Después de un diciembre de 2021 caliente por la pueblada que frenó la ley que habilitaba la megaminería, las únicas causas judiciales que avanzan son contra los manifestantes. La feroz cacería policial ordenada desde el Gobierno provincial, con heridos graves y hasta abusos sexuales, quedó tapada por la impunidad.
Diciembre de 2021 quedará marcado a fuego en Chubut por la represión planificada, lanzada a la par de la aprobación de la Ley de Zonificación para habilitar la megaminería, que se revirtió con una pueblada histórica tras siete días de protestas. Las secuelas de una “cacería contra el pueblo” sin precedentes todavía duelen: decenas de heridos –muchos con lesiones crónicas y afectaciones psicológicas–, un trabajador que perdió un ojo por un disparo, una mujer abusada sexualmente por las fuerzas de seguridad y luego amenazada de muerte; menores apresados, detenciones ilegales, policías infiltrados y la sospecha de que hubo zonas liberadas para los incendios de los edificios públicos de Rawson.
“La Policía decía que yo estaba desaparecida, ‘todavía no sabemos dónde está’, le decían a mi vieja. Tengo una tía que fue desaparecida en dictadura”. (Romina Krebs, detenida ilegalmente en el estacionamiento de la Legislatura)
“Estaban dispuestos a matar. Recibí 31 disparos en el cuerpo. Sabían que iban a aprobar la megaminería y tenían la represión preparada”. (Jairo Epulef, víctima de la represión)
“Pasaban con las motos disparando a las casas; compañeras recibieron proyectiles. Nos interceptaron el camión cartonero en la ruta, nos empezaron a golpear y se llevaron detenidos… los tenían en una oficina encerrados, ni a la comisaría los llevaron”. (Juan Fernández, Movimiento de Trabajadores Excluidos-MTE)
“Hubo gente que bajó de los barrios y puso el cuerpo en la represión, como una ‘primera línea’. Tiraban piedras para defender a sus familiares; había menores de edad expuestos a disparos de balas de goma. Recuerdo que Infantería disparaba contra el hospital”. (Alex Dukal, fotoperiodista de LUAN)
“Había que salir y parar la represión, había que apoyar a la gente reprimida”. (Juan Rodríguez, trabajador autoconvocado de pesca que participó del corte en la Ruta Nacional 3 en apoyo a la pueblada)
“(Una mujer) fue primero golpeada por las fuerzas de seguridad y luego un Policía la abusó sexualmente, tocando sus pechos mientras se reía en complicidad con sus compañeros policías. Al final la amenazaron: la próxima vez iban a matarla”. (Registro de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew)
“Tenemos prueba de que fue una represión planificada, sistemática y organizada”. (Damián D’Antonio, abogado defensor).
Con las secuelas del Chubutaguazo todavía en el cuerpo –de manera literal en muchos casos–, la Justicia provincial juega sus fichas. Por un lado, se archivaron sin investigar al menos 15 denuncias por violencia institucional durante la represión de diciembre pasado; y por el otro, abrió investigaciones contra quienes salieron a la calle para defender el agua y oponerse a la ilegítima ley, votada de espaldas al pueblo.
Así, el Poder Judicial chubutense transforma reprimidoxs en procesadxs y las violaciones a los derechos humanos van camino a la impunidad, mientras el Estado Argentino puede recibir una condeja ejemplar por las denuncias que tramitan en tribunales internacionales.
Diciembre de 2021 quedará marcado a fuego en Chubut por la represión planificada, lanzada a la par de la aprobación de la Ley de Zonificación para habilitar la megaminería, que se revirtió con una pueblada histórica tras siete días de protestas.
La ley, el orden y la pueblada
Miércoles 15 de diciembre de 2021, Rawson. Minutos antes de finalizar la sesión en la Legislatura que aprobó la megaminería en Chubut, ya se desató la represión contra un pueblo que rechaza la actividad poniendo el cuerpo en la calle, como sucede desde hace 20 años.
