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Este último viernes, mediante un pronunciamiento, la Secretaria General de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard, envió una carta abierta al presidente de Colombia, Iván Duque, solicitando que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza por la policía contra personas que se manifiestan.

“Callmard envió una carta en la que expresa la preocupación del movimiento por la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia en el contexto del Paro Nacional y las multitudinarias manifestaciones que vienen celebrándose en todo el país desde el 28 de abril y le pide al presidente que intervenga inmediatamente para poner fin a las violaciones de derechos humanos”, señaló.

Además, este comunicado indica que Amnistía Internacional tiene documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, así como las múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido durante las movilizaciones.

Callamard exhortó a las autoridades colombianas a que realicen “investigaciones imparciales y creíbles sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, así como denunciar y castigar a los responsables de estos hechos.

También pidió que se comprometan “con el escrutinio internacional permitiendo el acceso de mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos”.

Fuente: Radio Nacional

La crisis colombiana alcanzó a la Copa Libertadores cuando un grupo de manifestantes se instaló a las puertas del estadio en Barranquilla donde jugó River y terminó siendo reprimido con gases lacrimógeno por la Policía para permitir el inicio del partido.

El humo de los gases llegó al campo de juego mientras River hacía la entrada en calor. El alcalde Jaime Pumarejo dijo que el partido nunca estuvo en riesgo y que se trató únicamente de un grupo de «unos 200 jóvenes que la fuerza pública separó para que no ingresaran».

«Cuando vimos que se acercaba la hora del partido y no abandonaban el lugar, empezamos a repeler y retirar a la gente. Ya se han dispersado a las personas y seguimos manteniendo el perímetro de seguridad. La fuerza pública no va a responder al choque con violencia, sino con disuasión», afirmó.

Pero a los 22 minutos del primer tiempo, el árbitro del encuentro se vio obligado a suspender el partido que entonces ganaba Junior ante la llegada de los gases al campo de juego que imposibilitaba el desarrollo del partido.

Así, el partido estuvo suspendido alrededor de tres minutos, mientras se escuchaba de fondo las detonaciones y la represión que se desarrollaba por fuera del estadio de Junior en Barranquilla.

En las redes circularon fotos de los jugadores de River y del entrenador Marcelo Gallardo cerrando o frotándose los ojos por la acción de los gases y el alcalde Pumarejo contó a TyC Sports que el DT pidió que pasaran reggaetón en el vestuario para que el equipo no escuchara los estruendos mientras se preparaba para salir a la cancha.

Ya iniciado el partido, la represión y las corridas afuera del estadio continuaban.

Por la tarde la Policía ya había actuado frente al Hilton Garden, el hotel donde se alojó el plantel argentino, ante otro grupo que pretendía bloquear el ingreso y la salida.

Otra protesta

En paralelo, escenas similares se están viviendo en la ciudad colombiana de Pereira, donde se tuvo que postergar otro partido de ese campeonato internacional por las crecientes protestas.

La Policía de Colombia dispersó a grupos de ciudadanos que rodeaban el hotel de la ciudad de Pereira en el que se encontraba el plantel de Nacional de Montevideo y que impedían la salida de los jugadores hacia el estadio donde se tuvo que retrasar una hora el inicio del partido frente a Atlético Nacional de Medellín por la Copa Libertadores.

Grupos de hinchas se habían instalado en las afueras del hotel al grito de «No se va a jugar» y sostenían que no habrá partido «mientras en las calles siguen asesinado a jóvenes que luchan por un futuro mejor».

De hecho, lograron demorar la salida primero de la utilería del club uruguayo y después del plantel mismo.

Pero la Policía dispersó a los hinchas a las puertas del hotel Movich y, aunque inicialmente los jugadores no fueron al estadio, la Conmebol decidió que el partido se jugaría, aunque con retraso.

En un punto, el titular de la delegación uruguaya, Enrique Campos, llegó incluso a decir que «no están dadas las garantías de seguridad para que se juegue».

