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El senador nacional de Juntos por el Cambio, Nacho Torres, intervino durante la exposición del Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luis Manzur, en el Congreso de la Nación y exigió «que se dejen hacer los distraídos y se ocupen de la crisis educativa en Chubut».

Durante el informe de gestión realizado por José Luis Manzur en la cámara alta del Congreso Nacional, el Senador de Chubut intervino para recordar la difícil situación que se vive en un contexto de crisis educativa en Chubut y exigir al ministro que eleve la situación de manera urgente al Presidente de la Nación.

Al respecto, el Senador Torres dijo «No tiene ningún sentido hablar de futuro si un Estado benefactor no puede garantizar lo mínimo e indispensable a la ciudadanía como lo es la educación para los más chicos», y agregó: «Aunque parezca mentira, en Chubut, una de la provincias más ricas de la república Argentina, hace más de cinco años que no tenemos clases de manera regular por la mentira, la demagogia y la corrupción».

Además recordó que hace unos días atrás presentó un proyecto de ley para crear un fondo especial por emergencia educativa, que permitirá hacer frente a distintas contingencias que pongan en peligro la continuidad del ciclo escolar de los chicos en cualquier provincia.

«Hay una responsabilidad solidaria por parte del gobierno nacional por haberle dado la espalda a este conflicto durante tanto tiempo, en reiteradas ocasiones pedimos que el gobierno nacional intervenga de manera urgente porque debería ser prioridad», dijo.

Y agregó: «por eso tengo la necesidad y la responsabilidad de hacer propia la voz de los docentes, alumnos padres organizados, y exigirle al Jefe de Gabinete que eleve este pedido de una vez por todas al Presidente de la Nación para que este conflicto se solucione y no sigan hipotecando el futuro de nuestros chicos».

El secretario general del gremio SITRAED, Gerardo Carranza se refirió a la reunión que se dio el último jueves con el gobierno de la provincia, en donde se habló sobre la recomposición salarial para el sector docente, además del tema infraestructura, otro de los reclamos centrales de las instituciones gremiales. El dirigente resaltó que desde el sindicato que conduce pidieron al gobierno que se modifiquen los términos de la propuesta, fundamentalmente, que haya un incremento del porcentaje propuesto como incremento salarial.

En primer término, Carranza trazó un balance sobre el encuentro de este jueves con el gobierno de la provincia: “el balance es comparar con lo que fue la primera reunión, el 29 de enero en Comodoro, donde el gobierno había ofrecido un exiguo cinco por ciento de aumento a abonarse con los haberes del mes de abril. Este jueves vinieron con una propuesta distinta, un dieciocho por ciento segmentado en tres pagos, en abril, mayo y junio. Para nosotros esto es un cambio, porque ahora hablamos de un dieciocho por ciento acumulativo; sin embargo, sigue siendo insuficiente. Hemos pedido que adelanten al mes de marzo la primera etapa y que se mejore el porcentaje. Ahora, esperamos que ellos tomen en consideración nuestro planteo y que nos convoquen a una nueva reunión, nosotros sugerimos que sea el próximo 16 de febrero”, detalló el sindicalista.

Infraestructura escolar: escuelas puntuales y un compromiso del gobierno

Durante la reunión de este jueves, desde el gobierno provincial se comprometieron a presentar un nuevo informe sobre la situación de las escuelas y los avances hechos en materia de reparaciones y ampliaciones. Sobre este tema, Carranza fue claro al plantear que “hay casos puntuales de obras que todavía no están iniciadas, nosotros pedimos al ministro Aguilera que vuelva a dar un informe de la situación el próximo lunes. Yo no voy a ser el que establezca la duda o certeza de lo que son actos ajenos, pero se supone que si el gobierno tiene interés, como lo tiene toda la sociedad, de que las clases empiecen con alguna normalidad después de tantos años de ciclos irregulares, ellos tienen la voluntad de poder hacerlo”.

“Nosotros tenemos una responsabilidad, que es lograr mejoras en el salario de los compañeros. La realidad es que los salarios deberían ganarle a la inflación, pero todos sabemos lo que viene ocurriendo en este último tiempo. Venimos de un escenario que no es por nadie desconocido, tenemos que empezar a transitar el recupero del salario, y además, tenemos que empezar a acercar posiciones”, cerró Carranza.

Mauricio Lucero y Roberto Neme se refirieron a la situación epidemiológica, brindaron recomendaciones y contaron qué va a pasar con los próximos shows y recitales programados en la ciudad.

