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El primer testigo del juicio oral que se lleva adelante por la causa “Revelación” fue Juan Carlos Núñez que contó ante el tribunal respecto de todos los secuestros que se realizaron apenas iniciada la investigación y se produjeran las primeras detenciones, en marzo del año 2018. El testigo es uno de los integrantes de las acciones operativas de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut que previo a esas diligencias, creó el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena.

Las primeras pesquisas dieron origen a la causa “Embrujo” y de allí se desprendió otra investigación sobre la base de los negociados con la obra pública dando origen a la causa “Revelación”, que hoy tiene a siete ex altos funcionarios provinciales y a un empresario de la construcción en el banquillo de los acusados. Los fiscales general Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz fueron quienes se hicieron cargo de estas pesquisas, a la vez que se incorporó para el trabajo investigativo de campo a Brian Elías, un ex oficial de la Policía del Chubut y el fiscal general Gustavo Nuñez.

El testigo dio detalles allanamientos realizados que resultaron claves para ambas investigaciones y de otras, que también debieron independizarse, a tal punto que varias de ellas también se encuentran en etapa de juicio oral y público previsto para este año.

Los allanamientos efectuados muy pocas semanas después de las detenciones, se realizaron en un domicilio de la calle Lezana de Playa Unión y en Marconi al 300 de la ciudad de Trelew. En ambos casos se secuestró profusa documentación que daba cuenta de la contabilidad de los negociados. Entre los elementos secuestrados se hallaron fotocopias de cheques de los cuales luego se obtuvieron los originales en el Banco del Chubut. Para los investigadores los cheques fueron claros indicativos de los pagos a los empresarios por las obras públicas ejecutadas, además de los mecanismos de retorno.

A partir de allí se comenzaron a citar a los empresarios que en su momento estuvieron procesados y que en sus declaraciones se mostraron como víctimas de un sistema de corrupción orquestado por altos funcionarios del Estado.

Núñez comenzó a declarar pasadas las 14 horas del jueves pasado. Lo hizo ese día hasta las 17 en que por problemas conexión, la audiencia debió ser suspendida. Su declaración continuó este viernes a las 9 y se extendió hasta las 10,30, para que comience luego a declarar en carácter de testigo, el empresario de Rawson Carlos Papaiani.

La extensa jornada del día jueves, dejo a la vista los distintos planteos de nulidad efectuado por los defensores de cada uno de los ocho imputados.

Cabe destacar que el tribunal integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana Gonzalez y Alejandro Rosales, resolvió rechazar los planteos de nulidades tras escuchar las teorías del caso que delinearon los defensores de los imputados.

También se dispuso, con el consentimiento de las partes, que en la etapa de prueba testimonial del juicio no sea trasmitido en vivo, en relación a lo dispuesto por el art. 323 del Código Procesal Penal de Chubut que dice textualmente que “antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí ni con otras personas, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia”

Desde el Ministerio Público Fiscal se procura demostrar la participación de cada uno de los ocho imputados en distintos delitos.

En la organización de la asociación ilícita en concurso real con exacciones ilegales en modalidad de delito continuado se ubica al contador Víctor Hugo Cisterna; continuando con Diego Miguel Correa se lo acusó como organizador de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado. Por su parte, a doctor Gonzalo Carpintero se le imputó por cuatro cargos, definidos como organizador de asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito y dos hechos de omisión maliciosa de información.

Al contador, Pablo Oca, también se lo acusó de organizar la asociación ilícita, en concurso real, con cohecho pasivo bajo modalidad de delito continuado, la misma figura fue elegida para el caso de Alejandro Pagani. Siguiendo con el listado de imputados, se encuentra a Juan Martín Bortagaray, que se lo acusó de miembro de asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo en modalidad de delito continuado, mientras que a Diego Lüters se lo acusó como miembro de asociación ilícita. Y por último, al empresario Martín Castillo se lo acusó como autor de cohecho activo.

La tercera jornada de debate se realizó conforme lo establecido en el protocolo sanitario por la pandemia de covid 19.

Los querellantes de la causa revelación, la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción, adhirieron en todos sus términos a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales, siendo el primero de ellos quien presida las audiencias a realizarse en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.