Las escenas son de horror y se multiplican a la par que pasan las horas: decenas de uniformados disparan sin parar en inmediaciones de la Casa de Gobierno; la Policía de Chubut se infiltra burdamente en las protestas con oficiales vestidos de civil; hay comercios allanados, comerciantes tratados como delincuentes, manifestantes detenidos de manera irregular en edificios públicos; dependencias públicas (incluidos la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia) que luego serían incendiadas sin policías que lo impidieram; pibxs golpeadxs con ensañamiento por las fuerzas de seguridad, preparadas durante meses para reprimir protestas.
La respuesta popular: multitudes marchando en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, localidades de la Meseta (la zona de sacrificio para la megaminería) y distintos puntos de la provincia. Personal de Infantería dispara a mansalva en las veredas, en los barrios, en la puerta de un hospital, en un local del gremio docente. Un pibe pierde un ojo por un balazo de goma. Se produce una cacería sin precedentes, planificada de antemano contra el pueblo, para imponer un negocio para beneficio de muy pocos.
Agosto de 2022. Ocho meses después de aquella votación (considerada una traición) de los representantes contra su pueblo, después de la pueblada que consiguió la derogación de la ley en siete días de protestas, la Justicia chubutense comenzó a investigar… pero sólo a manifestantes.
Por un lado, cerró al menos 15 causas en las que debía investigar la represión desatada; según el Ministerio de la Defensa Pública, las pruebas sobran. Por otro lado, abrirá causas contra manifestantes, a quienes acusa de agredir a las fuerzas de seguridad y de causar los destrozos e incendios en los edificios públicos de la capital provincial.
El viernes 26 de agosto fue la apertura de investigación contra 24 vecinxs que se manifestaron en las calles de Rawson aquellos días infernales de diciembre. Los responsables políticos de generar la violencia, aprobar los operativos del terror y liberar zonas para que se produzcan los incendios, en cambio, están ajenos a cualquier invetigación.
El Poder Judicial chubutense transforma reprimidoxs en procesadxs y las violaciones a los derechos humanos van camino a la impunidad, mientras el Estado Argentino puede recibir una condeja ejemplar por las denuncias que tramitan en tribunales internacionales.
En una Chubut patas arriba, el shock funcionó pero al revés: la brutal represión desatada tras la aprobación ilegítima de la megaminería, en vez de amedrentar, empujó al pueblo a la calle. Movilizaciones multitudinarias, expresadas a diario en cada punto del territorio y organizadas en asambleas populares, fueron incontenibles. El catalizador común: la defensa del agua.
El contexto lo explica: una provincia inmersa en una crisis sin fin con consecuencias sociales cada vez más graves y con un descontento creciente transformado en hartazgo ante un Gobierno impopular, liderado por el gobernador Mariano Arcioni, que aplica políticas de ajuste constantes (recortes en Educación y Salud) y que tiene como enemigos a trabajadorxs estatales y defensorxs del ambiente. Una combinación peligrosa con consecuencias impredecibles. “Que se vayan todos”, se cantó en las calles de Chubut, también en diciembre, como sucedía 20 años antes, en el trágico 2001.
Fueron siete días consecutivos de protestas. La movilización popular más grande de la historia de la provincia. El resultado: el poder político debió dar marcha atrás y derogar la ley minera… en la misma Legislatura que la había aprobado una semana atrás.
Hubo fiesta en Chubut, una sensación de gesta histórica. El Chubutaguazo fue la prueba de que ese pueblo no se deja pasar por arriba. Ahora que bajó la espuma, hay cuentas que pagar. Pero, ¿quién las paga?
El horror en el cuerpo
“Nos habían vendido el agua en una hora”. Romina Krebs fue una de las primeras detenidas tras la aprobación de la minería en Chubut: la tuvieron esposada dos horas en el estacionamiento de Legislatura mientras veía cómo diputadxs se retiraban del recinto, incluso llegó a discutir con uno de ellos, el prominero Roddy Ingram.
“La Policía decía que yo estaba desaparecida, ‘todavía no sabemos dónde está’, le decían a mi vieja. Tengo una tía que fue desaparecida en dictadura durante tres meses. Al otro día, los policías ya se habían quedado sin balas y tiraban piedras con gomeras”, expresó en una entrevista con la radio comunitaria La Namunkurá, de Puerto Madryn.
