Tag

Iniciativa Popular

Browsing

Como cada 4 de cada mes, se realizó una nueva marcha de los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. En esta oportunidad, nuevamente exigen el tratamiento de la Iniciativa Popular.

El proyecto presentado por los vecinos ingresó a la Legislatura con más de 30 mil firmas. Sin embargo, aún no tuvo tratamiento.

Se concentraron en la Plaza San Martín para luego marchar por las calles de Esquel

Como cada día 4 la comunidad de Esquel vuelve a convocarse en la Plaza General San Martín a partir de las 18 horas para marchar por la ciudad volviendo a marcar el rechazo a la radicación de emprendimientos megamineros pero también recodando a los legisladores que aún está pendiente de tratamiento la Iniciativa Popular.

La realidad es que el planteo que lleva la firma de miles de chubutenses, es un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y que los legisladores están obligados a tratar en el término de seis meses.

Ese plazo vence el mes próximo y para esa fecha los diputados deben aprobar o rechazar la medida pero no pueden dejar de darle tratamiento.

La Iniciativa popular ingresó en la Legislatura el mismo día que el Gobierno de Mariano Arcioni envió el proyecto de zonificación minera, pero éste logró al día de hoy el aval de la comisión de recursos naturales. La iniciativa sigue esperando. Por eso una vez más la exigencia de este #4A es la exigencia para que de una vez llegue la respuesta.

Como todos los días 4 de cada mes, los vecinos de Esquel volverán a convocarse en la Plaza General San Martín a partir de las 18 horas, con el fin de marchar por la ciudad volviendo a marcar el rechazo a la radicación de emprendimientos mineros, y rememorando a los legisladores que aún está pendiente de tratamiento la Iniciativa Popular.

El planteo que lleva la firma de miles de chubutenses, es un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y que los legisladores están obligados a tratar en el término de seis meses, plazo que vence el mes próximo.

La Iniciativa popular ingresó en la Legislatura el mismo día que el Gobierno de Mariano Arcioni envió el proyecto de zonificación minera, y mientras éste último ya tuvo su aval a nivel de comisión, la iniciativa sigue esperando.

Este jueves hubo una asamblea en Esquel de vecinos contra la megaminería y allí se convoca a todos los vecinos de la provincia a sumarse a la tradicional “marcha de los 4” que se realiza desde 2003 para reiterar el rechazo al extractivismo minero.

Desde la asamblea y en diálogo con Radio 3, Viviana Moreno, destacó que la “marcha de los 4” es “un accionar de todos los chubutenses, que con la lucha hizo del 4 el Día contra la Megaminería en Chubut”.

En este sentido, subrayó que el próximo 4 de febrero “tiene que ser un día especial porque de tanto hablar de la ‘zonificación’ nos estamos olvidando que tenemos un proyecto de Ley que es la Iniciativa Popular (IP), que es tan importante y esta tan vigente que la ‘zonificación’”.

Aclaró en este punto que “a diferencia de la zonificación, la IP tiene más de 30 mil firmas y la Legislatura tiene la obligación de tratarlo. No es coherente que haya dos proyectos tan antagónicos y se priorice solo el del Ejecutivo, que no tiene las firmas necesarias de los diputados y el otro tiene el acompañamiento de 30 mil personas”.

Es por ello que “esta marcha en particular tiene el eslogan de ‘el pueblo exige la iniciativa popular’. Este tiene que ser el sentido porque estamos en uno de los momentos históricos más críticos que hemos tenido en estos embates”.

“Se ha alentado a los empresario mineros que este proyecto salía y hay presión de los empresarios sobre el Estado provincial, que se puso la bandera de las multinacionales y parece más canadiense que chubutense”, sentenció la vecina.

Es por ello que las asambleas observan que “van por todo para aprobar este proyecto –y- como no le alcanzó su poder político para lograrlo ahora requiere al Gobierno nacional que interceda para lograr el apoyo que por sí mismo no pudo”.

“Ante la intervención del presidente Alberto Fernández, se convocó a Carlos Linares y Juan Pablo Luque –y- el PJ que había tenido claras definiciones contra el proyecto, y sus bases siguen teniendo; tubo cambios en el discurso y la actitud”, analizó

A ese encuentro en Buenos Aires, la vecina sumó que luego “se reunieron los intendentes del PJ, oh casualidad, después de la reunión con el Presidente”.

Ante este panorama, Moreno analizó que “hay una clara intención de que en los próximos días se intente aprobar este proyecto –al cual- la gente ya dijo que No”.

