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El Gobierno de Panamá anunció este miércoles el cierre de sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales con Colombia.

«El Gobierno Nacional ha determinado suspender temporalmente el ingreso al territorio nacional, por vía terrestre, marítima y fluvial, de toda persona proveniente de la frontera con la República de Colombia, a partir del 20 de mayo de 2021», dice un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá hecho público la noche de este miércoles.

Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido por su alias Jesús Santrich, uno de los cabecillas más importantes de las disidencias de las Farc, habría muerto durante un enfrentamiento entre bandas ilegales. Diego Molano aseguró en un trino que la versión está en estudio.

Medios colombianos, citando fuentes venezolanas, anunciaron este martes el deceso de uno de los hombres más buscados por la autoridades del país. Según lo informado por la W Radio, inteligencia del Ejército colombiano confirmó la baja de Santrich, al igual que la revistas Semana, quien preliminarmente señalaron que Seuxis Pausias Hernández Solarte habría sido abatido por las disidencias de Gentil Duarte en territorio venezolano.

Al igual, en las últimas horas, el ministro de Defensa Diego Molano, por medio de su cuenta de Twitter habría dado a conocer la baja de Santrich.

“Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias “Santrich” y otros delincuentes. Información en verificación. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales.”, publicó el ministro.

Por su parte, el portal Expediente aseguró que gracias a una fuente en el lugar de los hechos está en capacidad de confirmar que miembros de la Guardia Venezolana lo abatieron en una posible operación de contra espionaje que se le venía haciendo, con lo cual desmienten a otros medios sobre un posible enfretamiento entre bandas.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, agentes de inteligencia del Ejército de Colombia le señalaron a la emisora que la presunta muerte de Jesús Satrich les fue confirmada por agentes de inteligencia, los cuales revelaron que una fuente humana que estaba dentro de uno de los grupos irregulares, les habría entregado la información, quien además fue importante para la captura de alias Matamba.

Según Blu, este lunes en horas de la tarde noche se presentaron enfrentamientos en la frontera, de las cuales las autoridades colombianas tuvieron acceso por medio de interceptaciones a las comunicaciones de los grupos irregulares, las cuales señalaban “Cayó el Viejo, cayó el viejo” quien hace 3 meses se había encontrado con Matamba, según su informante.

Por ahora, la presunción es que Santrich estaba en Venezuela en medio de confictos entre grupos disidentes, al parecer, por el dominio de rutas de narcotráfico, en el poblado de La Victoria, estado Apure.

El pasado 13 de mayo, la Corte Suprema avaló la extradición de Jesús Santrich por narcotráfico, quien con una votación unánime tomó esta decisión. Desde 2018 Estados Unidos solicitó a Colombia la extradición del exjefe de la desaparecida guerrilla. Pero solo hasta hace cuatro días, la Sala Plena emitió un concepto favorable sobre la solicitud.

En 2019 cuando Santrich apareció junto a Iván Márquez y dieron a conocer ’La segunda Marquetalia’

En agosto de 2019 Santrich volvió a aparecer para anunciar junto a su compañero Iván Márquez la creación de una nueva guerrilla. En un video de 32 minutos publicado en Youtube y con un grupo de más de 10 personas, Iván Márquez, quien fuera el líder negociador de las Farc con el Gobierno de Juan Manuel Santos, anunció el nacimiento de las disidencias de las Farc, de quien se presume estaban radicados en Venezuela, bajo el amparo de régimen de Nicolás Maduro.

En dicha grabación también aparecieron, Henry Castellanos, conocido por el alias ‘Romaña’ exmienbro de las filas de las Farc, y José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, exjefe guerrillero y hombre de confianza de alias ‘El Paisa’.

Fuente: Infobae

En una reciente entrevista para Radio 10, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó que su país está en la capacidad de organizar toda la Copa América, cumpliendo con los protocolos que exige Conmebol por el Covid-19. La grave situación que afronta Colombia, con un Paro Nacional que completa 21 días, ha puesto sobre la mesa la posibilidad que el país se baje como sede.

«Nosotros podemos analizar organizar toda la Copa América en la Argentina, en la medida en que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles y protocolos», manifestó Fernández al medio argentino, y continuó: «si la Conmebol dice que puede hacerse cargo, yo estoy dispuesto a estudiarlo pero necesito garantizarme los protocolos porque uno de los problemas más grandes que tenemos son las cepas que vienen de otros países”.

El Presidente de Argentina se refirió a la situación que afronta River Plate, que ya lleva 20 contagios en su plantilla, todo después de haber jugado a mitad de semana en Barranquilla, frente a Junior. «Lo que pasó en River estos días demuestra lo que objetivamente puede pasar. Hay que ponerse muy estrictos con los protocolos».

