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El proyecto de ley empezará a ser tratado este martes en en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, con la presencia de funcionarios del gabinete de Javier Milei.

El proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» , mejor conocido como Ley Ómnibus, comenzará a debatirse este martes en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Se espera la presencia de funcionarios del Gobierno de Javier Milei para responder las inquietudes de los legisladores en torno a los alcances de esa norma.

La ley propone una serie de reformas en distintas áreas, como por ejemplo el cobro a estudiantes extranjeros sin residencia en las universidades públicas, aumentos por decreto para jubilados, privatización de empresas estatales, y la modificación de la ley de pesca, entre otros.

El debate del proyecto comenzará este martes a las 14 horas con un debate en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, y contará con la exposición de funcionarios del Gabinete, según publica Minuto Uno.

Durante la primera jornada está previsto que se haga presente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo para hablar de los alcances  entre las 14 y las 17 horas, mientras que el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, haría lo mismo entre las 17 y las 20.

Los diputados continuarán trabajando en el plenario de esas comisiones de 9 a 20 durante el miércoles, en un cronograma acordado por los titulares de esos tres cuerpos parlamentarios, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz y el de Avanza Libertad, José Luis Espert, que contará con la presencia de la mayoría del resto de los ministros.

No se descarta que haya una tercera reunión el jueves por la mañana con la presencia de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

Con sólo 38 legisladores, La Libertad Avanza necesitará establecer acuerdos con otros bloques de la oposición para avanzar en esa norma, que aspira a aprobarla antes del fin de las sesiones extraordinarias, que concluyen el 31 de enero próximo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno realizará cambios en los artículos de la ley ómnibus que habían generado preocupación en el sector pesquero y en las provincias patagónicas. El anuncio fue realizado luego de una reunión realizada este mediodía en Casa Rosada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

De acuerdo a la visión del funcionario, hubo una interpretación errónea de las reformas planteadas por el proyecto que comenzará a ser debatido la próxima semana en el Congreso. “El espíritu es muy claro y se había creado una confusión sobre el sentido de las 200 millas que son para la pesca nacional”, reconoció Francos.

Infobae había anticipado que la redacción del artículo 245 de la ley implicaba de acuerdo a la lectura del sector el fin de la Zona Económica Exclusiva. “Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”, plantea.

El inciso en cuestión modificaba de raíz el artículo 24 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la ZEEA (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente. El intendente Montenegro hoy habló con Infobae y alertó sobre las consecuencias que ya se sienten por la iniciativa nacional, particularmente en la industria naval. “Hoy nadie te va a fabricar un barco, se frenó eso. Y en la pesca, si se aprueba, los efectos serán inmediatos”, dijo.

Antes de esa declaración, cinco gobernadores de diverso origen partidario pero unidos por su origen -todos del sur argentino- se expresaron esta semana en contra de las modificaciones que plantea la “Ley Ómnibus” en materia pesquera. Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidieron en tres ejes principales que “afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

Marcha atrás

“Ayer hablamos con (Federico) Sturzenegger y dijo que es posible que haya que revisar lo de la pesca, y que si hay algo que modificar, el Congreso lo tratará”, sostuvo esta mañana el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, que acaba de asumir el cargo tras la salida de Belén Stettler, en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Se refería al asesor de Milei en temas económicos, ex presidente del Banco Central durante el macrismo, que tuvo un rol central en la redacción del proyecto.

Fue la segunda manifestación en esa línea que se había producido de parte del gobierno de Milei debido a las múltiples críticas que surgieron sobre en torno a esa medida. Es que también el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó que había predisposición a discutir y aceptar reformas que eviten daños a una industria clave para la costa atlántica argentina.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la habitual conferencia de prensa habló sobre la intención del gobierno de Javier Milei de modificar la actual ley de pesca.

“En el caso de la pesca, creemos que la actividad está por debajo de su punto óptimo y que con esta apertura la actividad puede crecer y no que haya una pérdida de empleo. La propia ley garantiza que quienes están operando lo sigan haciendo bajo las condiciones actuales”, manifestó.