Nos encontramos “en una situación muy especial y todas las asambleas están actuando”, sentenció, lamentando que “hay un Gobierno que no escucha y no mide las consecuencias. Intentamos mostrar la incomodidad e insatisfacción, mostrar que la megaminería ya le quitó la paz social a la Provincia, lo miremos desde donde lo miremos. Esto sucede acá y en todo el mundo”.

La vecina remarcó que con las diferentes asambleas “lo que sentimos, es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no satisfacen las necesidades del pueblo de Chubut –y ante ello- es el pueblo el que defiende al pueblo”.

“Como pasó en otros acontecimientos históricos de nuestra Provincia, solo la gente en las calles los va a poder frenar. Tenemos un pueblo libre que defiende a la luz del día mientras hay otros están escondidos y manipulan los destinos de la Provincia”, lamentó.

Sobre el final reiteró que la megaminería “nos va a cambiar la vida a todos, ya nos la cambió. Estamos en un momento histórico, tenemos que salir a las calles. Mendoza logró salvar a la Provincia de la megaminería con una marcha histórica”, concluyó.

Las asambleas rionegrinas comenzaron hoy el proceso para presentar un Proyecto de Iniciativa Popular ante la Legislatura de esa provincia. Buscan preservar el ambiente, los bienes comunes naturales y proteger la salud de la población, por lo que presentaron el “Proyecto de Ley para la Prohibición de la Minería Metalífera Contaminante en la Provincia de Río Negro” el cual pronto estará disponible para que la población de la provincia pueda acompañar con su firma. Por Noalamina.org

Similar a su par chubutense, la Constitución de la Provincia de Río Negro ofrece una herramienta para que la población genere proyectos de ley bajo la figura de iniciativa popular. Ésta permite que tras la presentación del proyecto en la legislatura, se genere una planilla oficial para que quienes habitan en la provincia puedan acompañar con su firma. En caso de superar el 3% del padrón electoral y tras su verificación, el proyecto ingresa a la legislatura y aún en caso de no tener dictamen en las comisiones correspondientes, en menos de 12 meses debe ser tratada por la cámara.

En el día de hoy fue presentado el proyecto en Legislatura, por lo que tras su aprobación se dispondrá de las planillas oficiales para que las asambleas y toda la población comiencen a recolectar las firmas, debiendo reunir cerca de 17 mil firmas según las últimas cifras del padrón provincial.

Recientemente las Asambleas Unidas de Kurru Leufu compartieron un comunicado unificado en donde repasan el peligro de los proyectos extractivistas que abarcan todas las regiones de la provincia. Destacan el proyecto de oro y plata Calcatreu en Huawel Niyeo (Ingeniero Jacobacci), el megaproyecto de uranio en Amarillo Grande, el desplazamiento y contaminación de chacras por parte del fracking en Allen y el acopio y traslado de arenas silíceas para esa actividad que se realiza en Stefenelli, donde vuelan partículas de polvo contaminante para la salud de la población.

Entre todas las problemáticas, destacan que Río Negro ya tuvo una ley (N°3981) que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería, pero que fue derogada en 2011 por el entonces gobernador Carlos Soria y gran parte de la legislatura. Una de las impulsoras de esta derogación es la actual gobernadora Arabela Carreras.

Hoy la provincia se ve amenazada por una política nacional que impulsa proyectos como el de Calcatreu y Amarillo Grande, buscando imponerlos de manera inconsulta. Desde las asambleas exigen que el Estado garantice el derecho a la información pública sobre estos proyectos, que se respete y dé cumplimiento al fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre el recurso de amparo CODECI/CALCATREU, que asuma sus responsabilidades ineludibles de servicios básicos de salud, educación, comunicación e infraestructura sin delegarlas a las empresas. Además, se exige la consulta a las comunidades perjudicadas, que la deuda ilegítimamente contraída no se pague a costa del sacrificio de los territorios y que se propicie otro modelo de desarrollo más justo, solidario, y por sobre todo respetuoso de la vida.

El comunicado finaliza convocando a la población a frenar la contaminación en los ríos; la oposición a los proyectos megamineros de Calcatreu y Amarillo Grande; la oposición a la imposición del fracking, plantas nucleares y represas; que cese la criminalización de la protesta social y por una nueva ley antimegaminera en Río Negro. Este último punto, comenzó hoy a caminar de la mano de una Iniciativa Popular.

