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En Guatemala el pueblo Xinca viene luchando contra un proyecto minero de plata denominado El Escobal, hoy propiedad de Pan American Silver. Tras grandes movilizaciones y sufrir represión estatal y por parte de la seguridad privada de la empresa, lograron que se realice el proceso de Consulta Previa Libre e Informada estipulado por el Convenio 169 de la OIT y que se suspenda el proyecto. PAS, en una práctica similar a la que utiliza en Chubut -donde adquirió Navidad para apostar a cambiar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia-, compró en 2018 en Guatemala un proyecto resistido y suspendido por la falta de licencia social. La empresa hoy es denunciada por su injerencia y falta de respeto por el proceso logrado por el pueblo Xinca, desde donde alientan a los pueblos originarios del sur a exigir que se cumpla este derecho.

Entrevista a Quelvin Jiménez, abogado e integrante del Parlamento Xinca, quien explica estos años de lucha contra el gobierno guatemalteco y las empresas mineras canadienses.

Por Julián Raso para Noalamina.org

Para alguien que vive lejos de Guatemala… ¿Nos podría contar sobre el pueblo Xinca?

Pues el pueblo Xinca somos tal vez, uno de los pueblos originarios más pequeños que existimos en Guatemala. Históricamente hemos sido tal vez el pueblo indígena más marginado, puesto que no se nos reconoce ni siquiera en la constitución política de la República. Fue con los acuerdos de Paz, y específicamente en el Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas que nos reconoció legalmente el Estado de Guatemala. Se nos ha invisibilizado de distintas maneras, sin embargo, ha habido una lucha muy fuerte de las autoridades del pueblo Xinca por reivindicar nuestros derechos colectivos como pueblos: derechos a la identidad, a la tierra, a nuestro idioma y nuestra cultura. La mayoría de las comunidades tenemos territorios comunales titulados e inscritos a nombre de las comunidades Xincas.

En un momento se enteran que hay una megaminera que puede afectarles..¿Cuáles son los problemas que generó este proyecto El Escobal? ¿Cuáles creen que pueda generar a futuro?

Bueno, a finales de 2009, nos enteramos de que hay intereses de compañías trasnacionales de instalarse en el territorio para explotar un proyecto en un municipio que se llama San Rafael las Flores, y empezó a crecer el rumor de que no era sólo en este lugar donde se iba a explotar sino que habían intereses mucho más grandes. Para el 2013 la propietaria del Proyecto El Escobal que ahora es Pan American Silver, en ese entonces Tahoe Resources, manifestaba y le exponía a sus accionistas que habían encontrado el segundo yacimiento de plata más grande del mundo y que este yacimiento estaba en un área de alrededor de 2 mil kilómetros cuadrados. Eso abarca precisamente, la mayoría de los territorios comunales Xincas, que además gozan de una protección especial desde la Constitución Política de la República.

En ese sentido es que las comunidades nos articulamos, nos organizamos y empezamos a exigir al gobierno que se nos respetara el derecho a la consulta. Que pudiéramos ejercer el derecho y que no se hiciera el proyecto hasta no agotarse el proceso de consulta. Lo exigimos desde finales del 2009 hasta el 2013 a través de manifestaciones pacíficas, plantones que se hacían frente al proyecto minero y también ante la Embajada de Canadá para decirle al embajador y mandarle un mensaje al Gobierno de Canadá de que no queríamos ese tipo de proyecto en nuestros territorios.

Porque uno de los elementos más fuertes de nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión es el agua, y se estaba instalando el proyecto principalmente en la zona de recarga hídrica del depto de Santa Rosa: justamente donde nace la cuenca de Los Esclavos, donde se recargan las fuentes de agua de un departamento completo.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno y de la misma compañía? Pues precisamente la criminalización de la gente. Hasta el día de hoy tenemos más de 200 personas que han estado sujetas a un proceso penal de denuncias falsas, espurias, que ha montado la compañía con el apoyo de terceras personas en contra de autoridades xincas y líderes comunitarios que han manifestado su rechazo al proyecto. Y tal vez los sucesos más trágicos, son del 27 de abril de 2013, en donde prácticamente el jefe de seguridad de la compañía minera ordenó disparar en contra de hermanos que estaban exigiendo el derecho a la consulta frente al proyecto minero. Eso ha sido la criminalización y eso considero yo lo más fuerte que se ha estado viviendo.