Ayer a la mañana el director del Hospital de Puerto Madryn, Mauricio Lucero, brindó una conferencia junto al sub-secretario de Atención Primaria de la Salud del Municipio, Roberto Neme. Hicieron un análisis de la situación epidemiológica actual y pidieron “llevar tranquilidad” a los vecinos ante la alta circulación viral.

Los expertos explicaron que la nueva ola de Coronavirus tiene una alta transmisibilidad y mayormente cursa en cuadros leves. “Eso ha generado que tengamos, de diez días a hoy, una demanda alta en los centros de hisopado y que hayamos tenido que adaptarnos un poco a la estrategia”, explicó Lucero.

“Apelamos mucho a la responsabilidad de todas las personas. Principalmente, le pedimos que cuándo tengan síntomas se aíslen por 72 horas y les recordamos que no se necesita un diagnóstico para aislarse”, añadió el responsable del nosocomio local.

Actualmente, en el Hospital hay cuatro personas internadas y sólo una de ellas presenta un cuadro respiratorio asociado a COVID, pero con una muy buena evolución y oxígeno a muy baja demanda.
Respecto de los certificados para presentar en los ámbitos laborales, Lucero señaló que los puede emitir cualquier médico.

“Lo que vamos a tratar de hacer con el sector empresarial y el sub-sector privado de salud es apelar a lo mismo: a que todos los médicos puedan diagnosticar como con cualquier patología respiratoria en la que damos reposo de 72 a 96 horas”, dijo.

De este modo, el experto apela a disminuir el riesgo de circulación de gente infectada trabajando, dado que en esta ola de Coronavirus no es posible emitir todos los certificados de inicio y de alta en el sistema público.

“Este y el próximo mes y medio todo cuadro respiratorio es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos positividad del 60% en el DetectAR y debemos pensar que hay mucha más gente de la que se testea por día circulando en la Ciudad”, advirtió el Director del Hospital.

Por otro lado, confirmó que por el momento se continuarán realizando cirugías programadas y atendiendo en consultorios.

“Concurrir con síntomas al hospital a una cirugía o consulta programada no es lo correcto, pero por ahora se está trabajando con la normalidad con la que se puede dentro de una gran cantidad de casos”, explicó.

El presidente Alberto Fernández anunció que los 15 participantes mejor calificados del programa Inteligencia Artificial podrán continuar «capacitándose en el exterior» y aseguró que ese plan «es único a nivel mundial» y «demuestra cómo funciona la interacción de empresas, estados y la universidad».

Así se pronunció el presidente al al encabezó el cierre anual de los encuentros del Consejo Económico y Social (CES).

El Jefe de Estado volvió a plantear la necesidad de «reconstruir el federalismo» y reitero su propuesta de trasladar la Capital Federal al interior del país para garantizar «otro polo de desarrollo» que permita «poblar a la Argentina con un sentido armónico en lo social y productivo en lo social».

 

Actualmente Mayer lleva adelante 393 investigaciones activas que se desarrollan en la Fiscalía sobre los incendios causados en la Comarca Andina.

En declaraciones radiales, el fiscal Carlos Díaz Mayer se refirió a las dos de las principales causas que lleva adelante, en primer lugar la investigación sobre la responsabilidad en los incendios de interfase que afectaron al menos cinco localidades de la Comarca Andina.

La segunda se trata de la causa que apunta a determinar si existieron sobreprecios en la compra de elementos para ayudar a damnificados de Lago Puelo. Actualmente Mayer lleva adelante 393 investigaciones activas que se desarrollan en la Fiscalía.

«Estamos analizando un montón de documentación que es la que nos entregaron en la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), y a partir de allí vamos a poder determinar si hubo alguna falla u omisión en el mantenimiento de los electroductos, que han sido parte de los 800 kilómetros de líneas de luz que hay en esta jurisdicción», explicó Díaz Mayer en declaraciones radiales.

«El informe en la pericia surge que hubo una falla en el mantenimiento, lo que motivó el incendio en la zona alta de Las Golondrinas» destacó el fiscal

«Hicimos allanamientos en diferentes lugares en búsqueda de documentación para determinar responsabilidades en contratos de poda y en situaciones que no se fueron dando en tiempo y forma, lo cual ayudó o provocó que el incendio tuviera la magnitud que tuvo», apuntó Díaz Mayer, quien reconoció que «podría haber una responsabilidad del Estado Provincial en algún punto»; continuó en fiscal en sus declaraciones.