Fuente: No a la Mina

Crece la tensión, y pese a las movilizaciones y a la Iniciativa Popular presentada para detener la zonificación, los funcionarios parecen escuchar la campana empresaria e imperialista más que la del pueblo.

Cuando relatamos el conflicto a mediados del mes de noviembre, comenzamos planteando que existe una seria crisis de representación democrática. Una suerte de Estado empresario que se apoderó de la decisión popular y parece promover, desde la comodidad de sus acuerdos y lobbies, sus propias políticas económicas y organizativas. El aparato ciudadano parece resquebrajado, porque pese a las masivas marchas del pueblo en contra del proyecto minero de la canadiense Pan American Silver, los representantes electos hacen oídos sordos.

No es nueva la afinidad gubernamental con las empresas mineras. Como nunca, los lobbies empresariales presionan, cada vez más, a la gobernación y a diputados para promulgar la zonificación en la Provincia. Puede evidenciarse con los distintos tratamientos que se han tomado para los proyectos. La Iniciativa Popular para regular la megaminería en el territorio fue enviada a varias comisiones, mientras que el proyecto para la Zonificación fue enviada sólo a una, a la de Recursos Naturales presidida por Carlos Eliceche, diputado del Frente de Todos, y quien junto Jorge Bestene intentaron activar la megaminería desde Buenos Aires en el año 2013, cuando el “Proyecto Navidad” estaba en pañales.

La Cátedra de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizó un informe sobre el río Chubut, y concluyó que, de habilitarse la zonificación, “las mineras dispondrían del 75% de la cuenca por lo que podría afectar a toda la provincia”. El geógrafo Cristian Hermosilla, miembro de la Cátedra, expresó que “es mentira que el proyecto Navidad sólo afectaría a la cuenca de Sacanana, además se dice como si eso fuera poco. Sacanana podría abastecer a 300 mil habitantes durante 100 años”.

En suma, es preciso apoyarse en la geografía para dimensionar el peligro que todo este contexto implica. El río Chubut, además de ser el caudal de agua más grande de la provincia, desemboca en el Golfo Nuevo que, a su vez, es el brazo sur de la Península de Valdez, Patrimonio de la Humanidad y especial lugar de protección de especies marinas y ballenas. En caso de aprobarse la zonificación, la contaminación producto de los químicos utilizados podría ser causa de un estado irreversible de crisis climática y de la muerte de la biodiversidad.

El portal web de la Iniciativa Popular comunicó que su proyecto “prohíbe, en todas sus etapas, la actividad minera metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa, ya que este tipo de minería es considerado como una de las formas más devastadoras y agresivas para el ambiente y que implica grandes impactos sociales y culturales, así como un uso indiscriminado del agua”. En efecto, la propuesta persigue el objetivo central que es el cuidado del agua, la soberanía de los bienes comunes y del territorio, y la preservación del medio ambiente.

Pero como también hemos visto, hasta el mismo gobernador se declaró a favor de una “minería posible”. Esta versión fue descartada por varios estudios, cuyas conclusiones son contundentes: “Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan millones de litros de agua con químicos tóxicos”, señaló el estudio “No es posible una megaminería sustentable”.

Los oídos también son sordos, por más que las palabras no sean necias. Y, en esta oportunidad como en tantas otras, cuando la justicia social se pone sobre la mesa de negociaciones, el empresariado busca aliarse con las gubernamentalidades para lograr consagrar sus objetivos de acumulación. Lo que sucede es que estas posturas llevan al camino del ecocidio.

Fuente: Radio Gráfica

Este miércoles por la tarde se realizó la reunión de la comisión de Recursos Naturales, la única que tiene para su análisis el proyecto de zonificación minera en la meseta y de Iniciativa Popular. Según pudo saber ADNSUR, los diputados que se conectaron de manera virtual expusieron brevemente su postura y en la mayoría de los casos afirmaron que el proyecto del Ejecutivo que lleva el 128/20, necesita más análisis y que debe ser debatido más a fondo.

La noticia no fue buena para el oficialismo, que tenía la expectativa de lograr al menos cinco votos para conseguir una mayoría que le permitiera poner en la sesión de mañana el tema a consideración del pleno de la Cámara. Esto quiere decir que, dentro del periodo ordinario, solo quedaría la reunión de comisión del próximo miércoles para ver si algún diputado cambia de parecer y se logra una mayoría mínima como para que el tema se pueda tratar en la sesión del 10 de diciembre.