Cabe recordar que en los últimos días el ministro del deporte de Colombia, Ernesto Lucena, habló en nombre del Gobierno Nacional y aseguró que el país se mantiene firme con la organización de la Copa América, teniendo a Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín como sedes.

«Estamos jugados con Conmebol, que confirmaron que Colombia y Argentina sean las sedes de la Copa América. Ese refuerzo unánime es importante. Ahora necesitamos el compromiso de los alcaldes (…) Han realizado otros eventos deportivos en medio de las marchas y no pasó nada. No podemos decir que el fútbol está dándole la espalda a la sociedad, todo lo contrario, este deporte hace parte de la sociedad», manifestó Lucena.

Fuente: Futbolred

Este martes, la estratega y consultora política colombiana Matha Hernández, participó en una entrevista exclusiva realizada por el periodista y locutor Juan D’Anvers en Radio Brava FM 94.9 de Puerto Madryn en el cual dio su opinión sobre la megaminería.

La consultora sostuvo que la megaminería es un detonante muy grave que va dejar una catástrofe ambiental, tanto en la Provincia de Chubut como en cualquier parte del mundo.

“En Colombia, la minería ilegal y la minería en general, ha dejado muchísimos muertos ya que es la nueva guerra o el nuevo conflicto por la subida de la onza de oro” expresó.

En este sentido, Hernández indicó que “Por la experiencia que tenemos en Colombia, con la aprobación de la minería, recomiendo al pueblo de Chubut que deben seguir reclamando, manifestándose, y decirle al gobierno que no quieren la minería en su provincia”.

Para finalizar, la abogada Martha Hernández indicó que en Colombia están matando por el oro. “Antes era por la cocaína y ahora por la minería”.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó este lunes a la fuerza pública desplegar su «máxima capacidad operacional» para desbloquear las vías taponadas por los manifestantes durante los 20 días que llevan las protestas contra su Gobierno, en las que han muerto más de 40 personas.

«Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y el estricto cumplimiento de los DD.HH. y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar», expresó Duque en una declaración.

Colombia sumó este domingo 15.093 contagios nuevos y 520 muertes por covid-19, que elevan a 3.118.426 el número de personas que han contraído la enfermedad y a 81.300 la cifra de víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el país.

Según el reporte del Ministerio de Salud, en el país permanecen activos 109.250 casos, que corresponden al 3,5 %, y 2.917.548 pacientes aparecen como recuperados, es decir el 93,55 % del total.

A hacer declaraciones claras y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (Esmad) de Colombia, que cambien su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza pidieron 55 congresistas de ese país al secretario de Estado, Antony John Blinken a través de una carta.

En la misiva, los parlamentarios expresamos profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia y aseguraron que esta «permanece fuera de control mientras la protesta legítima entra en una tercera semana»,

En ese sentido instaron Departamento de Estado y a todos los demás departamentos y agencias de los Estados Unidos a que denuncien «de manera clara e inequívoca la violencia, pidan una reducción inmediata, ayuden a calmar las tensiones y faciliten soluciones sociales y políticas incluyentes en Colombia».

El grupo de 55 políticos considera que las declaraciones públicas serían de gran ayuda para que en Colombia se restablezca la calma y para también «promover la promesa del acuerdo de paz de 2016 de resolver los desafíos a través de una participación amplia en el proceso político».

Además, piden suspender toda la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea la capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia hasta ver «mejoras reales en el uso de la fuerza».

Los parlamentarios le proponen a su Gobierno congelar todas las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación al Esmad; y congelar cualquiera cooperación o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad del país.

«Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse ahora mismo para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada», indicaron. 

A renglón seguido, especificaron que dichas ventas solo deben reanudarse «cuando la evidencia indique que los abusadores están siendo juzgados judicialmente y los protocolos colombianos de uso de la fuerza se han reformado satisfactoriamente y los cambios observados y confirmados sobre el terreno en operaciones futuras».

Asimismo, recuerda el balance presentado por la Defensoría en cual se informa que al menos 42 personas han muerto en el marco de las protestas y cientos han resultado heridas y las denuncias de abuso policial por parte de autoridades internacionales como la OEA y el alto comunicado de la ONU para los derechos humanos.

«Si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución, comenzando con esfuerzos a plazo inmediato para detener la espiral de violencia. Después de décadas de estrecha alianza, lo que dice el Gobierno de Estados Unidos tiene peso en Colombia, al igual que lo que el Gobierno de Estados Unidos no dice», afirman los congresistas.