La causa, oficialmente caratulada como «Ministerio Fiscal S/investigación», llega a debate tras una extensa investigación en la cual una veintena de empresarios imputados originalmente en el caso accedieron a la suspensión del juicio a prueba (probation) para evitar ir a juicio, a cambio de hacerse cargo de la construcción de instalaciones o compra de equipamiento para uso de la ciudadanía en distintos puntos de la provincia.

Las audiencias se realizarán bajo un estricto protocolo sanitario debido a la pandemia de Covid y se han establecido medidas de distanciamiento por las cuales solo las partes podrán acceder a la sala. Con el fin de dar publicidad al juicio y facilitar el acceso de la prensa y el público a la audiencia, a través de la cuenta de Jusnoticias en Facebook se realizará la transmisión del debate.

IMPUTADOS, DEFENSORES Y QUERELLANTES

La acusación en el juicio por la Causa Revelación estará a cargo de los doctores Marcos Nápoli y Gustavo Núñez por parte del Ministerio Público Fiscal, en tanto que estarán presentes como querellantes los doctores Javier Stampone y Christian Marcelo Martínez, por la Fiscalía de Estado, mientras que por la Fiscalía Anticorrupción se presentarán los abogados Fernando Romeo y Guillermo Hansen.

En total la causa tiene ocho imputados, entre los que cuentan los exfuncionarios Gonzalo Carpintero Paterson, Víctor Hugo Cisterna, Pablo Alejandro Oca, Diego Correa, Juan Martín Bortagaray, Alejandro Pagani y Diego Lüters, además del empresario Martín Castillo.

Las defensas técnicas de los acusados estarán a cargo de los abogados particulares Federico Ruffa (Carpintero), Emilio Galende (Cisterna), Fabián Gabalachis (Oca y Correa), Jorge Rubiolo (Bortagaray) y Carlos Villada (Pagani). El defensor público Lisandro Benítez representará a Lüters, en tanto que el abogado Abdón Manyauik tendrá a su cargo la defensa técnica del empresario Martín Castillo.

LA IMPUTACION

La causa, que tuvo audiencia de apertura de investigación a fines de marzo de 2018, para cinco de los ocho imputados que llegan a juicio, se vincula con la investigación de distintos delitos, entre los que se encuentran: asociación Ilícita; exacciones ilegales bajo la modalidad de concusión; cohecho pasivo; cohecho activo; enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos, todos ellos contenidos en los artículos 210, 268, 256, 258, 268 inciso 2 y 268 inciso 3 del Código Penal.

De todos los imputados que a lo largo del proceso tuvo esta causa, ocho serán los que llegan a juicio, en tanto que otros fueron sobreseídos y más una veintena de empresarios de nuestra provincia accedieron a la suspensión del juicio a prueba.

En recientes declaraciones, el fiscal Nápoli dijo los testimonios de los mismos empresarios fueron claves para construir la hipótesis que va a desarrollar en el juicio. «Uno siempre escucha estas cosas, que se pagan coimas; pero escucharlo de primera mano y con los protagonistas, nos dio resultados y nos posicionó de modo tal que llegamos al juicio de una de las causas más importantes que tuvo la provincia», indicó.

Nápoli adelantó también que la lista de Lüthers «se va a exhibir con lujo de detalles porque en una parte del juicio se trata de validar la lista, para demostrar que son auténticas y los datos son veraces, respecto a que se comprobaron los ítems de las anotaciones».

Fuente: El Chubut

El Ministerio Público Fiscal de Rawson, a través del fiscal Marcos Nápoli, había logrado alcanzar un acuerdo de culpabilidad con Gonzalo Carpintero, con una pena de seis años de prisión y 70 millones de pesos de caución por haber formado parte de una asociación ilícita y por enriquecimiento ilícito, mientras que Oca había aceptado haber formado parte de la misma asociación, y le cabía una pena de tres años de prisión, aunque lo más relevante es que ambos iban a quedar inhabilitados en forma perpetua para ejercer cargos públicos.