(Tras estas acciones, en las que resultaron heridos integrantes del pueblo Xinca y que derivó en la imposición de un Estado de Sitio, el jefe de seguridad de la empresa se fugó a Perú y hoy se encuentran en un proceso de extradición buscando poder juzgarlo)

Además del desecamiento de varias fuentes de agua en la zona, que nosotros sostenemos ha sido a causa de la utilización excesiva de agua de la compañía, o porque está drenando demasiada agua en los túneles. Y también casi se desapareció una aldea completa debido a las vibraciones de los camiones, a la detonación de explosivos en los túneles por lo que más de 70 familias tuvieron que vivir un calvario durante 2014 y el 2015.

O sea que hay por un lado una criminalización por parte del Estado pero también las empresas mineras actuaron contra la población propia, con seguridad privada…

Así es. Y eso fue una práctica recurrente porque una de las manifestaciones donde después hubo detenidos por parte de la Policía Civil, la compañía estaba intentando instalar una línea de energía eléctrica, pero las comunidades se organizaron y evitaron que pasara la línea. En esa oportunidad para resguardar a los que estaban haciendo la instalación y para intimidar a la población, pues tenían agentes de seguridad privada vestidos de antimotines, con perros de ataque. Y estaban mezclados justamente con la Policía Civil. El segundo día de protestas ya quien actúa deliberadamente es la Policía Nacional Civil, inclusive golpeando mujeres, disparando con armas de fuego contra los manifestantes. Hay toda una confabulación entre la compañía y el gobierno para imponer el proyecto a costa de la represión de la población.

Cuando hablamos de compañía, ¿En qué momento se dio el cambio en el que accede Pan American Silver?

Creo que la negociación empezó a principios de 2018. Finalizó a finales de 2018.

O sea que ingresa ya a sabiendas de todo este conflicto…

Sí, definitivamente. No era para nada un secreto. De hecho en Estados Unidos hay tres demandas… Si no estoy mal dos en Nevada y una en Nueva York. Demandas civiles de los mismos accionistas de Tahoe, porque nunca les informaron acerca de las violaciones a los Derechos Humanos que ocasionó la compañía en el territorio. También el Fondo de Pensiones de Noruega retiró alrededor de 70 millones de euros de las acciones de la compañía precisamente por estas denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos. Pan American tenía pleno conocimiento de la problemática que enfrentaba el proyecto en la región. Esas demandas obviamente son públicas y tuvieron que haberse puesto sobre la mesa en el momento de hacer la negociación.

¿Cambió algo con el cambio de empresa o qué se puede observar?

Pues observamos que es la misma política, la misma dinámica. De hecho nosotros obtuvimos una sentencia el 3 de septiembre de 2018 que ordena consultar al pueblo xinca y se suspende el proyecto hasta que no se realice el proceso de consulta. Pero en ese momento la Corte establece que deben haber ciertos requisitos o estándares al momento de llevarla a cabo, eso requiere de buena fe y el carácter libre de la consulta. Para nosotros que haya publicidad en medios de comunicación y demás, eso es parte de las acciones de coacción o de manipulación de la opinión que se pueden dar. Y en esa línea pudimos percibir que por lo menos en 2018 y a principio de 2019 pues había todavía un posicionamiento en medios de comunicación como si fueran entrevistas. Yo creo que lo único que ha cambiado es el nombre de la compañía. Pan American Silver pidió en 2019 perdón por el atentado del 27 de abril de 2013 donde hermanos fueron heridos, y reconoció que la seguridad disparó y que fue su jefe quien lo hizo.

Lo que nombrás sobre los medios de comunicación, acá en Chubut está a la vista. Hace ya ocho años que Pan American Silver está instalada en los territorios y pese a tener una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto, pese a que no se ha realizado la consulta previa a las comunidades que serán afectadas en caso de que se apruebe el proyecto, es impresionante la cantidad de dinero invertido para tratar de condicionar esta decisión. ¿Qué le podrían decir desde Guatemala, desde el pueblo Xinca, a las comunidades originarias de Chubut sobre las posibilidades de tener un proceso de Consulta Previa? Y también, sobre la posibilidad de frenar un emprendimiento de gran escala antes de que se instale.