Sobre esta misma línea, el fiscal Carlos Díaz Mayer manifestó «tengo la investigación para determinar respecto de los otros dos focos, más allá de que surgió de la pericia que habrían sido intencionales en el inicio, por lo que buscamos saber quién pudo haber generado el incendio, tanto de (Cerro) Radal como de Cholila, en la ruta», agregó, sumando a ello que «constatamos que se pagaron contratos por poda, limpieza y desmalezamiento y no se habían realizado, en un contexto municipal en Lago Puelo».

Fuente: Mil Patagonias

La Directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, exhortó hoy a la «responsabilidad ciudadana», de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo, y reiteró el pedido de que aquellas personas que tengan coronavirus, sean casos sospechosos o contacto estrecho «no concurran a votar».

«La recomendación general es que las personas que sean caso positivo, contacto estrecho, caso sospechoso o que estén cumpliendo con la cuarentena, no concurran a votar. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no existe ningún mecanismo específico para personas que tienen Covid-19», dijo Quiodo.

En ese marco, la funcionaria dijo que «el derecho a votar es sagrado» pero apeló a «la responsabilidad cívica y ciudadana, y a la responsabilidad de no contagiar y de cuidar a los demás».

«No está prohibido, pero hay una recomendación general», dijo la directora nacional electoral y agregó: «el derecho de uno termina donde empiezan los de otros».

En este sentido, mencionó que los casos confirmados o sospechosos de Covid-19 podrán justificar la no emisión del voto desde el día de la elección hasta los 60 días posteriores ingresando al sitio web infractores.padron.gob.ar.

A su vez agregó que la Cámara Nacional Electoral «será laxa» en cuanto a los «medios probatorios» y afirmó que «quien tiene síntomas o es un caso sospechoso no deberá adjuntar ningún certificado».

La funcionaria definió a las elecciones primarias del próximo domingo como «históricas» y recordó algunas de las medidas sanitarias y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de emitir el voto en el marco de la pandemia de coronavirus, tales como concurrir al local de votación sabiendo el número de mesa y de orden «para que la autoridad de mesa nos encuentre con facilidad en el padrón» y evitar aglomeraciones en la entrada.

«Todo lo que nosotros podamos ahorrar de tiempo dentro del establecimiento, suma», sintetizó la directora.

En este sentido, Quiodo afirmó que en las filas para votar se deberán guardar dos metros de distancia y que «en general» se realizarán por fuera del establecimiento.

«En provincia de Buenos Aires se ha dispuesto el corte de calles para evitar las aglomeraciones en lugares cerrados», puntualizó.

También explicó que el votante no deberá entregar el DNI al presidente de Mesa, sino que tendrá que «apoyarlo» sobre la mesa para que las autoridades constaten la identidad «sin manipularlo».

En relación al voto, Quiodo dijo que la «recomendación», una vez introducida la boleta, es colocar la solapa dentro del sobre para no cerrarlo con saliva. También agregó que «quien lo desee puede llevar un adhesivo para cerrarlo».

La funcionaria aconsejó que cada votante lleve su lapicera para firmar el padrón y aseveró que «habrá alcohol en gel en todas las mesas, las autoridades actuarán con barbijos y máscaras y habrá una sanitización periódica de los establecimientos».

A su vez indicó que a la entrada del establecimiento habrá un facilitador sanitario; es decir, un miembro del Comando General Electoral que estará encargado «de velar por el cumplimiento de los protocolos».

«Venimos trabajando desde el año pasado un protocolo que establezca medidas generales para cuidarnos durante el día de la elección», dijo Quiodo y recordó que «la primera medida que se adoptó fue la modificación del calendario electoral», lo que permitió que las PASO se realicen en un contexto de baja de casos y con el 83 por ciento de la población mayor de 18 con al menos una dosis.

En la misma línea indicó que se habilitaron nuevos establecimientos de votación para evitar aglomeraciones. «Una de cada cuatro personas están votando en lugares distintos», dijo la funcionaria, y sugirió consultar la locación de voto en padron.gob.ar.

 

El médico infectólogo y jefe de la Sección de infectología del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), Pablo Bonvehi, dijo que es «muy importante la responsabilidad de todos» en el cumplimiento de las medidas para mitigar el aumento de los casos de coronavirus «en este momento crítico», y afirmó que lo «preocupante» es la ocupación de camas de terapia intensiva.