Fuente: El Nuevo Siglo

Palabras del expresidente César Gaviria ante la bancada liberal esta semana. Fue así que decidí hacer esta bancada porque los hechos en relación con el paro siguen demandando la necesidad de opinar de manera permanente para señalar caminos al Gobierno y a la sociedad, para ejercer el papel que nos corresponde en este complejo problema, y porque tenemos que estar preparados todo el tiempo para explicar los principios que guían nuestro comportamiento en esta difícil coyuntura.

Quiero comenzar por expresar lo que ellos constituyen para contribuir a enfrentar una crisis que tal vez no sea la más grande ni la más grave, pero sí más amenazante que muchas del pasado, porque tenemos enormes incertidumbres que pueden empeorar por razones de índole internacional y por las condiciones sociales y económicas del país. Y además porque el país acepta nuestras críticas, pero en todo caso espera que nos comportemos con patriotismo y no contribuyamos a sacrificar la estabilidad política, la gobernabilidad ni nuestra democracia, que tenemos que contribuir a preservar.

En mi condición de director del Partido Liberal, quiero ser enfático en rechazar todas las formas de violencia y abuso. Son inaceptables los abusos de la Fuerza Pública y es inaceptable abusar del derecho a la protesta para realizar bloqueos. Sobre los vándalos y violentos debe caer todo el peso de la ley.

El arzobispo de Cali nos ha dejado hoy valiosas recomendaciones de cómo debemos contribuir a desbloquear a Cali, no por la vía armada, sino usando métodos de diálogo y de reconocer que quienes protestan tienen derechos consagrados en nuestra Constitución, además de las consideraciones humanitarias. Pero para salir de esta crisis es necesario ir más allá. Hay que acometer acciones para resolver problemas de fondo para los que la gente del paro y muchos otros demandan solución.

Tampoco sirve si ellas se leen como algo para defender a los más pudientes de nuestra sociedad, quienes tienen derechos y también deben ser amparados, pero que por la inacción del Estado se sienten hoy desprotegidos.

Ellos deben ser conscientes de que acudir a defenderse por la vía de las armas generará consecuencias devastadoras. Ese riesgo es mucho más grave en Cali y ya está ocurriendo.

Manejo económico

Sigo con dudas sobre la sabiduría de la decisión de responder con otra reforma tributaria que ya respaldaron varios partidos y el Banco de la República. No me atravesaré insistiendo en nuestros puntos de vista. Votaremos la propuesta del Gobierno, a condición de que se limite a lo estrictamente necesario, porque a eso me comprometí y porque lo creo necesario, pero no vamos a participar en el diseño de la nueva reforma ni tomamos responsabilidad sobre las consecuencias. Ese es mi compromiso con el nuevo ministro de Hacienda, con quien hemos logrado acuerdos en pocos días. Con el anterior no logré ninguna comunicación e hizo hasta lo imposible para evitar cualquiera. Aún no entiendo su actitud.

Mantenemos la idea, sin embargo, de que propusimos el camino correcto. Siempre pensamos que el proyecto de reforma tributaria era inconveniente en esta coyuntura porque teníamos la certeza de que la tensión social que ha generado la pandemia y la indignación con varias de las políticas oficiales había incubado un malestar que la propuesta de impuestos a las clases medias iba a convertir en movilizaciones que desafortunadamente algunos querían empañar con violencia.

Tuve la ocasión de hablar con el expresidente Uribe a propósito de la reforma tributaria. Charlamos telefónicamente algo así como 14 horas y sin duda fue de lejos la persona que más trabajó en convencernos de la necesidad de que los liberales apoyáramos los cambios contenidos en la propuesta gubernamental. Que diferencia porque antes no logramos siquiera que el Ministerio de Hacienda tuviera la cortesía de enviarnos el texto que sometió a la consideración del Congreso.

Me satisface que el expresidente Uribe le haya solicitado al Presidente en varias oportunidades que retirara el proyecto por el gigantesco rechazo que él recibió, pero el ministro Carrasquilla se opuso. El terrible paro que estamos viviendo se hubiera podido evitar. Quienes me critican que haya juzgado con tanta severidad al exministro entenderán ahora los inmensos daños que le hizo a nuestra nación. El Partido Liberal no tiene una actitud negativa frente a los impuestos, siempre y cuando esos recursos tengan origen en sectores más pudientes y no en la clase media, y se gasten en apoyar a quienes han sido víctimas de la pandemia, a los millones de ciudadanos afectados por el desabastecimiento y a la población vulnerable que vive en la miseria.

