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¿Llevaran a juicio a la ex y a los hijos del sindicalista dueño del diario Jornada? Se habla de que hay muchas presiones para favorecerlos con el fallo.

Se viene la resolución del juez en la causa del “bosque de marihuana” en la mansión de los González

La semana que viene se cumplirían los diez días hábiles que tiene el juez para resolverle la situación procesal a la exmujer y los hijos del millonario sindicalista Héctor González, en la causa del “bosque de marihuana” que les encontraron en la casa, con aquel allanamiento que hizo la policía el pasado 19 de mayo en la zona sur de Trelew.

¿Qué dispondrán en la Justicia Federal de Rawson?,¿El procesamiento y el envío a juicio de los González?, ¿Les dictaran la prisión preventiva?.

Se comentó estos días en los pasillos de los tribunales –entre el abanico de rumores que ha generado esta causa—que habría “muchas presiones” para que el fallo favorezca al dueño del Grupo Jornada y a sus hijos.

Aunque al juez se le haría muy difícil justificar que tres personas que convivían con más de cien plantas de cannabis sativa (marihuana) y una decena de cactus “San Pedro”, otro alucinógeno, no tuvieran nada que ver con eso o no supieran de su existencia.

También sonaría a ridículo y nadie lo creería, si se dijera que a esa plantación la tenían para producir aceite de cannabis o que el millonario sindicalista Héctor González no tuviera conocimiento del verdadero “bosque de marihuana” que había en el patio de esa mansión de la calle Cangallo y Belgrano, en donde él vivió durante mucho tiempo.

Era por eso, quizás, que se decía que en la Justicia querían escuchar lo que dijera “el gordo” González en una declaración que hasta el momento no se habría concretado o si ocurrió se llevó a cabo en el más estricto secreto.

Capaz que eso pudo haber generado aquella confusa versión que circuló en las últimas horas y que muy pocos creyeron asegurando que habían ordenado la captura del “capo” del sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia.

El hermetismo en la causa continua: desde el Juzgado Federal de Rawson no dejan que trascienda absolutamente nada de las diligencias que se han estado efectivizando. Tampoco se ha filtrado la calificación que ha escogido el juez para caratular el expediente; algunas fuentes hablaban de tenencia para comercialización, otras de “acopio” de marihuana. En cualquiera de los dos casos la pena que prevé el Código va de los 3 a los 6 años de cárcel.

Audiencia preliminar por dos hechos contra la propiedad

Días pasados por videoconferencia se concretó la audiencia preliminar que tiene como imputado a Bruno (el conejo) Levicoy por dos hechos contra la propiedad acontecidos el pasado 12 de febrero. Los representantes de fiscalía hicieron referencia a la pieza acusatoria, refiriéndose a la prueba documental y testimonial que será ventilada en juicio, solicitando se eleve la causa a juicio y se mantenga la prisión preventiva del imputado. Por su parte la defensora se opuso al mantenimiento de la prisión preventiva de su pupilo, propiciando su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario.

Presidió el acto Daniela Arcuri, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Facundo Oribones y María Laura Martini, funcionario y funcionaria de fiscalía respectivamente; en tanto que la defensa de Levicoy fue ejercida por Claudia Torrecillas, abogada de la defensa pública.

El primer hecho acontece el 12 de Febrero de 2020, siendo las 7.50 hs aproximadamente, cuando Bruno Alberto Levicoy se hizo presente en el domicilio sito en calle Calafate al 900 de esta ciudad, propiedad de la primera víctima, y previo sortear un cerco perimetral de 1.50 mts de altura, y valiéndose de un hierro destruyó tres candados que aseguraban la puerta de ingreso del galpón emplazado en el domicilio antes mencionado, una vez dentro, sustrajo una moladora tipo bocha marca Bosch, una pistola de pintar, una moladora de color rojo, una remachadora, un taladro color verde marca Bosch y una llave francesa, entre otras herramientas, los cuales colocó en una bolsa color verde y se dio a la fuga a pie en dirección a calle Wilde. Dicho accionar fue observado por una vecina, quien dio inmediato aviso al damnificado.

