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El funcionario fue detenido de forma preventiva el jueves pasado, acusado de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.

En una decisión que promete ser parte de una larga pulseada judicial, un juez de apelaciones de Río de Janeiro determinó este lunes la liberación del expresidente Michel Temer , que fue detenido de forma preventiva el jueves pasado, acusado de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.

La decisión partió del magistrado Antonio Iván Athié, del Tribunal Regional Federal de la 2ª región (TRF-2), que estaba a cargo del recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Temer pocas horas después de su arresto. El TRF-2 había anunciado el viernes último que la corte recién evaluaría el pedido del exmandatario (2016-2018) el próximo miércoles, cuando todos los jueces el tribunal estuvieran presentes para que fuera un fallo colegiado, pero Athié se adelantó a esa instancia.

Se espera ahora que los fiscales del Ministerio Público Federal interpongan nuevas acciones para que Temer sea mantenido encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro.

De 78 años y uno de los líderes del conservador Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Temer había sido detenido en San Pablo junto a otras nueve personas sospechosas de formar parte de una «organización criminal» que según los fiscales movilizó 1800 millones de reales (US$ 474 millones) en los últimos años al obtener sobornos de empresarios que buscaban garantizarse obras públicas y al desviar fondos públicos hacia ellos y su partido. La acusación principal contra Temer está relacionada con la presunta recepción de una coima de millón de reales (US$ 263.000) a cambio de garantizarle a la compañía Engevix un contrato en la construcción de la usina nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro.

Como parte de un acuerdo de delación premiada con la Justicia, uno de los socios de Engevix, José Antunes Sobrinho, reconoció que había pagado tal soborno. El exoperador del MDB Lucio Funaro también admitió haber participado en las negociaciones para ese pago ilícito.

Entre los arrestados la semana pasada con Temer se incluía su exministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco, exjefe de la Secretaría General de la Presidencia y exgobernador del estado de Río de Janeiro. Según confirmó el TRF-2, la decisión del juez Athié beneficiaría igualmente a Moreira Franco y a otras cinco personas.

Las detenciones provocaron una fuerte turbulencia en el mundo político brasileño y generaron malestar en el Congreso, donde el MDB tiene gran influencia en las negociaciones con los otros partidos. El presidente Jair Bolsonaro, quien siempre mantuvo una distancia con Temer, apuntó que si arresto se debía a los oscuros arreglos políticos que su antecesor llevó adelante para asegurarse la gobernabilidad. Sus declaraciones cayeron muy mal en el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (Demócratas, DEM), yerno de Moreira Franco, que era considerado uno de los principales defensores en el Parlamento del ambicioso proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Bolsonaro.

Desde entonces, Maia ha criticado con dureza la gestión de Bolsonaro -dijo que debería prestar más atención a la construcción de una base legislativa que a sus redes sociales- y amenazó con dejar la articulación parlamentaria a favor de la propuesta oficialista para la alteración del sistema de jubilaciones y pensiones. La reforma previsional es vista por los mercados como fundamental para frenar el creciente déficit en Brasil y para que la economía vuelva a crecer con fuerza.

Debido a la nueva incertidumbre política, la semana pasada la Bolsa de San Pablo se desplomó y el dólar, que había estado cayendo en su relación con el real, aumentó su cotización.

 

LaNación

En horas de la mañana del miércoles se concretó en sede de los tribunales ubicados al costado del Liceo Roca la audiencia de ejecución de sentencia para Sebastián Cárdenas. La fiscal requirió se aloje nuevamente a Cárdenas en un establecimiento carcelario para que cumpla su condena. En contraposición la defensora solicitó se mantenga el arresto domiciliario que viene cumpliendo debido a su estado de salud y subsidiariamente sea alojado en la Seccional 3ra. Finalmente la jueza de ejecución penal resolvió la inmediata detención de Cárdenas en un establecimiento carcelario al concluir la audiencia a los fines de cumplir la sentencia que pesa en su contra.

Presidió el acto Gladys Olavarría, jueza de ejecución penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Cárdenas fue ejercida por Viviana Barillari, defensora pública.