No queríamos votar el proyecto porque contuviera impuestos ni porque fuera impopular, sino porque no creíamos que fuera el camino por seguir. Si la plata es para guardarla, no veo porque vamos a cambiar los liberales nuestra posición. Los impuestos que votemos no pueden ser para guardarlos, son para apoyar a los vulnerables, para las pequeñas y medianas industrias que no recibieron el apoyo del Estado. En eso nos identificamos con la Andi.

Desafíos

Todos estamos obligados a aceptar que la mayoría de los problemas que enfrenta Colombia no son sino en una parte o ninguna, en algunos casos, responsabilidad del presidente Duque, ni la pandemia ni el significativo menoscabo de la OMC, especialmente por la política de cerrar comercio en tantos productos y países que tanto nos ha perjudicado. La crisis económica internacional originada en la pandemia y en las decisiones del entonces presidente Trump tampoco son de su responsabilidad.

La caída de los precios de los productos básicos, como el petróleo, ha deteriorado el ingreso por exportaciones de Colombia.

Hay que recuperar la confianza en el Gobierno. El Presidente tiene una responsabilidad muy grande y nuestro inmediato futuro depende de que acierte en sus políticas de ahora en adelante. En eso lo queremos acompañar. En la bancada pasada realizamos muchas de nuestras críticas y yo siempre he creído que ellas sirven para que el Gobierno evalúe sus políticas. Es lo que nos corresponde en nuestra condición de independientes del Gobierno en nuestro sistema político. Una crisis como la que vivimos impone necesaria e inevitablemente un gran desgaste; trae el cansancio, el empobrecimiento y la desesperanza de grandes grupos sociales afectados por la crisis. Va a ser bien difícil que el país regrese a una nueva forma de normalidad.

La pandemia

Es hora ya de aceptar que la siuación de la pandemia es más grave de lo que la mayoría de colombianos cree. Desde nuestra convención dijimos que deberíamos cambiar de indicadores de cómo iba variando la amenaza de la pandemia e insistimos en que se usara el índice de muertos diarios por millón de habitantes.

Entonces señalamos que el Gobierno decía que la situación de Colombia era similar a la de otros países del mundo y que no tenía nada de excepcional. Eso no era así. Hoy seguimos apareciendo en los lugares altos de muertos por millón de habitantes. En septiembre resolvimos que nuestra cifra de contagios ya se había aplanando. Nuestra curva no era plana. Subía a un ritmo alto.

Hoy más que nunca es válida la política de primero la pandemia. No creo que el Gobierno vaya a pensar distinto. Como lo señalé en septiembre, no veo cómo elevar responsabilidades (…)

Los que protestan

La declaración del ministro de Defensa de que la obstrucción de cualquier vía pública es terrorismo es equivocada y solo le generará enormes dificultades a la justicia, que tendría que abrir miles y miles de procesos. Esa es una posición equivocada y es urgente que el Gobierno la desvirtúe, algo que el Presidente empezó a corregir en su último viaje a Cali.

Esas declaraciones del mindefensa pueden conducir a abusos de la Fuerza Pública, amparados en la declaración del ministro. No creo que el ministro haya considerado los peligros que tal declaración puede generar, y la debe corregir de inmediato.

Pero que en ocasiones se haya abusado del derecho no legitima al ministro para hacer las generalizaciones que ha hecho. Estoy seguro de que el presidente Duque está en desacuerdo. Ayer lo dijo en Cali, pero que corrija al ministro. En un par de veces en que se ha alterado el orden público, el Gobierno encabezado por el mindefensa ha ordenado enviar batallones. Cuando hay 10 enfrentamientos en el Cauca se necesitan más negociadores que batallones.

Se necesita con máxima urgencia un ministro que pueda asegurar las acciones en esta materia por corregir de inmediato. El hecho de que la policía se haya acuartelado en algunas regiones es muy delicado porque se siente que no hay suficiente protección, y hasta comprendo las razones humanas, pero estoy totalmente en desacuerdo con que el ministro no corrija. Se necesita que el Gobierno, a la brevedad posible, corrija esta situación que es casi tan grave como lo que ocurre en Cali. Se necesita también que el Gobierno evite abusos policiales de una manera que castigue, por iniciativa suya, cualquier abuso de manera inmediata y que la justicia ordinaria investigue y juzgue. Si queremos fortalecer la policía, lo primero que tenemos que hacer es rechazar las actuaciones abusivas.

Sacar soldados a la calle, como en algún momento lo aconsejó el expresidente Uribe, implica muchos riesgos en este momento. En los momentos de mayor gravedad de alteraciones de orden público es cuando más estricto hay que ser en el cumplimiento de los protocolos del uso legítimo de la fuerza del Estado.

