El único militar que faltaba juzgar y condenar por los crímenes de lesa humanidad de 16 presos políticos, ocurridos en la Base Aeronaval de Trelew el 22 de agosto de 1972, había sido arrestado por Interpol el último viernes 25 en Miami, a donde estaba radicado desde ese mismo año como parte de la Embajada Argentina en Washington, incluso con la nacionalidad estadounidense que había obtenido en 1983. Pese a reiterados rechazos, Estados Unidos no puso esta vez reparos para su extradición.
«Ahora sí, es oficial. Roberto Guillermo Bravo frente a la extradición por la Masacre de Trelew. La gran pieza faltante de estos crímenes de lesa humanidad», destacó el abogado Eduardo Hualpa, uno de los querellantes en el juicio que ya condenó a otros seis militares, en octubre de 2012, 40 años después de la Masacre: Horacio Mayorga; Roberto Horacio Paccagnini, jefe de la Base Zar en el momento del hecho; al ex capitán Jorge Del Real; el ex capitán Luis Sosa; el ex cabo Carlos Marandino; y al ex capitán de Navío, Jorge Enrique Bautista. La mayoría de ellos falleció después de la condena.
Según los tres sobrevivientes, Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar, desaparecidos después en diferentes circunstancias, el ex teniente Bravo comandó el asesinato en masa junto al capitán Sosa, e incluso fue el que remató a la mayoría de los heridos. El argumento oficial fue un nuevo intento de fuga.
Bravo había logrado la protección de la Marina de Estados Unidos, a tal punto que se había convertido en empresario como proveedor de millonarios servicios de salud con su empresa familiar RGB Group, por ejemplo para la Fuerza Aérea.
Incluso vivía en una lujosa mansión en un barrio exclusivo de Miami, con un muelle propio, donde estaba atracado su yate personal.