Y confirmó que “estamos abiertos al diálogo y a discutir no solo ese punto sino cualquier otro que pueda generar alguna controversia. Tenemos mucho expertise pero como cualquier ser humano uno puede cometer alguna cuestión a corregirse”.

En este contexto, este jueves al mediodía, el ministro Guillermo Francos se reunirá con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, para hablar sobre las reformas pesqueras. El encuentro lo gestó el propio Torres y será en la Casa del Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires.

SUSPENSIÓN DEL DNU

Por otro lado, el vocero presidencial confirmó que la Procuración del Tesoro de la Nación apelará la medida cautelar de la Cámara del Trabajo que suspende el capítulo laboral del DNU dictado por el Gobierno, y pedirá la incompetencia de ese fuero.

“Voy a recordar algunos de los puntos que la medida suspende: se eliminaban penalidades para el empleador, en el caso de relaciones laborales mal registradas. Se modificaba la presunción de existencia de relación laboral, esto afectaba a monotributistas o quienes los contrataban temían por un futuro juicio laboral complicando esa relación”, dijo.

Y recordó que “Se extendía el período de prueba de 3 a 8 meses fomentando la contratación de empleados”. Y también “se permitía que además del sistema de indemnizaciones las partes puedan acordar algún otro mecanismo de capitalización, acuerdo libre entre las partes iba a permitir que la contratación o que de menos miedo el hecho de contratar a una persona”.

«Se permitía que un trabajador independiente pueda tener hasta 5 personas trabajando para él sin que esto constituya una relación laboral. Para nosotros es fundamental que el empleado tenga mayor libertad y el empleador tenga menor temor a contratar”, mencionó finalmente entre otras de las modificaciones.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, se refirió al conflicto gremial que devino en una negociación paritaria, sobre la cual se estableció la conciliación obligatoria y el retorno de la actividad. Además, analizó las implicancias de las modificaciones a la actividad pesquera en la Ley Omnibus girada por el Gobierno Nacional al Congreso, y consideró que la propuesta «es muy dañina para nuestra región».

En diálogo con FM EL CHUBUT, el funcionario se refirió a la negociación paritaria y explicó que «fue una jornada bastante compleja, en la cual hubo varias reuniones y no hubo entendimientos; finalmente, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y el gremio la acató, con lo cual la flota pudo salir a pescar y las descargas se pueden realizar». Sin embargo, recordó que «lo que va a suceder es que tenemos un lapso de 15 días, en los cuales las partes tienen que negociar para llegar a un acuerdo y que no vuelva a suceder lo que pasó anteriormente, con lo cual desde el Gobierno vamos a instar a las partes a que no transcurran quince días ‘como si nada’, sin que haya negociaciones, sin que conversen, sino que, si las reuniones tienen que ser diarias, que lo sean hasta arribar a un acuerdo».

CONFLICTO SALARIAL

Consultado sobre la medida de fuerza que el gremio llevó adelante la semana pasada y si la misma está fundamentada en un reclamo salarial, Arbeletche precisó: «El conflicto arrancó, primero, por una cuestión de Seguridad e Higiene; el sindicato pedía elementos de protección, faja, ropas, y después (el reclamo) terminó mutando y siendo una cuestión salarial, con lo cual tengo que llegar a la conclusión de que, efectivamente, es una cuestión meramente salarial».

Sobre el rol de la Secretaría de Pesca en el conflicto de partes, Arbeletche remarcó: «Ell Gobierno lo que hace es mediar, dada la importancia de la actividad. No podemos dejar que sea solamente la cuestión entre privados y no participar. De hecho, el secretario de Trabajo estuvo activamente en todas las reuniones y yo desde Pesca también, ya que es una cuestión que afecta a toda la actividad. Por ese motivo es que no dejamos a las partes liberadas, sino que asistimos, tratamos de mediar, de conciliar, de acercar las posiciones».

