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En esos términos se expresó la diputada Belén Baskovc, al rechazar el dictamen de la Comisión y respaldar la Iniciativa Popular. El argumento con el que la Comisión rechazó la IP “nos deja más dudas que certezas”. Cuestionó también las abstenciones.

En la sesión de este jueves, la diputada provincial Belén Baskovc rechazó el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y respaldó la Iniciativa Popular, afirmando que el proyecto tuvo un tramítanos “exprés”.

La legisladora apuntó que “no se ha dado el debate profundo y responsable para determinar si estas cuestiones son verdaderas”, en referencia las cuestiones planteadas por los legisladores que rechazaron el proyecto.

Nos llegó el argumento del rechazo y la verdad es que nos deja más dudas que certezas. La Comisión debía debatir estos temas, no podemos hablar de eventuales riesgos o prohibiciones. Ese debate se tenía que generar en la Comisión y no se generó”, sentenció.

Expresó que “no coincido con diputados que manifiestan que este tema estuvo mucho tiempo porque el debate de originó ayer (miércoles) y en 1 o 2 horas. Esa es la seriedad que se le dio a la IP”, denunció.

“El Gobierno vuelve a Gobernar de espaldas al pueblo. Si tenían dudas de ese potencial riesgo y potenciales prohibiciones, deberían haber convocado a uno de los 30 mil firmantes, pero no. Este dictamen tiene una mirada unilateral”, definió.

En este sentido, la legisladora remarcó que “hoy se tiene que saber quiénes van a votar en contra pero también quiénes se van a abstener, porque muchos discurso un discurso en contra pero al momento de tomar medidas concretas no hacen nada”.

Estas maniobras no generan transparencia”, cerró.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

En esos términos se expresó la diputada Belén Baskovc, al rechazar el dictamen de la Comisión y respaldar la Iniciativa Popular. El argumento con el que la Comisión rechazó la IP “nos deja más dudas que certezas”. Cuestionó también las abstenciones.

En la sesión de este jueves, la diputada provincial Belén Baskovc rechazó el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y respaldó la Iniciativa Popular, afirmando que el proyecto tuvo un tramítanos “exprés”.

La legisladora apuntó que “no se ha dado el debate profundo y responsable para determinar si estas cuestiones son verdaderas”, en referencia las cuestiones planteadas por los legisladores que rechazaron el proyecto.

“Nos llegó el argumento del rechazo y la verdad es que nos deja más dudas que certezas. La Comisión debía debatir estos temas, no podemos hablar de eventuales riesgos o prohibiciones. Ese debate se tenía que generar en la Comisión y no se generó”, sentenció.

Expresó que “no coincido con diputados que manifiestan que este tema estuvo mucho tiempo porque el debate de originó ayer (miércoles) y en 1 o 2 horas. Esa es la seriedad que se le dio a la IP”, denunció.

“El Gobierno vuelve a Gobernar de espaldas al pueblo. Si tenían dudas de ese potencial riesgo y potenciales prohibiciones, deberían haber convocado a uno de los 30 mil firmantes, pero no. Este dictamen tiene una mirada unilateral”, definió.

En este sentido, la legisladora remarcó que “hoy se tiene que saber quiénes van a votar en contra pero también quiénes se van a abstener, porque muchos discurso un discurso en contra pero al momento de tomar medidas concretas no hacen nada”.

“Estas maniobras no generan transparencia”, cerró.

El pasado martes comenzó el debate oral y público que tiene como imputado al juez de ejecución civil Gustavo Toquier en sede de los tribunales penales ordinarios del barrio Roca.

El tribunal unipersonal de debate fue integrado por Mariano Nicosia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa de Toquier fue ejercida por María de los Ángeles Garro y Cristina Sadino, defensoras públicas.

El primer día la defensa planteó como cuestión previa la suspensión del debate en base a informes médicos sobre el estado de salud de su pupilo; en tanto que la fiscal se opuso a ello ya que profesionales del Cuerpo Médico Forense (C.M.F.) dictaminaron que “tiene capacidad mental para estar presente en el juicio”. Finalmente el Juez penal resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del debate en base al dictamen del C.M.F. y de las expresiones del propio imputado que dijo que está plenamente consciente sobre lo que sucede. Asimismo se escucharon las teorías del caso de las partes.