Si bien hay mucha reserva y los legisladores mantienen sus teléfonos cerrados, esta agencia pudo saber que entre los planteos de esta tarde, hubo coincidencia en que el tema está aún muy «verde», y que por la magnitud y relevancia del asunto, se necesita un debate mucho mayor con más actores y muchas reformas al proyecto original para que tenga más posibilidades de ser tratado.

La comisión es presidida por el justicialista Carlos Eliceche y cuenta con otros dos integrantes del Frente de Todos, que son Tatiana Goic y Mario Mansilla; luego hay dos diputados de Juntos por el Cambio, que son Andrea Aguilera y Sebastián López; y finalmente cuatro diputados de Chubut al Frente, que son Carlos Gómez, Roddy Ingram, Mariela Williams y Rossana Artero.

Este miércoles por la tarde se realizó la reunión de la comisión de Recursos Naturales, la única que tiene para su análisis el proyecto de zonificación minera en la meseta y de Iniciativa Popular. Según pudo saber ADNSUR, los diputados que se conectaron de manera virtual expusieron brevemente su postura y en la mayoría de los casos afirmaron que el proyecto del Ejecutivo que lleva el 128/20, necesita más análisis y que debe ser debatido más a fondo.

La noticia no fue buena para el oficialismo, que tenía la expectativa de lograr al menos cinco votos para conseguir una mayoría que le permitiera poner en la sesión de mañana el tema a consideración del pleno de la Cámara. Esto quiere decir que, dentro del periodo ordinario, solo quedaría la reunión de comisión del próximo miércoles para ver si algún diputado cambia de parecer y se logra una mayoría mínima como para que el tema se pueda tratar en la sesión del 10 de diciembre.

Si bien hay mucha reserva sobre esta propuesta de proyecto de zonificación minera, y los legisladores mantienen sus teléfonos cerrados, esta agencia pudo saber que entre los planteos de esta tarde, hubo coincidencia en que el tema está aún muy «verde», y que por la magnitud y relevancia del asunto, se necesita un debate mucho mayor con más actores y muchas reformas al proyecto original para que tenga más posibilidades de ser tratado…

La comisión es presidida por el justicialista Carlos Eliceche y cuenta con otros dos integrantes del Frente de Todos, que son Tatiana Goic y Mario Mansilla; luego hay dos diputados de Juntos por el Cambio, que son Andrea Aguilera y Sebastián López; y finalmente cuatro diputados de Chubut al Frente, que son Carlos Gómez, Roddy Ingram, Mariela Williams y Rossana Artero.

Fuente: ADN Sur

En la sesión ordinaria de este viernes, el Concejo Deliberante de Río Pico declaró como de “interés municipal” al segundo proyecto de Ley presentado ante la Legislatura por Iniciativa Popular en contra de la megaminería.

En los considerandos, destacan que la “minería metalífera a gran escala, a cielo abierto o subterránea, y con uso de tóxicos, es una enorme consumidora de energía y agua, que queda irreversiblemente contaminada”.

Además, “es deber de las autoridades velar por la salud de las generaciones presentes y futuras, protegiendo el ambiente en toda su diversidad”.

Vale recordar que días atrás, los concejales de Río Pico ya se habían expresado en contra de la megaminería a través de un comunicado en el que destacaron “la defensa de los derechos y la preservación de los recursos naturales, en la localidad y en Chubut”.

En este sentido, los ediles remarcaron que “somos respetuosos de la opinión de otras regiones, pero entendemos que propiciar un crecimiento basado en la actividad turística es incompatible con el desarrollo de actividades que ponen en riesgo la calidad del ambiente y el agua”.

El segundo proyecto de ley de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut tiene el respaldo de 48 ciudades, localidades y comunas de la Provincia. Esas rúbricas fueron presentadas formalmente este martes ante el Tribunal Electoral Provincial, en el primer piso del Superior Tribunal de Justicia de Rawson, en un marco festivo por haber podido cumplir con el primer paso de un mecanismo constitucional y democrático.

En realidad se recabaron más de 40 mil firmas, pero hubo que desestimar más de 10 mil adhesiones, las de los extranjeros que no estaban en el padrón y de muchos jóvenes menores de 16 y 17 años que tampoco aparecían en el padrón.

A partir de esta presentación, el Tribunal deberá hacer un trabajo de revisión de un porcentaje de las firmas y una vez consumado ese trámite deberá darle traslado a la Legislatura para que un plazo de seis meses como máximo le dé tratamiento al segundo proyecto de Iniciativa Popular en contra de la minería metalífero con uso de químicos, después del que se presentó en 2014 y terminó siendo un fraude legislativo.