El docente de Rawson Jairo Epulef fue una de las víctimas de la brutalidad policial de diciembre pasado y su cuerpo es la prueba: recibió 31 balazos de goma policiales. “Estaban dispuestos a matar. Fue asquerosa la represión, no hubo un muerto de milagro. Estoy orgulloso del levantamiento que hubo, de defender el río para mi hijita”, declaró también al aire de La Namunkurá. “Jugaban al Counter Strike con nosotras”, resumió la activista Noru, integrante de la asamblea Rawson-Playa Unión.
A F.M. (iniciales para cuidar su identidad) le dispararon varias veces, un disparo fue a uno de sus ojos: estuvo varios días con fuertes dolores y finalmente perdió la vista. De lo que gana laburando dependen sus dos hijos. La situación de trabajadores impedidos de trabajar por las lesiones producto de la represión se repitieron.
En otra escena del horror, un grupo de pibxs se refugió de la balacera en una pizzería de la capital provincial; allí ingresaron efectivos de Infantería, que lxs golpearon. En ese contexto se dio el abuso sexual de la Policía hacia una mujer. También la amenaza posterior para garantizar la impunidad: “La próxima vez te vamos a matar”.
Fueron siete días consecutivos de protestas. La movilización popular más grande de la historia de la provincia. El resultado: el poder político debió dar marcha atrás y derogar la ley minera… en la misma Legislatura que la había aprobado una semana atrás.
Represión organizada, sistemática y planificada
El trabajo esforzado de la Comisión por la Impunidad y por la Justicia de Trelew, organización faro en materia de derechos humanos de Chubut, fue fundamental para documentar esta brutal represión, omitida o tergiversada por la mayoría de los medios comerciales provinciales en complicidad con el Gobierno de Mariano Arcioni y todo el arco político, casi sin fisuras.
Mariela Flores Torres, integrante de la Comisión contra la Impunidad, fue entrevistada por Cítrica sobre el caótico diciembre pasado: “Las primeras detenidas fueron dos mujeres, no en una comisaría sino en el estacionamiento de Legislatura, que se transformó así en un centro clandestino de detención. Querían dar un mensaje que no pudieron dar. Eso generó más movilizaciones y una feroz represión, con disparos a la cabeza, en una batalla totalmente desigual. La Policía tiene todo un arsenal, el pueblo sólo tiene sus cuerpos. Vecines de Rawson abrieron las puertas de su casa y asistieron a quienes escapaban de la represión, que no paraba ni en los hospitales”.
Como las movilizaciones continuaban, “la Policía debió cambiar la estrategia”, “incluso algunos se negaban porque no querían reprimir al pueblo y estaban en contra de la megaminería”. Flores Torres dice que “hubo más de 70 heridos”. Fue un hecho sin precedentes en la provincia: “Nunca vi tanta Policía ni tantos recursos: en motos, camionetas, edificios, y además infiltrados. Nos dimos cuenta porque nosotros sacamos fotos de las personas que nos parecen sospechosas y luego las comparamos con las que tenemos de otras movilizaciones. Megaminería es megaviolencia, el mensaje era ése”.
El trabajo conjunto de la Comisión con el Ministerio de la Defensa Pública permitió tener un registro de los hechos de violencia institucional, esas 15 denuncias que la justicia provincial decidió archivar sin investigar. Damián D’Antonio es uno de los abogados del Ministerio de la Defensa Pública que representa a los 24 manifestantes procesados por destrozos en edificios públicos y atentado contra la autoridad. Le dice a Cítrica: “Sobre la violencia institucional hay un montón de prueba, más allá de los videos en redes. No estamos hablando de un Policía al que se le fue la mano: la represión fue organizada, sistemática y planificada. Fue un procedimiento abusivo, irregular, ilegal por donde se lo mire”.
Explica que “hay dos niveles de responsabilidad”. “Primero, los que ordenaron la represión, de los jefes para abajo, todos”. Y después “la responsabilidad particular de los policías que dispararon”. Afirma que “hay mucha información para cruzar y construir una responsabilidad, ésa es nuestra hipótesis”.