«MUY BUEN PRONOSTICO»

«La actividad se reanudó y tenemos un muy buen pronóstico de clima: venimos con capturas récord, superando las del año pasado, con lo cual espero y estimo de que van a ser muy buenas las capturas de estos próximos días. El recurso es el que está saliendo, óptimo para la comercialización. En primer lugar hay mucha abundancia de recursos, lo cual es muy bueno en cuanto al denominado (langostino) L1, L2, L3, por el tipo de talla, es decir, la medida. Cuanto más grande es el langostino, más valioso está saliendo; no la cantidad suficiente de L1, que es el más grande, sino bastante más de L2, pero de todas formas sigue siendo una muy buena temporada», apuntó el secretario de Pesca.

En cuanto al sector en la que se lleva adelante la actividad, Arbeletche detalló que se está pescando «en el área que se denomina ‘norte y norte’, que es básicamente donde pescan siempre; luego, haremos prospecciones un poco más hacia el sur, como se hizo al inicio de la temporada, lo cual había arrojado resultados muy malos, pero para tener un conocimiento de cómo está el recurso».

LEY OMNIBUS

«Desde la Secretaría de Pesca, a veces pedimos a los barcos que cambien la zona de pesca para saber cuál es el estado del resto. Y, como si no fueran pocos, los problemas han aparecido con algunas modificaciones que plantea la Ley Omnibus en cuanto a la Ley de Pesca. La reforma propuesta es realmente muy dañina para absolutamente todos los actores de la actividad pesquera, es decir, para los empresarios, para los trabajadores, para los constructores de buques y para las provincias, también», analizó. Y agregó: «Estamos convencidos de que el Gobierno Nacional va a modificar este proyecto de ley, o no se aprobará. Hay buen diálogo, hay buen entendimiento, con lo cual es muy probable. Tengo una gran certeza de que esto se modifique y que no pase el Congreso».

REUNIONES EN PUERTA

«Los daños que trae esta reforma son comunes para toda la región patagónica, pero también para la provincia de Buenos Aires, que se ve exactamente igual de afectada que nosotros. Lo que provoca esta reforma es que los barcos puedan pescar y no descargar en nuestro puerto, que puedan descargar en el extranjero y que pueda hacerlo un buque nodriza con tripulación extranjera, o incluso un barco extranjero, que con el solo hecho de comprar un permiso de pesca sería suficiente. Entonces, esto traería aparejada la destrucción del trabajo en tierra. Todas las plantas que hacen valor agregado, que procesan y exportan, no tendrían materia prima, con lo cual es muy, muy dañino», reflexionó el titular de Pesca de Chubut.

Por último, Arbeletche anticipó: «Tenemos pactadas reuniones, como también en relación al aumento de las retenciones, que es otro factor que perjudica muchísimo las exportaciones. Hay algunos productos que directamente no se van a poder procesar ni exportar por el aumento de las retenciones, porque los hacen económicamente inviables».

El gobernador Ignacio Torres participó este martes de una reunión en la Capital Federal con sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los mandatarios se posicionaron en contra del articulado del proyecto de «Ley Ómnibus» enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, que pretende modificar la Ley de Pesca actual.

Los mandatarios consideraron que de concretarse las modificaciones contempladas en la iniciativa, «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».

Las críticas fueron expresadas en un comunicado conjunto de los mandatarios, el cual aborda 3 ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.

En primer lugar, plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922- que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.

El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.

“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios patagónicos.

Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.

“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores.

Los mandatarios señalaron además, que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca “provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras”.

Por último, remarcaron que “las medidas anteriormente señaladas, aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero”, teniendo así como resultado “una menor recaudación por parte del Estado Nacional».

“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, sostuvo el abogado del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata.

El Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó este jueves en la justicia una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto presidencial que deroga la llamada Ley de Tierras al advertir que habilita «la extranjerización de la tierra» y pone en crisis la «soberanía nacional» al punto que implicaría «poner un cartel de venta a nuestra Patagonia».