Definitivamente la consulta debe ser previa. Yo creo que el llamado sería para que se puedan articular, se puedan organizar, unir cada vez más. Unidos son más fuertes. Y exigirle al gobierno, al Estado Argentino que cumpla con esos compromisos internacionales que le impone el Convenio 169. Hay amplia jurisprudencia en el Sistema Interamericano que es de aplicación obligatoria para los estados parte, que le ordenan respetar las decisones de los pueblos, ese derecho que tenemos los pueblos a decidir qué tipo de desarrollo queremos. Quién entra y quién no entra en nuestro territorio. Y no se trata de un simple proceso en donde se va a levantar la mano y decir sí o no. Sino un proceso que tiene que estar revestido de varios requisitos, tienen que prevalecer varios requisitos como el de buena fe, el carácter libre. Una de las cosas que hemos estado exigiendo aquí es en primer lugar, que no podemos empezar cuando hay una coacción, una coerción de la población. Si nos vamos a sentar en un proceso de consulta debe haber en primer lugar mesa limpia. Es decir, no puede haber ninguna condicionante que pueda manipular la opinión o la voluntad de la población. Se tiene que tener información objetiva, completa, y tener el tiempo para poderla analizar y poder tomar una decisión realmente pensada, con base en información real. Inclusive con sus expertos, deben los expertos eliminar esa brecha de desigualdad que hay entre las compañías y los pueblos indígenas. Porque yo no soy geólogo, no puedo entender temas de geología. En ese sentido la Corte de constitucionalidad de aquí de Guatemala dijo que debe el Estado pagar a los expertos que van a asesorar y ayudar a entender la información en el proceso de consulta. Y no tiene que ser cualquier experto que diga el gobierno sino los expertos y personas en quienes confían las autoridades de los pueblos porque de eso se trata el principio de buena fe en la consulta. Eso debe ser un principio para todos los procesos de consulta.

Bueno acá el gobierno basa su proyecto de modificación de la ley que hoy prohíbe la minería, en un informe que está provisto por una Red de Académicos por la Minería Sustentable. ¿Cree que podría ser objetiva una información proveniente de una red así?

Yo creo que no, de ninguna manera podría ser un informe objetivo. Desde el momento en que tienes el nombre de mineros sustentables ya nos da la percepción de que se busca dar cierta información que tienda a tratar de hacer parecer que en algún momento la minería metálica pueda ser sustentable. Hoy por hoy, yo no conozco un sólo proyecto en el mundo que no tenga impacto en el tema ambiental.

Y otro tema súper interesante es que el Convenio 169 no se centra específicamente en el tema ambiental, sino que se centra en el tema cultural y espiritual. Se tiene que evaluar cuál es el impacto en las formas de vida, en la cultura, en la espiritualidad de los pueblos. No se trata solamente del ambiente como tal, sino de cómo impacta en la cultura, en las formas de comunicarse, en cómo afectará a las plantas ancestrales medicinales, si se van a verter desechos químicos en un río que es fuente no sólamente de alimento sino también de sabiduría y conocimiento para los pueblos. El proceso de Consulta va en esa línea, va en ese sentido. Por eso el gobierno no puede dejar de un lado también la obligación que tiene de evaluar esos impactos, más allá del impacto ambiental, el impacto cultural, el impacto espiritual en las formas de vida de los pueblos originarios que están reclamando que se respete ese derecho en sus territorios, señaló No a La Mina.

“Hay un estado de convulsión social muy importante”, describió Pablo Quintana, periodista e integrante de la asamblea de No a la Mina de Trevelin. “Si bien el proyecto delimita un cuadrilátero que está ubicado en el centro-norte de la provincia, también dice es que esa zona podría ser ampliada”, aclaró. “Como venimos diciendo desde hace 17 años: se enmarcan en un lugar pero después van a ir por absolutamente todo”, aseguró en diálogo con Al Revés.

Chubut vive un clima de convulsión social a raíz del proyecto de zonificación presentado por el gobernador Mariano Arcioni que busca terminar con la prohibición de la megaminería en la provincia después de 17 años. Pablo Quintana, periodista y miembro de la asamblea No a la Mina, consideró que las denuncias de coimas revelan un escenario político con fuertes presiones empresariales y en donde todavía no se cuenta «con los votos necesarios» para avanzar con una iniciativa completamente opuesta a los intereses del pueblo.