El presente miércoles se destacó el testimonio vía remota de un abogado de la AFIP de la ciudad autónoma de Buenos Aires, quién recordó que en el año 2016 toman conocimiento que “Oil Combustibles S.A.” tramitaba un concurso preventivo de quiebra en Comodoro y “presentan una inhibitoria ante un juzgado de la Ciudad autónoma de Buenos Aires para traer el concurso a Buenos Aires, porque entendían que era competencia de aquella ciudad”. El contribuyente tenía domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y a escasos días del concurso cambia su domicilio legal a Comodoro, aclaró el testigo. Agregando que dicho cambio de domicilio “no se llegó a rubricar, que era un domicilio ficticio creado para llevar el concurso a esa ciudad”. Sin embargo toda la actividad comercial estaba en Buenos Aires y en Santa Fe en la destilería. Recordando que “los socios y beneficiarios finales de Oil Combustibles S.A. eran Cristobal López y Fabián De Sousa”. Y que en el año 2017 otras empresas del grupo se presentan a concurso, y todas tenían domicilio legal en Buenos Aires. Concluyendo que no se llegó a rubricar el trámite de cambio de domicilio a Comodoro ya que “no había concluido el trámite de baja de domicilio en la Inspección General de Justicia (IGJ) de Buenos Aires. Fue una maniobra de la empresa para llevar el concurso de quiebra a extraña jurisdicción”, finalizó el funcionario de la AFIP.

El hecho juzgado:

El hecho incluido en la acusación acontece en el período comprendido entre el 8 de abril y 23 de agosto de 2016, cuando Gustavo Toquier, juez de primera instancia a cargo del Juzgado de Ejecución Nro. 1, admitió la presentación y se abocó al concurso preventivo de Oil Combustibles S.A.. A esos efectos fundó su competencia territorial en un domicilio ficticio, pese a que surgían de las circunstancias reales del concurso preventivo que el domicilio social denunciado sobre Av. Yrigoyen de nuestra ciudad, inscripto en la Inspección General de Justicia, no se correspondía con la realidad de la actividad económica y comercial de la Sociedad, ni la de sus acreedores. Tampoco consideró la cuasi simultánea inscripción del domicilio en ésta ciudad y la presentación concursal. Luego de decretar la apertura del concurso preventivo, sobre la base de un hecho falso, consistente en el referido domicilio ficticio, el juez Toquier decidió continuar con el proceso, no obstante haber tomado conocimiento directo y fehaciente de hechos nuevos que demostraban que la concursada había falseado su domicilio para propiciar una competencia inexistente. Omitiendo declararse incompetente de oficio por la aplicación de la Ley de Concursos y quiebra. Estos hechos nuevos, silenciados por la deudora y conocidos por el juez cuando su competencia territorial aún no estaba consentida respecto de todos los acreedores, es decir que no existía estabilidad jurídica que le haya impedido a Toquier declarar su incompetencia de oficio ante los inequívocos indicios de fraude a la Ley. Una nota emitida por la Inspección General de Justicia de la Nación recibida en su Juzgado mediante la cual se lo pone en conocimiento que la sociedad comercial Oil Combustible S.A. aún se encontraba bajo la órbita de dicha IGJ y la sede social era sobre la Av. Córdoba 657, de la Ciudad de Buenos Aires. También que no se había dado curso a la baja de dicho domicilio, perfeccionando el cambio a esta jurisdicción en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo Nro. 2 de Buenos Aires. Asimismo el imputado tomo conocimiento que el juez a cargo del juzgado federal anteriormente mencionado había dictado dos decisiones cautelares mediante las cuales había dispuesto que la sociedad Oil Combustible S.A. y el resto de la sociedades que la componen se abstuviera de realizar cualquier acto que implicase escindirse del grupo Indalo, o el desmembramiento de éste. Esta información que le llega al imputado le permitió conocer de manera fehaciente la ficción iniciada por la actora en detrimento del patrimonio del Estado Nacional e inhibirse de oficio. Estos como otros actos posteriores demuestran que actuó de manera voluntaria y lineal a los fines de satisfacer los fines de la concursada. No obstante todo lo expuesto lejos de propender a solucionar el conflicto por la competencia, Toquier incurrió en una gama de transgresiones legales que alteraron el normal funcionamiento del órgano de Justicia retardando maliciosamente lo requerido por las partes y lo que le exigía la Ley. Recién el 23 de mayo de 2016 decidió darse por notificado de la resolución de inhibitoria por parte del Juez Federal. Luego en julio de 2016 omite maliciosamente suspende el trámite del concurso y elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, reteniéndolo y continuando normalmente el proceso, lo que motivó la resolución de la Corte que resolvió la suspensión del concurso y su urgente remisión. Calificando el mismo como “prevaricato y retardo de Justicia, en concurso ideal” en calidad de autor para Toquier.