En un primer momento la fiscal se refirió a que Cárdenas estaba con arresto domiciliario hasta el 15 de marzo, luego se le prorrogó hasta hoy. Ayer se produce un informe del Cuerpo Médico Forense donde se concluyó que Cárdenas puede estar en un establecimiento carcelario. Desde el pasado 23 de febrero la fiscalía sostiene que se debe atener a los informes médicos, más allá de las secuelas y los estudios médicos que se debe hacer Cárdenas por la agresión sufrida en la Alcaldía. Dichos estudios médicos consisten en controles ambulatorios, no necesita un control especial. El primero de marzo se determinó que cumpla su condena en un establecimiento carcelario, cuando fue trasladado a la Seccional 7ma. Al día siguiente la defensa presentó un Habeas Corpus y la jueza Mónica García determinó nuevamente su arresto domiciliario. Desde esa fecha ya transcurrido un tiempo suficiente para evaluar su estado de salud y no se ha producido ningún incidente, no ha habido pautas de alarma. El pasado 6 de marzo fue trasladado al Hospital Regional y ese mismo día fue examinado por la médica forense Magali Fuscagni quién estableció que Cárdenas estaba en condiciones de permanecer detenido en un establecimiento carcelario con acceso a mediación y que pueda ser trasladado al médico cuando sea necesario. El pasado 12 de marzo nuevamente es analizado por la forense junto con los informes y estableció que no se describen signos ni síntomas neurológicos. En base a todo lo expuesto la fiscal solicitó que se aloje a Cárdenas nuevamente en un establecimiento carcelario, no en un buzón sin baño, para cumplir su condena.

Asimismo se convocó a la médica forense Magali Fuscagni, quién se hizo presente personalmente en la audiencia y refirió que Cárdenas el pasado 6 de marzo fue evaluado en un control médico en el Hospital sin alteraciones neurológicas ni signos meníngeos. Presentando un buen estado general y sin signos de sangrado. Respecto de las pautas de alarma son un conjunto de signos que su entorno tiene que tener en cuenta, pero ello cuando son cercanas en el tiempo a la lesión. En general Cárdenas presentó una evolución muy favorable, concluyó la forense. Ayer ante el examen se presentó vigil, lúcido y orientado en tiempo y espacio.

En contraposición la defensora aseguró que respeta el criterio médico pero a su entender no están dadas las condiciones para que regrese a un establecimiento carcelario, por lo menos hasta que se cumplan sus turnos con un neurocirujano. Otra realidad es que nadie quiere que Cárdenas esté en buen estado de salud, otros internos quieren tomar venganza de lo sucedido. Las condiciones en un lugar de detención no son las adecuadas y es riesgoso que permanezca detenido. Solicitando su arresto domiciliario hasta el 2 de abril; y subsidiariamente sea alojado en la Seccional 3ra.

Finalmente la jueza de ejecución penal resolvió que según el informe del Cuerpo Médico Forense no existe lesión ocupante y no hay síntomas de alarma. Puede tomar la medicación necesaria por su cuenta, es decir no necesita de terceras personas. Ordenando su inmediata detención en un establecimiento carcelario adecuado para cumplir con sus dolencias por su estado de salud.

La Justicia rechazó la prisión domiciliaria y ordenó el arresto del dirigente kirchnerista por la toma de la comisaría de La Boca, en junio de 2004.

El dirigente kirchnerista Luis D’Elía se entregó en los Tribunales de Comodoro Py luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria por la causa de la toma de la comisaría de La Boca, en junio de 2004. De esta forma, se deberá cumplir lo ordenado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación, que hace una semana decidió que vuelva a la cárcel. Minutos después de las 23, fue llevado al penal de Ezeiza.

A través de una publicación que hizo en Twitter anunció que acepta la decisión judicial, con varios cuestionamientos al oficialismo y a la Justicia.

«El Tribunal Oral N°6 de Comodoro PRO (SIC) acaba de negarme la prisión domiciliaria. No les importó que tenga un infarto en la base del corazón. Es una pura venganza oligárquica del macrismo», lanzó D’Elía.