Luego de 17 años, Chubut revive una lucha histórica contra la megaminería. En noviembre, el controvertido gobernador Mariano Arcioni – ex vicegobernador del fallecido Mario Das Neves – envió a la Legislatura el proyecto de zonificación minera que habilita la actividad en la meseta de la provincia, poniéndole fin a la prohibición que consiguió el pueblo a partir del plebiscito del año 2003 y que quedó plasmado en la Ley 5001.

Con relación a las denuncias de coimas y al escándalo del video protagonizado por el diputado del Pro, Sebastián López,  el asambleísta adjudicó ambas acusaciones a un escenario muy complejo, en donde conviven la fuerte resistencia de un pueblo dispuesto a dar batalla, junto a las presiones que ejercen las corporaciones sobre los actores políticos. “Lo que demuestra todo esto es que no les dan los votos y ven una movilización similar a la del 2003. Entonces están tratando de darle una vuelta por el lado más oscuro”, remarcó Quintana.

Hipotecar el futuro de un pueblo

En medio de esta profunda crisis política, ayer el gobernador Mariano Arcioni brindó una conferencia de prensa en la que ratificó que no dará marcha atrás con “el plan productivo” y afirmó que no va a “hipotecar el futuro de la provincia”.

“La minería sustentable es un oxímoron”.

Pablo Quintana, periodista y miembro de la Asamblea Trevelin No a la Mina, detrás de la intención del gobierno de reactivar la actividad en la provincia se encuentra la multinacional canadiense Pan American Silver que, desde el año 2010, busca concretar el Proyecto Navidad. “Desde hace alrededor de cinco años venimos denunciando que la empresa viene funcionando como un Estado paralelo en la zona entre Gastre y Gan Gan”, relató.

“La minería sustentable es un oxímoron”, precisó. Además del tremendo impacto social y económico, la propuesta de zonificación comprometería grandes cantidades de agua. “Toda la provincia está cruzada por el Río Chubut: nuestra fuente vital de agua que cruza desde la Cordillera hasta el Atlántico”, aseguró el asambleísta”.

“Ahora ese debate está como recluido porque estamos discutiendo que el proyecto se quiere llevar adelante sí o sí”, sostuvo. “Los vecinos no queremos vivir con este tipo de emprendimientos. Pero la corporación es mucha y es bastante fuerte”, lamentó.

Fuente: Al revés

Vecinos esquelenses del No a la Mina volvieron a hacer visible su reclamo en la jornada del miércoles. 

En esta ocasión, se realizó una concentración frente al edificio de Tribunales, donde Viviana Moreno.

«Tribunales tiene todas las causas que hemos presentado en todo este tiempo. En sus manos está retirar el proyecto de zonificación minera de la Legislatura» detalla Viviana, aclarando que «estaremos miércoles, jueves y viernes aquí, que son los tres días en los que tiene que haber una definición, como forma de visibilizar que la justicia tiene en sus manos el destino de esta provincia».

Por otro lado, adelantó que el próximo viernes a las 11 hs se hará una audiencia con los compañeros que fueron judicializados por la situación que se produjo en Legislatura cuando se aprobó el Ministerio de Hidrocarburos, señaló Red 43.

Una importante movilización del No a la Mina volvió a las calles para pronunciarse contra la zonificación ratificada por Arcioni. Fueron hasta Tribunales.

Miembros del No a la Mina se movilizaron este miércoles por las calles de Esquel en contra de la zonificación minera que está en debate en la legislatura de Chubut. Se concentraron en la plaza San Martín y recorrieron el centro hasta el edificio de Tribunales, en el marco de los planteos radicados en la Justicia para poner freno al proyecto que entienden ni siquiera debería tomar estado parlamentario, por anticonstitucional.

Un nutrido grupo de manifestantes recorrió las calles luego de las declaraciones del gobernador en horas del mediodía, luego de que Arcioni anunciara que no va a retirar el proyecto de zonificación, haciendo una defensa del mismo en todos sus términos.

 

Sobre la mina, la semana inició con incertidumbre y la mira puesta en las sesiones extraordinarias de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura, la primera el próximo viernes 18 de diciembre. Dos son los proyectos que deben considerar. Uno, el oficial, prevé la inclusión de buena parte del territorio provincial para la explotación de minas a cielo abierto. Y otro que lleva la firma de 31.000 vecinos -mecanismo de consulta popular aceptado en Chubut- en contra de la megaminería considerado sus riesgos ambientales comprobados.