En octubre del año 2020, al caerse el acuerdo que había logrado Fiscalía con Gonzalo Carpintero, quedó establecido que en febrero comenzaría el juicio oral.

Sin embargo, el juez Piñeda rechazó el acuerdo en el marco del juicio abreviado a través de una resolución que se emitió a mediados de septiembre pasado.

La Fiscalía declinó de presentar la respectiva apelación y aceptar los términos y plazos del juicio oral y público, y se conoció que hoy darán comienzo las audiencias del juicio oral y público.

Este miércoles se iniciarán las audiencias que tienen como imputados a Víctor Cisterna, ex Ministro Coordinador; Pablo Oca ex ministro de Economía, Diego Correa, ex titular de la Unidad Gobernador; de Infraestructura, Alejandro Pagani, Martín Bortagaray ex presidente del IPV; Gonzalo Carpintero ex secretario privado de Das Neves y Diego Lüthers de la mismo área.

Entre los privados estarán sentados en el Tribunal Martín Castillo y Pablo Menedin. Todos ellos comparecerán en el juicio por corrupción que tuvo como delito el desvío de fondos, sobreprecios de insumos, cohecho y contrataciones apócrifas, entre funcionarios del Estado y comerciantes de Chubut, cuando arreciaron las inundaciones en Comodoro Rivadavia hace casi 4 años y desde el poder y el sector privado, se cometieron evidentes actos de corrupción.

El tribunal estará compuesto por los jueces Mariano Nicosia, Alejandro Rosales e Ivana González.

Después de «Embrujo», «Revelación» es la segunda gran causa por corrupción que se ventilará en tribunales de Chubut. Todos fueron funcionarios del gobierno que encabezaba Mario Das Neves.

Así lo aclaró el penalista Fabián Gabalachis, quien defiende a varios de los condenados en primera instancia por las causas conocidas como Embrujo y enriquecimiento ilícito.

El abogado reconoció que pueda existir un malestar en la sociedad que percibe que muchos de los acusados y condenados recuperan la libertad pero en algunos casos, como Sandro Figueroa, no es porque se le morigeró la pena sino porque pasó el tiempo y se cumplió la expectativa impuesta a punto tal que ni siquiera se opuso la fiscalía.

De paso se permitió recordar que no sería conveniente que los bienes decomisados por estos casos sean utilizados o entregados a terceros porque ninguna de las causas tienen condena firme.

En el caso de algunos inmuebles que se pretendían dar en comodato, recordó que hay instancias en el plano de la justicia civil que todavía no se dirimieron y sería gravísimo para el estado dar marcha atrás luego si es que se lo sometió a uso intensivo y mucho más si se modificó la estructura.

Del mismo modo pidió cautela con los vehículos secuestrados sobre todo de alta gama.

Recordó que dos casos con vehículos de marcas caras que se secuestraron y que al poco tiempo se debieron guardar en un garage porque era tal el costo de mantenimiento que era imposible de sostener por un organismo estatal y ni hablar si se rompen o son afectados por un choque, señaló Radio Chubut.

Ayer se dio a conocer la confirmación de la sentencia de primera instancia para los diez integrantes de la banda que cometía ilícitos en perjuicio de la administración pública provincial.

Los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) Alex Williams y Omar Rodríguez estuvieron “muy satisfechos” con la confirmación del fallo, ambos coincidieron que es un momento muy especial, recordaron momentos difíciles de la investigación y los escasos recursos con lo que contaron. Fue una investigación muy compleja para los fiscales y la confirmación del fallo fue “culminante”.

Para ambos fiscales, es la primera vez en el país que se logra la confirmación de una condena bajo la figura de “asociación ilícita” y” lavado de dinero de la corrupción”, con penas altas y el recupero de aproximadamente $ 100 millones el Estado.

El Tribunal integrado por los jueces de Camara,  Alejandro Gustavo Defranco, Roberto Adrián Barrios y Rafael Lucchelli tras analizar cada una de las impugnaciones planteadas por los abogados defensores, en un  fallo de 247 páginas,  resolvieron confirmar la sentencia de primera instancia impuesta oportunamente por los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolon, en la cual fueran condenados  Diego Miguel Correa, Diego Lüters, Daniela Souza, Natalia Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Cristian Gisande, Jorge Aníbal Godoy y Federico Gatica. Cabe mencionar que en el fallo de segunda instancia, solo se modificó la condena a Natalia Mc Leod, los camaristas concluyeron en bajar su condena, a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación perpetua para acceso a cargos públicos y el pago de la multa de $ 525.000 y dispusieron su libertad.