En ese mismo video, insistió en acusar a los Estados Unidos de estar detrás de su nueva detención. El dirigente volvió a mencionar el cable 1222 de Wikileaks, una de las comunicaciones diplomáticas confidenciales reveladas por la organización de Julian Assange. «Le piden a Mauricio Macri que vaya preso. Una vergüenza para el pueblo argentino», cuestionó.

Minutos antes de entregarse, D’Elía fustigó al Gobierno. «Esto es una condena a muerte. Macri me quiere ver muerto. Todos los años de lucha al lado de Chávez, Lula, Cristina y Evo hizo que los Estados Unidos pidiera mi detención», lanzó.

El dirigente manifestó que la causa que lo llevó preso tuvo que ver con un reclamo por una muerte. «Estoy acá porque encabecé una protesta hace 15 años contra un asesino. Ese asesino, de los 18 años de condena, solo cumplió 8, y ahora está libre y sigue vendiendo droga», exclamó, antes de entrar a los Tribunales.

El abogado del dirigente precisó que en uno de los fallos judiciales el Cuerpo Medico Forense «fue muy claro con respecto a la enfermedad de D’Elía. «El Tribunal fue apretado para que vaya preso. En la cárcel no hay manera de tratarlo como si estuviera en libertad. Corre riesgo su vida», advirtió.

El 26 de junio de 2004, D’Elía lideró la toma de la seccional 24° de la Policía Federal (PFA) en La Boca para exigir a las autoridades policiales el arresto de Juan Carlos Duarte, asesino de Martín Cisneros, militante conocido como «Oso» en ese barrio porteño.

El máximo tribunal penal había confirmado la condena sobre D’Elía pero le redujo la pena a tres años y nueve meses. Ahora La Sala III de la Cámara Federal de Casación rechazó un nuevo reclamo de sus abogados y ordenó al Tribunal Oral Federal 6 que haga cumplir la condena. Esta pena incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años.

TN

 

Lo pidió el fiscal Abel Córdoba, por haber violado una inhibición judicial; el hijo del empresario detenido en la causa La Ruta del Dinero K, Lázaro Báez, podría quedar detenido mañana, cuando arribe a Buenos Aires, intimado por el Tribunal Oral Federal 4. – Vía MisionesCuatro.com

Martín Báez, hijo del detenido empresario santacruceño Lázaro Báez, se presentó hoy en el juzgado federal de Río Gallegos para hacer saber que está a disposición de la justicia, luego de que el Tribunal Oral Federal 4 lo intimó, en el juicio oral y público que se le sigue por lavado de dinero; sin embargo, podría quedar detenido por presuntamente haber violado una inhibición judicial que pesa sobre él.

Báez informó al juzgado santacruceño que tenía pasajes para volar hacia la Ciudad de Buenos Aires esta noche, luego de haber recibido la intimación de presentarse, bajo apercibimiento de ordenar su detención.

Fuentes judiciales dijeron que el plazo de la intimación fue extendido por la justicia hasta las 8 de mañana. Los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, habían advertido de que ordenarían su encarcelamiento, pero no resolvieron aún un pedido de detención que había formulado el fiscal del juicio en diciembre.

Por otra parte, el fiscal Abel Córdoba había solicitado antes de la feria judicial que Martín Báez fuera detenido porque se había detectado que había retirado dinero de cuentas bancarias de las que es beneficiario, burlando la inhibición judicial. Según trascendió en medios de prensa nacionales, Báez habría movido unos 5 millones de dólares. –

En el pedido de detención, el fiscal Córdoba había recordado que sobre Martín Báez pesaba un embargo de más de 10 millones de pesos y que sin embargo siguió “con la articulación y ejecución remota de complejas y millonarias maniobras” que le permitieron eludirlo.