Mientras tanto, en las calles, se suceden las manifestaciones y los escraches. Grupos de No a la Mina han ido a manifestarse frente a la  casa de los legisladores reclamando el voto por el rechazo al proyecto de la zonificación minera. Por otro lado, también se conocieron en las últimas horas dos o tres acciones de parte del gremio de la Asociación Obrera de los Mineros que han ido a casa de algunos legisladores y también del ex vicegobernador de la provincia Gustavo Mac Karthy de manera bastante agresiva a reclamar que se le dé curso a la zonificación minera.

Es un clima de creciente de movilización, no solo en la ciudad de Esquel sino en casi todas las localidades de la provincia, grandes ciudades como Madryn, Trelew, pero también pequeñas localidades, incluso en la meseta han salido a las calles a pedir por el no a la mina.

Consultado por La Columna Vertebral, el escritor y periodista de Esquel, Gustavo de Vera, sostuvo: «Es llamativo que en Comodoro Rivadavia, ciudad que es la capital petrolera de la Patagonia, a la que siempre se asocio con actividad minera, también hayan salido masivamente a decir No a la Mina. Quizá por la propia experiencia de lo que es vivir y convivir con la actividad minera, ha salido masivamente la población a las calles a decir no a la mina. Cuando decimos la experiencia de vivir con la actividad minera hay que señalar que Comodoro Rivadavia ha descubierto petróleo hace 113 años y la ciudad se conformó alrededor de los campamentos petroleros. Sin embargo, es una ciudad que 113 años después no tiene una fuente constante de agua potable, agua que sí se utiliza para las extracciones secundarias y terciarias de los pozos petroleros no alcanza para abastecer la ciudad de Comodoro. Un ejemplo grafico de lo que implica en lo social la actividad minera«.

Fuente: La Columna Vertebral

Adolfo Alarcón dialogó con Red43 en el marco de un nuevo aniversario de la lucha del pueblo esquelense en las calles contra la megaminería.

En la ocasión, «Fito» destacó que «esta es la fiesta de la dignidad; la dignidad de un pueblo que no se vendió nunca». Además, recordó los inicios de la lucha; el momento en el que el pueblo consiguió el plebiscito y las maniobras de la empresa canadiense Yamana Gold para manipular algunos sectores, sobre todo, los medios de comunicación.

Fuente: RED 43

 

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el “No a la Mina” organizó una serie de actividades para hoy en la Plaza General San Martín de Esquel.

Este viernes 4 de diciembre se cumplen nada más y nada menos que 18 años de la primera gran movilización en contra de la megaminería en Esquel.

A las 19 horas se llevará adelante un mini festival, mientras que para las 20 horas está prevista una gran concentración y posterior marcha por las calles de la ciudad.

Fuente: El Diario Nuevo Día

Vecinos y vecinas de distintas localidades de Chubut marcharon para repudiar las embestidas del lobby minero y en contra del poder político provincial que desconocen la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y pretenden arremeter contra el derecho de vivir en un ambiente sano.

La resistencia organizada contra la megaminería comenzó en Esquel y se fue afianzando a mediados del año 2002, cuando una empresa minera desembarcó en esa ciudad, con el beneplácito de las autoridades provinciales y locales, para explotar el oro del Cordón Esquel, también conocido como Cerro Willmanco. El interés de la comunidad fue creciendo en forma proporcional al intento de silenciarla por parte de los gobernantes, que manejaban un discurso unificado con esa empresa minera.

Diez años después, en 2012, la instalación de una oficina de la empresa minera en la ciudad de Esquel, obtuvo la presión de los vecinos en las calles, quienes movilizados posibilitaron que no se les renovara la habilitación y debieran retirarse de la ciudad. Ese mismo año, se realizó el “Primer Foro de Actividades Productivas a Escala Humana y para Beneficios de las Comunidades” organizado íntegramente por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA, con el apoyo de agrupaciones, asociaciones y profesionales comprometidos con esa lucha.

