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El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, en declaraciones en la tarde de ayer con FM EL CHUBUT expresó que «cada vez que existe un incendio de magnitud que afecta nuestros bosques nativos, se nombra gente o aparece el nombre de alguien que podría estar involucrado con el origen, especialmente cuando se trata del Parque Los Alerces».

Ongarato recordó que este fue el quinto incendio registrado en el año en la reserva natural. «Los cuatro anteriores habían sido apagados rápidamente y este foco tuvo más desarrollo y terminó en un desastre ya que consumió entre 1.200 y 1.400 hectáreas por un lado y por otro hubo ocho viviendas destruidas por el fuego. Además dos lodge de pesca no pueden funcionar porque el paisaje que tienen es desolador, el fuego les pasó por al lado de sus instalaciones» comentó.
Ante este daño, Ongarato afirmó que «es de esperar que quienes tienen que hacer todas las investigaciones actúen para dar con los responsables y también para evitar que se repitan incendios de este tipo».

Mencionó el intendente de Esquel que el Parque Los Alerces tiene una extensión considerable «y todo el año, no solo en verano, ingresan miles de personas. Algunos hacen fuego para hacer un asado, otros para calentarse de noche en los campamentos. Toman las precauciones con los fogones y no surge ningún problema. Pero en el sector del último incendio, en la zona de Laguna larga hay incendios reiterados todos los años y se habla de los mismos protagonistas, pero uno no tiene pruebas para acusar. Eso debe surgir de la investigación de la justicia por eso esperemos que ese trabajo avance, que la investigación arroje resultados y que terminemos con esta cadena de incendios de todos los años en este mismo lugar con la pérdida que genera un incendio, de masa boscosa y el daño ambiental y ahora se perdieron viviendas de pobladores de la zona, además de los miles de dólares por hora que se gastan para combatir estos incendios» terminó diciendo.

El 31 de enero se reactivará la causa en la que se investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado. Será a raíz de una nueva citación a indagatoria de Nicolás Carrizo, el denominado jefe de “la banda de los copitos”, para que declare en base a los mensajes que se encontraron en su celular luego del peritaje.

La ampliación de su indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo pudo haber tenido lugar a mediados de mes, luego de ser ordenada por la Cámara Federal el pasado 29 de diciembre, voto dividido mediante. Sin embargo, a raíz de las vacaciones del abogado defensor de Carrizo, se aceptó una prórroga.

Fueron los letrados defensores de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Manuel Aldazábal, quienes realizaron el pedido formal a la Cámara Federal para que se vuelva a interrogar a Carrizo a partir del hallazgo de más mensajes en su celular que lo incriminarían.

“Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, fue uno de los primeros textos que encontró la Justicia cuando entregó su celular y se determinó su detención en referencia a Fernando Sabag Montiel, el que gatilló el arma en la cabeza de Cristina Kirchner. En aquella oportunidad, Carrizo se defendió: “Soy de hacer jodas pesadas, no tuve nada que ver”.

No obstante, aparecieron otros mensajes comprometedores con fecha el 1 de septiembre. Recién intentamos matar a Cristina”, “Recordá esta fecha”, “Esta hdp ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto” y “Para que el Gobierno sepa con quienes se están metiendo” fueron algunos de ellos.

Incluso, el día después del atentado, por la mañana, volvió a escribir: “Es un golpe que le dimos al Gobierno” y “esto se va a poner peor”.

A raíz de ello, Carrizo está preso desde el 13 de septiembre al igual que Sabag Montiel y su pareja, Brenda Uliarte, quienes fueron procesados por el delito como coautores de intento de homicidio agravado.

El próximo martes trasladarán a Carrizo desde el penal de Marcos Paz a los tribunales de Retiro para que, nuevamente, preste declaración.

CFK insiste con apartar a la jueza Capuchetti de la causa por el atentado en Recoleta

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a recusar a la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, en la causa por el atentado que sufrió frente a su departamento en Recoleta, con duras críticas a la magistrada a comienzos de mes.

La titular del Senado publicó aquella jornada en Twitter: “En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.

Los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, habían recusado a la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, y semanas atrás plantearon: “El día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los letrados manifestaron en la recusación a la jueza: “Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana”.

Este lunes 12 de diciembre a las 9 de la mañana está fijada por la Oficina Judicial de Rawson la audiencia de apertura de investigación en la causa caratulada “Ministerio Público Fiscal s/Investigación Maltrato Animal – Punta Tombo”, en la que se buscará determinar la responsabilidad por la llamada “Masacre de Pingüinos” ocurrida en el área de Punta Clara entre agosto y noviembre de 2021.