Proceso de paz

Si queremos avanzar en los orígenes de la protesta y si queremos contrarrestar la muerte de líderes sociales y la de muchos otros ciudadanos, hay que culminar el proceso de paz. El Gobierno debe aceptar que mantener una oposición ciega a algunos puntos del acuerdo solo aumenta la polarización y agrava las tensiones políticas. Fueron muy desafortunadas y no fue responsabilidad del Presidente que hubiera objeciones a la ley estatutaria que, entre otras ideas dañinas, buscaban menoscabar las funciones de la JEP. Que la gran mayoría de los miembros de las Farc se desmovilizaron es meridianamente claro.

Pero no hemos resuelto ninguno de los conflictos rurales que han generado centenares de miles de muertos a lo largo de varias décadas. El punto uno del acuerdo que contiene un ambicioso programa de desarrollo rural no puede ser letra muerta. Confiaría en que el partido de gobierno deje avanzar al Presidente en este punto. De otra parte, algunos dirigentes nacionales, muy conocidos y respetados, de manera equivocada aconsejaron a los hacendados quedarse en la justicia ordinaria. El acuerdo señala que todo aquel que haya sido víctima de intimidación está exento de responsabilidad.

Rechazamos enfáticamente la idea repetida por algunos funcionarios gubernamentales de que la culpa de las disidencias es un incumplimiento de las Farc. Eso demuestra una enorme ignorancia o un evidente intento para hacerle daño a lo pactado. Denunciaremos sin contemplaciones esa aseveración falsa y sin duda perversa. Hay que concluir el proceso de paz.

Creo, aunque no me corresponde a mi decirlo, que la paz es el tema más importante para esos sectores contestatarios que son parte del paro. Haber propuesto las objeciones a la ley estatutaria fue un pésimo comienzo que mostró las grandísimas distancias del Gobierno con el proceso. Todos los funcionarios que se han expresado contra el proceso, que discrepan de ese compromiso, deberían irse del gobierno de manera inmediata. Es función del Presidente encontrar cómo hacerlo. Estas son apenas nuestras opiniones. Pero no tengo duda de que la culminación del proceso será bien recibida por parte de los organizadores del paro, algunos partidos de izquierda y nosotros los liberales le damos la mayor importancia si queremos paz en nuestros campos.

Confió en que el expresidente Uribe no se opondrá a la culminación del proceso de paz. Él apoyó los procesos que se adelantaron en el gobierno de Barco y dicen que ahora ha buscado facilitar un acercamiento con el Eln. Somos conscientes y mucho nos preocupa que él a veces use expresiones que a mi juicio inducen a la Fuerza Pública a acciones que la mayoría de los colombianos rechazamos y que algunas son sin duda crímenes de Estado. En esto la justicia internacional es mucho más severa. Y serviría que él les pidiera a algunos de los miembros de su partido que no se pronuncien contra el proceso de manera casi incendiaria. Sus opiniones como dirigente político son importantes, así tengamos con él grandes diferencias. Y no dudo de que será importantísimo que se vincule a los acuerdos a los que hemos hecho referencia. Es cierto que durante su gobierno mejoró muchísimo la seguridad en el país, pero los abusos que se cometieron por la Fuerza Pública no permitiremos que se vuelvan a repetir.

Reforma policial

Nada justifica la violencia contra manifestantes o miembros de la Fuerza, ni la afectación a bienes públicos o el saqueo de comercios. Fue excelente la actuación del Fiscal el jueves pasado, tanto para la opinión nacional como la internacional. Era en extremo necesaria. Después de que el ministro de Defensa solo hablara de los policías muertos y heridos y cuando le preguntaran por las víctimas civiles dijera que eran un asunto del Fiscal. Y lo repitió antes de viajar a Cali, poniendo en aprietos al Fiscal, a quien ni le informaron que repetirían la prueba a la que ya lo habían sometido.

No puede haber duda sobre el hecho de que al Gobierno le preocupan tanto las muertes de civiles como las de los policías. Y el ministro de Defensa no se ha logrado sintonizar con un asunto que puede originar un inmenso daño internacional, además del nacional. La Cancillería debe inmediatamente informar a través de sus embajadores cuál es la política oficial. La imagen de nuestra policía será difícil de mejorar y la reforma de la Policía es un anuncio y decisión imprescindibles.

Recuperar su prestigio nacional e internacional va a ser una tarea larga y difícil pero urgente como ninguna. No puede ser que el ministro hable solo de policías muertos y de CAI destruidos y tome distancia de la muerte de civiles. No puede haber ninguna duda de que al Gobierno le preocupan la vida de los ciudadanos tanto como la de los policías.