Al año siguiente, en el 2013, se juntaron 13.007 firmas que se presentaron a la justicia electoral y finalmente el 3 de junio del año 2014 la Iniciativa Popular se convirtió en el Proyecto de Ley Nº 75/14 y de esa manera, por primera vez en la historia de la Provincia del Chubut, este mecanismo de democracia semi directa se cristalizó en un proyecto de ley construido por los vecinos asesorados por expertos que logró ingresar a la Legislatura.

Cabe destacar que la Ley 5001 prohíbe la actividad minera, pero sólo en su etapa de explotación y prácticamente toda la provincia de Chubut, se encuentra explorada y presenta derechos mineros otorgados, estos están distribuidos en casi todas las regiones.

No se puede desconocer que la explotación minera se propone en los países latinoamericanos como una de las alternativas para el desarrollo, a pesar de que se encuentra demostrado que es una de las industrias más contaminantes que existen en el mundo, ya que durante su proceso productivo utiliza o libera elementos altamente peligrosos como el cianuro, cadmio, cobre, arsénico, plomo y otros, los cuales al entrar en contacto con el ambiente contaminan a las personas, el suelo, el aire y el agua, además la actividad tiene generalidades que no todos conocen y que son abarcadas por todos los métodos y minerales a extraer, entre ellas están el uso de toneladas de sustancias contaminantes, explosivos, lubricantes, dispersantes, refrigerantes, productos de descomposición , cianuro y demanda grandes necesidades energéticas que incluyen eléctrica y combustibles fósiles y la utilizaciones de grandes volúmenes de agua por largos períodos de tiempo y esto produce siempre cambios en los patrones socioculturales.

Fuente: Red Federal de Comunicación

El gobierno de Chubut, en medio de la profunda crisis financiera que transita la provincia desde 2016, presentó un proyecto de ley para habilitar la megaminería en el territorio, por más que esta actividad está prohibida desde el año 2003 por la ley provincial 5001. Las asambleas del No a la Mina organizaron en la última semana movilizaciones multitudinarias y, el mismo día que el gobernador presentó la iniciativa de zonificación, ingresaron a la legislatura un proyecto de iniciativa popular que tiene el objetivo de completar los “baches” de la ley 5001, para frenar el avance de las mineras. La mesa de unidad sindical, en tanto, sigue reclamando por los salarios de los trabajadores estatales que tienen un atraso de dos meses en el pago y no cobraron el aguinaldo de julio, aseguran que la minería “es una falsa salida” y proponen una Ley tributaria de emergencia para paliar la crisis.

El 20 de noviembre el gobernador Mariano Arcioni presentó en la legislatura provincial un proyecto denominado “desarrollo industrial minero metalífero sustentable”, que plantea la realización de una zonificación para, de ese modo, exceptuar zonas de la provincia de la prohibición que rige por la ley 5001. Eso podía ser factible, según dicha ley, solo durante los 120 días posteriores a su promulgación. Arcioni quiere hacerlo 17 años después, y luego de haber ganado las elecciones con una campaña antiminera. La punta de lanza del extractivismo en Chubut sería permitir la explotación en la meseta, en en el marco del denominado “Proyecto Navidad” de la empresa transnacional Panamerican Silver, que extraería plata, plomo y cobre a cielo abierto.

En declaraciones recientes, el gobernador expresó que “somos una provincia minera por excelencia”, y puntualizó que “tenemos la obligación, quienes tenemos la decisión política de llevar adelante este proyecto, de dar la discusión sin eufemismos, sin ideologías, dejando de lado las posiciones dogmáticas y de escuchar esas miles de voces que están en silencio. A mí no me van a callar los ruidosos”.

El proyecto del gobernador para permitir la zonificación deberá tratarse en una comisión parlamentaria, mientras que el de iniciativa popular, en tres. “Es paradójico porque el gobierno dice que está abierto al diálogo, pero festejó cuando se anunció que su proyecto iba a tratarse en una sola comisión”, aseguró Pablo Lada, Integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Luego explicó que el proyecto de iniciativa popular pretende completar a la ley 5001 para prohibir otros químicos tóxicos además del cianuro y otras etapas previas a la explotación». Estiman que el gobierno tiene el objetivo de que el proyecto de zonificación sea tratado antes de fin de año en una de las tres sesiones que quedan. Este diario intentó comunicarse con el gobierno provincial para consultarle sobre esta y otras cuestiones, pero no obtuvo respuestas.