El hecho fue una primicia nacional de ADNSUR, que fue contando con imágenes y datos todos los hechos y además todo el contexto familiar que rodeó al caso. Tal como anticipó esta agencia, el único imputado por la fiscal María Florencia Gómez será Ricardo La Regina, propietario del campo y de la retroexcavadora que pasó por encima de los nidos en pleno período de reproducción y cría.

La Regina será imputado como autor de Daños Agravados en concurso ideal con Malos tratos y actos de crueldad a los animales en concurso real –tres hechos-, según lo previsto y reprimido por los arts. 45°, 54°, 55°, 184° inciso 5° del CP y Artículos 1° y 3° Inciso 7° de la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de crueldad a los animales.

Concretamente, la fiscalía imputará a La Regina los hechos ocurridos entre los días 10 de agosto y 26 de noviembre de 2021, cuando sin autorización previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) produjo daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas del lugar, sito Punta Clara “Estancia La Perla” Lote 20 C de la sección C 3 fracción A y B departamento de Florentino Ameghino, siendo administrador de la mencionada Estancia.

José Manuel Ubeira, el abogado que representa la querella que sigue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se investiga el intento de asesinato que padeció, sostuvo este miércoles que la investigación apunta hacia «las terminales de la extrema derecha del PRO» e insistió en que «no hubo voluntad» de actuar por parte de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente.

«Ahora está claro que no son un grupo de loquitos sueltos o unos muchachos perdidos en la vida. Es un grupo de personas que creemos que responden a determinado tipo de intereses y queremos averiguar la verdad. Esto apunta hacia las terminales de la extrema derecha del PRO», señaló Ubeira en declaraciones a la radio AM 530.

El abogado insistirá este miércoles en una audiencia ante la Sala I de Cámara Federal porteña, en un pedido de recusación para apartar a la jueza Capuchetti de la instrucción del caso

En ese marco, Ubeira señaló que han «presentado muchos escritos» para que se sigan determinadas líneas de investigación, pero aseguró que la jueza «no tomó ningún impulso».

«Si hubiera voluntad investigativa estaríamos intentando encontrar si hubo un esquema de financiamiento en esta causa, pero la división de este proceso en dos causas (una es llevada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga a integrantes del grupo Revolución Federal y la otra es seguida por Capuchetti, quien hace lo propio con el atentado a la exmandataria) fue una división artificial que no tiene ni pies ni cabeza y resultó bancada por la cámara», remarcó.

En tanto, Ubeira señaló que los mensajes que el martes se conocieron y que fueron extraídos del teléfono celular del detenido y procesado Gabriel Carrizo, motivaron una nueva presentación de la querella de la exmandataria.

En ese sentido, la representación legal de Cristina Fernández de Kirchner señaló en un escrito que el ataque del que fue objeto «no estaba destinado exclusivamente a matar a la Vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general».

«Hace aproximadamente un mes que están en la causa estos mensajes por una labor que realizan los organismos vinculados a las fiscalías. La investigación se durmió 30 días y cuando revisamos la causa de cara a esta recusación, nos encontramos con esta novedad. Claramente no había voluntad de investigarlo por parte de la jueza», apuntó Ubeira.

Tras conocer esta información, el abogado presentó un escrito pidiendo incorporar la figura de asociación ilícita al considerar que se encuentran «reunidos todos los requisitos del tipo».

«Nosotros somos muy renuentes a este tipo de calificaciones porque las reparten en Comodoro Py como caramelos en una Kermés. En este caso si se reúnen las condiciones para hacerlo porque estamos ante una organización fundamentalmente destinada a afectar la tranquilidad publica. Buscaban atentar contra el sistema democrático y cometer todo tipo de delitos indeterminados», aseguró.

En tanto, el abogado indicó que aunque aún no se conoce a «quién le mandaba los mensajes» Carrizo, pero advirtió que saberlo es «solo es cuestión de tiempo.

«Corresponde que los otros dos detenidos (Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte» sean indagados junto por Carrizo por asociación ilícita», puntualizó el letrado.

Se anunció una nueva fecha para la apertura de la investigación por el asesinato de Tino John. Será el 16 de noviembre a las 9 hs.

