El Gobierno del Chubut de Mariano Arcioni está desamparando a miles de mujeres de las 5 localidades de la Comarca Andina, Cholila, Epuyen, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo.

Por Iván Marín

El Hospital Subzonal de El Maitén, y los hospitales rurales de Cushamen, Lago Puelo, Cholila, Epuyén y El Hoyo dejaron de contar con la única ginecóloga que tenían desde abril del año pasado. El 31 de agosto Cecilia Campos, cansada del destrato, la precarización laboral, la falta de recursos materiales e incluso el hostigamiento por ser una médica que garantizaba las interrupciones legales del embarazo, decidió dar por finalizados sus servicios en la zona y tomar nuevos rumbos.

Campos es cordobesa, tiene 35 años, y desde el 2009 ejerció como médica clínica en su provincia. El año pasado se recibió de ginecóloga y decidió trasladarse junto a su compañera, que es odontóloga, y sus dos hijos, a El Maitén a desarrollar su profesión.

Le habían propuesto un cargo en planta, pero comenzó con el pie izquierdo, ya que la contrataron como monotributista. “Yo no era empleada del estado sino que estaba tercerizada por el Prosate (Programa de Salud de la Tercera Edad)”, expresa Campos. Como sucede en todos estos casos, el contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre. La médica describe que a mediados de ese mes se toma vacaciones y viaja a Córdoba, pero el 2 de enero del presente año la llaman por teléfono para que regrese a trabajar: “Me vuelvo 2.000 km y me desayuno que me habían mentido, porque por teléfono el director del hospital, Carlos Bobenzo, me dijo que ya estaban los contratos nuevos. Cuando llegó me dice ´me equivoqué`”.

La médica señala que se negó a trabajar sin firmar contrato, que ya de por sí era precario. “Era un trabajo en negro, no existía para nadie, ni siquiera para el Prosate porque no había firmado nada,” denuncia. Campos agrega que: “La comunidad hospitalaria entera se solidariza con nosotros, mi situación era la misma que la de mi compañera, que era odontóloga en el hospital. Las dos decimos que no íbamos a trabajar si no teníamos un contrato firmado. El hospital empieza a organizarse, a hacerse asambleas, a darse cuenta que en realidad había muchísimas irregularidades y que la nuestra era una más”.

“Yo era la única ginecóloga de los 6 hospitales. Sin mi presencia en ese hospital se inhabilitaba la natalidad. Y eso generó una repercusión muy fuerte en la comunidad porque las mujeres tenían que viajar 200 km a parir a otro hospital (Esquel),” subraya.

Campos recuerda que, a fines de enero, “luego de un montón de episodios violentos con el director del hospital, que nos maltrató porque no queríamos trabajar,” retomaron sus tareas, aunque le advirtieron que continuarían como monotributistas solo hasta mayo o, en caso contrario, se buscarían un nuevo empleo en otros lugares. “El último día de abril me llama el ministro de Salud, Adrián Pizzi, a mi teléfono particular, para decirme de que había salido el contrato. El contrato nuevo que me ofrecían, como la propuesta superadora del monotributo, era se mensualizada por horas guardias, que sigue siendo otra instancia de precarización laboral”. La médica aclara que “igual entendía que había más de 500 empleados en horas guardias que estaban luchando por pasar a planta, que era una cuestión de respetar los tiempos y que los demás tenían prioridades”, por lo cual aceptó la modalidad.

Mientras todo eso sucedía, Campos trabajaba con sobredemanda por ser la única ginecóloga de la zona. “Los días lunes todos los hospitales de la comarca derivaban sus pacientes ginecológicas para que yo las atienda, y los días que yo trabajaba de pasiva, si ellos tenían alguna urgencia ginecológica, me mandaban las pacientes a mí,” describe. Y agrega que: “Estaba sobredemandada de pacientes. Por ejemplo, los días de comarca arranqué atendiendo como 30 pacientes por lunes, cuando el promedio de turno que se dan son 8. Y ni hablar las jornadas que tenía 4 nacimientos por día. Y las 15 guardias mensuales que tenía que hacer. El cuerpo se lo ponía un montón a la parte profesional, que no estaba en desacuerdo si las condiciones laborales hubiesen sido estables. Es la especialidad que yo elegí, me encanta lo que hago y me hubiese quedado si la provincia del Chubut me hubiese tratado un poquito mejor”.