El segundo ilícito contra la propiedad se produce el mismo día, 12 de Febrero de 2020 siendo las 8.00 hs aproximadamente, cuando Bruno Alberto Levicoy se hizo presente en el domicilio sito en calle Wilde al 2500 de esta ciudad, y previo forzar el portón de ingreso a la altura de la cerradura, ingreso al patio lateral de la vivienda donde se encontraba el rodado Ford Focus, propiedad de la segunda víctima, sin los seguros puestos. Así las cosas, Levicoy abrió la puerta delantera derecha del vehículo y sustrajo de su guantera una cartera con el logotipo de la empresa “Del Sol automotores” la cual contenía en su interior documentación del rodado Ford Focus, asimismo sustrajo del baúl del rodado un bolso color gris con prendas de vestir pertenecientes al marido de la damnificada, posteriormente se dio a la fuga a pie.

Calificando los representantes de fiscalía jurídicamente los mismos como “robo simple, en grado de tentativa, dos hechos en concurso real”, por el que Bruno Alberto Levicoy deberá responder en calidad de “autor”; y enfatizando que la pena aplicable, en caso de recaer condena, será de 2 años de prisión efectivos y declaración de reincidencia por cuarta vez.

Seguidamente los representantes de fiscalía solicitaron se eleve la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal y en base a la existencia de elementos de convicción suficientes y los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación se mantenga la prisión preventiva que viene cumpliendo Levicoy desde el 12 de febrero pasado.

En contraposición la defensora se opuso al mantenimiento de la prisión preventiva de su pupilo, solicitando su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario.

Finalmente la jueza natural de la causa resolvió admitir la prueba ofrecida por las partes, elevando la causa a juicio ante un tribunal unipersonal, dictando finalmente la prisión preventiva de Levicoy por el término de un mes, instando a la Oficina Judicial a que fije fecha de debate antes de esa fecha, en virtud de la privación de libertad que sufre el imputado.

El presidente de la Cámara Federal de Cómodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, convocó a una audiencia virtual para el jueves próximo con el objetivo de retomar el trámite de la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan ocurrido en noviembre de 2017, informaron hoy fuentes judiciales.

El magistrado convocó a la audiencia para organizar el eventual desarrollo de otra posterior, en la que deberían tratarse las apelaciones al fallo que dispuso el procesamiento de seis ex altos mandos de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino Ara San Juan y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri.

Las partes fueron convocadas a presentarse el jueves a las 12 en la sala de videoconferencia de los tribunales federales de Comodoro Py para desde allí tomar contacto con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra radicada la causa, sin quebrantar las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio decretadas a nivel nacional.

La audiencia se celebrará “con el propósito de poder coordinar la posible modalidad de la celebración del acto procesal señalado, superar las dificultades existentes para su realización y escuchar a las partes al respecto –todo ello como forma de asegurar el trámite de apelación-«, se indicó en la cédula de notificación a la que tuvo acceso la agencia Télam.

“Se celebrará una audiencia a través del sistema de videoconferencia, con los letrados que asumieron la defensa técnica de los imputados, los abogados que han asumido las respectivas querellas y los representantes del ministerio público”, se explicó.

Fuentes vinculadas a la causa adelantaron a Télam que los abogados de las querellas de los 44 tripulantes fallecidos durante el hundimiento del submarino Ara San Juan insistirán –cuando se realice la audiencia de las apelaciones- en reclamar que se investiguen las responsabilidades del entonces presidente Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

En febrero pasado, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.

Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

También los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.

En una audiencia preliminar desarrollada en sala de oficina judicial, tercer piso de tribunales, el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Carolina Marín solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa por la cuál se acusa al abogado Edgardo Oscar Bruno Romero por tentativa de homicidio y portación de arma debido al hecho ocurrido el 16 de abril de 2019.

La fiscal relató lo sucedido aquel día cuando siendo aproximadamente las 20:15 horas, Edgardo Oscar Bruno Romero munido de un arma de fuego tipo pistola semiautomática completamente limada sin número de serie ni marca, con supresor de sonido adosado al caño del arma de fabricación casera calibre 45, se hizo presente en el domicilio sito en Avenida Hipólito Irigoyen 1015 de esta ciudad de Trelew, ingresó al mismo, se dirigió hacia el fondo del predio, en el que se encuentra el taller de tapicería de Horacio Pavés y conociendo el poder vulnerante del arma que portaba, gritando «te voy a matar hijo de puta» le realizó al menos 2 disparos de arma de fuego, alcanzando uno de ellos a la víctima en la región dorsal baja derecha de la espalda, momento éste en que Pavés se gira hacia Romero, se trenza en lucha con el mismo y para resguardar su integridad, con el destornillador que estaba utilizando en el arreglo de una silla se defiende, dándole con el mismo en la cara a su agresor, mientras forcejeaba con éste a fin de evitar que continuara con su ataque y lograra darle muerte.