El 27 de mayo 2021 Alejandro «Tino» John murió por un impacto de bala en el marco de un operativo policial en Las Golondrinas. Hoy en día, se cumple un año y cinco meses de ese trágico episodio.

El 20 de septiembre se llevó a cabo la apertura de la investigación por el asesinato de Tino John y, sin embargo, no se pudo concretar.

El móvil económico, el alquiler de un departamento en Recoleta, los celulares de los involucrados, el peligro latente a que alguien pudiese volver a intentar cometer un magnicidio y los posibles autores intelectuales del plan, algunas de la líneas sobre las que trabaja la Justicia y que impulsa la investigación en la causa del atentado contra Cristina.

El posible financiamiento, la planificación previa y el riesgo latente de que alguien vuelva a intentarlo son algunas de las líneas de investigación sobre las que trabaja la justicia y que impulsa la querella en el marco de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del que este sábado se cumple un mes.

Con cuatro personas detenidas y procesadas, entre ellos el agresor Fernando Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte, la justicia intenta avanzar sobre posibles autores intelectuales del plan magnicida, para lo que fueron concretadas medidas de prueba cuyo objetivo trazar perfiles económicos de los imputados y evaluar su conexiones y contactos.

La búsqueda de un departamento en el barrio de Recoleta, donde se encuentra la vivienda de la expresidenta, y los mensajes de Sabag Montiel en los que se refería a su motivación económica para emprender un plan criminal de tamaña envergadura son algunos de los elementos que abrieron nuevas líneas de investigación, según pudo saber Télam de fuentes del caso.

Otro elemento que en los últimos días generó expectativas en los investigadores fue el avance en el peritaje del teléfono del atacante: fuentes de la investigación aseguraron a esta agencia que se pudo recuperar información que se creía perdida a partir de que el dispositivo Samsung se había reseteado cuando la Policía Federal intentó abrirlo en el comienzo de la pesquisa.

El móvil económico

Un mensaje de Whastapp escrito por Sabag Montiel el 15 de agosto y detectado por la querella que representan los abogados José Maunel Ubeira y Marcos Aldazaba robusteció la idea de que los atacantes pudieron haber recibido una dinero a cambio de intentar asesinar a Fernández de Kirchner, como así también para hacer inteligencia previa.

«Yo quisiera hacerme el vendedor de copos (de nieve azucarada) y meterle un corchazo», había escrito en un grupo en el que luego, al referirse a su pareja Brenda Uliarte, agregó: «Yo a ella la trato de bajar, pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea».

Esos mensajes fueron volcados en una presentación que hizo la querella esta semana ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo quien, desde el comienzo de la investigación trabajó en la elaboración de perfiles económicos de los imputados, que por ahora no arrojaron mayores novedades.

En ese escrito también se recordaron los mensajes encontrados en el celular del procesado Nicolás Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve, donde Joana Colman, a quien tenía agendada como «Joa», decía: «Por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal, eh».

El departamento

La hipótesis de que los agresores habrían accedido a financiamiento para ejecutar el plan magnicida se vio engrosada además cuando los investigadores encontraron en el teléfono de la detenida y procesada Uliarte información que daba cuenta que habían intentado alquilar un departamento en Recoleta, donde los precios no son accesibles.

Fuentes de la investigación señalaron que se halló un video de un departamento que le habría sido enviado quien intentaba darlo en alquiler por lo que, por estas horas, la fiscalía intenta reconstruir ese contacto con el objetivo de obtener algún testimonio que permita profundizar esa línea de investigación.

El abogado Ubeira, por su parte, reveló el jueves último en una entrevista con el programa Minuto 1, de la señal de noticias C5N, que ese departamento no estaría ubicado frente a la vivienda de la vicepresidenta sino a varias cuadras, más cerca de la Avenida Callao.

Los celulares

La investigación avanzó a lo largo del primer mes sobre información surgida de los teléfonos celulares secuestrados en la causa: los dos principales fueron el de Uliarte y el de Carrizo, el líder de la banda de los «copitos» -como los mencionan en la justicia- que se presentó junto con ella el 2 de septiembre en una entrevista que le dieron a Telefé.