La Defensoría y la Comisión por la Impunidad, en conjunto con las asambleas vecinales, lanzaron una campaña en redes para que quienes sufrieron la represión de diciembre hagan su denuncia formal, ya que la mayoría de las víctimas de la represión no lo ha denunciado. ¿A qué se debe? El accionar de la Justicia en diferentes causas relacionadas con la imposición de la impopular minería ha hecho crecer el descreimiento en las instituciones del Estado.
«Nunca vi tanta Policía ni tantos recursos: en motos, camionetas, edificios, y además infiltrados».
Doble escándalo legislativo
Pasaron más de ocho meses desde diciembre de 2021 y no hay un solo funcionario que haya renunciado, ni tampoco algún intento de autocrítica pública desde la clase dirigente.
Tampoco hay efectivos policiales separados de sus cargos. A la par, ninguna causa judicial centrada en la represión estatal avanzó. Los responsables de la violencia desatada en Chubut no tienen consecuencias. Lo que ya se puso en marcha es el proceso contra lxs manifestantes, muchxs de lxs cuales fueron reprimidxs por las fuerzas de seguridad.
El armado judicial en Chubut también se planificó con antelación y en las sombras, opacado por el escándalo minero. En la misma jornada en que se le dio el sí a la megaminería de espaldas al pueblo, se había consumado previamente otro paso clave: la conformación del nuevo Superior Tribunal de Justicia provincial. En la sesión inmediatamente anterior –pero no menos escandalosa– legisladores de todos los partidos aprobaron los cuatro pliegos que completaron el máximo órgano del Poder Judicial provincial.
Con este acto blanquearon un acuerdo político que cocinaron meses antes y votaron ese mismo día. Así, casi de manera inadvertida, se sumaban a Alejandro Panizzi y Mario Vivas dos ministras (Camila Banfi y Silvia Bustos) y dos ministros (Daniel Báez y Ricardo Napolitani), selección que no respetó el cupo de género (hubieran correspondido 3 y 3). Sin ningún debate –y sin ninguna vergüenza–, la Legislatura le daba el respaldo jurídico necesario al avanve minero. La megaminería no prosperó por la pueblada, pero sí la nueva composición del nuevo STJ.
“Que se queme lo que se tenga que quemar”
Ocho meses después de aquella doble sesión de Legislatura que costó sangre y fuego, la Justicia provincial sentó un precedente a modo de mensaje. En septiembre de 2019, una protesta de estatales por salarios dignos también terminó en represión; fue la noche en que murieron en un accidente de tránsito las docentes Jorgelina y María Cristina cuando volvían de una asamblea en Rawson hacia Comodoro Rivadavia.
Por avivar el fuego de una fogata encendida con neumáticos en la puerta de la Legislatura, la jueza María Tolomei condenó al por entonces secretario general del gremio docente Atech, Santiago Goodman, tras la imputación de la fiscal Florencia Gómez. Le dieron tres años de prisión en suspenso y deberá cumplir tareas en la biblioteca de la Legislatura, si es que el fallo queda firme.
En el juicio se presentó como prueba un video en el que se lo ve a Goodman arrojando neumáticos a la fogata, que luego aclaró que “estaba fuera de la Legislatura”. También se presentaron como prueba videos en los que la Policía provincial grabó a manifestantes que no cometían delitos, por lo que fueron descartados por la jueza, tal como reconoció un efectivo de la Brigada de Investigaciones, que en su declaración lo justificó: “En caso de que existiera un delito, estas filmaciones nos servían para individualizar bien a las personas, observar bien las vestimentas y después hacer imágenes comparativas, en las cuales damos cuenta del accionar de cada persona». ¿Se investigará si hubo espionaje ilegal?
En la misma jornada en que se le dio el sí a la megaminería de espaldas al pueblo, se había consumado previamente otro paso clave: la conformación del nuevo Superior Tribunal de Justicia provincial.
Otro policía declaró en el juicio que intentó apagar el fuego con matafuegos del edificio, pero recibió la orden del comisario Néstor Gómez Ocampo de “dejar que se queme lo que se tenga que quemar y dejar que entren quienes quieran entrar”.