Fuente: MPF

El ex presidente lo mencionó en una entrevista televisiva y el empresario lo cruzó desde su Twitter. Recordó las presiones al Poder Judicial entre 2015 y 2019.

El empresario Cristóbal López reiteró su invitación a un debate público al ex presidente Mauricio Macri horas después de que el mandatario que fracasara en su intento de reelección lo mencionara en una entrevista televisiva. Uno de los accionistas del Grupo Indalo ya le había propuesto un coloquio en enero de este año, recuerda Minuto1.

A través de un hilo en su cuenta personal de Twitter, López recordó las presiones de Mauricio Macri al Poder Judicial. “No es lo que habíamos acordado”, dijo el ex mandatario cuando cambió la carátula de la causa Oil Combustibles.

El ex Presidente acusó a Kirchner, López y los Moyano de estar “luchando para lograr la impunidad de las cosas que han hecho o hacen” y aseguró que las contundentes denuncias en su contra por espionaje ilegal son en realidad un intento “por ensuciar la cancha generando situaciones que no son verdad”.

La respuesta de López no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social Twitter, el titular del Grupo Indalo invitó a Macri a debatir sobre la causa Oil Combustibles por medio de la cual el gobierno de Cambiemos persiguió durante cuatro años a ese grupo empresarial.

“Hola @mauriciomacri veo que decís que estoy luchando “para lograr impunidad”. No tengo ningún problema en discutir con vos sobre la causa Oil Combustibles o lo que hicieron con la empresa Indalo en tus cuatro años de gobierno”, publicó en sus redes López.

Y aclaró: “No es chicana @mauriciomacri: es una invitación. Para que veas que es en serio podemos discutirlo en cualquier programa que elijas de @radiomitre, de @eltreceoficial, en @PPT_oficial, donde quieras. Elegí la fecha y el lugar en el que te sientas más cómodo”.

Comodorense

La Unión Europea (UE) presentó un certificado sanitario para permitir una mejor circulación de los inmunizados contra el coronavirus, en medio de un debate a nivel mundial por esta medida que reclaman los sectores más golpeados por los efectos económicos de la pandemia como el turismo, pero que también genera rechazo con argumentos que van desde una afrenta a las libertades hasta el poco conocimiento que se tiene todavía de las vacunas.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dio a conocer el proyecto para lanzar el documento, formalmente llamado «Certificado Digital Verde», que registrará que el portador fue vacunado, es inmune o obtuvo resultado negativo de un examen de PCR, precisó la agencia de noticias AFP.

«Queremos ayudar a los Estados miembros a restablecer la libertad de circulación de una forma segura, responsable y digna de confianza», dijo la dirigente alemana.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se dedicó a aclarar que no se trata de un «pasaporte sanitario», ante la controversia que genera esta idea, y apuntó que el certificado «no será un requisito previo para ejercer el derecho a la libre circulación y no discriminará de ningún modo».

Con relación a la vacunación, el documento tendrá en cuenta las cuatro que ya fueron autorizadas para su aplicación en la UE: las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

O sea, deja afuera a otros fármacos como el Sputnik V o las de origen chino como Sinopharm que pudieron ser administradas a ciudadanos europeos que se encontraban en el extranjero o en países del bloque donde sí están autorizadas como Hungría y Eslovaquia, aunque la UE permitirá que cada Gobierno decida si acepta la certificación emitida por otras vacunas.

El documento será válido en todos los países europeos y la intención de la Comisión es que esté disponible a tiempo para la temporada del verano boreal (de fines de junio a fines de septiembre), dando cuenta que su implementación fue impulsada por los países que mayores ingresos obtienen del turismo como Grecia y España.

La iniciativa no está libre de criticas y suscita severos cuestionamientos, algunos desde un punto de vista científico.

Tampoco hay conocimientos exactos del tiempo que puede durar la inmunización tras recibir la inoculación y sobre la efectividad de todas las vacunas frente a las cepas ya detectadas y las que podrían surgir.

Además, las campañas de vacunación en la UE lograron que apenas el 3,5% de la población reciba las dos dosis, y por ello se teme una discriminación en perjuicio de las personas que aún aguardan su vacuna.

Incluso el presidente de los Aeropuertos de París, Augustin de Romanet, que ve como «favorable» la medida que ayudaría a una reactivación turística, calificó de «orwelliano» caer en un sistema «en el que por el hecho de que uno no se ha vacunado no puede ni franquear la puerta de la panadería».