Agregó que Romero no logró su cometido, por circunstancias ajenas a su voluntad, dado que la víctima ante gritos de auxilio advirtió a una transeúnte ocasional, la que de manera inmediata dio aviso a los empleados de la carnicería lindera a la tapicería, y provocó la reacción de dos empleados, quienes se hicieron presentes en el predio, siendo uno de ellos quien le saca de la mano a Romero el arma de fuego y llama de inmediato a la policía y a la ambulancia, dado que tanto víctima como victimario se hallaban heridos y fueron trasladados ambos al hospital zonal de la ciudad de Trelew.

La calificación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en calidad de autor, en el marco de los artículos 79, 41 bis, 42,45, 54 y 189 bis inciso segundo, párrafo cuarto del código penal y artículo 4 inciso 3 b) del decreto 395/75 y la pretensión punitiva alcanza a los siete años de prisión de ejecución efectiva.

Argumentó además sobre la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento al solicitar el mantenimiento de la prisión preventiva hasta tanto se efectivice el debate correspondiente.

Tras el ofrecimiento de pruebas ofrecido por las partes, el doctor Romero se explayó en un amplio alegato intentando revertir lo expuesto por la fiscalía en cuanto a los hechos endilgados como asimismo reiteró un pedido de morigeración de la medida de coerción y exigió el pronto cumplimiento de plazos fijados por las normas para el debido proceso.

Juicio y prisión preventiva

El Juez Gustavo Castro confirmó lo solicitado por el Ministerio Público y resolvió la elevación a juicio oral y publico de la causa por el delito fijado en la acusación y además informó que la oficina judicial ya resolvió la fecha del debate que será el jueves 5 de marzo próximo con un tribunal conformado por los Jueces Marcelo Nieto Di Biasse, Mirta Moreno y Gladys Olavarría. Del mismo modo, determinó la continuidad de la prisión preventiva hasta el momento del juicio, el que Romero deberá esperar alojado en una dependencia policial.

Con la jornada de hoy jueves termino la audiencia preliminar en la causa “revelación” en la que se encuentran imputados ex funcionarios y empresarios de la construcción. Ahora en más el juez Sergio Piñeda tiene seis días hábiles para resolver.

La causa tiene como imputados a ex funcionarios de altísimo nivel provincial y también a empresarios de la construcción durante la última gestión del ex gobernador Mario Das Neves.

Durante cuatro extensas jornadas que se iniciaron la semana pasada los defensores realizaron distintas objeciones a las pruebas, testigos, hechos y la acusación que elaboró el fiscal Marcos Napoli, en esta oportunidad acompañado por el fiscal Alejandro Franco y el funcionario Gustavo Nuñez. Los cuestionamientos además incluyeron la posibilidad de que ex imputados en esta causa puedan o no ser testigos en el juicio oral y público. El juez Sergio Piñeda deberá resolver en los próximo seis días y para ello no se realizará una nueva audiencia sino que se notificara solamente a las partes vía correo electrónico. La audiencia preliminar que finalizó se efectuó en la oficina judicial de la ciudad de Rawson.

Cuestionamientos de los defensores a la investigación de los fiscales

Durante la audiencia preliminar en lo que constituyó la cuarta jornada de debate entre defensores y acusadores, antes de las numerosas resoluciones que deberá tomar el juez de garantías Sergio Piñeda si se tiene en cuenta la variedad y cantidad de planteos que realizaron los defensores de los 11 imputados en la causa, entre ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción.

Por los querellantes estuvieron los representantes de la Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y de los diputados provinciales del Frente Para la Victoria, denunciantes del caso investigado. Se trata del pago de retornos de la obra pública por parte de los empresarios de la construcción para poder cobrar del Estado los certificados por las obras realizadas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el defensor Federico Ruffa que asistió a Gonzalo Carpintero, el imputado que al momento de los hechos investigados, era secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves.

Carpintero está imputado de los delitos de ser miembro de una asociación ilícita, además del delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia se realizó con las ausencias de algunos imputados y sus respectivos abogados que ya cuestionaron en las primeras audiencias la investigación que se pretende llevar a juicio oral el año que viene. Desde Puerto Madryn y por video conferencia estuvieron presentes el imputado Alejandro Pagani y su defensor Carlos Villada.

“Nunca fue mencionado”

Respecto de la imputación de ser miembro de una asociación ilícita, Ruffa dijo que Carpintero “no tuvo ninguna participación en la asociación ilícita que se investiga y ningún empresario de la construcción lo mencionó en la acusación presentada”. Lo único que lo vincula es “el acercamiento al ex gobernador Das Neves lógicamente por la función que cumplía, y la cercanía física de su despacho”, indicó el defensor.