Para ambos fiscales la difusión pública en la causa “Embrujo” fue muy importancia, ambos coincidieron en que la gente tiene que ver qué pasó y tiene que tener la publicidad que ha tenido este caso. “Fue uno de los objetivos nuestros que la sociedad sepa que hacíamos y cómo. Qué pasó en determinada época con determinados funcionarios. Consideramos que la sociedad es el único órgano que puede controlarnos a todos. ¿Qué hacen los fiscales?, ¿Hacen bien su trabajo?, ¿Lo hacen mal, más o menos? El gran desafío nuestro era primero mostrarles a los jueces lo que nosotros habíamos encontrado. Y después mostrar la película completa a la sociedad. Después vinieron por supuesto las sentencias, que son sentencias muy importantes, con penas altísimas, 10 años supera el mínimo de un homicidio. No son penas menores”. La sentencia de Cámara confirma el gran esfuerzo que realizaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Wiliams junto a todo su equipo de trabajo.

El resto de las condenas fueron confirmadas de la siguiente manera, para Diego Correa, confirmaron la pena de 10 años de prisión y al pago de la multa de $ 22.294.000 más otros $ 5.000.000, e inhabilitación perpetua, por considerarlo autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para el Secretario Diego Lüters se confirmó la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de la multa de $ 750.000 por considerarlo autor de los delitos de miembro de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para Daniela Souza se confirmó la pena de 4 años de prisión por considerarla autora de los delitos de miembro de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para Sandro Figueroa se confirmó la pena de 3 años y cuatro meses de prisión por considerarlo autor del delito de miembro de asociación ilícita. Para Juan Carlos “Tato” Ramón se confirmó la pena de 3 años y tres meses de prisión por considerarlo autor de los delitos de miembro de asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario. Para Rubén Darío “Bedo” Reinosos se confirmó la  pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor. Para Cristian Gisande se confirmó la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor. Para Jorge Aníbal Godoy se confirmó la pena de 2 años y ocho meses de prisión en suspenso por considerarlo autor del delito de enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario. Para el contador de la ciudad de Trelew, Federico Gatica se confirmó la pena de 4 años de prisión y pago de una multa de $ 5.000.000 por considerarlo autor del delito de lavado de activos.

Los protagonistas de una lucha contra la corrupción y su difusión

Para ambos fiscales la difusión pública en la causa “Embrujo” fue muy importancia, ambos coincidieron en que la gente tiene que ver qué pasó y tiene que tener la publicidad que ha tenido este caso. “Fue uno de los objetivos nuestros que la sociedad sepa que hacíamos y cómo. Qué pasó en determinada época con determinados funcionarios. Consideramos que la sociedad es el único órgano que puede controlarnos a todos. ¿Qué hacen los fiscales?, ¿Hacen bien su trabajo?, ¿Lo hacen mal, más o menos? El gran desafío nuestro era primero mostrarles a los jueces lo que nosotros habíamos encontrado. Y después mostrar la película completa a la sociedad. Después vinieron por supuesto las sentencias, que son sentencias muy importantes, con penas altísimas, 10 años supera el mínimo de un homicidio. No son penas menores”. La sentencia de Cámara confirma el gran esfuerzo que realizaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Wiliams junto a todo su equipo de trabajo.

“Embrujo” una causa emblemática de asociación ilícita y lavado de dinero

La causa Embrujo nace cuando el olfato de un integrante del equipo multidisciplinario de la Procuración  General observa un dato clave: la dirección de una de las empresas involucradas en el contenido del denominado “sobre bomba” –el que fue dejado en la Legislatura Provincial- coincidía con la dirección particular de Diego Correa. Se trata de la empresa insignia denominada Dual Core. Allí, comienza una investigación donde se detecta que las cosas van mucho más de lo que se pensaba y los delitos por corrupción en el Estado se iban sumando sin solución de continuidad.