La información utilizada en el pedido de detención habría surgido de informes elaborados por la unidad de Información Judiciales, explicaron fuentes judiciales. En tanto que la intimación judicial a Martín Báez ocurrió en el marco de la reanudación del juicio oral que se le lleva adelante contra Báez, sus cuatro hijos y una veintena de procesados por lavado de dinero ilegal, fruto de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El juicio oral se sigue por maniobras multimillonarias de lavado de activos a través de empresas off shore, cuentas en el exterior y compra de bonos. En Río Gallegos, la llegada del joven Báez al juzgado fue seguida con atención por la prensa local que lo vio llegar pasadas las 13, solo, con el cabello largo atado con una gomita, con zapatillas y campera oscura, al edificio ubicado en San Martín y Zapiola. Báez salió a las 15.38 del juzgado por una puerta trasera que da a la calle Zapiola, donde lo esperaba una camioneta Ford Ranger 4×4, a la que subió rápidamente y sin hacer declaraciones a la prensa. Casi en forma simultánea, uno de sus hermanos Leandro Báez caminaba por la zona del juzgado acompañado por una joven.

Según medios capitalinos, Martín Báez estaría llegando mañana alrededor de las 5 de la madrugada a Buenos Aires. Ni bien descienda del vuelo de Aerolíneas Argentinas, podría quedar detenido por mover millones de dólares estando inhibido judicialmente. –

 

misionescuatro.com

El comisario Andrés García explicó el trabajo realizado por Policía del Chubut que determinó la detención del presunto autor del caso de abuso en Comodoro Rivadavia. Explicó la intervención de la Agencia de Delitos Sexuales de la Fiscalía y también de la Comisaría de la Mujer zona sur.

«Abocados a este hecho, nos dedicamos a recolectar la mayor cantidad de evidencias además de lo que nos aportó la víctima para orientarnos respecto a la autoría del hecho”, expresó García, titular de la Brigada de Investigaciones. Finalmente se produjo la detención del presunto abusador en horas de la mañana del domingo. “En el lugar no solamente detuvimos a quien sindicamos como presunto autor sino que logramos colectar evidencias que refuerzan nuestra sospecha respecto a esta persona”.

García confirmó que se recogieron distintas testimoniales y registros de cámaras que relacionan al detenido en el día y horario en cercanías del lugar en el que ocurrió la agresión. “Esta persona registra antecedentes por causas de violencia familiar. Se trata de una persona muy agresiva con las mujeres inclusive una expareja lo denunció varias veces por violencia familiar. Ha estado demorado en diversas comisarías, nunca detenido aunque por otras causas, diferentes a las que hoy lo tienen detenido. Habrá que ver si otras posibles víctimas se animan a denunciarlo”.

Respecto a los datos filiatorios del detenido que hoy será sometido a audiencia de control, el comisario García deslizó que se trata de un persona sin trabajo fijo: “Nos reservamos la identidad para no afectar la investigación en curso y para no revictimizar a su expareja”.

“Este muchacho de aproximadamente 30 años –aclaró- no tenía un empleo pero se dedicaba a la venta de pastas y demás elementos. De hecho cuando se ingresó a su domicilio encontramos además de estar todo muy sucio y demás, la maquinaria con la que él elaboraba estas pastas que vendía a los vecinos del lugar”.

Aclaró que al momento de ingresar a la vivienda del presunto autor, esta persona se encontraba masturbándose. “Esto refuerza todas las hipótesis y secuestramos además las prendas de vestir que la víctima describió al momento del hecho. García precisó que se trabaja en todos los casos denunciados en la ciudad. “En estos casos, nos ajustamos a un protocolo que dispone el Ministerio Público Fiscal pero se trabaja en todos los hechos que se han conocido a través de los medios”.

Diario Jornada

Además se realizaron importantes procedimientos en las localidades de Trelew y Dolavon.

En la mañana de hoy, la Policía del Chubut, a través de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, detuvo al sospechoso de la violación que una mujer sufrió el miércoles luego de salir de una Iglesia evangélica del barrio San Martín de dicha localidad.

El procedimiento se produjo en una casa de la calle Los Pensamientos al 1100. Además de la detención, se incautaron prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos que resultan de interés para el proceso investigativo en marcha.

La víctima (de 24 años) fue atacada en un descampado ubicado detrás de la escuela Juan XXIII en el barrio San Martín.

Se secuestró una gran cantidad de bebidas y se labraron infracciones

En otro orden, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Ricardo Cerda, subrayó los controles que se realizaron en distintos sectores de la ciudad. Durante la medianoche, el personal de la Unidad Regional y de otras dependencias hicieron inspecciones sobre la venta y el consumo de alcohol en la vía pública.