El consenso no es total

Bélgica, en particular, se mostró reacia dentro de la UE a la idea de condicionar la entrada a un país europeo a la presentación de un certificado de vacunación, cuando las vacunas no son de administración obligatoria ya que muchas de ellas tienen una aprobación de emergencia ante la pandemia.

Sin embargo, este concepto no es nuevo y muchos países imponen la obligación de vacunarse de ciertas enfermedades para entrar en su territorio, como puede ser el caso de la fiebre amarilla.

En ese caso, los centros de salud entregan una cartilla de vacunación amarilla, oficialmente llamada «Certificado internacional de vacunación o profilaxis», reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante la emergencia de coronavirus, China lanzó este mes un pasaporte digital destinado a sus ciudadanos con el que podrán demostrar en qué situación sanitaria se encuentran cuando viajen hacia o desde el extranjero.

Según informaron fuentes del Gobierno del gigante asiático citadas por la agencia de noticias Xinhua, este «certificado sanitario para los viajes internacionales» es una aplicación para smartphones que muestra y verifica el historial de vacunación y los resultados de los test de Covid-19 (PCR y anticuerpos) del usuario.

Estados Unidos y el Reino Unido estudian lanzar sistemas similares, mientras que Estonia aprovechó que ya cuenta con su propio sistema de historiales médicos electrónicos con información sobre las vacuna, para testear su implementación.

Otra de las críticas apunta a la protección de datos personales del usuario en estos certificados, y por eso la UE aclaró que incluirá un volumen «limitado» de información a la que solo se podrá acceder para confirmar y verificar la autenticidad y validez del documento, indicó la agencia de noticias Europa Press.

Si se aprueba el certificado, que aún debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara, la Comisión también pide que sea una medida «temporal» que sea suspendida en el momento en que la OMS declare el final de la emergencia sanitaria, pero que podría ser reactivado en el futuro en caso de nuevas pandemias.

El Punto Digital Trelew realizó su primera actividad del año dedicada a reforzar las efemérides. Fue este miércoles por la tarde, con una charla debate dedicada al Día Internacional de la Mujer y a la reflexión sobre las problemáticas que afectan a las mujeres en el ámbito personal y laboral. El espacio de reflexión e intercambio estuvo dirigido, en esta ocasión, a trabajadoras de distintas áreas de la Municipalidad de Trelew y también del Concejo Deliberante.

Participaron trabajadoras distintas áreas del Municipio y del Concejo Deliberante. Fue la primera actividad del año dedicada a reforzar las efemérides, una de las funciones de este espacio inaugurado en 2020.Acompañaron la actividad la coordinadora General de Intendencia, Sandra Tribuzio y la coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social, Mónica Montes Roberts.

Este espacio fue inaugurado al año pasado por el intendente, Adrián Maderna y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Aguilar, junto a las autoridades de la Secretaría de Modernización de la Presidencia de la Nación. Funciona en Mitre 686 y, junto los 570 puntos digitales distribuidos por el país, forman una red federal que, a través de espacios públicos y gratuitos, brindan conectividad, capacitaciones, talleres y actividades culturales.

La coordinadora General de Intendencia, Sandra Tribuzio, valoró la importancia de la actividad: “Sirvió para que un grupo de compañeras trabajadoras de la Municipalidad pudieran compartir testimonios y experiencias en cuanto a la violencia laboral, la relación con sus pares y reflexionar sobra la manera de abordar la problemática desde adentro de las instituciones, para ir modificando internamente estás prácticas en el ámbito de trabajo”.

Acompañaron la actividad, además, la coordinadora general de Políticas Públicas y Promoción Social, Mónica Montes Roberts y la coordinadora de Salud, Cecilia Vera.

Gabriela Segura, coordinadora del Punto Digital Trelew, destacó que con esta charla-debate se dio inicio a “un ciclo de actividades destinadas a reforzar las efemérides, que es uno de los objetivo que tienen estos espacios que funcionan en todo el país. También pudimos inaugura el módulo de esparcimiento, con ágape al final de la charla, para que las mujeres que participaron pudieran pasarla bien y distenderse de la rutina laboral”.

La coordinación de la charla estuvo a cargo de Verónica Basso, integrante del equipo de Punto Digital, quien resaltó la relevancia del encuentro por permitir que “cada compañera pueda contar sus experiencias como trabajadoras en relación a temas como violencia de género y violencia de mujer a mujer que son problemáticas que las mujeres podemos estar viviendo en el ámbito del hogar o el trabajo”.