Algo similar ocurrió frente al hotel Mora, donde estaba concentrada la delegación de Nacional de Medellín, pero los jugadores pudieron ir al estadio y esperaron allí la llegada de los uruguayos.

Ayer, un comunicado firmado por «Barristas pereiranos» bajo el título «Sin justicia no hay fútbol» había prometido que no se jugaría ese partido porque el fútbol, «el deporte más popular, vistoso y con más seguidores en el mundo, no puede servir para desviar o silenciar la atención del planeta entero sobre la situación que vive el pueblo colombiano».

Pereira fue sede hoy de una de enorme movilización como parte de la jornada de protestas convocada por el Comité Nacional del Paro, que incluyó también un Concierto por la Vida y la Resistencia en el Parque Olaya Herrera de la ciudad.

«Nuestra sede no será escenario de un partido de fútbol mientras la sangre de nuestros compatriotas sigue siendo derramada por el gobierno colombiano a manos de la Policía, el Ejército y los paramilitares», señaló el texto, que terminó con la sentencia «Si no hay pan, tampoco habrá circo».

Cuestionaron al intendente Sergio Ongarato por su falta de comprensión, la falta de comunicación y por no cumplir con sus promesas. “Desde los medios oficialistas de la Municipalidad y de parte del propio intendente mienten y no dicen que somos abiertos, uniformes y que tomamos decisiones dependiendo de las cuestiones que van sucediendo”, consideró Mariano, partícipe de la ocupación del municipio de Esquel.

Y es que este jueves se cumplirán siete días de la ocupación pacífica de la Municipalidad de Esquel por parte de integrantes de la asamblea de No a la Mina que demandan el tratamiento de la Iniciativa Popular en la Legislatura. La medida de protesta se mantiene y los manifestantes aseguraron que es una respuesta a “la traición y la inoperancia de los legisladores”.

En diálogo con El Patagónico, el integrante de la asamblea de No a la Mina manifestó que “esto empezó cuando nos habíamos apostado temprano para escuchar la sesión. Una vez que pasó lo que pasó en la Legislatura tomamos la decisión de entrar. Un rato antes habíamos hablado con el intendente y, delante nuestro, se había comunicado con su compañero de línea política (el diputado provincial, Manuel) Pagliaroni y con el vicegobernador Ricardo Sastre para decirle lo que nosotros estamos comunicando”.

Mariano recordó que cuando se realizó el plebiscito en 2003 Ongarato era concejal. “El conoce la lucha de esta ciudad y de la asamblea. Le ha mandado mensajes a algún que otro compañero pero no se ha acercado más a posicionarse y a hablar con la asamblea. El sabe que no es un acto hacia él y eso lo torna en una situación incomprensible de todo lo que estamos haciendo”.

FALTA DE COMPROMISO

El manifestante cuestionó la falta de compromiso al intendente de Esquel Ongarato por su posicionamiento. “Nosotros lo que esperábamos de él era el compromiso que asumió con nosotros, que era viajar ese mismo jueves a Rawson con los intendentes de Lago Puelo, El Hoyo y Trevelin para tener reuniones con el vicegobernador y el gobernador (Mariano Arcioni). Sin embargo, todavía no lo ha hecho aunque las noticias dicen que iría la semana que viene”, cuestionó.

Mariano también afirmó que “una vez que nos apostamos en la Municipalidad, la comunicación se cortó. No apareció más. Dictaminó que los empleados no trabajen cuando nosotros le dijimos en todo momento que íbamos a permitir trabajar normalmente. Incluso nosotros sacamos las cosas del lugar para que puedan trabajar pero él decidió no hacerlo y salió en conferencia de prensa diciendo que había presentado una denuncia en Fiscalía”, cuestionó.

“Nos enteramos de la denuncia por la conferencia de prensa y en ese momento se acercaron a hablar dos compañeros con él pero los evitó y les dijo que no iba a hablar con nosotros. Y se fue”, detalló.