A esta situación se le sumaba las políticas de ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri y provincial de Mariano Arcioni: “Hay como un desabastecimiento de la salud pública. No tiene que ver solo con los recursos humanos, sino de recursos materiales. Es muy difícil ejercer una medicina de calidad con los pocos recursos que nos brinda el gobierno”.

¿En qué sentido?

En cuanto a los medicamentos, por ejemplo. Es como querer resolver todo con lo mínimo indispensable, cuando en realidad la medicina que uno aprende en la universidad no es medicina de batalla o de frontera o resolver todo con un Ibuprofeno o una curita. Una no puede ejercer una medicina de excelencia cuando está todo el tiempo el limitante de que no hay recursos. No hay recursos para diferentes medicaciones, para una simple infección urinaria el antibiótico más básico de los básicos no está disponible. Entonces, todo el tiempo hay que buscarle la vuelta. Y la evidencia científica dice otra cosa, pero a veces en los hospitales rurales y subzonales no tenemos ni siquiera un antibiótico de primera línea para darle a una paciente.

¿Con el ingreso de Adrián Pizzi al ministerio de Salud continuó todo igual?

En el cotidiano hospitalario no notamos ninguna diferencia. El equipo de Pizzi está compuesto por las mismas personas que estaban en el ministerio anterior. Lo único que cambió fue la cabeza, un par de fichas de lugares pero son las mismas personas.

Además, Campos denuncia que sufrió maltrato por cumplir con las Interrupciones Legales de Embarazo (ILE). Señala que personal del hospital violentaba a pacientes que pretendían interrumpir el embarazo. “Una de esas pacientes llega a comunicarse con nosotros, y como equipo de ILE pudimos hacer una denuncia a esta gente, que quedó en la nada misma. Entonces, esa persona cuando recibe la denuncia me amenaza enfrente de la directora, se pone un abogado para generar conflicto. La dirección del hospital, que en ese momento era Sandra Castillo, no hace absolutamente nada con eso. Permite la violencia intrahospitalaria porque no toma un rol de poder coordinar u organizar eso. Yo soy ginecóloga e iba a garantizar algo que la ley estaba diciendo, no estaba haciendo nada ilegal. La que estaba haciendo algo ilegal era ella (la denunciada), que estaba obstaculizando y generando violencia. Esto sucedió en abril de este año”.

Ante este panorama, la ginecóloga comenzó a buscar alternativas laborales en otras provincias donde le “proponían mejores sueldos y cargos más estables. Vale aclarar que el cargo de mensualizada por horas guardias se vence también en diciembre, como el monotributo”, aclara. Y, a su vez, remarca que “el primer mes como mensualizada que cobro con recibo, me pagan la mitad del sueldo. No me cargaron las horas guardias, y la directora me dijo que era porque había estado el área programática ocupada, como una cuestión de castigo”.

Finalmente, Campos encontró una nueva opción laboral en Junín de los Andes. Cuando le comparte la novedad a Castillo, la nueva directora antes mencionada, ella y una administrativa le dicen “que si yo trabajo hasta el 31 de agosto, el primero de septiembre tenía que tener la casa desocupada, amenazándome con sacarme con la policía. Yo vivía con mi pareja y dos menores. Era una casa del ministerio. Entonces, en ese momento les digo ´no, tengo un camión de mudanzas el 8 de septiembre, es una semana más`, y me respondieron ´no, ese no es mi problema, o sea es tu problema, tenés que sacar las cosas y el primero de septiembre la casa tiene que estar desocupada`.”

“En ese momento entendí por qué ese cargo estaba desocupado. Digo, es muchísima la demanda hospitalaria, son muchísimas las cosas que hay que hacer como ginecóloga en ese lugar y en los 6 hospitales de alrededor. No es una actividad tranquila y pacífica, laboralmente es una demanda bastante importante, y el maltrato que recibe el profesional que elige trabajar ahí, hace de que ese lugar siga vacante, se sigan yendo. No soy ni la primera ni la última ginecóloga que se va de ese lugar. Cuando yo llegué, en la memoria hospitalaria estaba de que ya se habían ido 7 ginecólogos”, reflexiona Campos.

La médica enfatiza que: “No solo no podía ejercer libremente mi profesión, sino que era de manera precarizada, sin recursos materiales y con maltrato por parte de la dirección. Fueron un montón de fichas que se fueron sumando y me propusieron un trabajo en otro lado. La verdad que El Maitén me expulsó. El cierre de la casa, de la vivienda hospitalaria, fue el claro ejemplo de la expulsión que recibimos”. Y concluye que “la verdad que me fui enojadísima y no me gustaría volver a trabajar ahí”.