Así lo indicó este jueves el abogado patrocinante del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, al explicar que en la presentación judicial pidió que se anule el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga la Ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

A partir del decreto, pasarían a estar disponibles para su venta los campos argentinos, cursos y ojos de agua poniendo en riesgo la soberanía nacional sobre sus recursos, sostuvo el CECIM platense

Los argumentos interpuestos por el CECIM refieren a que el DNU «violenta derechos y garantías constitucionales» al modificar una ley nacional de rango superior y «dejando prácticamente sin efecto lo dispuesto por la mencionada Ley de Tierras, que reviste carácter de orden público».

“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, añadió el letrado.

Y, agregó “se trata de dinámicas latifundistas que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad y disposición del suelo argentino, sino también, los ojos y/o cursos de agua dulce”.

A partir del decreto, pasarían a estar disponibles para su venta los campos argentinos, cursos y ojos de agua poniendo en riesgo la soberanía nacional sobre sus recursos, sostuvo el CECIM platense.

“Estamos asistiendo a la vocación de permitir, mediante la supresión del ordenamiento jurídico de orden público vigente, la extranjerización de la tierra, el despojo soberano, ahora por mera voluntad unipersonal del Ejecutivo”, dijo el abogado.

Y concluyó: “Si la usurpación británica de 1833 nos genera indignación visceral, pensemos qué debe generarnos y cómo nos sentimos frente a este artículo 154 del Decreto 70/23 que, materialmente, implica poner un cartel de venta a nuestra Patagonia, a nuestros campos, a los cursos de agua, a los ojos de agua”.

El Gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, comenzará la semana con una batería de anuncios ligados a la obra pública, la austeridad y las cuencas maduras.

En este sentido, el mandatario presentará uno de los proyectos de ley que anticipó durante la campaña electoral, y que ratificó el día de su asunción, que es el de una ley de Transparencia en la Obra Pública.

Obra Publica

La iniciativa se enmarca en una serie de obras inconclusas y otras prioritarias; entre ellas, la doble trocha que separa a las localidades de Trelew y Puerto Madryn, que lleva 17 años sin ser terminada; el aeropuerto de Esquel y la Ruta Nacional 40, sobre la cual distintos sectores de la sociedad han pedido premura respecto de su reparación.

Para terminar dichas obras «hay que recuperar la plata, y para recuperarla, hay que mostrarle a la Justicia quien se la robó», planteó el Gobernador de manera contundente días atrás, al abordar la temática que también alcanza a la reconstrucción de la Casa de Gobierno, todavía sin terminar.

Vehiculos

Por otra parte, el Gobierno avanzará en las distintas medidas de austeridad anticipadas recientemente. Esta semana entregarán diez vehículos que forman parte del Parque Automotor de la Legislatura, a la Policía del Chubut, para que los mismos sean designados en distintas jurisdicciones -en su mayoría comunas rurales- donde hoy son necesarios para tareas de patrullaje, prevención y persecución del delito.

Cuencas Maduras

En otro orden, si bien la fecha aún no ha sido confirmada, esta semana arribarán a la provincia de Chubut, los gobernadores de Santa Cruz y de Neuquén, Claudio Vidal y Rolando Figueroa, para reunirse con Ignacio Torres, en el marco de un abordaje conjunto respecto de las cuencas maduras, y un eventual proyecto de ley ligado a las áreas no explotadas por YPF. Días atrás, Torres había advertido que «en nuestra provincia hay áreas que YPF no explota, y si esto se mantiene así vamos a quitarle a YPF esas áreas».

«Las provincias somos dueñas de nuestros recursos, y no podemos permitir que estén ociosas zonas que pueden generar trabajo y divisas», agregó, determinando que «si YPF sigue sin explotar esas áreas, vamos a abrir el juego con otras empresas». «Nuestra obligación como provincia es explotar todas las zonas posibles, para así generar trabajo, exportar y asegurar el ingreso de divisas», planteó.