En ese marco, se clausuró una Fiesta clandestina en un ‘Pelotero’ donde se incautó una gran cantidad de bebidas alcohólicas. En el procedimiento, colaboró la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad local.

Además, Cerda precisó que a las 02:30 horas, comenzó otro control de vehículos en Camino Mario Morejón junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Como resultado destacado, se procedió al secuestro de una Toyota Hilux cuyo conductor circulaba en estado de ebriedad al arrojar 0,88 % en el test de alcoholemia.

En el camino Raúl Alfonsín, también se demoró al conductor de una camioneta que con el índice positivo de 0,95 % en el test de alcoholemia. Para ambos secuestros, se labraron las actas por infracciones de tránsito correspondientes.

En total, se realizaron 55 controles que incluyeron 7 secuestros, hubo 6 alcoholemias positivas y otro por la falta de la documentación correspondiente.

También el Personal de la comisaria Rada Tilly (a cargo del comisario Kemer) desplegó su presencia en la Av. Brown y Onas con la identificación de 102 personas, 84 vehículos controlados, 3 infracciones y 2 alcoholemias positivas.

Trelew: Un detenido por daños y se investiga la agresión a una vivienda

A las 00:27 hs, el personal de la Comisaría Primera detuvo a un hombre (24 años) por la ‘tentativa de robo’ en la calle Roca al 100. Dañó los vidrios de una camioneta Chevrolet Captiva y sustrajo una mochila que el damnificado reconoció como de su propiedad.

Por su parte –a las 05:12 hs- los efectivos de la Comisaría Tercera intervinieron en una casa de la calle Ceferino al 4300 donde una mujer denunció que un sujeto (conocido en el ámbito policial) la amenazó, arrojó piedras y le dañó varios vidrios. Se investiga el caso.

Importantes resultados en los controles en Dolavon

El jefe de la Unidad Regional de Trelew, Ariel González y el jefe dela Comisaria Dolavon, Alejandro Carranza, precisaron que se secuestraron 3 vehículos por infracciones y se registraron 5 alcoholemias como saldo de los controles que se realizaron durante la madrugada en la localidad.

En uno de los casos de tránsito más preocupantes, un adulto (que arrojó una alcoholemia positiva) circulaba con un nene (12 años) con el riesgo importante que esa situación conlleva. En otros procedimientos, se incautaron 50 litros de alcohol y también cannabis.

Ambos Jefes Policiales agradecieron al personal a su cargo, a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a la División de Seguridad Rural, Drogas, Gendarmería Nacional, Operaciones y Motos de la Unidad Regional y al Servicio de Protección de Derechos de Dolavon.

En el año 2005 Eduardo Chemín era un joven oficial de servicio en la Comisaría de Rawson. Uno de sus superiores en la prevención del delito en la capital provincial, era el entonces comisario Juan Carlos Rossi, a cargo del Área Operaciones. Trece años después, a principios de diciembre pasado, a Chemín le tocó colocarle las esposas y decirle a Rossi que debía detenerlo por estar involucrado en una estafa con terrenos a asociados de la Mutual Policial del Chubut que presidía.

“Debo reconocer que la situación que debí enfrentar fue difícil. Por el solo hecho de ser un superior jerárquico uno construye una imagen profesional y personal. Pero esa imagen fue variando a medida que me adentré cada vez más en la investigación”, expresó Chemín que por estar al frente de la Brigada de Investigaciones de Trelew comenzó a investigar al presidente de la Mutual Policila del Chubut y a su tesorero Leonardo Quilaleo.

En soledad, en octubre pasado, dio continuidad a la investigación que siete meses antes habían iniciado otros tres ex policías provinciales que ahora integran la Unidad Anticorrupción creada por el procurador Jorge Miquelarena. El objetivo de las pesquisas: cotejar el estado patrimonial de Rossi y Quilaleo con la situación financiera de la Mutual en donde la mitad de los cheques que emitía eran rechazados. La investigación se centró en la realización de un relevamiento de las propiedades de los dos imputados. Vehículos, inmuebles y viajes al exterior de ambos en los últimos, años fueron investigados por Chemín.