El infectólogo, que participó este lunes en la Casa Rosada de la reunión de expertos que asesora al Gobierno junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que «se ve una disminución en el ascenso de casos».

«Hay que ser muy cauteloso con esos números, porque hoy el mayor problema es la ocupación de las camas en las unidades críticas, que es el extremo de la pirámide. Cuanto más casos tengamos, más casos se internan y más casos llegan a terapia», explicó.

Sobre este punto, Bonvehi aclaró que «la terapia intensiva es muy difícil de expandir porque se necesita personal entrenado, aparatología, y eso es complejo».

No obstante, puso el acento en la necesidad de que sean respetadas las medidas para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.

«En este momento tan crítico hay que apelar a la responsabilidad de todos. Sabemos que hay gente que tiene derecho a manifestarse y, aunque lo haga al aire libre, se corren riesgos, son factores de aumento (de los casos), estas y otras actividades facilitan la propagación del virus», expresó Bonvehi en declaraciones a la señal de cable TN.

Por otro lado, al referirse a la reunión que mantuvieron el lunes con autoridades nacionales en la Casa de Gobierno para analizar la situación epidemiológica, el especialista señaló que «no se habló de medidas específicas a tomar» sino de «que hay medidas restrictivas que se deben cumplir y no se cumplen».

Al respecto, advirtió que es importante «recordarle a la población que, si bien se ve el impacto en la incidencia de la vacunación, es necesario que quienes no se vacunaron, y aun aquellos que sí, mantengan la distancia y el uso del barbijo porque eso actúa casi como una vacuna».

«Debemos tomar precauciones y seguir con los cuidados», insistió en remarcar Bonvehi.

«Sabemos que la movilidad y el transporte público es fundamental, y esos datos van a definir si hace falta ampliar esas restricciones en algún aspecto, pero no creo que se llegue a una restricción como la del año pasado», indicó a título personal.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, renovó sus cuestionamientos al Gobierno porteño por no respetar el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández para suspender la presencialidad en las escuelas por dos semanas y sostuvo que “el tiempo va a establecer la responsabilidad que tiene el jefe de gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) en el crecimiento de casos».

Al hablar por la radio online FutuRöck, Trotta argumentó que el jefe de Gobierno porteño “aumenta la incertidumbre de las familias cuando judicializa las medidas de cuidado”.

El funcionario indicó que para el Gobierno nacional “la presencialidad tiene una enorme trascendencia” y dijo que ya fueron vacunados “más de 500.000 docentes en todo el país».

“Es difícil saber si las medidas restrictivas funcionaron si una de las jurisdicciones no las respetó. El responsable de eso es Larreta»
Sin embargo, defendió el decreto del Poder Ejecutivo nacional que suspendió la presencialidad por 15 días -hasta el viernes 30 de abril- al indicar que «el problema no es lo que ocurre dentro del aula, sino la circulación de las personas de la comunidad educativa”.

Tras señalar que es “incomprensible” el hecho de que «el Gobierno de la Ciudad elige qué fallo acatar”, agregó que desde su cartera no se permitirá “que se sancione a docentes de Ciudad que quieren cumplir el DNU y opten por la virtualidad».

Al insistir sobre la actitud del jefe de Gobierno, aseguró que “es difícil saber si las medidas restrictivas funcionaron si una de las jurisdicciones no las respetó» y remarcó que «el responsable de eso es Larreta».

Por último, descartó haber presentado la renuncia a su cargo, a pesar de haber reconocido que tenía “una mirada diferente a la decisión final” de suspender la presencialidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) adoptada por el Presidente en relación a la medida adoptada.

Eduardo Ferro fue detenido en Peñíscola a finales de enero, después de un primer arresto en Madrid en 2017.

Agentes de la Policía Nacional han entregado a las autoridades de Uruguay al excoronel Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, de 73 años, buscado por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos entre los años setenta y ochenta y responsable de la llamada Operación Cóndor en el país latinoamericano. El acusado, conocido por los alias de Guillermo y Óscar, fue detenido el pasado 28 de enero en la población castellonense de Peñíscola. Ya había sido arrestado en septiembre de 2017 en Madrid, pero aprovechó el proceso de extradición para desaparecer hasta que se recuperó su rastro en la turística localidad costera.