El próximo lunes 15 de marzo a las 09 horas se retoma la audiencia de debate por la causa Revelación, donde se prevé que declaren más testigos. Este viernes se escuchó el testimonio de Andrea Verónica Gonzalez, dio cuenta que “desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

Gonzalez, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaró en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero. También indicó que el Gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detalló que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago”, concluyó.

Algunos pagos más rápidos

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3% y 5% por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Las órdenes de pago

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detalló que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajó junto al ingeniero durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y ademas dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador». Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”.

Fuente: MPF

En la causa Revelación el testimonio de Andrea Verónica González, dio cuenta que desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

González, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaro en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca,  Víctor Cisterna y  Gonzalo Carpintero. También indicó que el gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detallo que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago concluyó.

La empresa SUDELCO tenía los certificados más rápidos.

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir  que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación  claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3 y 5 por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detallo que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajo junto al ingerido durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC  que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y además dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador» . Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”

Preguntado por el fiscal Napoli para refrescar su memoria por una entrevista que había realizado Ferrari, dijo al recordar “parte de los reclamos eran porque algunos pagos no salían y lo que yo les indicaba era que no me vengan con esas cuestiones, eso les decía a los empresarios”.

Fuente: Canal 12 web

 

Lo hizo en primer término Analía González, quien respondió preguntas de las partes con un alto contenido técnico respecto de la elaboración de los expedientes que atañen a la obra pública.

La testigo dijo que dependía funcionalmente del subsecretario de coordinación de dicho ministerio que en ese entonces era Franco Ferrari y era quien determinaba la planilla con las distintas ordenes de pago que le acercaban al ministro Pagani, para que éste las revise. A veces volvían igual y otras veces tildadas algunas ordenes de pago en particular para que se prioricen.

Asimismo explicó mediante la utilización de un cuadro, cual es el camino crítico que sigue un expediente normalmente.

Por su parte, la segunda testigo del día, Sra. Silvana Bogarín, dijo ante la requisitoria fiscal, que algunos certificados corrían mas rápido que otros, en cambio había empresas chicas que debían tranquilizarlas para que esperen. Hizo mención en cuanto a la confección de listas, algunas veces el Ministro “retaba a mi jefe” en alusión al subsecretario Franco Ferrari.

Por último, describió que llevaban todas las ordenes de pago sintetizadas en una planilla excel. De esa listado el subsecretario Franco Ferrari decía “vamos a poner a este o a este otro” y de ahí se lo llevaban al Ministro. A veces volvían con correcciones, era difícil que en esas listas pusieran a las empresas constructoras chicas.

Las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor se reúnen para escuchar a más de diez expositores sobre el proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

Este martes las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor se reúnen para analizar la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. El proyecto sancionado por el Senado busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz. Además, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. La obligación de etiquetar los alimentos con los octógonos alcanza a toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización e importación.

Diputados se refirieron a la iniciativa y expresaron sus posturas en DTV. “Ha habido resistencia de sectores, y es lógico, porque las productoras de alimentos deben adecuarse. Pero la ley va a ser muy beneficiosa para la salud”, consideró el diputado Guillermo Carnaghi (FdT) en relación al proyecto. Por su parte, Eduardo Fernández (FdT) opinó: “La competitividad de las empresas no puede estar basada en la falta de información o en el incumplimiento de normas”.

Los expositores convocados para opinar sobre el proyecto son el Presidente del Centro de la Industria Lechera, Ercole Felippa; la directora de la Federación Argentina de Licenciados en Nutrición (FAGRAN), Andrea Graciano; y el cofundador de Consciente Colectivo, organización socio-ambiental de juventudes, Mijael Kaufman Falchuk.

También fueron invitados la Responsable de Proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de Naciones Unidas, Elizabeth Kleiman; el consultor nacional sobre enfermedades crónicas no transmisibles de la Organización Panamericana de Salud, Sebastián Laspiur; y el Jefe de La Oficina de Representación para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), José Luis Londoño.

La lista de invitados también incluye a la directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, Gabriela Marcello; al presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina, Carlos Otrino; al Director Ejecutivo de SANAR, Ignacio Porras; a la titular de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, Susana Socolovsky; y a Mabel Vucko, de la de la Unión de la Industria Cárnica Argentina.

La reunión se efectuará bajo la modalidad de videoconferencia y será conducida por la titular de la Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), junto a sus pares de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (FdT), de Defensa del Consumidor Diego Mestre (Juntos por el Cambio), y de Industria Alejandro Garcia (JxC).