La condición de civil del ministro de Defensa es precisamente para eso, para servir de control de la actuación de la policía; si fuera para dirigir operaciones, es mejor un oficial preparado para eso. La impresión que se tiene es que se necesita un ministro que sea capaz de medir los peligros por enfrentar y que imponga una política que no siga agravando la amenaza de rebelión. Es muy grave también que haya quejas de inacción de la policía y que en algunas regiones digan que esta acuertelada.

Eso es casi tan grave o igual de grave a lo que está ocurriendo en Cali. Estoy seguro de que hoy la inmensa mayoría de las personas que protestaron en Cali quieren paz y no guerra, y necesitan un ministro que use un lenguaje de paz, no que incite a la confrontación. Los ciudadanos esperan eso y no lo contrario. En esa cartera se necesita alguien que mande, pero no para que nos lleve a una mayor confrontación.

No está de más que lean los atinados consejos del arzobispo de Cali. Ahora que Estados Unidos dejó saber los límites que tiene la ayuda militar norteamericana, ¿si será que los ministros del presidente Duque están notificados de que el gobierno del presidente Biden tiene una política de respeto a los derechos humanos prioritaria?

También creo que el Esmad es necesario, pero es urgente que tenga una cabeza que garantice que la gran cantidad de problemas que se han presentado se corrijan de inmediato (…)

Fuente: El Tiempo

El país que hizo la paz es hoy, de nuevo, el que viola los derechos humanos. Al menos así lo han denunciado la ONU, la OEA, la CIDH y una porción importante del partido demócrata de Estados Unidos.

Casi un cuarto —55— de los congresistas en la Cámara del partido Demócrata firmaron una carta este viernes expresando “serias preocupaciones sobre la situación política y de derechos humanos en Colombia”. Dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, los congresistas del sector más a la izquierda del partido del presidente Joe Biden le piden que suspenda toda la asistencia a la Policía Nacional, en medio de las acusaciones por brutalidad policial durante las manifestaciones del paro.

Desde el 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe intentaba lograr la aprobación del TLC, no llegaba un mensaje similar de Washington. En esa ocasión 67 demócratas le escribieron a Uribe criticando los señalamientos que había hecho su asesor, Jose Obdulio Gaviria, de que una marcha contra el paramilitarismo, promovida por Iván Cepeda, estaba organizada por las Farc.

Al final, los demócratas frenaron la aprobación del TLC. Hoy el panorama es incluso más difícil.

En ese entonces estaba George Bush, aliado de Uribe, en la Casa Blanca. Hoy está Joe Biden, quien no le ha recibido una llamada telefónica al presidente Iván Duque desde que se posesionó, un gesto duro para un aliado tan cercano. Además, la carta llega cuando el Gobierno colombiano está internamente acorralado, y es incapaz de frenar un paro sostenido durante 19 días.

Todo esto agarra al Gobierno, además, en medio de una crisis interna de política exterior creada por una seguidilla de errores.

Crisis dentro de la crisis

Claudia Blum, la cara de Colombia ante el mundo, se fue esta semana del Gobierno en medio de críticas reiterativas sobre su ausencia. La imagen de la canciller dando declaraciones en video, frente a una biblioteca y un cuadro de Simón Bolívar en el Palacio de San Carlos se volvió repetitiva. Durante la pandemia salió una vez de Colombia, y dentro de Colombia salió poco incluso de la sede de la Cancillería.

Luego llegó el paro. En dos semanas el legado internacional que Duque había reconstruido —a través del estatuto para regularizar a casi 2 millones de migrantes venezolanos— se vino al piso. Con él cayó la canciller Claudia Blum.

Pero esto no fue lo que precipitó su salida, la segunda de un miembro del gabinete en medio de esta crisis. Blum se fue molesta, —y entregándole su cabeza al paro— porque su vicecanciller, Adriana Mejía, estaba actuando sin su autorización en temas públicos y delicados desde hace tiempo, con la mirada pasiva de la presidencia Duque. El episodio que detonó la renuncia fue una carta que envió la vicecanciller Mejía, sin la autorización de Blum, a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.

“El Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, (…) y lamenta profundamente que la Oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, con fuentes oficiales”. La carta respondía en un tono poco diplomático a las críticas que había hecho esa oficina, que denunció que la Policía “abrió fuego contra manifestantes” en Cali y mató e hirió a varios de ellos.

La versión del desencuentro de Blum con Mejía circuló en las secciones de confidenciales de Camila Zuluaga, Darcy Quinn y María Isabel Rueda, y La Silla Vacía la confirmó con dos personas dentro de la Cancillería.