“Está cortado el vínculo y la comunicación en este momento y esperamos que esta acción legal y por Fiscalía no tenga repercusiones hacia la asamblea y sus integrantes porque no es la intención terminar de esta manera ni ser perseguido por el propio intendente de la ciudad”, concluyó el manifestante.

Fuente: El Patagónico

Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas, después de que el Comité Nacional del Paro y el presidente colombiano, Iván Duque, no lograsen ningún acuerdo en la reunión celebrada este lunes, tras trece días consecutivos de movilizaciones sociales.

Las protestas, menos intensas que en los días anteriores, persistieron a lo largo del país en medio de voces que llaman al diálogo para salir del atolladero, y después de que este domingo subiera la tensión en la ciudad de Cali por los enfrentamientos de supuestos civiles armados contra la marcha indígena.

Más de 370 personas han desaparecido en Colombia desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzó en el país un paro nacional al que le siguieron una serie de manifestaciones y bloqueos de vías en contra de disposiciones del Gobierno, indicaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

«Las organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada estamos entregando a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Defensoría del Pueblo una base de datos de 379 personas desaparecidas desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 28 de abril hasta hoy», indicó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Twitter.

Al respecto, la UBPD, a través de un comunicado, hizo un llamado urgente al presidente Iván Duque para que abra «un espacio de escucha a la sociedad», y advirtió que «la crisis que vive el país no puede ser atendida bajo de la declaración de Estado de conmoción interior, porque agudiza la confrontación en las calles del país».

El miércoles, Duque dijo a la emisora local Blu Radio que como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna herramienta de la Constitución, como la conmocion interior, como búsqueda para detener las acciones violentas que se han presentado en varias ciudades (particularmente en Cali, suroeste) al margen de la protesta social.

Sin embargo, destacó que frente a la crisis actual su Gobierno ha aplicado otro tipo de instrumentos.

La UBPD agregó en su texto que «la experiencia ha mostrado que (medidas como el Estado de excepción) han puesto a la población en riesgo de violación de sus derechos, garantías y libertades ciudadanas».

Asimismo, agregó que «durante los últimos días, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social, 24 personas han perdido la vida y se desconoce la suerte y el paradero de al menos un centenar, así como también se tiene un reporte de personas desaparecidas, alguna de ellas cuyo cuerpo ha aparecido sin vida recientemente».

Por último, el organismo se dijo preocupado porque estos hechos ocurren durante la plena vigencia del Estado Social de Derecho, y que ante eventuales medidas excepcionales «la situación de violaciones a los derechos humanos puede agravarse».

Colombia cumplió el jueves 6 nueve días de manifestaciones que iniciaron en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo.

Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.

En el marco de esas movilizaciones nacionales, desde el pasado 28 de abril hasta la fecha, se han registrado al menos 27 muertos y 426 personas más han sido heridas en casos de abuso de la Fuerza Pública, según cifras reveladas por el Movimiento Nacional de Víctimas de

Sin embargo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló en la noche del jueves, a través de su cuenta en Twitter, que ese organismo ha «recibido denuncias sobre 36 muertes en Colombia».

Además, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

Una selección de noticias para entender las protestas antigubernamentales avivadas por una fallida reforma tributaria, que dejan un balance de 24 muertos y más de 800 heridos en ciudades como Cali y Bogotá.

Desde el 28 de abril, en las calles de Colombia se han sucedido las manifestaciones detonadas por la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Ante la presión de las protestas, el Gobierno ha decidido retirar la propuesta y llamar al diálogo a los distintos sectores de la sociedad colombiana, en un intento por lograr una reforma consensuada. Sin embargo, las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento más amplio frente al Ejecutivo de Duque.

Con su propuesta tributaria, el Gobierno se proponía recaudar el equivalente al 2% del PIB en una serie de nuevos impuestos para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificación crediticia. Duque siempre intentó subrayar los componentes sociales de la reforma, que contemplan también una renta básica . Su iniciativa fue defendida por analistas económicos que la consideraban ambiciosa y necesaria, pero resultó inoportuna. En especial en un año previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2022. En una encuesta, el 82% de los consultados respondieron que no votarían por los candidatos que apoyaran la subida de impuestos.