La Legislatura del Chubut se encuentra trabajando en comisión en un proyecto de ley de «Neutralidad en la Administración Pública», presentado por la diputada María Andrea Aguilera en mayo de este año.

Puntualmente, el Proyecto de Ley N° 43/23 fue tratado este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

Este proyecto tiene como eje central que en todas las dependencias del Estado se prohíba el culto a la personalidad y no se utilice al Estado como una herramienta en la competencia electoral.

Además, otra propuesta sobre la que trabajaron los diputados en la Comisión fue el Proyecto de Ley N° 103/23 de autoría del diputado Juan Horacio Pais, sobre el Sistema de Contrataciones del Sector Público.

Se resolvió, a los efectos de continuar con el tratamiento de esta iniciativa, convocar a audiencias públicas legislativas.

La Comisión es presidida por Aguilera, e integrada además por Sonia Cavagnini; Emanuel Coliñir; Gustavo Martín Fita; Paulina Hogalde; Daniel Alberto Hollmann; Juan Horacio Pais; Antonio Rubia y Sandra Willatowski.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un protocolo de mantenimiento del orden público que contempla una serie de medidas para evitar los piquetes en todo el país.

“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, advirtió la funcionaria del gobierno de Javier Milei. En este contexto y durante una conferencia de prensa, desde la Asamblea No a la Mina de Esquel afirmaron tras la lectura de un documento que seguirán movilizándose los días 4 de cada mes como lo hacen desde al año 2002.

En este sentido, señalaron que hacen público esta definición luego de evaluar el protocolo emitido desde el Ministerio de Seguridad de Nación y remarcaron que “cada movilización que desde el No a la Mina se realiza en paz y en ellas participan con compromiso y alegría, adultos, adultos mayores, jóvenes, niños y familias enteras”.

ndicaron “vemos con preocupación esta medida porque implica una amenaza concreta e injustificada a nuestra integridad física, así como una restricción arbitraria a la libertad de expresión y al derecho a la protesta”.

Siguiendo, expresaron que “en su contenido, la nueva normativa incita a las Fuerzas a incurrir en avances indebidos hacia las personas”. Y agregaron que el protocolo es “una herramienta anticonstitucional e ilegal”. 

Por lo tanto, en este contexto convocaron a las autoridades locales y provinciales “a garantizar en forma plena la integridad física, el derecho de libertad de expresión y el derecho a la protesta”.

La Ley de Abastecimiento fue sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en el 2014. La norma habilita al Poder Ejecutivo a determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos.

También incluye la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos, en caso de desabastecimiento o escasez. También otorga la potestad al Gobierno a establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas.

Durante la última reunión de las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), el secretario de Comercio Pablo Lavigne transmitió la decisión oficial de avanzar en la derogación de la Ley 20.680.

La ley autoriza a la Secretaría de Comercio a “imponer sanciones frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales”.

Además, el Estado tiene la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia -como era el caso del programa Precios Cuidados, desactivado por el nuevo gobierno-, y márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio).

La ley determina que, eventualmente, el Estado puede sancionar con multas, clausuras, etc., a las empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios, acaparen mercadería o materia prima, destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta, entre otras situaciones.

LEY DE GÓNDOLAS Y OBSERVATORIO DE PRECIOS

Se prevé que la ley ómnibus que prepara Federico Sturzenegger, extitular del Banco Central, incluya la eliminación de tres leyes que forman parte de los reclamos más habituales en las empresas de consumo masivo: las de Abastecimiento, la del Observatorio de Precios, y la de Góndolas.

El Observatorio de Precios fue creado a fines de 2015 con el objetivo “monitorear, relevar y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en el país”.

Por otro lado, la Ley de Góndolas, promulgada en 2021, obliga a los supermercados a señalizar en góndolas físicas y virtuales los productos fabricados por pequeñas empresas y los productos con el menor precio en categorías de consumo habitual.