La crisis en la provincia es de larga data. En 2016, en el marco del desfinanciamiento del gobierno de Mauricio Macri, se habilitó a las provincias a tomar deuda con acreedores extranjeros. En ese entonces, el ex gobernador, Mario Das Neves, emitió un bono por 650 millones de dólares para ordenar las cuentas provinciales e invertir en obra pública. Sin embargo, a mediados de 2018, con Arcioni como gobernador, la provincia comenzó a tener problemas para pagar los salarios a los estatales. Marcela Capón, Secretaria de Hacienda de Atech, aseguró que actualmente “la provincia está muy complicada. Tenemos dos meses de atraso en los pagos y nunca cobramos el aguinaldo. Las familias están endeudadas, los chicos sin clases y los hospitales colapsados, con médicos que no cobran”.

La propuesta de la mesa de Unidad Sindical es frenar el pago de la deuda y realizar una auditoría, porque no saben a dónde fue el dinero. Además, presentaron en la legislatura un proyecto de ley tributaria de emergencia: “hace más de tres años que estamos peleando por eso. En la provincia hay grandes terratenientes que no pagan el impuesto rural inmobiliario, no se cobra el canon pesquero, tampoco pagan impuestos las mineras o las grandes empresas como Aluar”, aseguró Capón. “En vez de apuntar a esos sectores poderosos, desde el gobierno proponen cómo salida la megaminería que traerá aún más miseria”, apuntó.

Capón expresó que tuvieron una reunión virtual con legisladores provinciales y nacionales. De los provinciales no obtuvieron respuesta, pero los diputados nacionales del FdT –Santiago Igon, Estela Hernández y Rosa Muñoz– se posicionaron en contra de la megaminería. «Además tuvimos el compromiso de ellos de avanzar con los proyectos de la mesa de unidad sindical», expresó y detalló que «los que no se posicionaron fueron Ignacio Torres y Gustavo Menna de JxC».

Lada agregó que «desde el gobierno provincial argumentan que la minería es necesaria para la gente de la meseta, cuando el propio Estado abandonó esa zona hace años y la ha dejado en manos de Panamerican, que lleva más de diez años allí. Se ha convertido en una suerte de estado paralelo: provee a los pobladores telefonía, leña, generadores eléctricos”. Luego detalló que “argumentan que hay que generar dólares, pero Chubut es la cuarta exportadora del país y tenemos solo 600 mil habitantes».

El representante de las asambleas puntualizó que «el gobierno nos ha endeudado y ahora propone que nos abracemos al ancla de la minería. Pero la población está informada y ve lo que pasa en provincias donde se desarrolló la actividad. En Catamarca, que tuvo el yacimiento más grande del país, el 67 por ciento de la población recibió el IFE, y los índices de pobreza son de los más altos del país. Estos datos no se pueden ignorar”.

Además de las masivas movilizaciones, distintos sectores se han posicionado en contra de la mina. En una carta firmada por representantes de la la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN, el Conicet y el INTA, dirigida al presidente de la legislatura, indicaron que «no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley», y que «los avances en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas indican de manera categórica que no hay procesos que logren el desarrollo sustentable si no están dadas las condiciones de participación para una construcción colectiva».

Fuente: No a la Mina

Se realizó una nueva manifestación en la ciudad de Puerto Madryn contra el desarrollo de la minería. A través de las redes sociales se hizo la convocatoria que estaba prevista para las 17:30 horas. A su vez se solicitaba respetar los protocolos de distanciamiento para caminar y poder movilizarse por el sector de la rambla en la ciudad costera.

Tal como se adelantó el lunes en la tarde se hizo la caminata y movilización contra el proyecto de zonificación y desarrollo minero en Chubut. En la ciudad de Puerto Madryn, de manera masiva los vecinos se aunaron para formar parte de la “caminata por un Chubut sin megaminería”. De este modo se partió desde la fuente de agua que está ubicada en calle 28 de Julio y Roca, luego avanzaron hacia el Parador 5 para después regresar. En el mismo camino se detuvieron frente a la casa del vicegobernador, Ricardo Sastre e hicieron oir su reclamo.

En Playa Unión, se autoconvocaron los surfistas y a partir de una intervención con sus tablas dejaron el mensaje “soy agua”, más tarde en el mar hicieron un circulo en honor a la naturaleza.

Fuente: Madryn Ahora