Tras la salida de Blum el presidente Duque encargó temporalmente de la Cancillería a Mejía, una señal de que avalaba su gestión a la sombra. Luego del incidente de la carta, según le dijo una persona de la Cancillería a La Silla Vacía a condición de no ser nombrada, Mejía consiguió el apoyo de la Jefa de Gabinete, María Paula Correa. Esta, afirma esa fuente, viene concentrando poder en el manejo de las relaciones internacionales, especialmente, la relación con Estados Unidos.

Por eso el peso de los retrocesos en política exterior de las últimas dos semanas no caen solo sobre los hombros de la canciller. Varias decisiones cruciales ya no pasaban por sus manos. Y su salida del Gobierno hará poco para darle un giro a la posición internacional en la que queda el Gobierno.

Según Sandra Borda, experta en relaciones internacionales, la renuncia de Blum “demuestra un desbarajuste dentro del Gobierno. En Palacio se arrogaron la formulación de la política exterior”. Pese a que la cabeza que rodó fue la de la canciller, las responsabilidades del golpe internacional se encuentran en la Casa de Nariño.

El golpe internacional a Duque

La prensa internacional ha sido dura con Duque. Como nos confirmó un embajador, responder al cubrimiento negativo fue el mensaje principal que envió al Gobierno a sus representantes en el exterior. El presidente fue retratado ante el mundo como un político débil y cabeza de un aparato oficial represivo.

“La Policía colombiana responde a las protestas con balas”, tituló el New York Times, el diario más influyente del mundo, en un artículo de portada. “Duque da marcha atrás”, escribió en su editorial el diario El País, de España, luego del retiro de la tributaria. Agregó que “sacarla adelante requería de un enorme esfuerzo didáctico, altas dotes negociadoras y acertar con el momento adecuado. No ha sido el caso”.

La Silla consultó a dos corresponsales extranjeros, que pidieron no ser identificados para no comprometer la posición de sus medios. Ambos coinciden en que el paro borró lo que el Gobierno Duque había logrado con su Estatuto de Migrante. “Todo eso quedó hecho trizas”, nos dijo uno de los periodistas.

El Gobierno ha intentado ser más proactivo. Duque apareció esta semana, por ejemplo, en una entrevista con Christiane Amampour, de CNN en inglés. Amampour había entrevistado antes a Claudia López. Cuando le llegó el turno a Duque, sin embargo, el reconocimiento de la violencia policial del Gobierno llegó de nuevo en tono condicional. “Si hay conductas ilegales de la Policía y el Ejército, esas conductas están siendo investigadas y judicializadas”, le dijo a la periodista.

Pero a las cuentas de Twitter de los poderes en Washington en cambio ya acusaron recibo de las imágenes inequívocas de excesos policiales. En la carta de los 55 congresistas gringos mencionan “cientos de videos ciudadanos” que muestran el uso indiscriminado de armas letales y no letales.

El Gobierno ya había recibido mensajes diplomáticos duros de sus aliados. Desde la Cancillería de Estados Unidos, en los primeros días del paro, salió un pronunciamiento urgiendo a “la Fuerza Pública máxima moderación para evitar más pérdidas de vidas”. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más lejos: “condenamos especialmente los casos por tortura y asesinato por las fuerzas del orden”, dijo en un video.

Además, en Washington hoy son los Demócratas los que controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. “El uso de videos de celulares ha tenido un impacto enorme en afectar la percepción acá”, dice Adam Isacson, analista de seguridad de Wola, una ONG con sede en Washington especializada en América Latina.

De la capital de Estados Unidos han llegado mensajes críticos también de otros congresistas demócratas influyentes y más de centro. Por ejemplo, de Patrick Leahy presidente pro tempore del Senado, y de Gregory Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara gringa. Ambos presiden comités claves para la aprobación de recursos para Colombia.

La Casa Blanca está aún por tomar una posición más decidida en medio de la presión que recibe de sus congresistas. Según Isacson, “Biden ha sido muy cauteloso en no marcar mucha distancia con Duque”. Pero agrega que “eso puede cambiar” ante la creciente presión y la posición del Centro Democrático que justifica los excesos. De hecho, en una columna publicada en The New York Times este fin de semana, Isacson escribe que “Biden debe ayudar a impulsar un diálogo”.

Primero tendría que hablar con Duque por primera vez.

La internacionalización del paro

Esto no será fácil. El Gobierno de Duque tuvo una visión clara de política internacional al comienzo de su mandato: el cambio de régimen en Venezuela. Lideró con éxito el Grupo de Lima y contó con el apoyo de la administración Trump. Pero, como contamos Duque se fue quedando solo. Y la apuesta al final fracasó, con Maduro atornillado en el poder.

La muestra más elocuente de este cambio fue la reacción de Almagro, el Secretario de la OEA, durante el paro.