Los domicilios de ambos imputados fueron allanados sin grandes resultados para la investigación. Pero la Mutual Policial fue allanada tres veces. En la segunda oportunidad, a las 8.30 de la mañana del 5 de diciembre pasado, Rossi y Quilaleo fueron detenidos. Estaban en sus respectivas oficinas en la sede de la mutual en la calle Rivadavia, en Rawson, a menos de una cuadra de la ex Jefatura de la Policía provincial. Los dos imputados se resignaron ante el procedimiento. Sabían que estaban siendo investigados. Rossi se mostró además muy calmo.

En el lugar se secuestraron además los dos autos de ambos, el Toyota Corolla de Rossi y el Renault Captur de Quilaleo. También la comisión enviada por la fiscal general Silvia Pereira se llevó, además de documentación, un revólver calibre 38 con todas sus balas que pertenecía a Rossi y que luego se supo, le había entregado la institución al momento de retirarse.

También cargaron en una camioneta cinco computadoras y la notebock personal de Rossi. Entre la documentación se secuestraron dos mails impresos en donde los imputados le pedían a dos inmobiliarias de la zona que cotice terrenos que, mediante la presunta falsificación de una firma, la Mutual Policial se había hecho como propios y que en realidad pertenecen al Instituto de Seguridad Social de la provincia. El objetivo era el de determinar un precio a fin de venderlo a un comerciante de origen chino, operación que se concretó en unos 175.000 dólares.

Pero además otros terrenos fueron vendidos a socios de la Mutual Policial, en su mayoría policías que confiaron en sus autoridades para así poder contar con el lugar donde levantar su vivienda propia. Muchos de ellos a lo largo de su carrera, también fueron compañeros de trabajo de Chemín. Igual que en el año 2005 cuando su destino laboral coincidió con el de Rossi.

“Como policía mi respeto a mis superiores es para siempre, estén en actividad o se hayan retirado. La decisión de investigar a Rossi y luego de detenerlo, lo superé cuando tuve en cuenta a las víctimas de las estafas. También son compañeros míos de trabajo, policías con sueldos que no son muy buenos y que pagaron los terrenos con mucho esfuerzo. Y resulta que ahora no tienen ni la plata que abonaron ni los terrenos para construir sus casas. Esto fue lo que me motivó a desarrollar la investigación”.

Al día siguiente de las detenciones el juez Fabio Monti abrió la investigación y dispuso el arresto domiciliario de los comisarios (RE) Juan Carlos Rossi y Leonardo Quilaleo, presidente y tesorero respectivamente del Círculo Mutual y Policial del Chubut por el delito de fraude a la administración pública en concurso real en la modalidad de delito continuado, por la venta ilegal de terrenos de la obra social SEROS mediante documentación adulterada.

La investigación también se abrió en contra de la tesorera de la entidad Mónica Weiberger y en contra del escribano Pablo Fossatti por avalar la falsificación de una firma a fin de poder llevar adelante el ilícito que se investiga.

Fabio Enbique Solari fue condenado a dos años de prisión en suspenso a cambio de 150 horas de trabajo comunitario. Nunca cumplió. La Justicia revocó el beneficio pero ahora no lo encuentran en los domicilios que se le conocen. Cuando aparezca será encarcelado en la Unidad 6 de Rawson.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia declaró la rebeldía y ordenó la captura de Fabio Enrique Solari, un exsuboficial de la Prefectura Naval condenado por cobrar una multa en Puerto Rawson y quedarse con la plata. Sus últimos domicilios declarados fueron en el barrio Comercio II y Covira de Rawson. Cuando la Policía Federal lo encuentre será alojado en la Unidad 6.

olari era responsable de la Sección Sumarios en el puerto capitalino. En 2007 por una infracción le cobró más de 5 mil pesos a un patrón de pesca. Pero falsificó recibos y el dinero no entró a la cuenta oficial.

Hace tres años el marinero fue condenado a dos años de prisión en suspenso por estafa y falsificación de documento público, más inhabilitación absoluta por doble de tiempo para la función pública y costas. Debía fijar residencia, someterse a un patronato y realizar 150 horas de trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.