Aunque la reforma fue el detonante de las protestas, como telón de fondo hay un enorme descontento social que aumentó en la pandemia. Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo cerró el año en 15,9% y la pobreza monetaria escaló hasta el 42,5%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Estas son las últimas noticias clave para entender qué pasa en Colombia:

Iván Duque propone una subida de impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia en Colombia. Para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, el Gobierno colombiano propuso la tercera reforma tributaria desde que Duque asumió la presidencia en 2018 y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas de la región. La llamada Ley de Solidaridad Sostenible aumentaba la canasta de bienes gravados con el IVA del 39% al 43%, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentaba de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, incluyendo a las personas que ganasen desde 2,5 millones pesos colombianos (unos 700 dólares) al mes.

La reforma tributaria reactiva las movilizaciones en Colombia en el pico de la pandemia.El 28 de abril, en plena tercera ola de la pandemia, las protestas sociales contra la reforma tributaria estallaron en Colombia. El llamado “paro nacional” que había puesto contra las cuerdas al Gobierno a finales de 2019 se reactivó con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios.

El presidente de Colombia saca a los militares a la calle para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones en diversas ciudades colombianas ha escalado y las protestas han tenido más seguimiento del esperado. El sábado, 1 de mayo, se produjeron incidentes entre policías y manifestantes en las principales ciudades del país. En Cali, se registraron al menos diez homicidios, de acuerdo con la policía. Duque entonces decidió sacar a los militares a la calle en un intento de mostrar que la situación estaba bajo control, pero esa decisión acentuó las tensiones.

Duque cede a las protestas y retira la reforma tributaria de Colombia. El domingo, 2 de mayo, Iván Duque decide dar marcha atrás en su propuesta de reforma tributaria. “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo el presidente. Un día después, dimitió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien había elaborado la polémica reforma.

La violencia policial se descontrola en Colombia. El martes, 4 de mayo, Colombia vivió otra jornada de violencia que alertó a los organismos internacionales. La UE y la ONU condenaron el uso “desproporcionado” de la fuerza en las manifestaciones. Una de las imágenes más impactantes fue la de carros blindados y helicópteros dispersando a la multitud con gases lacrimógenos y detonaciones de armas en Cali. En ese momento, distintas organizaciones indicaron que al menos había 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos en el país.

El acoso policial a las mujeres que protestan en Colombia: “Si así son las marchantes, qué rico echarles gases”. Hasta el 4 de mayo, según la ONG Temblores, que documenta el abuso de autoridad, se habían producido una decena de casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública durante las protestas en Colombia. La mayoría de hechos de abuso policial contra las mujeres ha ocurrido de noche y cerca de estaciones de la policía.

La represión de las protestas sella el divorcio de Duque con los jóvenes. Después de una semana de protestas el balance es de 24 muertos, según informó la Defensoría del Pueblo, casi todos jóvenes. Son ellos quienes están en la primera línea de las marchas antigubernamentales que en algunos casos han acabado en violentos enfrentamientos con la fuerza pública. En una reciente encuesta de la consultora Cifras y Conceptos, el 74% de los consultados entre 18 y 25 años tenía una imagen desfavorable del mandatario.

Las réplicas internacionales sobre las movilizaciones en Colombia se han vuelto masivas. Colombianos presentes en otros países del mundo han salido también a las calles para apoyar a quienes dentro del país han marchado en contra de algunas políticas del Gobierno o iniciativas legislativas que estaban vigentes, como la reforma tributaria.

Esta vez, desde Buenos Aires, Argentina, los colombianos alzaron su voz para rechazar los actos de vandalismo que se ha presentado en los últimos días y, además, los actos de violencia a los que se habrían sometido ciertos grupos de ciudadanos en las capitales del país.

