la ministra (Patricia Bullrich) siempre defendió la verdad».

El fallo de la Cámara, sostuvo el ministerio en un comunicado, «confirmó que no hubo Desaparición Forzada» al sostener que «dicha hipótesis delictiva ha quedado definitivamente descartada».

Sostuvo que el fallo «confirma que Santiago Maldonado falleció ahogado sin la intervención de terceras personas» en un río de Chubut y dijo que eso «ratifica que la esencia de la causa ha sido desestimada en ambas instancias, descartando definitivamente esa acusación».

«Este fallo de segunda instancia ratifica la verdad que siempre sostuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación y Gendarmería Nacional Argentina. Esto demuestra que la Ministra siempre defendió la verdad», destacó el ministerio.

Asimismo, manifestó que la causa deberá centrarse «en la investigación del posible delito de abandono de persona».

Las pruebas citadas por los jueces en su resolución «dan cuenta de que las últimas personas que vieron a Santiago Maldonado con vida eran tres integrantes del grupo de manifestantes que lo acompañaban en el lugar», expresó la cartera a cargo de Bullrich.

En ese sentido, citó el texto del fallo que afirma: «Lo cierto es que más allá de las contradicciones en las que habrían incurrido los testigos, existen puntos de convergencia en sus dichos que permiten concluir que quienes vieron por última vez a Santiago Maldonado fueron Lucas Ariel Naiman Pilquiman, Matías Daniel Santana y Nicasio Luna Arratia».

Ese grupo formaba parte de una manifestación que cortaba el tránsito en una ruta chubutense y fue dispersada por la Gendarmería Nacional, tras lo cual los jóvenes corrieron hacia las montañas y varios de ellos lograron cruzar a nado un río pero Maldonado quedó relegado y se ahogó en las aguas heladas. Así lo informó ADNSUR.

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En un fallo inédito rechazaron la probation a 6 imputados

La decisión del cuerpo colegiado integrado por Adrián Barrios, Luis Luchelli y Alejandro Defranco se dio en horas de la tarde, tras un cuarto intermedio en una audiencia que se extendió durante la mañana hasta cerca de las 14, donde pudo escucharse las argumentaciones de los defensores que impugnaban lo resuelto por los Jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez, en tanto los fiscales y las querellas solicitaban la confirmación de lo actuado.

Los defensores Damian Dantonio representando a Jorge Aníbal Godoy y Juan Carlos Ramón, Matías Cimadevilla defensor de Christian Gisande y Fabián Gabalachis asesor legal de Natalia y Giuliana Mc Leod y Sandro Figueroa manifestaron los agravios por el rechazo de la suspensión de juicio a prueba tildando esa decisión del tribunal de enjuiciamiento como arbitraria a la vez de manifestar que no se ajusta a derecho.

Indicaron las dudas en cuanto a las posibles penas y dijeron que sus defendidos tenían todos los requisitos que se solicita para la imposición del instituto. Por el contrario los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams enfatizaron en que se trata de una decisión fundamentada y razonada. Aludieron a las convenciones internacionales a las cuales adhiere nuestro país al asegurar que este grupo hizo mucho daño a la comunidad y su proceder atenta contra el sistema democrático y afecta a los que menos tienen. Refirieron al aludido artículo 26 que habla sobre la condición de las penas expresando que por el tenor de los delitos las mismas no serán de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo. En algún tramo de la alocución el fiscal Williams dijo que comprende la posición de los defensores al no compartir lo resuelto por los Jueces, pero la sentencia no tiene fisuras, esta fundamentada y es altamente razonada.

Del mismo modo se expresaron los querellantes representantes de la Fiscalía de Estado Javier Tampone, de iniciativa ciudadana Eduardo Hualpa y el doctor Hansen de la oficina anticorrupción, quienes hicieron aportes adhiriendo y reforzando lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal.

Los votos de Luis Luchelli, Adrián Barrios y Alejandro Defranco dados a conocer en la sala ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew, no hicieron más que confirmar en forma unánime la sentencia dada el 5 de abril pasado por los doctores Soñis, Rolón y Pérez. Entre las argumentaciones comunicadas aluden a la adecuada posición asumida por el Ministerio Público Fiscal, resaltando la importancia que debe darse a delitos como defraudaciones al Estado donde los afectados son todos los ciudadanos.

Reafirmaron las normas vigentes tanto en los organismos internacionales, como previstas en la Constitución, confirmando cada uno a su turno la sentencia emitida oportunamente que rechaza la posibilidad de aplicar el instituto de la suspensión de juicio a prueba.

Así las cosas la causa denominada “embrujo” seguirá su curso y Diego Correa, Diego Luters, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, deberán afrontar el juicio oral y público acusados de diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y usurpación de título público.

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Mañana se conocerá el fallo para los acusados de corrupción en el IPV

El viernes se conocerá la decisión de la jueza Daniela Arcuri. Los acusados en la causa propusieron realizar trabajos comunitarios y retribuciones económicas.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, realizó maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI como tampoco el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

El abogado de Dario Acosta, Francisco Miguel Romero, solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una institución de bien público, y el pago del 20% de su sueldo durante dos años.

Por su parte, el defensor de Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla, Esteban Mantecon, pidió que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitó por ende la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte, Guillermo Iglesias, el defensor de Claudia Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

El Comodorense

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