En septiembre de 2016 la Oficina Judicial de Trelew le asignó horas de trabajo no remunerado en el Centro de Jubilados y Pensionados “Justicia Social”. Concurrió una vez para llevar la nota pero no lo volvieron a ver. Luego la Justicia Federal no le permitió computar como trabajos comunitarios su participación en las elecciones generales de 2017. Fue intimado judicialmente a cumplir con las tareas. Sólo lo hallaron una vez. Tampoco concurrió a la Agencia de Control y Supervisión de la Oficina Judicial entre la primera oportunidad y el 28 de mayo de 2018. Le pidieron documental para justificar sus inasistencias: dijo que estaba embarcado pero que realizaba tareas terrestres.

Tras otras convocatorias este año, esa Oficina dio por finalizada su intervención. Solari nunca pagó la tasa de justicia.

“Pese a los reiterados y sucesivos intentos de este Juzgado de Ejecución y de la Oficina de Supervisión y Control de Trelew, no ha cumplido con la presentación requerida, ni tampoco informado un cambio de domicilio o de actividad laboral, ni ha cumplido los trabajos comunitarios impuestos”. Su pena se hizo efectiva.

Según un informe de la Delegación Rawson de la Policía Federal, la exesposa de Solari dijo que ya no residía en la vivienda del Comercio II y que ya no mantenían ningún tipo de relación Informó otro domicilio en el Covira. La Policía averiguó pero sin resultado. No se lo pudo ni notificar. Su defensor mantuvo silencio. La Fiscalía pidió la orden de captura.

Según la jueza Nora Cabrera de Monella, Solari “no se hizo presente en la sede del Tribunal ni se ha allegado aviso o pedido de autorización para abandonar el domicilio fijado en el expediente ni ha sido habido por la Policía Federal en la localidad en la que supuestamente reside”.

Según la causa, en 2007 Solari le cobró una multa de $ 5.297,95 al patrón de pesca Marcelo Alejandro Ramos, por pescar con el Neptunia I en una posición incorrecta. Solari –entrerriano- le dio al infractor recibos provisorios como comprobantes de pago. El dinero no ingresó en la cuenta oficial para el depósito de multas. El cobro se realizó en la sede capitalina y a los recibos los inventó el propio condenado. Incluyó membrete y sellos de la institución pero no oficiales. Solari se desempeñaba en la Sección Sumarios, donde no se manejaba plata.

Si bien el patrón de pesca debía pagar esas cuotas en la Prefectura de Rawson, “pagó con error a la persona equivocada, en la oficina equivocada. En ese error fue guiado deliberadamente por Solari, quien con su jerarquía y experiencia conocía perfectamente el procedimiento. En su oficina tramitaba el sumario y se practicaba la liquidación de la sanción, pero el cobro debió hacerse en la oficina recaudadora o Sección Intendencia”.

El prófugo tenía acceso al sumario, y a sellos y papelería. “El ardid superó el mero incumplimiento administrativo, configuró una artimaña pensada, compleja, de cierta permanencia en el tiempo que posibilitó desapoderar fondos de un particular con destino al Estado Nacional y el beneficio patrimonial para el imputado”.

Solari confeccionó recibos falsos que acreditaban el pago, entregándolos a Ramos como verdadero: una falsedad con membrete y sellos de Prefectura.

El TOF consideró que Solari abusó de su cargo. “Lo indujo a abonarle dinero evitando el procedimiento regular, apropiándose de caudales que debían ingresar a la administración pública”. Ignoró todo movimiento registral en el sistema informático y en los libros de movimientos de sumarios, y expidió recibos falsos de pago.

Por su trayectoria en la Prefectura, por su jerarquía y experiencia, “no podía ignorar el carácter ilegítimo y delictivo de sus acciones.

Solari admitió los hechos pero aseguró que en 20 años de trabajo fue la única vez que sucedió. Dijo que vio “truncada su carrera. Defraudó a la Prefectura como funcionario pero siempre dio lo mejor”. En 2011 fue dado de baja. El infractor, Ramos, “se sintió defraudado y estafado”.

Jornada