La causa recibe su nombre (Embrujo) después de que una escucha detecta que uno de los involucrados y posteriormente condenado, Juan Carlos Ramón, tenía una especie de “asesor” en su vinculación con Correa que lo guiaba en cuanto a los pasos que tenía que dar sobre todo cuando la plata comenzó a faltar en la organización. Con acento de algún país caribeño, el hombre comenzó a actuar con un verdadero “mano santa”. De allí, el “apodo” con el que se conoció la causa, primero entre los investigadores y después en la opinión pública.

En aquel momento, Diego Correa era el secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves y siempre fue sindicado como el verdadero jefe de la organización ilícita dedicaba a saquear al Estado. La figura de la Asociación Ilícita era la calificación justa para su rol. Y efectivamente Correa fue condenado por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta a 10 años de cárcel.

Producido por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Publico Fiscal -Oficina Rawson.

El secretario general del Sitrajuch, José Luis Ronconi, afirmó ayer que pese a la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores judiciales, garantizan la realización del juicio por la causa Revelación y lo que pudiera tratarse de causas por corrupción.

La aclaración surgió a raíz de manifestaciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, quien había señalado en FM EL CHUBUT que por el paro estaba en duda el desarrollo de las audiencias. «De ninguna manera el sindicato va a boicotear el desarrollo de esas audiencias», aseguró Ronconi. Y agregó que «en todo caso, sino se realizan, será responsabilidad absoluta de quienes tienen que llevar adelante esos actos jurisdiccionales, ya sea jueces, fiscales o defensores».

Remarcó el dirigente del Sitrajuch que «si fuera necesario llevaremos a las compañeras y compañeros a sus lugares de trabajo», para asegurar la realización del juicio oral y público por la causa Revelación.

«De ninguna manera el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut será cómplice de quienes han contribuido a que esta provincia esté en esta situación de crisis y caos económico, social y político», aseveró Ronconi en un mensaje grabado y enviado a través de las redes sociales.

El juez de garantías Sergio Piñeda elevó a juicio oral y público la causa “Revelación” luego de la extensa audiencia preliminar en la que los defensores de los imputados realizaron numerosos planteos y observaciones a la imputación y acusación que realizaron los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Alejandro Franco. La causa Revelación investiga el presunto pago de coimas de empresarios de toda la provincia, a funcionarios del entonces gobernador Mario Das Neves, con el objetivo de poder destrabar pagos adeudados por el Gobierno provincial por obras ya ejecutadas.

De esta manera (se cree que la audiencia de debate en la que desfilarán los testigos de la investigación se realizará en el primer semestre del próximo año) estarán sentados en el banquillo de los acusados empresarios de la construcción y funcionarios de primer nivel de la última gestión del ex gobernador Mario das Neves. Se trata de Diego Correa que ocupaba la titularidad de la Unidad Gobernador y considerado jefe de la asociación ilícita. También Víctor Cisterna que fuera jefe de gabinete y Ministro de Economía, Gonzalo Carpintero secretario privado del gobernador fallecido, Pablo Oca, ex Ministro de Economía, Alejandro Pagani, ex Ministro de Infraestructura, Martin Bortagaray titular del IPV, y Diego Luters, también con funciones en la Unidad Gobernador.

Por el lado de los empresarios vinculados con empresas constructoras de la provincia, se trata de Pablo Bastida, Martín Castillo, Federico Piccioni y Pablo Menedín.

Confianza

El fiscal general Marcos Nápoli manifestó en declaraciones realizadas a la emisora de Rawson FM Bahía Engaño, que “estamos conformes (con la resolución de Piñeda) y confiamos en que en el debate vamos a tener éxito, aunque como se dice en la jerga, al partido hay que jugarlo”.

Se refirió a los términos de la investigación, la descripción de los hechos, pruebas ofrecidas e imputaciones que presentó y que motivó largos debates durante las tres jornadas que duró la audiencia preliminar. “El juez (Piñeda) ha declarado admisible a casi la totalidad de toda la prueba que hemos presentado, además del listado de todos los imputados que hemos pedido. Se trata no solo de los funcionarios involucrados integrantes de la asociación ilícita, sino también de los empresarios que están fuera de ese delito y que no han aceptado la suspensión del juicio a prueba”, indicó.

