Luego de la repercusión de lo investigado hasta el momento en la causa “ñoquis calientes”, el procurador general Jorge Miquelarena sumó a esta experiencia lo ocurrido en las causas “Embrujo” y “Revelación”. Así se refirió a los organismos de control existentes en el Estado y a las fallas de los “estamentos intermedios”. También a las advertencias que en el año 2018 le realizó al gobernador Mariano Arcioni. 

¿Lo investigado en el marco de esta causa, que se ha denominado “ñoquis calientes”, ¿lo consideran un hecho aislado o lo ven como una práctica que podría repetirse o tener ecos en otras áreas de la administración pública?

Cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de pruebas son bastante más sólidas.

Por lo demás, uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos “ñoquis”. Lo cierto es que, para eso, hay determinados organismos que tienen que hacer auditorias, que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está ni facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios “por las dudas” que existan “ñoquis”. Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir.

¿Desde su experiencia desde 2008 como procurador general, ve que es necesario, quizá, aplicar nuevos mecanismos de control, y que los que están no están funcionando como deberían?

Es una buena pregunta. En el año 2018, a partir de las causas que se conocieron como Embrujo y Revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni, con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber, con preocupación, muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de contralor. No en los organismos de contralor de rango o de jerarquía constitucional, como puede ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción: veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las jefaturas de compra.

¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de estado, allá por el 2004 al 2008, ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y en que, de algún modo, se puede llegar a sospechar que la cosa viene “armada”, como se puede decir en la jerga. Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública: y, si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron, con que los presupuestos están, con que el llamado está, con que la apertura se hizo. Desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero de algún modo se olfatea que la cosa puede venir armada de antemano.

¿Qué advertimos nosotros, ahora, con todas estas cuestiones? Que están fallando, y mucho, los organismos intermedios. Las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación, ya sea de insumos de bienes o de personal que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. Por eso es que, como decía, en el año 2018 le envié un oficio al gobernador con copia al contador general de la provincia, advirtiéndole y recordando de algún modo cuáles son las misiones y funciones de estas personas que tienen que velar por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública. Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de compra y de administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió, también, que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Evidentemente, mucho caso no hicieron, ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son la verdad, sorprendentes.