En el teléfono de Uliarte los investigadores se encontraron, por ejemplo, con las conversaciones que mantuvo con la también detenida Agustina Díaz con la quien desde hacía meses comentaba su intención de matar a la vicepresidenta y en los días posteriores al ataque hablaron sobre borrar el contenido de su celular para evitar ser alcanzada por la justicia.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria trabaja por estas horas, por orden de la jueza Capuchetti, sobre el contenido de una decena de teléfonos secuestrados entre los que están los de Uliarte, Carrizo, Díaz y los obtenidos en las últimas horas: el de «Joa» y el de Jonatan Posadas, «Jony White», a quien Carrizo le manifestó del plan de matar «al jefe de la Cámpora».

Así, lo indicaron desde el Instituto de Conservación de Ballenas, al detallar que fueron 7 los animales hallados y que no presentaban lesiones ni encallamiento. La principal hipótesis es el consumo de toxinas.

El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) emitió un comunicado este jueves respecto a la aparición de ballenas muertes en el Golfo Nuevo, frente a Puerto Pirámides; y dio detalles de los trabajos iniciados para determinar las causas de los decesos.

Hasta la fecha, 29 de septiembre, se han detectado 6 ballenas adultas hembras y un individuo subadulto macho, totalizando 7 ejemplares muertos durante los últimos días en aguas del Golfo Nuevo, en cercanías de Puerto Pirámides. Desde el Instituto de Conservación de Ballenas compartimos el trabajo realizado hasta el momento por el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral en conjunto con otras instituciones.
El equipo del ICB, a través del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral (PMSBFA), se encuentra trabajando en las necropsias de las ballenas francas australes y colaborando con otras instituciones y especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CENPAT y el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental. El objetivo más urgente es realizar los estudios post-mortem (necropsias) de las ballenas encontradas, recolectar y analizar muestras de agua y bivalvos para determinar la presencia de biotoxinas por floraciones algales nocivas (comúnmente llamadas marea roja), que es una de las hipótesis que están siendo evaluadas en relación a la muerte de las ballenas.

La Dra. Marcela Uhart, Co-Directora del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, explica que: “Los eventos con un número inusualmente alto de ballenas adultas muertas en un corto periodo de tiempo y en una misma área, pueden ser indicadores de variables ambientales locales que contribuyen a la muerte de las ballenas”.

Por su parte, Agustina Donini, Coordinadora de Campo del Programa, detalló: “Ninguna de las ballenas evaluadas hasta el momento presentó evidencia de lesiones traumáticas ni enmallamientos, y todas se encontraron con muy buen estado nutricional, con evidencia de contenido intestinal en algunos ejemplares, indicando su alimentación reciente dentro del golfo”.

Finalmente, el Dr. Mariano Sironi, Director Científico del ICB, resaltó: “Durante 2021, del total de 45 ballenas francas muertas en las costas de Península Valdés registramos 7 juveniles y 13 adultos. En contexto, si bien el número de ballenas adultas muertas de esta temporada aún es menor al de la temporada pasada, es preocupante que las muertes se hayan registrado en un período de tiempo tan corto”.

Continuamos activamente con la investigación para identificar las posibles causas asociadas a estos decesos en estrecha colaboración con otros investigadores y las autoridades provinciales correspondientes.

Mientras tanto, la temporada continúa con muchas ballenas en las bahías de Península Valdés, y esperamos que quienes se acercan a visitarlas puedan disfrutar de la presencia de estos animales magníficos en nuestras costas

Marcelo «Teto» Medina (59) ya está libre. Pasó seis días detenido en la causa por denuncias de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir». Al salir de la DDI de Quilmes, Medina agradeció emocionado y aseguró: «Soy un buen tipo, soy inocente».

«La causa va a seguir su curso. Está todo perfecto. Agradezco la liberación. No voy a abandonar la recuperación de chicos con adicciones», anunció el conductor televisivo, en unas breves declaraciones a la prensa en plena calle.

También cuando lo liberaron -alrededor de las 18.30- les agradeció al juez y a Adrián Tenca, su abogado. Extendió el saludo a sus fans y a los periodistas, al borde de las lágrimas.

«Les agradezco a ustedes, a la televisión, de corazón. Ustedes eran mis amigos, estuve siete días solo. Estoy a derecho. Hubo uno que el 23 de septiembre cumplió años y lo festejó delante de la comisaría. No sé quién es, me salvó la vida», expresó Medina.

Además, el ex comediante afirmó: «Soy un buen tipo, esto nunca lo viví». Y reiteró sobre su tarea con jóvenes que se recuperan de adicciones: «A los chicos y a las madres les digo que voy a seguir dando las charlas motivacionales».