Respecto del delito de enriquecimiento ilícito, Ruffa dijo que la gran cantidad de hechos que le achacan a Carpintero, han prescripto. También hizo alusión a los datos que no brindó Carpintero al momento de realizar sus declaraciones juradas de bienes.

“Amenaza solapada”

Napoli pidió además que Alberto Gilardino no sea tenido en cuenta como testigo en el juicio oral. Fue ex ministro coordinador en el gobierno de Mario Das Neves. “Su testimonio estará encorsetado: o se calla, o va preso”, dijo Ruffa de manera contundente para luego brindar una lacónica explicación.

Al momento de la contrarréplica, el fiscal general Marcos Nápoli dijo que en el debate se podrá probar las responsabilidades de Carpintero en la mayoría de los ilícitos que se investiga. Por ejemplo su participación de la asociación ilícita. Consideró como “temerarios” los dichos de Ruffa sobre el testigo Gilardino por tratarse de –según Nápoli- “una amenaza solapada”. Nápoli ratificó la presencia de Gilardino como testigo en el juicio afirmando expresamente que “ningún testigo se irá esposado por contar en el juicio lo que sabe”.

Para Nápoli además los hechos de enriquecimiento ilícito que se investigan contra Carpintero, no han prescrito, tras lo cual defendió en todos sus términos el informe que en la investigación realizó la contadora Viviana Karlem. La profesional es integrante del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal.

Nápoli concluyo en rechazar el sobreseimiento de Carpintero y que las imputaciones en su contra sean elevadas a juicio “en todos sus términos”.

Tras un cuarto intermedio se reanudo la audiencia, llegó el turno del defensor Jorge Rubiolo, asistió a Martin Bortagaray, quien manifestó que su defendido “cumplió órdenes de niveles superiores”. Además recalco que Bortagaray en el año 2016 no trabajó en el IPV, se desempeñó en CORFO, agregó que “nadie puede decir que Bortagaray se enriqueció con la función pública, vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo”. Rubiolo concluyo que Brotagaray no formó parte de ninguna banda criminal y pidió su sobreseimiento. Por su parte, el fiscal Alejandro Franco replicó, diciendo “las ordenes deben cumplirse, pero no las ordenes ilegales”. Continuó el fiscal Marcos Napoli, recordando que “Bortagaray cobró sobresueldos y aclaró que no es acusado de enriquecimiento ilícito sino de cohecho activo y de alimentar la banda que producía delitos, y lo encuadró como partícipe necesario”, un verdadero soldado dijo el fiscal y concluyó pidiendo la elevación a juicio para Martin Bortagaray.

Los querellantes en todas las peticiones del Ministerio Publico Fiscal adhirieron en todas sus formas.

Será el 5 de diciembre en Comodoro Py. En tanto, el magistrado Gustavo Lleral decidió apartarse del caso y derivó el expediente a su par de Rawson, Hugo Sastre.

La causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado​ cambia de juzgado. El juez federal a cargo, Gustavo Lleral, decidió apartarse del caso y envió el expediente a su par de Rawson, Hugo Sastre. En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para definir el futuro de la causa.

Lleral había ratificado que Maldonado murió «sin intervención de un tercero» y había dispuesto el archivo de la causa y el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú. Pero en las últimas horas se apartó de la investigación.

«En la muerte de Santiago Andrés Maldonado no se verificó la participación responsable penalmente relevante de persona alguna», había señalado Lleral en su descargo. Y añadió: «En mi resolución concretamente se dictó el sobreseimiento a Echazú, que era el único imputado en el proceso, y está en las partes consentirlo, en cuyo caso quedará firme, o impugnarlo, en cuyo caso deberá resolver la Cámara de Casación Penal».

Así, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia, a realizarse el 5 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py, para resolver si sostiene la resolución de Lleral archivando la causa, si avala el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia -que ordena seguir investigando pero descartando la desaparición forzada-, o si inicia una investigación más amplia que incluya esa figura, como piden los familiares de Maldonado.

Maldonado desapareció el 1° de agosto de 2017 durante un operativo de la Gendarmería en la localidad de Leleque (sur) contra una protesta de indígenas mapuches que exigían la liberación de un líder detenido. Su cuerpo finalmente apareció más de dos meses después en el río Chubut, atrapado en un ramaje, cerca del lugar donde se lo vio con vida por última vez, informó Clarín.

