Según el informe, la industria pesquera argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Desde el pasado 17 de marzo, la flota tangonera congeladora se encuentra completamente paralizada, con más de 100 buques amarrados en los principales puertos pesqueros del país, incluyendo Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado. Esta situación, que ya se extiende por más de dos semanas, ha generado pérdidas económicas superiores a los 100 millones de dólares en exportaciones, afectando a toda la cadena de valor: desde empresas armadoras y plantas procesadoras, hasta estibadores, proveedores de servicios e industrias conexas, según publicó Pescare.
Un marco laboral desactualizado como raíz del conflicto
La principal causa de esta parálisis es un convenio colectivo de trabajo firmado en 2005, que continúa vigente sin modificaciones sustanciales pese a los profundos cambios en las condiciones del mercado. En el caso particular del langostino —el recurso más relevante del sector, que representa el 52% de las exportaciones pesqueras— el salario de los tripulantes se calcula sobre un valor de referencia del producto establecido en USD 12/kg, precio muy superior al actual promedio de mercado, que ronda los USD 5,5/kg.
Este desfase ha generado un incremento desproporcionado en los costos laborales. Según estimaciones del sector, el costo empresarial por un marinero puede superar los 16 millones de pesos mensuales, mientras las empresas enfrentan rentabilidades negativas del orden del -21% por marea. Esta estructura de costos, sin paralelo internacional, se ha convertido en una amenaza directa a la viabilidad económica de la actividad.
Carga impositiva e insumos dolarizados: una combinación asfixiante
A la problemática laboral se suman otros factores críticos. La presión fiscal sobre el sector continúa en aumento, con retenciones del 6% a las exportaciones y un incremento promedio del 210% en los Derechos Únicos de Extracción (DUE), sin que la pesca haya sido incluida en el reciente régimen de reducción de retenciones dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Paralelamente, la inflación en dólares de insumos esenciales —como combustibles, repuestos navales, servicios portuarios y logísticos— ha deteriorado aún más la ecuación económica de las empresas, que operan con márgenes inexistentes o negativos.
El sector fresquero: una crisis profunda y silenciosa
Si bien la parálisis es más notoria en la flota congeladora, el segmento fresquero, con base principalmente en Mar del Plata, enfrenta desde fines de 2023 una crisis estructural de similares características. El precio de referencia de la merluza fresca permanece congelado en $650 por kilo en banquina, mientras los costos operativos continúan en alza.
Un informe reciente de la consultora INVECQ, encargado por cámaras del sector, indica que cada salida de un buque fresquero genera una pérdida promedio del 21%. Por ejemplo, una descarga de 3.000 cajones genera una facturación de $73,5 millones, frente a costos operativos que ascienden a $88,5 millones. Esta situación también afecta gravemente a las plantas procesadoras en tierra, que operan a pérdida: el costo de producción del filete supera los USD 3.500 por tonelada, mientras que el precio de venta apenas alcanza los USD 2.800.
Riesgo de colapso productivo y social
El sector fresquero aún no ha detenido su actividad formalmente, pero se evidencia un proceso de paralización progresiva. En Mar del Plata, cada día se inmovilizan nuevas embarcaciones por falta de recursos, se cierran plantas de fileteado o se incrementan los retiros voluntarios. La posibilidad de un colapso total del sector comienza a tomar forma, con consecuencias directas sobre el empleo, las exportaciones y el tejido productivo de varias economías regionales.
Petitorio urgente del sector pesquero
Ante este escenario crítico, las principales cámaras empresarias del sector pesquero nacional solicitan la adopción inmediata de las siguientes medidas:
- Actualización del convenio colectivo de trabajo, en sintonía con las condiciones reales del mercado y la sostenibilidad de la actividad.
- Inclusión de la pesca en el régimen de reducción de retenciones, en línea con otros sectores exportadores estratégicos.
- Revisión integral del esquema de Derechos Únicos de Extracción (DUE) y la estructura tributaria aplicada al sector.
- Coordinación interministerial urgente, que permita articular una respuesta integral para evitar el colapso productivo y social en las regiones afectadas.
El complejo pesquero argentino genera más de 46.000 empleos directos, abastece al mercado interno y exporta productos a más de 100 destinos internacionales. Su sostenimiento es clave no solo para la generación de divisas, sino para preservar el entramado industrial de comunidades enteras que dependen de esta actividad.
Desde el gobierno esperan que el sector readapte los costos operativos para lograr la eficiencia que impone un mercado internacional que aplana a la baja a todo el complejo escenario económico del sector.