El juez de Garantías N° 8 de Florencio Varela, Adrián Villagra, le otorgó la «excarcelación extraordinaria» junto a otros 10 acusados, que de todas formas seguirán siendo investigados.

El conductor televisivo había sido arrestado el jueves 22 de septiembre en su departamento de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización y reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país.

Antes de la liberación de su cliente, Tenca habló de una «mano negra» para impulsar esta investigación y advirtió que el fiscal Daniel Ichazo, a cargo del expediente, «puede haber sido engañado».

Además, confió que Medina seguirá haciendo su mismo trabajo, pero no prestará servicios en «La Razón de Vivir» porque está imputado en la causa.

«Hace con mucho amor y con mucho esmero. Cada cosa que se le cruza en su camino lo ve como una piedra a superar, calculo que va a volver a hacer lo mismo él», detalló.

Asimismo, aclaró que el ex humorista vive con su esposa y que «contención afectiva tiene de todos lados y la gente lo adora».

La medida benefició también a Rubén Ernesto Durán, Rosana Elizabeth Gómez, Tatiana Lorena Lanza, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Fabiana Edith Canal, Valeria Fernanda Miceli, Damián Alberto Fernández Cáceres, Federico Risso Patrón y Sonia Elizabeth Córdoba.

El juez, en tanto, les impuso la obligación de presentarse el primer martes de cada mes al juzgado y les dictó la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas del caso. Tampoco podrán ir a las quintas donde funcionaba la organización.

En tanto, seguirán detenidos Néstor Ezequiel Zelaya, Mariano Jorge Luis Torchia, Jorge Alberto Basílico y Eduardo Humberto Zelaya.

Néstor Zelaya es el director de la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir» y está previsto que este jueves declare a las 11 en la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, en Berazategui.

Además, brindarán su testimonio 22 personas que «refieren todo lo contrario a lo que se construyó en esta denuncia», según confirmó el abogado defensor Marcelo Biondi. Y señaló: «Pedí la ampliación de declaratoria de Zelaya porque el viernes lo hice negarse a declarar ya que me dieron acceso al expediente en ese momento y no tuve tiempo de verlo».

Sobre los 22 testigos, dijo que «son gente recuperada de la quinta y familiares que, obviamente, refieren todo lo contrario a lo que se construyó en esta denuncia». Al tiempo que consideró que «no tienen sustento probatorio con estas calificaciones legales graves».

En cuanto al contenido del expediente, Biondi sostuvo que todo lo que se dice sobre tantas horas de escuchas telefónicas, que trascendieron en los medios, «no sostienen bajo ningún punto de vista una asociación ilícita, una reducción a la servidumbre, ni el abandono de persona».

La declaración de «Teto» Medina

Ante el fiscal Ichazo, el ex humorista e integrante de VideoMatch se defendió, dijo que sólo daba charlas y realizaba videos. “Siento que estoy acá por TikTokero”, deslizó.

«Yo hace tres años decido internarme por mi adicción, y termino mi tratamiento y empiezo a hacer un ambulatorio (…). Yo quería hacer algo con esto, mi internación no me gustó y pensé que era un buen tratamiento haciéndome cargo como viví yo mi error», comenzó la declaración del pasado viernes.

«Ahí empecé -siguió contando Medina- y encontré una manera de hacer mi tratamiento dando charlas en comunidades terapéuticas, de hecho trabajo en 15 aproximadamente. En todas estas comunidades hago lo que hago en La Razón de Vivir. Yo publico TikToks de los chicos, de la charlas, con un fin muy concreto: que el chico que está en su casa y tenga vergüenza, pida ayuda y no se drogue».

Ante la consulta del fiscal sobre su rutina en el día a día de la comunidad investigada, dijo: «Iba a La Razón de Vivir solamente los martes de 11 a 5 de la tarde. Mis tareas a cumplir eran charlas motivacionales, almuerzo con los chicos, y programita de Facebook Live donde los chicos contaban sus experiencias a las 3 de la tarde. A las 5 me iba. En todas las comunidades hacía exactamente lo mismo».

Y concluyó: «Empecé cobrando 4 mil, después 8 mil y luego 12 mil, siempre por charla y una vez por semana. Desconozco el funcionamiento de la casa, pero todas estas acusaciones no me constan porque no vi ninguna».

Se conocieron nuevos avances en la investigación que lleva adelante la Unidad Anticorrupción y que tiene en la mira a Federico Massoni por Administración Fraudulenta Agravada durante su paso como Ministro provincial.