Los informes forenses en los que se basó Lleral coincidían en que el joven murió ahogado y que no había signos de violencia en el cadáver. La familia, en cambio, cree que murió en el marco de una represión y que gendarmes o mapuches se deshicieron de su cuerpo en el río para encubrir la muerte.

El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena  manifestó que  ante la cesura de pena en el embrujo «hoy se realiza la audiencia y en función del veredicto y las calificaciones que encontró respecto a cada uno de los imputados, las partes plantean la pretensión punitiva».

A su vez, dijo que el decomiso de los bienes y dinero se tendría que ordenar, en función de lo que pide el Ministerio Público Fiscal «Creo que habiendo un fallo de primera instancia se debe ordenar y vamos a tratar que se haga efectivo de inmediato».

Asimismo, indicó que «Siempre destinado al bien público con la anuencia de quien les habla, es el Poder Judicial quien designará el fin de los mismos. Entre los bienes muebles e inmuebles hay 22 mil Euros. No menos de 1 millón de pesos sería el costo de esta investigación».

«Sin duda la Causa de Revelación será el año que viene. Mañana, ampliación en la Causa de la Lotería. Es el dr. Franco quien no quiere brindar mayores datos sobre la investigación hasta que se realice esta audiencia y eso se respeta».

De igual forma, detalló que «El 22 se abre la fecha de debate por enriquecimiento ilícito de «Chito» Alarcón».

El expresidente de Lotería, Carlos Barbato, será imputado en la audiencia de este viernes en el marco de la causa que investiga presuntas contrataciones irregulares por más de 2 millones de pesos del Instituto de Asistencia Social (IAS) con una empresa vinculada a un exfuncionario del organismo.

El fiscal Alejandro Franco imputará este viernes a las 9:30 en la audiencia de apertura de investigación a Barbato y a un funcionario actual del Gobierno provincial. Franco no quiso dar detalles de los motivos de la imputación a Barbato casi un año después de la apertura de investigación, pero todo indica que el extitular de Lotería estaba al tanto de las contrataciones del IAS con la empresa Sono Eventos del exfuncionario de Lotería, Josué Dahhur, así lo expresó el chubut.

En esta causa ya están imputados otros exfuncionarios de Lotería y el exdirector de Ceremonial, Oscar «Chito» Alarcón.

Diego Correa: Condenado por asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; defraudación contra la administración pública; y autolavado de activos.

Diego Luthers: Condenado por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública.

Daniela Souza: Condenada por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública.

Federico Gatica: Condenado por lavado de activos.

Natalia Mc Leod: Condenada por enriquecimiento ilícito. Absuelta por asociación ilícita.

Sandro Figueroa: Condenado por asociación ilícita.

Juan Carlos «Tato» Ramón: Condenado por asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.

Rubén Darío «Bedo» Reinoso: Condenado por defraudación contra la administración pública.

Christian Gisande: Condenado por defraudación contra la administración pública. Absuelto por usurpación de título.

Jorge Aníbal Godoy: Condenado por enriquecimiento ilícito.

Darío Domingo Correa: Absuelto.

Giuliana Mc Leod: Absuelta.

“Él solicitó apartarse de la causa”, manifestó el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, quien además aclaró que el fiscal hizo la solicitud por «cuestiones operativas».

 El Consejo de la Magistratura resolvió por mayoría, remitir las actuaciones sobre la conducta del fiscal Héctor Iturrioz al jury de enjuiciamiento, donde deberá afrontar un proceso que podría derivar en su destitución del cargo, a raíz de la detención requerida contra el entonces ministro Martín Bortagaray, en el marco de la causa «Revelación».

“Él solicitó apartarse de la causa”, aclaró el Procurador General, Jorge Miquelarena.

“La causa estuvo investigada por Iturrioz, Marcos Nápoli,  y un equipo de funcionarios de la ciudad de Trelew. Desde hace ya un tiempo, luego de la acusación, el doctor manifestó ser apartado por unas cuestiones operativas”, explicó Miquelarena.

Además detalló que Iturrioz es de Comodoro, donde también lleva adelante causas relacionadas administración pública: “Esto generó durante todo este tiempo un desgaste importante y  un costo no menor  por su traslado hacia el valle”, dijo y confirmó su apartamiento.

“Seguramente será reemplazado en esta nueva etapa del juicio. Nápoli estará acompañado de algún fiscal. No vamos a ir con nada  novedoso al momento del debate, los fiscales que estén a cargo estarán empapados con la causa”, afirmó el Procurador, así lo informó ADN Sur.