Junto a estos connacionales, también se han movilizado trabajadores argentinos que se desplazaron hasta el Consulado de Colombia en Buenos Aires para rechazar la “represión” que está sucediendo en el país.

“Abrazo fraternal y solidario de todos los trabajadores y trabajadoras de la CTA Autónoma de todo el país. No es simplemente una solidaridad pasiva, sino que es una solidaridad activa, estamos en las movilizaciones, pero también en contacto con las denuncias internacionales”, expresó el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, Ricardo Piedro.

En las imágenes se observa cómo la CTA se vinculó a la movilización pacífica que se realizó en la capital argentina y que llegó a las inmediaciones del Consulado de Colombia para pedir que se realicen más vulneraciones a los derechos humanos, como lo han pedido otros organismos internacionales durante este martes.

“Le decimos no a la represión, no a las muertes. Ese petitorio que han presentado las organizaciones y centrales sindicales, ese petitorio por la emergencia sanitaria, de educación, contra la violencia a las mujeres, ese petitorio fue respondido no con una mesa para discutir, sino con asesinatos, represión y prisión”, añadió el líder sindical argentino.

Entre los mensajes compartidos en las redes sociales por la CTA destaca el siguiente: “Se expresa en las calles de ·Argentina la solidaridad activa con las centrales sindicales y el pueblo colombiano. Basta de represión y ajuste por parte del gobierno de Duque, es el grito. #ColombiaEnAlertaRoja.

Otro de los líderes de la CTA en Argentina, Carlos Díaz, señaló a través de las redes sociales que el acompañamiento desde el sur del continente está fundamentado en que se termine con los actos de violencia y de enfrentamientos con la fuerza pública que se están presentando desde el 28 de abril. “Son momentos difíciles los que vive la humanidad”, expresó.

Ante estos mensajes, los sindicatos colombianos y las agremiaciones de trabajadores agradecieron la solidaridad expresada desde Argentina, como lo hizo la Central Unitaria de Trabajadores y Fecode, el gremio de los educadores colombianos.

“Gracias a la CTA Autónoma y a su secretario general Ricardo Piedro por el apoyo hoy en el acto frente al consulado de #Colombia en Buenos Aires, en solidaridad con el Paro Nacional en Colombia y de los trabajadores colombianos ante la represión del gobierno de Duque #SOSColombia”, expresaron los educadores a través de Twitter.

En la tarde de este martes, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció que instalará una gran mesa de diálogo nacional en medio de los fuertes choques que se han registrado entre los manifestantes y los integrantes de la fuerza pública en varias regiones del país en el marco del paro nacional.

Duque manifestó que se creará un espacio con todos los sectores de la sociedad para realizar un gran diálogo en el que se rechace la violencia y se permita avanzar en la construcción de país escuchando las diferencias con respeto.

En su intervención, el jefe de Estado afirmó que no va a tolerar que se vulneren los derechos humanos de las personas que participan pacíficamente de las protestas en Colombia por parte de la fuerza pública. Asimismo, indicó que no se pueden aceptar las agresiones violentas en contra de los uniformados de la Policía Nacional.

Fuente: Semana

La Alcaldía de Cali anunció que se extiende el toque de queda en toda la ciudad hasta el próximo 15 de mayo.

Dicha medidas funcionará desde las 8:00 de la noche hasta el 5:00 de la mañana del día siguiente.

Además, la capital del Valle del Cauca tendrá pico y cédula hasta esa misma fecha (15 de mayo).

Los días pares saldrán las cédulas terminadas en par y los días impares, los ciudadanos con cédula terminada en número impar.

Estas medidas fueron tomadas por la Alcaldía de Cali, mediante decreto, para combatir el alza en los contagios registrados los últimos días por cuenta del COVID-19.

Fuente: Canal 1

En la mañana de ayer, en la céntrica esquina de 25 de Mayo y Rivadavia de Esquel, guardaparques del Parque Nacional Los Alerces se concentraron realizando una por mejoras salariales, entregando panfletos a peatones y automovilistas.