Las autoridades judiciales uruguayas le acusan de haber detenido ilegalmente, torturado y hecho desaparecer a jóvenes militantes de organizaciones opositoras al Gobierno Militar de Uruguay vigente entre los años 1973 y 1985, cuya actividad era esencialmente el reparto de propaganda y la organización de manifestaciones y reuniones políticas. Por estos hechos, el excoronel está acusado de delitos de genocidio y lesa humanidad.

El detenido fue presuntamente uno de los responsables en Uruguay de la Operación Cóndor, un intento sistemático de acabar con la disidencia política en América Latina urdido durante el periodo de dictaduras militares que se sucedieron en la década de los setenta y principios de los ochenta.

La detención se realizó conjuntamente por la Brigada Provincial de Información de Castellón y por la Interpol, en virtud de una orden de detención e ingreso en prisión decretada por la Audiencia Nacional, según ha informado la Policía en un comunicado.

El militar fue detenido el pasado 28 de enero en la localidad castellonense de Peñíscola, aunque su entrega a la Dirección General Contra el Crimen Organizado e Interpol uruguaya tuvo lugar el pasado sábado. La Audiencia Nacional había emitido una orden de detención en 2018, solicitada por las autoridades de ese país con el objetivo de proceder a su enjuiciamiento.

De hecho, Ferro ya fue detenido en 2017 en Madrid, en aplicación de la orden internacional de detención que pesaba sobre el militar. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz, ordenó su ingreso en prisión a la espera de que las autoridades uruguayas remitieran la documentación para proceder a su extradición. Esta fue concedida en 2018, pero el militar aprovechó el proceso para darse a la fuga de las autoridades españolas. En junio de 2018, Interpol España volvió a solicitar una prórroga para concretar la extradición a Uruguay porque no podía ubicarlo, según informa el portal Sudestada.com.uy, dedicado a la investigación periodística y al periodismo de datos.

Ya en Uruguay, el excoronel, escoltado por funcionarios de Interpol, fue trasladado el sábado primero a una sede judicial, en cuyos alrededores “integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Plenaria Memoria y Justicia, esperaban con carteles la llegada del exrepresor”, señala el mismo portal informativo uruguayo. Tras declarar ante una jueza durante seis horas ingresó en la prisión de Domingo Arena, donde cumplen su condena varios militares acusados de delitos cometidos en la dictadura.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, informó de la prisión preventiva “hasta que se diluciden las nuevas excepciones de inconstitucionalidad que se plantearon. Que ya están resueltas, pero que se plantearon nuevamente”, según recoge Europa Press.

La Policía española ha destacado que la detención, junto a su posterior entrega a las autoridades uruguayas, “demuestra el férreo compromiso de la Policía Nacional por impulsar la cooperación internacional en el ámbito bilateral y multilateral”.

El coronel Ferro es investigado por su presunta participación en la desaparición del dirigente sindical Óscar Tassino en julio de 1977. Entonces, el militar era el jefe del Batallón de Contrainteligencia Militar, integrado en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la dictadura uruguaya, encargado de detener, torturar y hacer desaparecer a los disidentes. Según testigos, el militar fue una de las personas que acudieron al domicilio del opositor y se lo llevaron al centro clandestino de detención La Tablada. Nunca más se supo de Tassino.

Ferro también es investigado por otros hechos de la Operación Cóndor. Entre ellos, la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda; la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman; el secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, y la tortura y desaparición de Andrés Bellizi y Jorge Gonçalvez en Argentina. Tras la llegada de la democracia, el coronel fue el presunto responsable del espionaje a partidos políticos, sindicatos y organizaciones entre 1988 y 1991, un escándalo actualmente investigado por una comisión del Parlamento uruguayo.

El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan difundirá este lunes al mediodía su resolución, aunque los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán en la semana, probablemente el viernes.

El Consejo de Guerra está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.

El funcionamiento del Consejo General de Guerra que emitirá su resolución está reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

El Consejo de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución que se conocerá este lunes en horas del mediodía será la cuarta intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), precisaron a esta agencia desde la cartera de Defensa.

La proximidad de la difusión del fallo del Consejo de Guerra generó en los últimos días pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina pero también de abogados que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.

El Centro Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundió un comunicado en el que aseguró que “los marinos están en estado de vigilia por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan”.

En el comunicado, el Centro Naval planteó que “el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante”y luego señaló, en relación al fallo, que “aguarda que el Consejo de Guerra, en su decisión, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura del Comandante en el mar”.