Se cree que el juicio oral y público se produciría en los primeros meses del próximo año, luego de la realización del juicio por la causa de la “Emergencia climática” en Comodoro Rivadavia.

En la misma resolución Piñeda dictó el sobreseimiento para los empresarios de Esquel Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel.

El fiscal Marcos Nápoli, se refirió a los avances en la Causa “Revelación” que investiga el presunto pago de coimas de empresarios al Gobierno del entonces ex Gobernador Mario Das Neves con la finalidad de destrabar pagos adeudados por el Gobierno Provincial. “Estoy muy satisfecho con la decisión del Juez Piñeda, nos posiciona con posibilidades ciertas de lograr una sentencia condenatoria”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “estoy muy satisfecho con la decisión del Juez Piñeda, nos posiciona con posibilidades ciertas de lograr una sentencia condenatoria”.

“Ahora resta el sorteo del tribunal y a partir de allí se fijará la fecha de juicio”, dijo en diálogo con Radio 3.

Asimismo, aclaró que “tenemos escuchas telefónicas, mensajes de texto, los cheques originales que es la prueba estrella, que es una prueba poco rebatible”.

“Al tener comprobada la composición de una asociación ilícita, se tiene garantizada la sentencia condenatoria”, indicó.

En este marco, destacó que “la maniobra de Bortagaray es clara, incluso aparece cobrando sobresueldos. Va a tener que enfrentar la instancia de juicio oral y público”.

Finalmente, Nápoli concluyó que “sobre Castillo que dijo que no conocía a Das Neves, el declarar tiene sus costos, esa expresión puede ser utilizada en su contra”.

Con la jornada de hoy jueves termino la audiencia preliminar en la causa “revelación” en la que se encuentran imputados ex funcionarios y empresarios de la construcción. Ahora en más el juez Sergio Piñeda tiene seis días hábiles para resolver.

La causa tiene como imputados a ex funcionarios de altísimo nivel provincial y también a empresarios de la construcción durante la última gestión del ex gobernador Mario Das Neves.

Durante cuatro extensas jornadas que se iniciaron la semana pasada los defensores realizaron distintas objeciones a las pruebas, testigos, hechos y la acusación que elaboró el fiscal Marcos Napoli, en esta oportunidad acompañado por el fiscal Alejandro Franco y el funcionario Gustavo Nuñez. Los cuestionamientos además incluyeron la posibilidad de que ex imputados en esta causa puedan o no ser testigos en el juicio oral y público. El juez Sergio Piñeda deberá resolver en los próximo seis días y para ello no se realizará una nueva audiencia sino que se notificara solamente a las partes vía correo electrónico. La audiencia preliminar que finalizó se efectuó en la oficina judicial de la ciudad de Rawson.

Cuestionamientos de los defensores a la investigación de los fiscales

Durante la audiencia preliminar en lo que constituyó la cuarta jornada de debate entre defensores y acusadores, antes de las numerosas resoluciones que deberá tomar el juez de garantías Sergio Piñeda si se tiene en cuenta la variedad y cantidad de planteos que realizaron los defensores de los 11 imputados en la causa, entre ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción.

Por los querellantes estuvieron los representantes de la Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y de los diputados provinciales del Frente Para la Victoria, denunciantes del caso investigado. Se trata del pago de retornos de la obra pública por parte de los empresarios de la construcción para poder cobrar del Estado los certificados por las obras realizadas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el defensor Federico Ruffa que asistió a Gonzalo Carpintero, el imputado que al momento de los hechos investigados, era secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves.

Carpintero está imputado de los delitos de ser miembro de una asociación ilícita, además del delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia se realizó con las ausencias de algunos imputados y sus respectivos abogados que ya cuestionaron en las primeras audiencias la investigación que se pretende llevar a juicio oral el año que viene. Desde Puerto Madryn y por video conferencia estuvieron presentes el imputado Alejandro Pagani y su defensor Carlos Villada.

