El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC), Gerardo Antonio Fernández, dialogó con Ámbito sobre las perspectivas del sector ante los anuncios del nuevo gobierno.
“Resulta imposible prescindir de la obra pública ”, sostuvo Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC) en un reportaje concedido a Ámbito en el que se refirió a la situación del sector y a las propuestas de la entidad.
Con relación a las privatizaciones, señaló que “una escuela de frontera, una red de agua o un centro de salud en el interior del país no son obras rentables que puedan ser financiadas y vendidas como cualquier otro bien”.
CCP nuclea a más de 900 empresas constructoras pymes nacionales, principalmente de obras de arquitectura públicas y privadas. A continuación, el diálogo.
Periodista: El presidente Javier Milei anticipó que no habrá más obra pública ¿cómo les afecta esta medida?
Gerardo Antonio Fernández: Respecto a la inminente paralización y eliminación de la obra pública nacional, la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, (CPC), insta a la prudencia. Primero, el presidente ha manifestado el cumplimiento irrestricto de los contratos vigentes. Segundo, se ha expresado que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Por tanto, se debe comprender que la seguridad jurídica de los contratos vigentes se encuentra asegurada. Tercero, en el organigrama de ministerios, persiste con el rango el “Ministerio de Infraestructura de la Nación”, por tanto, debe interpretarse que no debería existir dicho ministerio, si fuese eliminada la obra pública. Y cuarto, en casos de rompimientos de contratos, y/o incumplimientos de cualquier naturaleza, se encuentran vigentes las instancias administrativas y, en su caso, judiciales que la Constitución y las instituciones garantizan.
P.: ¿Cuántas empresas integran la entidad?
G.A.F.: CPC es una entidad de tercer grado que agrupa a federaciones y cámaras, las que a su vez asocian a más de novecientas empresas en todo el país.
P.: ¿A quiénes representan?
G.A.F.: “Las Pymes constructoras” son productoras de viviendas, escuelas, hospitales, complejos comerciales, redes, urbanizaciones, plazas, infraestructura, saneamiento, hidráulica, gasoductos, aeropuertos, etcétera, con un marcado carácter artesanal, usuarias de un significativo volumen de mano de obra, con alto impacto social, alcanzando niveles de ocupación directa superiores al 70 % del total del recurso humano registrado en la industria. Todo esto, sin mencionar las actividades mercantiles e industriales productoras de materiales, insumos y servicios que, colateralmente, completan el conjunto de actores necesarios para llevar a buen término toda obra. De allí que, proverbialmente, la industria de la construcción sea considerada como rápida y efectiva motorizadora de la economía. Así, la construcción debe ser valorada como un prominente activo social.
P.: ¿A cuántas personas dan trabajo directo e indirecto?
G.A.F.: En forma directa según ERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción) el promedio histórico asciende a 480.000. Según el último informe correspondiente al mes de noviembre 2023, asciende a 439.035, de los cuales se estima que un 70% o sea, que unos 300.000 corresponden a empresas Pymes. Asimismo, según estimadores históricos, el derrame en sectores de comercio e industria, se calcula entre cuatro a cinco veces el trabajo directo, por tanto, se estaría hablando de 1.500.000 trabajadores, en forma indirecta.
P.: ¿Cuánto representa del gasto de obra pública su sector?
G.A.F.: La inversión en obra pública depende cada año de cada presupuesto votado por el Congreso, pudiendo llegar en años de fuerte inversión, hasta un 12% de PBI del país. Tanto en Argentina, como en el resto del mundo civilizado, los presupuestos de obra pública nacional se dividen en dos grandes rubros. Uno consiste en las obras de ingeniería (rutas, autopistas, represas, aeropuertos, todas obras de gran magnitud), que consumen un 70% del presupuesto, y en promedio significan el 30% del empleo registrado del sector. Y el otro rubro son las obras de arquitectura (viviendas, hospitales, escuelas, plazas, polideportivos, servicios de agua, cloaca, electricidad, etcétera. Todas obras de menor magnitud, pero de mayor cercanía) siendo en este caso la implicancia de un 30 %del presupuesto, absorbiendo en el empleo cerca del 70%. Estas últimas son las obras que desarrollan las pymes. De allí la importancia y trascendencia del sector, tanto en contención social como en derrame en la micro y macroeconomía de cualquier país.
.: ¿Están cobrando las obras ya realizadas? ¿Hay retrasos en los pagos?
G.A.F.: La situación es dispar en todo el país. Existen provincias como Tucumán o Misiones, donde se ha paralizado prácticamente a cero la ejecución, y otras como Mendoza, Córdoba, Salta, San Juan, Buenos Aires, donde se han ralentizado los ritmos, pero no se ha llegado a paralizaciones totales. Respecto al retraso, también es dispar, partiendo de un mínimo de 60 días en adelante. En algunas circunscripciones se observan deudas superiores a los 8 meses.
P.: ¿Cuánto de la obra pública que llevan a cabo los municipios y gobernaciones son con fondos de la Nación?
G.A.F.: Esto también es muy dispar, hay provincias como Tucumán que dependen en un 100% de obras nacionales y otras como Jujuy, Salta, San Juan, San Luis, Mendoza o Córdoba que en distintas proporciones poseen obras sustentadas con aportes provinciales, municipales o de entes descentralizados provinciales. En esto se puede apreciar con claridad que aquellas provincias o municipios que han tenido buen manejo de los recursos poseen mayor inversión en obra pública que aquellos que no lo han tenido.
P.: ¿Cuáles son, a su juicio, las obras que se dejarán de hacer?
G.A.F.: El sentido común, como la historia, hacen comprender que resulta imposible prescindir de la obra pública. A lo sumo, podrán reprogramarse las curvas de inversión estirando los plazos de obras, acorde a los fondos disponibles. Y en el caso más extremo, se puede presuponer que podrían ser las obras de infraestructura de gran magnitud, las que a su vez consumen el mayor porcentaje de presupuesto y la menor cantidad de mano de obra, las que podrían llegar a sentir un mayor rigor. Paralizar las obras de arquitectura significaría desplazar a la calle a una cantidad de personas que podría llegar casi a los dos millones de personas entre directos e indirectos, que derivaría en una crisis social y de conflictos sin precedentes y, por tanto, inconmensurable.