Goodman, cuya condena motivó días atrás un paro nacional docente encabezado por CTERA en repudio, afirmó que el fallo “busca disciplinar” y que el poder político “nunca será juzgado de esta forma”.
Como en septiembre de 2019, en el Chubutaguazo de diciembre de 2021 también hubo incendios en edificios públicos de la capital provincial; fue en la segunda jornada de protestas. Ardió en Rawson la Casa de Gobierno (con el “TRAIDORES” grafiteadado en rojo), la Legislatura, el edificio donde funciona el Superior Tribunal y la Procuración, entre otras oficinas estatales.
Las llamas alcanzaron, ¿casualmente?, algunos expedientes de causas de corrupción en las que estaban investigados funcionarios del Gobierno de Arcioni. Durante aquellas jornadas también se incendió el diario oficialista El Chubut en Trelew. El jefe de los fiscales, Jorge Miquelarena, deslizó que hubo zona liberada por la Policía y prometió investigar esta hipótesis.
A la movilización popular, presecución judicial
Las causas judiciales contra quienes manifiestan su bronca frente a las políticas de gobierno tienen mayor velocidad que otras en Chubut. Primero le tocó al titular del gremio docente y ahora a algunos protagonistas del histórico Chubutaguazo. La Fiscalía de Rawson, con Fernando Rivarola a la cabeza (quien habló de “desahogo sexual” en el caso de Violación Grupal en Playa Unión y estuvo procesado por espiar en Esquel a asambleístas contra la megaminería), es la que lleva adelante el proceso que inició formalmente el viernes 26 de agosto.
La fiscal que imputa es Florencia Gómez, denunciada ante el Consejo de la Magistratura por no investigar abusos durante las detenciones en protestas realizadas en diciembre de 2019 y quien decidió archivar 15 causas de violencia institucional durante diciembre de 2021. Desde la Defensoría Pública de Rawson esperan definición tras recusar a la fiscal “por no trabajar diligentemente”.
“Se está violando el derecho de acceso a la justicia; hablamos de derechos humanos”, expresó el defensor público Damián D’Antonio y advirtió: “Puede haber responsabilidad internacional para el Estado Argentino”. No es la primera vez que sucedería a raíz de una causa iniciada en Chubut, ya que Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia, en 2003.
“Las primeras detenidas fueron dos mujeres, no en una comisaría sino en el estacionamiento de Legislatura, que se transformó así en un centro clandestino de detención».
En las denuncias por abuso policial, el jefe de los fiscales Miqueralena aceptó la recusación del mencionado Rivarola, pero dio impulso a la causa por atentado a la autoridad y contra edificios públicos. “Causaron un desastre en diciembre del año pasado en Rawson, cuando quemaron la Fiscalía, la Procuración, el Superior Tribunal, la Casa de Gobierno, etcétera –declaró Miquelarena–. Criminalizamos todos los delitos que cometieron, no la protesta. Si no, bajemos las persianas y que cada uno haga lo que le parezca. Pero así vamos a caer en una anomia total”. ¿No investigar y archivar denuncias por violaciones a los derechos humanos no tiene el mismo nivel de gravedad?
La respuesta del Gobierno provincial fue, por un lado, premiar a los jefes del operativo del horror de diciembre pasado y, por el otro, anunciar un millonario gasto público destinado a equipar a las fuerzas de seguridad. Chubut, una de las cuatro provincias que más exporta y también una de las más endeudadas, no tiene un criterio parejo en el gasto público. En otras áreas clave, en cambio, aplica políticas de ajuste que impactan en el grueso de trabajadorxs estatales, con afectación directa a la Educación pública y, así, a la juventud.
A la par, el superministro Sergio Massa, amigo del gobernador Arcioni, da un nuevo impulso a la megaminería, aunque insistir en Chubut suene a delirio. Si ante la desidia y la bronca no queda otra que salir a la calle a protestar, el pueblo de Chubut avisa que el costo a pagar es alto.
Fuente: Democracia Ambiental Activa