«Tomamos la decisión de venir a panfletear al centro de Esquel como una manera de visibilizar nuestro reclamo y el conflicto que tenemos», dijo Mario Cárdenas, delegado por ATE de los trabajadores del Parque Nacional Los Alerces.

«Queremos que la sociedad de Esquel sepa de nuestros reclamos. El más importante y el que urge hoy es una recomposición salarial para los trabajadores de Parques Nacionales y del cuerpo de guardaparques. El conflicto se da en los distintos Parques del país» apuntó.

Subrayó que «la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios ha sido mucha, y eso hizo que nos movilizáramos hoy para dar a conocer la situación. Hay un porcentaje alto de compañeros que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. El promedio del sueldo básico es de 7 mil pesos para un guardaparques».

SUELDOS BAJOS Y SIN VACUNA

Expresó Cardenas que «hemos perdido muchísimo poder adquisitivo, y hay que destacar que llevamos más de un año de pandemia y en este tiempo brigadistas y guardaparques fuimos declarados esenciales. Los Parques estuvieron abiertos y se recibieron visitantes durante toda la temporada, sin embargo, no nos han vacunado. Tuvimos contacto directo con los visitantes, pero no nos pusieron en el calendario de vacunación. No puede ser que nos declaren como esenciales y eso no se reconozca en el salario o la vacunación».

Laura Fenoglio, también del cuerpo de guardaparques, destacó que «a pesar de las dificultades de estar muy separados en los territorios, incluso en muchos lugares con poco acceso a Internet y hasta sin luz, nos agrupamos a nivel nacional para adoptar medidas de fuerza. Estamos todos en la misma sintonía, sin distinción de gremios, con gente agremiada y gente no agremiada pidiendo que nos aumenten el sueldo de manera inmediata».

Fuente: El Chubut

Una protesta de camioneros chilenos está provocando que unos 600 transportistas argentinos permanezcan varados en Punta Delgada, a unos 40 kilómetros del puesto fronterizo de Monte Aymond y a 100 kilómetros de Río Gallegos, donde se aborda la barcaza chilena que cruza el Estrecho de Magallanes de Santa Cruz a Tierra del Fuego.

Al respecto, el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Santa Cruz, Gonzalo Chute, explicó: «En Punta Delgada hay unos 600 transportes varados entre los que van y los que vienen de la isla y nosotros estamos a la espera de una definición del conflicto que encabezan camioneros chilenos que no pueden circular por Neuquén».

Hay que destacar que los camioneros del país trasandino reclaman poder circular por territorio argentino a la altura de Neuquén por una cuestión logística, lo que está impedido además por protestas de sectores sociales y estatales neuquinos por mejoras salariales.

Además, Chute indicó que el conflicto excede a los organismos argentinos con actuación en la frontera.

«No estamos teniendo tránsito de camiones y nosotros estamos a la espera de que se libere el paso en Punta Delgada, que no es algo que podamos solucionar más que procurar que una vez destrabado sea un trámite lo más rápido y seguro posible, y en tal caso ampliar el horario para que no tengan que permanecer una noche más», comentó el funcionario nacional.

En tanto, Chute sostuvo que «la cantidad de camiones no sería el problema, porque es un tránsito habitual en condiciones normales sin pandemia, sino la previsión horaria en el momento que se destrabe el conflicto».

Por la acumulación de camiones en Punta Delgada, varios transportistas esperan desde el sábado a la vera de la Autovía 17 de Octubre, en Río Gallegos, con mercadería perecedera y otros productos con destino a Ushuaia, la capital fueguina.

«El domingo tendríamos que haber llegado a Ushuaia. Estamos varados desde el sábado acá», declaró un transportista proveniente de Buenos Aires a la prensa.

Según indicó «es mercadería para supermercados, son alimentos perecederos y no sé cuántos días más va a aguantar».

Fuente: Radio 3