La denuncia contra Federico Massoni la realizó Luis Suárez, integrante de la fuerza policial, ante el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez. Según la denuncia inicial, Massoni habría realizado “las maniobras administrativas necesarias para privatizar las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía del Chubut”, causando además un perjuicio económico para el Estado.

Massoni hizo declaraciones públicas manifestando que realizó una vindicación en sede judicial para ser investigado, aunque eso no habría terminado del todo bien, ya que ahora, la situación del ex Ministro se complicaría por el aporte de nuevas pruebas y testimonios que se presentaron a través de una ampliación de denuncia.

Mediante este proceso, Suárez insta a la fiscalía a que se soliciten las investigaciones internas que habría desarrollado la propia fuerza policial en los últimos meses ante la sospecha de irregularidades en la gestión de Federico Massoni como ministro de Seguridad. Estos mismos hechos habrían sido motivo de diversas investigaciones también por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Asimismo, Suárez en su ampliación de denuncia relata irregularidades respecto a la utilización de once vehículos de la fuerza policial para cumplir funciones en las plantas verificadoras, que deberían estar disponibles para el servicio de seguridad ciudadana “función principal de la fuerza policial”, relató.

Por último, el documento brinda detalles sobre los montos estimados de ganancia que tendrían las plantas de verificación en los últimos dos años, cifra que rondaría los $600.000.000 millones de pesos, ganancias que se habrían facilitado por las gestiones de Massoni que ahora están siendo investigadas.

El exintendente está en la ciudad para declarar en la causa que lo acusa por lavado de activos, doblemente agravado por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública.

El exintendente Néstor Di Pierro participa este martes de una audiencia como imputado en la Cámara de Federal de Comodoro Rivadavia, a partir de la apelación planteada por su defensa contra el procesamiento que le había dictado la jueza Eva Parcio, por el delito de lavado de activos doblemente agravado, por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública, según pudo saber ADNSUR en ámbitos judiciales.

Además de Di Pierro, están imputados en la causa los empresarios Ernesto Rey, Héctor Pagano, los hijos y la esposa del ex funcionario municipal, con distintos grados de participación, en una serie de presuntos ilícitos que son investigados desde el año 2014 por la justicia federal de esta ciudad.

El procesamiento se produjo luego de que se tomó la declaración indagatoria a los imputados, cuando debieron responder sobre fondos y propiedades en su poder, sobre las que no pudieron justificar de manera fehaciente el origen de las mismas.

La audiencia que comenzó esta mañana en la Cámara Federal se originó en el planteo de la defensa, que apeló el procesamiento, por lo que en esta instancia se deberá resolver si se confirma o si continúa la investigación, que en caso de ratificarse quedaría en la etapa final, previo a la elevación a juicio oral y público.

La imputación prevé penas de más de 10 años de prisión

El delito por el que fue procesado el ex intendente, junto a empresarios y familiares, aunque con distintos grados de participación, es especialmente grave.

El artículo 303 del Código Penal prevé que prisión “de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.

La norma prevé agravamientos en el mínimo y el máximo, para el caso de que el acusado hubiera cometido los hechos durante el ejercicio de la función pública, como sería en este caso en caso de corroborarse los hechos. Y además, porque se imputa la participación en una asociación ilícita, que sumaría, eventualmente, otras penalizaciones.

Dictamen de la PROCELAC

Tal como ha informado ADNSUR, la investigación abarcó distintas etapas, entre ellas la que involucró en 2018 la intervención directa de la PROCELAC (Procuraduría para el Lavado de Activos).

En aquel momento, el organismo consignó que los hechos bajo investigación se vinculaban a la compra venta de terrenos municipales, sobre los que se promovía “la investigación por evasión de tributos y blanqueo de capitales”, vinculado a “un grupo de personas que se dedicarían al cambio de cheques con descuento, actividad por la cual harían circular grandes cantidades de dinero por fuera del sistema bancario, sin respaldo contable y sin pagar los tributos correspondientes.

“Al mismo tiempo –añadía aquel dictamen de la Procuración-, parte de ese dinero sería ‘blanqueado’ a través de la emisión de facturas y otros documentos comerciales que no reflejarían la realidad económica”.

La investigación había motivado años atrás, en 2015, un allanamiento ordenado por la jueza federal Eva Parcio en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, además de empresas de la zona, como también la emisión de exhortos internacionales para determinar la existencia de cuentas en el exterior.

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