La obligatoriedad, a partir del 1° de marzo próximo, para registrar los contratos de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desató polémica entre inquilinos y propietarios, ante lo que para los primeros es un paso más en la normalización de un mercado con mucha informalidad y para los otros generará mayores costos que habrá que trasladar al precio final.

Mientras los dueños de las propiedades salieron a advertir que el registro derivará en mayor carga impositiva que derivará en un incremento en los valores de las propiedades en renta.

Desde Inquilinos Agrupados, que apoyan la iniciativa oficial del registrar los contratos, rechazaron esos argumentos y enfatizaron que un particular con uno o dos departamentos en alquiler no deberá hacer frente a una carga impositiva importante con el “blanqueo” de esas operaciones.

“Mucho se está hablando sobre la obligación de registrar contratos de alquiler ante AFIP, diciendo que aumentará la carga impositiva. Pero en la mayoría de los casos eso será mínimo”, indicaron desde la asociación de inquilinos.

Agregaron que en los últimos días se ha mencionado mucho casos como el de “un trabajador o jubilado que, con mucho esfuerzo, logró comprar un departamento para alquilar y así complementar sus ingresos, pero la reglamentación apenas los afecta”.

En ese sentido, según cálculos de la entidad sobre el mercado inmobiliario de Capital Federal, una persona que tiene un monoambiente alquilado por $21.000 se encuentra exenta de Ingresos Brutos y sólo debería pagar $227 del componente impositivo del Monotributo.

Similar situación se da para un departamento de 2 ambientes, con un alquiler de $27.500: no paga IIBB en Capital y pagaría $349 de Monotributo. En tanto, con un departamento de tres ambientes alquilado por $45.000, se pagarían $675 de Ingresos Brutos y $750 de Monotributo, cerca del 3% del total de la renta obtenida.

“Esta reglamentación no afecta a los que tienen 1 o 2 propiedades en alquiler. En todo caso puede afectar a quien tiene muchas propiedades no declaradas y grandes rentas no registradas, los cuales deberán declararlas y pagar los impuestos correspondientes”, señalaron los inquilinos.

Tributaristas e inmobiliarias consultados días atrás advirtieron que los mayores costos que significará blanquear estas operaciones se trasladarán a los precios de los alquileres y fomentará la informalidad.

El Banco Central (BCRA) reglamentó la fórmula que se utilizará para el incremento anual en los contratos de alquiler. El nuevo esquema mezclará la evolución de la inflación y de los salarios de los trabajadores registrados. Forma parte de la “letra chica” de la ley de alquileres aprobada por el Congreso y que modificó distintos aspectos de la relación entre propietarios e inquilinos. Una de ellas es que prohibirá las subas de alquileres semestral, tal como se acostumbraba.

El problema entonces no estará sobre esos alquileres registrados, sino sobre los que se mantengan en la informalidad, que es lo que el Gobierno busca cambiar, pero que el mercado inmobiliario prevé que se acrecentará.