Hace poco más de dos años él estaba en Cúcuta, con Juan Guaidó y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aplaudiendo la iniciativa de Colombia para liderar el cruce de ayuda humanitaria. Hoy condena a Duque con palabras similares a las que ha utilizado contra Nicolás Maduro.

Luego llegaron las elecciones de Estados Unidos. Algunos miembros del Centro Democrático —y, según señalamientos del expresidente Santos, también el embajador de Duque en Estados Unidos, Francisco Santos— le hicieron campaña a Trump. Pero ganó Biden, y quedaron heridas importantes en la relación bilateral.

Desde entonces, Duque ha caminado una delgada línea en la escena internacional, llena de dilemas. Según Sandra Borda, el Gobierno se debate entre “la necesidad de satisfacer el manual de Uribe en las relaciones internacionales y enfrentar un nuevo escenario global”.

Ahora, además de una crisis interna sin solución a la vista, el paro se metió en la discusión internacional y está haciendo estragos en esa fina línea. Borra la cómoda distancia que generalmente existe en Colombia entre la política internacional y la interna. Lo hace justo cuando hay un aparato diplomático en crisis. Y ahora, por ejemplo, la reticencia de Duque para condenar los abusos policiales no será ahora solo gasolina en las calles y alimento a sus bases. También podría terminar por amenazar la cooperación de Estados Unidos para la Policía, como lo piden más de 50 congresistas en Washington.

Fuente: La Silla Vacía

La bandera de Colombia, cuyo color amarillo representa la riqueza del país, el azul el agua que posee en sus dos océanos y el rojo la sangre de los héroes patrios que pelearon por la independencia, es expuesta al revés por miles de colombianos estos días, en el marco de las protestas y como forma de llamar la atención de la comunidad internacional.

«La propuesta de invertir la bandera es un llamado de los manifestantes hacia la esperanza y a la vez una expectativa para que se solucionen los problemas que tenemos», explicó a Sputnik el analista y exembajador de Colombia en Hungría Alonso Ojeda.

Según Ojeda, «una expresión tan fuerte deja ver que se requiere que la comunidad internacional abra los ojos, nos observe y comprenda nuestras dificultades».

Desde el pasado 28 de abril, cuando iniciaron en el país una serie de manifestaciones en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo, la bandera de Colombia es usada al revés en medio de las manifestaciones y en redes sociales, donde miles de personas la usan incluso como foto de perfil.

«Usarla de ese modo, además, significa que hoy en día la sangre se está derramando en el país en el marco de las protestas, manchando así el azul y el amarillo del símbolo patrio», indicó Ojeda.

Incluso, la bandera también ha sido distorsionada en sus proporciones, y el amarillo, que predomina frente a los otros dos colores, ahora se observa minimizado frente al rojo por cuenta de las modificaciones hechas por los manifestantes tanto en la práctica como en redes sociales.

Según medios locales, sólo al día 2 de mayo, es decir, cuando el paro nacional completaba cinco días, la bandera invertida fue compartida unas 300.000 veces y tuvo más de siete millones de visualizaciones para entonces.

Algunas versiones indicaron que puesta de ese modo, la bandera significaba un llamado de ayuda a la comunidad internacional de acuerdo con la Carta Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero dicho precepto fue desmentido por el propio organismo.

«Tengo que reconocer que me impactó la primera vez que vi la bandera al revés. En la cantidad de situaciones en las que he estado, jamás había visto una propuesta de esta naturaleza», dijo Ojeda.

El analista agregó que invertir la bandera es sólo un mecanismo más de protesta pacífica, como, consideró, lo es también derribar estatuas alegóricas al colonialismo, como lo hicieron en Cali (suroeste) decenas de indígenas el pasado 28 de abril, quienes derrumbaron la efigie del conquistador español y fundador de la ciudad, Sebastián de Belalcázar.

«Se derriban las estatuas que están comprometidas con un estado genocida sobre las comunidades indígenas, se invierten los colores de la bandera, lo que yo pienso es que todos esos esfuerzos van a ir calando en una comunidad internacional que realmente decidirá escuchar las voces clamorosas de este país», expresó Ojeda.

En redes sociales, la explicación de la bandera invertida de Colombia, con el rojo en la parte superior, es a su vez una denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, por lo que varios sectores políticos y sociales piden una reforma al interior de las mismas y que se desarticule el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, señalado de ser el principal responsable de los abusos.

«El uso de la bandera al revés fue un útil símbolo para la visibilización de la sistemática violación de los DDHH de los manifestantes y, a su vez, un llamado urgente y enérgico a organismos internacionales para que intermedien con las desconectadas autoridades nacionales», escribió en Twitter el periodista colombiano Samuel Vargas.

Fuente: Sputnik Mundo