“Nunca fue mencionado”

Respecto de la imputación de ser miembro de una asociación ilícita, Ruffa dijo que Carpintero “no tuvo ninguna participación en la asociación ilícita que se investiga y ningún empresario de la construcción lo mencionó en la acusación presentada”. Lo único que lo vincula es “el acercamiento al ex gobernador Das Neves lógicamente por la función que cumplía, y la cercanía física de su despacho”, indicó el defensor.

Respecto del delito de enriquecimiento ilícito, Ruffa dijo que la gran cantidad de hechos que le achacan a Carpintero, han prescripto. También hizo alusión a los datos que no brindó Carpintero al momento de realizar sus declaraciones juradas de bienes.

“Amenaza solapada”

Napoli pidió además que Alberto Gilardino no sea tenido en cuenta como testigo en el juicio oral. Fue ex ministro coordinador en el gobierno de Mario Das Neves. “Su testimonio estará encorsetado: o se calla, o va preso”, dijo Ruffa de manera contundente para luego brindar una lacónica explicación.

Al momento de la contrarréplica, el fiscal general Marcos Nápoli dijo que en el debate se podrá probar las responsabilidades de Carpintero en la mayoría de los ilícitos que se investiga. Por ejemplo su participación de la asociación ilícita. Consideró como “temerarios” los dichos de Ruffa sobre el testigo Gilardino por tratarse de –según Nápoli- “una amenaza solapada”. Nápoli ratificó la presencia de Gilardino como testigo en el juicio afirmando expresamente que “ningún testigo se irá esposado por contar en el juicio lo que sabe”.

Para Nápoli además los hechos de enriquecimiento ilícito que se investigan contra Carpintero, no han prescrito, tras lo cual defendió en todos sus términos el informe que en la investigación realizó la contadora Viviana Karlem. La profesional es integrante del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal.

Nápoli concluyo en rechazar el sobreseimiento de Carpintero y que las imputaciones en su contra sean elevadas a juicio “en todos sus términos”.

Tras un cuarto intermedio se reanudo la audiencia, llegó el turno del defensor Jorge Rubiolo, asistió a Martin Bortagaray, quien manifestó que su defendido “cumplió órdenes de niveles superiores”. Además recalco que Bortagaray en el año 2016 no trabajó en el IPV, se desempeñó en CORFO, agregó que “nadie puede decir que Bortagaray se enriqueció con la función pública, vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo”. Rubiolo concluyo que Brotagaray no formó parte de ninguna banda criminal y pidió su sobreseimiento. Por su parte, el fiscal Alejandro Franco replicó, diciendo “las ordenes deben cumplirse, pero no las ordenes ilegales”. Continuó el fiscal Marcos Napoli, recordando que “Bortagaray cobró sobresueldos y aclaró que no es acusado de enriquecimiento ilícito sino de cohecho activo y de alimentar la banda que producía delitos, y lo encuadró como partícipe necesario”, un verdadero soldado dijo el fiscal y concluyó pidiendo la elevación a juicio para Martin Bortagaray.

Los querellantes en todas las peticiones del Ministerio Publico Fiscal adhirieron en todas sus formas.

La misma comenzó a las 8:30 en la Oficina Judicial de Rawson. El abogado defensor de Martín Castillo, Abdo Manyauik, acusó «falsedades en la acusación» y pidió ante el Tribunal el sobreseimiento de su cliente. El empresario imputado también indicó que Correa «nunca me pidió plata».

Martín Castillo, empresario imputado en la causa, solicitó la «necesidad» del sobreseimiento «somos una empresa que tiene cuentas en el exterior», fundamentó este viernes ante el Tribunal, encabezado por Sergio Piñeda. También indicó que el otro acusado, Diego Correa, «nunca me pidió plata».

Su abogado defensor, Abdo Manyauik también solicitó el sobreseimiento de cliente, manifestó que hay «falsedades en la acusación».

Castillo explicó que su empresa se dedicaba a la construcción de puentes y muelles. Lo cierto, es que la la empresa enviaba documentación con la dirección de remitente del estudio jurídico de Martínez Zapata.